viernes, 12 de enero de 2018

IU-Lorca denuncia caos y falta de medios para atender a los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos


LORCA.- Izquierda Unida-Verdes Lorca ha exigido al equipo de Gobierno local del PP que ponga a disposición de los afectados por la devolución de las ayudas de la CARM por los terremotos "todos los recursos técnicos que sean necesarios" para asesorar a estos vecinos.

La concejala Gloria Martín calificó de "falsas" las declaraciones del alcalde, Fulgencio Gil, en las que éste asegura que el Ayuntamiento ha puesto todos los medios técnicos y jurídicos precisos para atender a los afectados. 
"Sólo hace falta darse una vuelta por la Oficina del Terremoto para ver que están absolutamente desbordados y que allí reina el caos", aseguró Martín. La edil de IU-Verdes explicó que los afectados se ven obligados a guardar cola a la intemperie desde las siete de la mañana para obtener número y que muchos "tienen que volverse a casa, día tras día, sin ser atendidos por falta de personal en dicha oficina". 
Hay afectados que llevan desde el viernes pasado intentando que les presten asesoramiento. "Madrugan, cogen número y, tras esperar, les dicen que no se les puede atender porque quien debe recibirles está en una reunión o atendiendo otros asuntos", dijo.
Martín también aludió al reconocimiento público que ha hecho el alcalde respecto a que existen "ayudas prescritas", algo que IU-Verdes lleva denunciando desde junio pasado. "Si lo sabe, qué hace que no está reclamando a la CARM que dichos expedientes sean archivados en cumplimiento de la Ley", se preguntó.
La concejala de IU-Verdes explicó que su formación política ha ayudado ya a 226 familias a redactar alegaciones ante los requerimientos de la CARM para que devuelvan las ayudas concedidas hace casi siete años para hacer frente a la rehabilitación de sus viviendas, dañadas por los terremotos de mayo de 2011. 
"A pesar de las insidias del PP, en IU contamos con el asesoramiento de nuestro gabinete jurídico, formado por expertos profesionales del Derecho, y también con la supervisión externa de un letrado especializado en lo contencioso-administrativo, "como bien saben los afectados que nos han acompañado en esas consultas", aseguró Martín.
La edil aseguró que se sienten "emocionalmente sobrepasados" por la diferente casuística de los afectados. 
"Procuramos atenderles con la mayor sensibilidad porque nos encontramos desde familias que deben tramitar procesos relativos a sus padres, fallecidos, hasta vecinos en paro y sin recursos para afrontar unas devoluciones injustas y extemporáneas", explicó. 
"Hay afectados de avanzada edad que han tenido que ser atendidos por crisis de ansiedad cuando han recibido las cartas, otros se derrumban en nuestra oficina ante la impotencia de no saber cómo afrontar estos requerimientos", abundó Martín.
Por ello, desde Izquierda Unida exigen que se aplique, de manera inmediata, la solución política acordada en el Pleno de septiembre en el que se aprobó, por unanimidad, una moción de dicha formación en este sentido. 
"El decreto que regula las ayudas dice que éstas se pueden justificar con informes técnicos donde se corrobore que las obras de reparación han sido realizadas", explicó el portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes, Pedro Sosa. Además, "nos consta que los funcionarios de la CARM están deseando que los políticos les den instrucciones para que puedan empezar a aplicar esta medida", aseguró para, a continuación, preguntarse "¿A qué esperan el alcalde y el presidente autonómico, ambos lorquinos, para solucionar este desastre?". 
Al respecto, Sosa recordó que, tras los terremotos, dirigentes regionales y locales del PP, como Válcarcel o el ex alcalde Francisco Jódar, "prometieron el oro y el moro a los damnificados" y que después "han dado la espantada" dejando a sucesores "nombrados a dedo" que no han sido capaces de enmendar la caótica gestión relativa a las ayudas. Sosa también recordó que mientras la CARM exige la devolución de las ayudas "aún debe más de un millón de euros a los lorquinos en conceptos de alquileres".
En ese sentido, Sosa y Martín consideración "indecente" este retraso mientras la CARM exige a los afectados la devolución de las subvenciones con intereses de demora del 3,75% más el recargo del 25% que establece la ley.
"Han convertido una ayuda pública en un préstamo con más dificultades para devolver que si los afectados hubieran solicitado un crédito a su banco", concluyeron Sosa y Martín.

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