MURCIA.-La Plataforma Pro Soterramiento pedirá mañana ante la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo que se investigue si los trabajos para
enterrar las vías del tren en Murcia están vulnerando la legalidad por carecer de la memoria de impacto ambiental obligatoria para todas las obras públicas.
El
portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, comparecerá a partir de
las 9:45 horas más de dos años después de que su solicitud fuera
admitida a trámite por la presidencia de la comisión, en octubre de
2015.
Para la plataforma, el proyecto adjudicado a la empresa Aldesa
no cuenta con esa memoria, porque la única que hay, de 2009, se hizo
sobre la base del convenio firmado en 2006 para la llegada del tren de
alta velocidad (AVE) a la ciudad por representantes de las
administraciones central, autonómica y local.
Sin embargo, según
los cálculos de ese colectivo, el proyecto actual solo coincide en un 18
por ciento con el aprobado en 2006, que no contemplaba la llegada en
superficie de la alta velocidad, lo que sí ocurrirá al menos
provisionalmente durante dos años con las actuaciones acordadas.
Así,
según la petición de la plataforma, "el impacto del ruido no se ha
evaluado por los tramos de superficie de recorrido y el proyecto
repercutirá sin duda en el paisaje, los niveles sonoros, el entorno
urbano y la vida en la ciudad".
Además, alerta de que el proyecto
de 2006 se ha dividido también en varios subtramos "para evitar tener
que hacer una evaluación de impacto ambiental global".
La
comparecencia de la plataforma se ha mantenido a pesar de que la semana
pasada la Comisión Europea (CE) emitió un informe que avala la validez
de la memoria ambiental realizada en 2009, en la línea que mantienen
también el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, que consideran que ese informe es válido también para el
proyecto actual.
Para Contreras, ese informe no entra a valorar
el fondo del asunto, sino que se limita a transmitir la opinión ofrecida
por el Gobierno de España y no es una investigación de la CE.
La plataforma puso el pasado 3 de noviembre una denuncia en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia por esta misma cuestión contra el presidente de esa
comunidad, Fernando López Miras; el consejero de Fomento, Pedro Rivera;
el alcalde de la ciudad, José Ballesta, y el concejal de Urbanismo,
Antonio Navarro.
Considera que podrían estar incurriendo en un delito de "prevaricación por omisión"
al no paralizar las obras a pesar de la ausencia de la memoria de
impacto ambiental y de que así lo advirtieron también los servicios
jurídicos municipales en mayo de 2015.
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