A
quince días del referéndum catalán de autodeterminación, se acelera la
deriva dictatorial de un gobierno que está perdiendo el control y
llevando el país a un punto de estallido. A la falta de autoridad y
legitimidad de ejercicio por la corrupción que lo caracteriza se añade
una serie de medidas que parecen pensadas, no para resolver los
conflictos, sino para agravarlos. Y probablemente sea así: una
provocación permanente en la esperanza de generar una rebelión que
justifique medidas excepcionales.
I.- La fiscalía, punta de lanza de la agresividad del poder contra la ciudadanía, ha impuesto la censura en TV3 y conminado a cientos de de funcionarios de la Generalitat,
amenazándolos con represalias si secundan las órdenes de sus
superiores, es decir, si no desobedecen las órdenes de estos. Conviene
recordar aquí que, no existiendo en España el eximente de obediencia
debida frente a órdenes injustas y/o ilegales, esta circunstancia opera
en ambas direcciones, generando mayor conflicto.
II.- Un juez de lo contencioso, de probada trayectoria política reaccionaria,
ha prohibido el acto público previsto para el próximo día 17 en apoyo
al derecho a decidir de los catalanes. Siendo de criterio político
opuesto a la ideología del acto, la decisión es sospechosa de
prevaricación por actuar el magistrado como juez y parte. ¿Resultado,
aparte del escándalo que esta prohibición suscita? Que los organizadores hayan decidido desobedecer al juez y mantener el acto,
lo que forzará al gobierno a incrementar la represión o a desobedecer
él también el mandato judicial. Una situación explosiva, aparte de
ridícula.
III.- La farsa en que se ha convertido el gobierno del presidente de los sobresueldos
está provocando un movimiento de desobediencia cada vez más
generalizado. Su insistencia en imponer a los demás una legalidad hecha y
deshecha a su medida ya solo encuentra apoyos entre una oposición cada
vez más enfangada en su complicidad con esta restauración de la
dictadura que ya está persiguiendo "delitos" de opinión, esto es,
pisoteando la libertad de expresión.
IV.-
Hace tres días se incendió el Palacio de Justicia de Valencia,
destruyendo las pruebas acumuladas de los presuntos delitos de los
miembros del PP en esa Comunidad. La idea de que se trata de un incendio
intencionado y, por tanto, otro delito más, debe contrastarse con un
criterio básico en toda investigación criminal: ¿a quién beneficia el
delito? En la respuesta hay una poderosa pista sobre quién pueda ser
responsable por obstrucción a la justicia.
V.- A las medidas represivas, censoras y autoritarias y los accidentes fortuitos (acompañados del continuo rosario de muertes también fortuitas
de personas relacionadas con los procesos) se une una sistemática
campaña de amenazas y coacciones de las autoridades. Respalda y
magnifica estas prácticas mafiosas una caterva de medios de comunicación
y publicistas comprados con dineros públicos, obviamente malversados.
VI.-
El fiscal Maza, reprobado por el Parlamento, igual que su jefe, el
ministro de Justicia, y hombre por debajo de toda sospecha, ordena citar
a 712 alcaldes catalanes que han dado apoyo al referéndum y detenerlos en caso de incomparecencia.
La desmesura de esta decisión se hace patente cuando se recuerda que,
en los países civilizados, especialmente los de tradición romana, los
alcaldes son la base misma del sistema de libertades.
A ello se añade
que, si bien la mayoría de ellos, de JxS, acudirá a declarar, los de la CUP ya han anunciado que no lo harán.
Son 16 y está claro que ponen al gobierno en la disyuntiva de tolerar
su desobediencia o encarcelarlos. Serán los primeros probablemente
seguidos por los de ERC y JxS. Al final, más de 700 alcaldes
encarcelados. Una situación explosiva que solo se explica por la
incompetencia de las autoridades.
VII.- Por orden de un juez, la guardia civil ha cerrado la página web de la Generalitat sobre el referéndum. De inmediato se han puesto en marcha otras dos con servidores en otros países.
La censura llega a las redes. Seguramente, el gobierno más corrupto de
Europa pedirá cerrar internet. Algo imposible que provocaría la condena
unánime en el exterior.
Sos
dos fuerzas en crecimiento y orientadas al choque: la corrupción y el
latrocinio del PP, que no cesa, y la libertad de expresión en las redes
que el gobierno no podrá yugular. De ahí está naciendo un espíritu de
desobediencia civil frente a una tiranía ridícula (para el siglo XXI) y
desaforada. Lo encabeza el presidente y todo el gobierno catalán y eso
no hay quien lo pare.
VIII.-
Frente a ello, la actitud del PSOE entra en el terreno de la infamia.
Su respaldo sin fisuras (la tímida reclamación de un diálogo de Sánchez
no pasa de ser una mera súplica) a la política de represión y
persecución del PP, fortalece a Rajoy, cuya dimisión habíase
comprometido a pedir el secretario general en las primarias.
Algo que no
solo es moralmente detestable sino prácticamente estúpido porque no se
traducirá en un incremento de intención de voto del PSOE, aunque las
encuestas manipuladas de sus amigos se lo hagan creer a Sánchez. Si los
socialistas van de comparsa con los franquistas, los votantes preferirán
siempre el original a la copia.
IX.-
Fraccionado en un mosaico de tendencias, la ambigüedad de Podemos y sus
aliados los Comunes, que tratan de nadar y guardar la ropa en el
referéndum también les pasará factura en las próximas elecciones.
Únicamente se salvan de esta lamentable claudicación los anticapitalistas de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán y el líder de Podem, Albano Dante Fachín. Los únicos que tienen la dignidad y la coherencia de exigir la legalización del referéndum.
Resulta
patente a estas alturas que, si no se quiere llegar a una putrefacción
total, es urgente sustituir el gobierno de Mr. Sobresueldos por otro
demócrata. Y solo hay un camino: una moción de censura inmediata,
apoyada por el PSOE, Unidos Podemos y los indepes catalanes que permita
negociar un referéndum pactado.
Es la única salida so pena de seguir con la deriva dictatorial del gobierno de la corrrupción.
Recuérdese
que los indepes todavía tienen una baza de consecuencias todavía más
graves para el Estado español: una declaración unilateral de
independencia aprobada en el Parlament. Una DUI acabaría provocando una
intervención exterior. No se olvide que muchos conflictos internos
españoles, incluida la última guerra civil, se han "resuelto" con la
injerencia de fuerzas foráneas.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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