La tensión
entre los poderes del Estado (Tribunal Constitucional, Fiscalía General
del Estado y Gobierno) con el govern de la Generalitat de Catalunya,
va incrementándose a medida que pasan los días hacia el domingo 1
de octubre de 2017, fecha para la que el presidente Mariano Rajoy
mantiene que no habrá referéndum y el president Carles Puigdemont
que afirma que “la gente podrá ir a votar libremente y decidir lo que
quiere”.
Entretanto,
toda la maquinaria del Estado está en marcha. Desde la Fiscalía que
ordena a los Mossos d´Esquadra – en calidad de policía judicial – que
impidan cualquier paso hacia el referéndum, o consulta; desde
incautación de urnas y papeles, hasta cierre de eventuales colegios
electorales.
A ello suman la obligación de ir a declarar a los alcaldes que apoyan
la cita con las urnas, más de 700 entre 940, pero con ausencia de casi
todos los alcaldes socialistas y, sobre todo, la duda de si Ada Colau,
alcaldesa de Barcelona, permitirá, o tolerará, la consulta en la capital
de Cataluña. Sin olvidar el cierre, por unas horas, de la pagina web
oficial de la Generalitat para el referéndum, abierta media hora después
a través de otro servidor.
“Me siento sereno y determinado. El Govern ya estaba preparado para
vivir una situación así y nos sentimos fuertes para responder al encargo
de la ciudadanía de Catalunya”, dijo Puigdemont en una entrevista a TV3
–medio que también ha recibido la citación judicial prohibiendo, por
ejemplo, difundir publicidad para el referéndum– añadiendo que “este es
un proceso que empieza con la gente y que culminara con ellos, nosotros
tenemos un encargo. Estamos haciendo aquello que generaciones y
generaciones de catalanes han querido hacer”.
Para Carles Puigdemont todo responde a una estrategia del “miedo”,
porque, según él, “en el Estado español, organizar un referéndum no es
delito. No está penado por el Código Penal. Que todo el mundo esté
tranquilo, lo que hace el Estado es la maniobra del miedo”. Incluso
minimizó la eventual aplicación del artículo 155, de intervención del
Govern de la Generalitat, que se podría aplicar en cinco días. “Pueden
hacer muchas cosas, pero el 1-O votaremos”, zanjó Puigdemont.
Tienen previsto arrancar la campaña para el referéndum, el viernes
día 15 de septiembre, en Tarragona – donde el alcalde socialista ya ha
dicho que no facilitará la consulta – y el inicio de envío a las
personas que deberían ir a los colegios electorales. Dicen contar con un
censo – probablemente el que los ayuntamientos envían mensualmente a la
Generalitat con altas y bajas en el empadronamiento – así como
papeletas y urnas.
Serían los colegios públicos, dependientes de la Generalitat y donde
habitualmente se vota, los que acogerían a quienes vayan a votar.
Excepto si los Mossos cumplen las ordenes de la Fiscalía de retirar
papeletas y urnas.
La presión en los próximos días recaerá sobre los alcaldes. Deberán
ir a declarar y, de negarse, serán detenidos por los Mossos d´Esquadra.
Se enfrentan a delitos de desobediencia, penalizado con multa;
prevaricación, que comporta inhabilitación, y malversación de fondos
públicos, con penas de cárcel de hasta ocho años.
¿Hay margen para un diálogo? Para el presidente Mariano Rajoy sí,
siempre y cuando no se celebre el referéndum. Para el president Carles
Puigdemont, también: “hasta el último minuto”, siempre y cuando se
acceda a dialogar para un referéndum pactado. Hoy por hoy la cuadratura
del círculo y con todo tipo de escenarios abiertos antes del día 1 de
octubre…hasta que llegue el lunes día 2 y, de alguna manera, se abran
nuevas alternativas políticas.
(*) Periodista
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