MADRID.- Las
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una opción. Son un requisito
legal desde el 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor la Ley de
Cambio Climático, que persigue entre otras cosas “mejorar la calidad del
aire”. Los municipios (y los territorios insulares) tenían más de un año y
medio para implementarlas. La fecha tope era el 1 de enero de 2023.
Este proyecto de zonas de bajas emisiones, además de la
obligación legal, ha contado con financiación proveniente de los fondos
de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las
ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros
aprobado y entregado por el Gobierno central.
A septiembre de 2023 hay
vigentes esas 14 ZBE más otras tres de municipios alrededor de Barcelona
(en Cataluña se llegó al acuerdo de extender la implantación de áreas
con menos tráfico a poblaciones de más de 20.000 vecinos).
“Vamos con muchísimo retraso y tendría que darse un avance
gigantesco en este trimestre final para que se pusieran en marcha este
año”, reflexiona la encargada de Movilidad en Greenpeace, Cristina
Arjona.
“Primero se ralentizó porque el real decreto sobre ZBE llegó en
diciembre de 2022, de hecho el Ministerio está siendo flexible por eso,
pero, después de la elecciones municipales han llegado cambios de
gobiernos locales y se ha pasado de retrasar a, en algunos casos, dar
pasos atrás”, remata.
En
el registro del Ministerio se califica como “en trámite” a la mayoría de
ciudades restantes, aunque hay más de 15 “pendientes”, es decir, “sin
trámites iniciados”, según describe Transición Ecológica.
Lo que ha hecho García Albiol en Badalona es anunciar que aprobará una moratoria a las restricciones de tráfico de la ZBE.
“No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un
momento económico tan difícil”, justificó el político del PP. En
realidad, la normativa explica que esta medida debe buscar “impulsar el
cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la
movilidad activa y el transporte público”.
Y dentro de ese objetivo
incluir “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de
vehículos, según su potencial contaminante”.
Tres
meses (con las vacaciones de por medio) le ha durado al nuevo alcalde
de Badalona, Xavier García Albiol (PP), la Zona de Bajas Emisiones
puesta en marcha en el cuarto municipio más poblado de Cataluña. Pretende desactivarla al dejar sin efecto sus restricciones.
Era una de las únicas 14 zonas en funcionamiento –de 149– en
poblaciones de más de 50.000 habitantes, donde es obligatorio desde el 1
de enero pasado, según el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Es apenas un 9%.
Carmen
Duce, coordinadora de Transporte en Ecologistas en Acción, explica que
“como ni la ley ni el real decreto que desarrolla las zonas contempla
sanciones eso ha permitido dilatar el proceso”.
“Lo que hemos podido ver
in situ es que, en un principio, los ayuntamientos no tenían
ni idea de lo que significa una zona de bajas emisiones y como el
decreto del Gobierno no llegó hasta diciembre de 2022, eso les permitió
echar balones fuera”, abunda Duce.
La cuestión es que antes de eso, en noviembre de 2021,
Transición Ecológica publicó unas directrices sobre cómo podrían
implementarse estas áreas. Un documento para orientar a las ciudades que
estaban obligadas a desarrollar su ZBE.
Ahí se recogieron cuatro vías para sacar coches de las urbes.
Incluso el real decreto que se elaboró un año después contempla que
aquellos municipios que hubieran puesto en marcha zonas de tráfico
restringido antes del real decreto tendrían 18 meses para retocar sus
planes y adecuarlos a la normativa si no encajaban.
“Luego llegaron las elecciones municipales del 28M”, prosigue
Duce. “Donde había voluntad política nos decían que hacerlo antes de la
votación era un suicidio. Y después hemos detectado que donde ha habido
cambio, parece que hubiera una consigna de esto no porque es lo que hacían lo otros,
obviando, eso sí, el compromiso legal y, además, unos fondos asignados”.
La vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones, Teresa
Ribera, ha avisado a partir del anuncio de García Albiol que “el
Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las
cuantías si no los implementan en forma y plazo”. Badalona ha recibido
un millón de euros de fondos europeos solo para el proyecto de
implementación de esa zona de bajas emisiones.
Arjona entiende que en el asunto de las zonas de bajas emisiones
ha habido “una falta divulgación y difusión a la población sobre qué
suponen porque, al final, parece que sean una molestia en lugar de algo
positivo”.
Duce coincide: “Se ha explicado muy mal. Se ha jugado con la
idea de que solo podrían usarse coches eléctricos, es decir, algo para
ricos, y en realidad se trata de un montón de cosas más como la
movilidad activa, la bicicleta o el transporte público”.
Además, Carmen Duce apunta otra circunstancia: “Todos los
recursos ante tribunales que se han presentado cuando había medidas en
Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Gijón... han hecho que los
ayuntamientos optaran por hacerlo vía ordenanza municipal que, si bien
tienen su lado positivo porque hay más información pública, hacen el
proceso más lento”.
La idea de que haya estas áreas con menos tráfico es “reducir
las emisiones [de gases] derivadas de la movilidad”, explica la ley. Más
de un cuarto de las emisiones en España son producidas por automóviles,
según los datos del Ministerio de Transición Ecológica.
En Barcelona,
por ejemplo, el 60% del dióxido de nitrógeno proviene de los vehículos,
según el Ayuntamiento. En Madrid, aproximadamente un tercio de todos los
gases de efecto invernadero salen de los tubos de escape. Es, con mucho, el principal contaminador, según las tablas municipales.
“En realidad implementarlas va a mejorar la salud, el espacio urbano, va a dar más espacio a peatones, hará que
el transporte público funcione mejor...” detalla Cristina Arjona. “Ha
sido un hándicap que no se haya hecho esa difusión positiva porque, una
vez que se implantan estas medidas, la población ve cómo son y nadie las
quiere revertir”, comenta esta ingeniera civil que ilustra el argumento
con el caso de la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona que una jueza ha ordenado eliminar una vez ejecutada, tras la denuncia de un grupo de comerciantes. Ahora, ninguno allí desea perderla. “Fui detractor, pero me gusta”, comentaba un vecino a elDiario.es tras conocerse el fallo judicial.
Tanto Arjona como Duce insisten en la necesidad de que se
completen todas las áreas previstas. Este pasado jueves, el Ministerio de
Transición Ecológica y el de Transportes, en medio de actos por la
Semana de la Movilidad, han insistido conjuntamente en la importancia de
las ZBE ya que “priorizan los desplazamientos a pie o en bicicleta y el
transporte público, colectivo y descarbonizado, frente a otros modos de
transporte más contaminantes”.
“No puede entrarse en el revanchismo político”, remata Duce. “Lo
primero debería ser la salud y el bienestar población. Los pasos atrás
es que son a veces ridículos y también hay que decir que la mayoría de
los trayectos diarios son a pie o en transporte publico y los coches son
un minoría”.
En este sentido, los datos oficiales de la Comunidad de Madrid dicen que el automóvil privado representa el 39% de los viajes a diario. En la ciudad de Barcelona, el coche supone solo el 25% de todos los desplazamientos. En el área metropolitana de Valencia y en Sevilla es un 40%.
“Pero –remata la ecologista– los coches ocupan mucho espacio en las calles y parece que también en las mentes”.
