La protección jurídica del Mar Menor, en la Región de Murcia, lleva varios años en manos de los tribunales y el Constitucional acaba de dar la razón al Ejecutivo regional frente al Gobierno central.
El pleno, según acaba de hacer público el tribunal de garantías, ha desestimado el recurso del Gobierno central contra la reforma que el Ejecutivo murciano puso en marcha para modificar la ley de recuperación del Mar Menor y, en su opinión, rebajar el nivel de protección en algunos aspectos clave como la restitución de explotaciones de regadío ilegales a su estado natural.
La ley de protección y recuperación del Mar Menor salió adelante a mediados de 2020 en la Asamblea regional con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos. Una norma que, entre otras cosas, ampliaba a 1.500 metros la prohibición de utilizar fertilizantes químicos y obligaba a restituir regadíos ilegales.
En plena alarma por el deterioro del Mar Menor y los vertidos a la laguna, la nueva norma afectaba los regadíos ilegales que suponen el 20% del total de los cultivos de la zona: esos regadíos deben volver a secano o a “un estado natural compatible con el uso forestal” eliminando infraestructura de riego, cultivos e implantando masa forestales para retener nitratos.
La segunda reforma del Ejecutivo de la Región de Murcia llegó poco más de un año después. Una norma que, igualmente, reconocía la “situación crítica” del estado ecológico de la zona pero que, según el Gobierno central, reducía la protección otorgada al Mar Menor, sobre todo en materia de regadíos. Lo hacía porque, según el recurso, exigía la existencia de una actuación administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de prohibir y sancionar el regadío para obligar a su restitución.
La agilización de “la tramitación de los expedientes de restitución de cultivos” -una de las herramientas fundamentales de la política autonómica de protección del Mar Menor frente al vertido de nutrientes de origen agrario- está supeditada a “la previa existencia de una resolución firme en vía administrativa” de la CHS, señala el Tribunal Constitucional.
Según el razonamiento de la demanda del Gobierno central las “vulneraciones” del Ejecutivo murciano “resultarían, en síntesis, del hecho de que la norma autonómica estaría atribuyendo a las decisiones adoptadas por un órgano del Estado –el organismo de cuenca– efectos adicionales a los previstos en la legislación estatal”, argumentos que han sido rechazados por este tribunal de garantías.
En lo que respecta “a los motivos de impugnación de carácter competencial”, el Tribunal ha decidido que, tal y como habían sido formulados, debían ser desestimados “por basarse sobre una lectura incorrecta y descontextualizada de los preceptos e incisos impugnados”.
Ahora el Constitucional avala esta segunda reforma del Ejecutivo de la Región. Los magistrados entienden que sí existía una “concreta coyuntura medioambiental que exige una rápida respuesta”, citando entre otras cosas los graves episodios de hipoxia de 2021. También descartan que la normativa invadiera competencias estatales.
“No afecta a las competencias estatales, sino que se limita a disciplinar la actuación administrativa de la propia comunidad autónoma”, dice el Constitucional.
Desde la 'sopa verde' -tal y como se denominó la proliferación de algas en la laguna que impedía ver a más de medio metro de distancia las aguas- en el verano de 2016, se han sucedido crisis muy graves en el Mar Menor, como las dos anoxias -falta de oxígeno en el agua- de 2019 y 2021, en las que toneladas de peces muertos aparecieron en la orilla durante varios días por dicha falta de oxígeno.
Este 'ecocidio', tal y como lo han descrito las organizaciones ecologistas, se debe en un 80%, según la mayor parte de los estudios científicos, a los nutrientes procedentes de la agricultura y la ganadería en el entorno de la laguna. Tanto el Gobierno nacional como el regional se han enfrentado durante estas crisis culpando al otro de la responsabilidad del estado de la laguna, aunque la mayoría de las competencias le corresponden al Gobierno regional.
Finalmente, la ley no ha cambiado y las competencias de Agricultura han recaído en la consejera del PP Sara Rubira, primera mujer en presidir una comunidad de regantes en la Región, mientras que el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo (Vox), también se ha quedado con las competencias de Ordenación del Territorio que pueden afectar al estado de la laguna.
Una victoria a manos de la sociedad fue la aprobación definitiva en septiembre del año pasado en el Senado de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió más de 600.000 firmas para dotar de personalidad jurídica a la laguna, aunque todavía no se ha formado el Comité de Representantes contemplado en el artículo 3 de la citada ley debido a que el Consejo de Ministros no ha aprobado el reglamento que desarrolla esta norma.
La Oficina Técnica del Mar Menor, que nació de la colaboración de la CHS con la Dirección General del Agua que depende del Ministerio de Transición Ecológica, ha emitido recientemente un informe en el que se afirma que en 2022 entraron al Mar Menor 456 toneladas de nitratos directamente a través de las ramblas.
También entraron 18,5 toneladas de fosfatos, llegados a través de avenidas u originados por arrastres de tierras de cultivo o lavados de suelos en los que se encuentran elevadas concentraciones debido a los fertilizantes orgánicos, según este mismo informe.
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