MADRID.- Apenas unas horas después de conocer el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el ex juez Baltasar Garzón explica sus próximos pasos a seguir en una entrevista con El País.
Pregunta. El dictamen del comité reclama a España
“una reparación integral” y “una compensación adecuada por el daño
sufrido”. ¿Cuál cree que sería esa compensación adecuada? ¿Pedirá el
reingreso en la judicatura?
Respuesta. Es un
dictamen muy contundente. El comité asegura que fue una condena
“arbitraria e imprevisible”, es decir, que me condenaron porque les dio
la gana. Habla de reparación integral a la persona cuyos derechos han
sido violados, dice que el Estado tiene la obligación, entre otras
cosas, de borrar mis antecedentes penales y de proporcionar una
compensación adecuada.
Para mí, lo más importante es que pide que se
tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante. Es un
dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro. La reparación
integral sería mi reposición como magistrado.
El comité está pidiendo
que se borren mis antecedentes penales y siguiendo esa interpretación,
que considera que no se respetaron mis derechos, que no tuve un juicio
justo, blanco y en botella: la reparación económica es lo menos
importante. Si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan. Eso es
lo que tendría que ser.
P. ¿Quiere volver a la judicatura?
R. Yo
soy juez, es como me siento. Ahora tengo que estudiar el cauce más
adecuado para que eso se produzca. Lo tengo que solicitar porque sé que
de oficio no lo van a hacer. Esto afecta a organismos del Estado, como
el Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que tomar una
posición. Todo esto es absolutamente novedoso porque el comité, el
máximo organismo de defensa de los derechos humanos a nivel universal,
lo que dice es que esto nunca debió haberse producido. Solicitaré la
reintegración, claro que sí.
P. ¿Qué le ha supuesto esa condena además de su retirada forzosa de la judicatura? ¿Cómo cambió su vida?
R.
Mi vida cambió radicalmente, yo no, porque siempre he mantenido mis
convicciones, siempre me he sentido un servidor público y creo que hice
lo que tenía que hacer, con aciertos o desaciertos, en defensa de la
sociedad y del Estado de derecho. Jamás he tenido conciencia de haber
cometido un delito.
Pero fue muy duro ver cómo acababan con una
profesión a la que había dedicado más de 30 años. Dictaron siete
resoluciones en un día para propiciar mi suspensión cuando yo ya había
pedido el traslado a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, había
un interés especial en que aquello fuera así
Todo el proceso fue
estrambótico, limitaron las pruebas... Cambió todo, mi vida profesional y
personal. Mi familia sufrió mucho. Una de las cosas que más alegría me
ha dado ese dictamen es que mi madre ha podido verlo.
P. ¿Qué le dijo su madre?
R. Ha sido muy emotivo. Me dijo que lo sabía desde el principio, pero que está bien que me lo reconozcan, que se hace justicia.
P. Es un juez con antecedentes penales. ¿Le han condicionado alguna vez desde la condena?
R. Ahora
lo que dice el Comité de Derechos Humanos es que se borren. Yo jamás he
pensado que esos antecedentes eran la medida de lo que había hecho.
Quien tomó esa decisión es quien debe revisar su conciencia. Pero sí,
han sido un lastre y ha habido mucha gente que se ha encargado de
recordármelos.
Estoy seguro de que esas mismas personas ahora se van a
olvidar de reconocer esta decisión y minusvalorarán el dictamen del
comité, pero me alegra mucho que me los quiten porque de alguna manera
es un reconocimiento, en el caso del franquismo, a muchas víctimas. Fui
injustamente suspendido cuando empezó la investigación. Y con Gürtel
igual. Era muy difícil entender que me condenaran por algo que otros
hicieron y pese a todas las precauciones que tomé.
P. El comité establece que no tuvo un proceso con garantías y jueces imparciales. ¿Cree que ha ocurrido más veces en España?
R.
Fue tan flagrante... El comité recuerda que otros jueces hicieron lo
mismo. Fue muy duro, muy penoso soportar día a día las sesiones del
juicio. Naciones Unidas ya ha llamado la atención otras veces sobre el
tema de la doble instancia. El Tribunal Supremo se agarra a que el
Tribunal de Estrasburgo habla del número de jueces, pero el dictamen en
este aspecto es muy claro: no se trata de que haya más o menos jueces,
tiene que haber un tribunal superior que pueda revisarlo, al que poder
recurrir.
P. ¿Ha seguido la evolución del caso Gürtel? ¿Siente esas condenas como una forma de reparación?
R.
He seguido las sentencias y sin lugar a dudas son una reparación porque
demuestran que la instrucción era correcta y que lo que ocurrió no
tiene sentido.
P. No pidió el indulto. ¿Por qué?
R. Lo pidió Medel, la asociación de magistrados europeos
por la democracia y las libertades. Yo no me opuse porque era una
petición de compañeros, pero primero la perdieron durante un año y
después dijeron que no había lugar y se acabó. Yo no lo pedí
personalmente porque para eso tendría que tener conciencia de haber
cometido un hecho delictivo y yo no quería el indulto, sino que se
reconocieran mis derechos, como hace ahora el Comité de Derechos Humanos
de la ONU.
P. En los últimos días ha habido varias resoluciones judiciales polémicas, como la de devolver al general franquista Millán Astray una calle en Madrid. ¿Qué le parece?
R.
Me parece muy grave que no se tome conciencia de que esas decisiones
pueden afectar negativamente a la estabilidad de derechos conquistados.
No se pueden permitir estos retrocesos. No puedo meterme en cuestiones
de independencia judicial e interpretación de las leyes, pero siento que
esa visión conservadora de algunas resoluciones judiciales es
preocupante. Decidir el nombre de una calle va más allá de lo que
deberían hacer los jueces y creo que revictimiza a quienes nunca han
sido reparados.
