martes, 25 de febrero de 2020

'Aena' mejora previsión de tráfico en 2020, que no toma en cuenta potencial impacto de coronavirus

MADRID.- El gestor aeroportuario Aena anunció el martes una revisión al alza en la estimación del tráfico de pasajeros que visitarán sus aeródromos domésticos en 2020, pero especificó que la nueva proyección no tenía en cuenta el "potencial impacto" del brote de coronavirus.

El grupo controlado por el Estado español estima ahora un crecimiento del volumen de pasajeros en su red nacional del 1,9%, frente al 1,1% que anticipaba anteriormente.
"Esta estimación de tráfico no contempla un impacto potencial del coronavirus en el tráfico aéreo mundial y europeo, en particular", dijo en un comunicado remitido al supervisor bursátil.
La nueva estimación se produce el día que en España ha elevado el número de casos positivos en coronavirus a cuatro, incluido el primero dentro del territorio peninsular.
El brote del nuevo coronavirus originado a finales de diciembre en el centro de China ha infectado a más de 80.000 personas en la parte continental del país asiático y causado 2.663 muertes. En las últimas semanas, se han notificado varios brotes fuera de China, entre ellos en Italia, con 332 infecciones y 10 muertes.
Aunque la Organización Mundial de la Salud ha rechazado por el momento calificar al brote de pandemia, el brote ha hecho zozobrar los mercados financieros, se está empezando a sentir en varias economías y ha provocado fuertes disrupciones en las cadenas de suministro globales.
Aena también dijo que espera un beneficio neto plano en 2020 tras mejorarlo un 8,6% el año pasado, hasta los 1.442 millones de euros.
Por otra parte, prevé un leve crecimiento del 1% en el beneficio bruto de explotación (EBITDA) hasta los 2.795 millones de euros, frente a los 2.766 millones de 2019, cuando creció un 4,1%.
Aena señaló además que propondrá a la junta de accionistas un dividendo de 7,58 euros por acción con cargo a los resultados de 2019, un 9,4% más que un año antes y equivalente al 80% del beneficio neto.

El temor al coronavirus devuelve al Ibex de la Bolsa española a los niveles de diciembre

MADRID.- El principal selectivo español bursátil cerró el martes con otro fuerte descenso tras la propagación del coronavirus en Europa y otros casos fuera de China, tocando su menor nivel en lo que va de año.

Tras las fuertes subidas del índice a principios de febrero, los inversores aprovecharon para recoger beneficios y retirar sus posiciones de las empresas con mayor afectación al brote que ha llegado a Europa, incluyendo cuatro casos en España. La corriente de ventas restó más de un 8,75% en las últimas cuatro jornadas o unos 800 puntos.
En este contexto, el Ibex-35 cerró con un descenso del 2,45%, hasta los 9.250,8 puntos, mientras el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedió 29,24 puntos o un 1,82%, a 1.575,98.
En el sector bancario, Santander perdió un 3,0935%, mientras BBVA se dejó un 3,2166%, Caixabank cedió un 3,3995%, Bankia perdió un 2,9088%, y Sabadell retrocedió un 4,4829%.
Entre los grandes valores industriales, Telefónica cayó un 2,9015%, Inditex cedió un 1,0466%, Iberdrola se dejó un 2,4703% y la petrolera Repsol perdió un 3,0932%.
El grupo Mediaset fue de los pocos valores que acabó en positivo, repuntando un 2,3134% tras haber sufrido una fuerte caída de la sesión anterior.
Endesa cerró con una caída del 1,9537%, tras anunciar una caída cercana al 90% en el beneficio neto anual por los deterioros contables en sus activos de carbón.
La operadora aeroportuaria Aena, que presentará sus resultados anuales tras el cierre del mercado, cayó un 2,1142%.

El exconsejero de Turismo Juan Carlos Ruiz alega indefensión en su recurso al 'caso Púnica'

MURCIA.- El exconsejero de Industria y Turismo del gobierno murciano Juan Carlos Ruiz ha alegado al recurrir el auto del juzgado de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que acuerda su procesamiento en el caso Púnica, por la presunta contratación ilegal de una campaña reputacional, que el mismo le produce indefensión, por lo que ha pedido su nulidad.

En el recurso presentado este martes por su letrado, el abogado murciano Raúl Pardo-Geijo se indica que la resolución judicial carece de un relato de hechos punibles atribuibles a Ruiz.
El escrito, que va acompañado de numerosa jurisprudencia, añade que los delitos recogidos en el mismo son atribuidos a todos los investigados, sin distinción, cuando la legislación exige que los mismos han de ser individualizados, para no cercenar el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas.
Afirma el recurrente que el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, al acordar la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, lo hace sin concretar hecho punible alguno contra el exconsejero.
Y añade que aun admitiendo, a efectos dialécticos, que sí exista esa concreción, la misma no estaría apoyada en diligencia probatoria alguna.
Afirma también el recurso que no existe indicio alguno de que Ruiz se hubiera concertado con el otro investigado, Alejandro de Pedro, representante de la empresa que presuntamente se encargaría de la campaña de mejora de imagen.
Considera la defensa del que fuera miembro del gobierno regional de Murcia que el auto contra el que se recurre en reforma, con petición de nulidad de actuaciones, y, subsidiariamente, en apelación, que el auto vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, lo que ocasiona indefensión.
La resolución del juez de instrucción exoneró de responsabilidad a otros investigados, mientras que, por el contrario, procesó a Ruiz y a otras personas que supuestamente habrían tenido participación en la contratación de servicios de reputación personal.

La pensión media de la Región es la tercera más baja del país

MURCIA.- La pensión media en la Región de Murcia que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) es de 887,42 euros al mes, la tercera más baja del país, lo que supone 119,43 euros por debajo de la pensión media del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en febrero la cuantía de 887,42 euros, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

No obstante, en Murcia se experimentó un crecimiento en la pensión media del 2,4 por ciento en relación con el mes de febrero del año anterior, dos décimas más que la registrada en el conjunto del país (2,2 por ciento).
En cuanto al número de pensiones ascendió a 249.653 en el mes de febrero, lo que representa un incremento del 1 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior, al igual que la media nacional.
Por tipo de pensiones, en Murcia se registró un total de 144.116 de jubilación; 61.740 de viudedad; 31.136 de incapacidad permanente; 11.356 de orfandad y 1.305 a favor de familias.

El Gobierno de la Nación llama a la calma ante el virus Covid-19

MADRID.- El Gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ante la crisis del coronavirus y ha asegurado que actuará con "mesura, proporcionalidad y transparencia" ofreciendo a los ciudadanos información médica y técnica correcta en cada momento.
Lo han destacado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tras celebrarse la Comisión Interministerial sobre el coronavirus, que ha presidido este martes Pedro Sánchez.

Catorce ministerios forman parte de esta Comisión, a la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha trasladado hoy los últimos datos sobre la situación de la epidemia a nivel nacional e internacional. 

"Hemos de estar tranquilos, tenemos un gran sistema sanitario. Nuestro país se ha enfrentado en otros momentos a crisis de esta naturaleza y lo hemos resuelto", ha recalcado Calvo, que ha asegurado que los ciudadanos recibirán información médica y técnica correcta para estar "en situación de alerta, de prudencia y de tranquilidad, todo al mismo tiempo".

Montero ha señalado que el Ejecutivo está "muy pendiente" de la evolución del coronavirus y en permanente coordinación con los organismos internacionales y el conjunto de las administraciones, particularmente las comunidades autónomas con el objetivo de actuar en cada momento con las pautas que sean necesarias y con "mesura, proporcionalidad y transparencia".

Ha insistido en que España cuenta con un sistema sanitario preparado y cualificado y ha recordado que el riesgo de infección en Europa se considera moderada.

Preguntada por los posibles efectos económicos del coronavirus, Calvo ha dicho que el Gobierno "tiene un ojo puesto" en las consecuencias económicas y en otras materias que esta crisis pueda provocar.

Calvo ha asegurado que todos los ministerios "están vigilantes" por situaciones posibles y, en cuanto a los protocolos a aplicar, ha especificado que son los mismos para todo el mundo, independientemente de que se tenga que aplicar en una frontera, un hotel o un espacio de reuniones. 

"Somos un país bastante avezado en protocolos de respuesta", ha destacado Calvo.

Los empleados afectados por un ERE suben un 22% en 2019

MADRID.- El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas subió un 22% en 2019 en comparación con 2018, hasta sumar 88.927 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En 2019 destacaron los EREs de extinción puestos en marcha por Banco Santander, Caixabank y Vodafone, que en conjunto afectaron a más de 6.000 empleados, y las suspensiones de contrato en la factoría de Ford en la localidad valenciana de Almussafes.
Así, por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se disparó un 54,7% en tasa interanual, hasta sumar 30.871 trabajadores afectados.
Por su parte, las suspensiones de contrato afectaron a 55.285 trabajadores, un 12,1% más, mientras que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 23,2%, hasta los 2.771 trabajadores.
Según Trabajo, las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo aumentaron un 4,5% entre enero y diciembre de 2019, hasta un total de 2.169, en tanto que los expedientes aumentaron un 3%, hasta 3.220 procedimientos.
Del total de procedimientos registrados en el año pasado, el 90,4% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo. Por sectores, industria y servicios concentraron el mayor número de afectados por ERE en 2019, con 52.175 y 33.680 trabajadores, respectivamente, con un repunte del 15,9% en el primer caso y del 33,8% en el caso de los servicios.
La construcción, por su parte, registró 2.243 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, un 42,1% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un ERE un total de 829 trabajadores, un 27,5% menos que en 2018.

Comunidad Valenciana, la más afectada

Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en 2019 fue la Comunidad Valenciana, con 27.494 trabajadores implicados, cifra un 52,6% superior a la del mismo periodo de 2018.
Casi todos los trabajadores afectados en esta región se vieron inmersos en un ERE de suspensión de contrato (24.458). En ello han tenido mucho que ver los EREs temporales de suspensión de contratos que se aplicaron a lo largo del año pasado en la factoría de Ford en Almussafes.
Tras Comunidad Valenciana destacan Madrid, con 13.498 afectados por ERE durante del año pasado (+13,8%); Cataluña, con 11.898 (+78%), y Andalucía, con 5.289 afectados (+32,2%). El número de trabajadores afectados por ERE bajó en 2019 en un total de cinco comunidades y subió en doce y en Ceuta y Melilla.
Los mayores descensos se los anotaron Navarra (-77,3%) y La Rioja (-38,4%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Cantabria (+183%), Castilla y León (+88,4%), Canarias (+85%) y Cataluña (+78%).

El PSOE pide saber qué va a pasar con el contrato de sillas en la calle para los desfiles de 2020 en Murcia

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha pedido que "se aclaren las dudas con el contrato para el servicio de colocación de sillas en la vía pública con motivo de los desfiles de Semana Santa, Fiestas de Primavera y Feria de Septiembre" de este año.

Recuerda el "inminente" vencimiento del contrato del servicio de colocación de sillas y tribunas en la vía pública con motivo de estos desfiles, ya que "el contrato finaliza a principios de marzo, así es que creo que ya llegamos tarde al nuevo", afirma el concejal Enrique Lorca.
Al respecto, señala que "estamos recogiendo la inquietud de diferentes colectivos, que a estas alturas, poco más de un mes de la salida de la primera procesión de la Semana Santa murciana, no se sabe nada del nuevo contrato".
Por ello, Lorca ha remitido una comunicación a la Concejalía, responsable del citado contrato, dirigida por Jesús Pacheco, para que "aclare la situación actual del pliego condiciones porque sospechamos que no se está actuando con previsión y agilidad".
Recuerdan que fue Pacheco quien firmó el anterior contrato vigente hasta principios de este próximo mes de marzo y "tiene delegadas las competencias de planificación y gestión de las fiestas del municipio de Murcia".
El edil socialista advierte que la Ley de Contratos del Sector Público "exige una planificación para evitar el vencimiento y, por tanto, dificultades con la prestación del servicio que es, en definitiva, lo que nos preocupa".
"No estamos ante un contrato menor, así que el Ayuntamiento no puede permitirse improvisaciones cuando estamos ante un servicio que supone un importante coste y es muy necesario por la gran concentración de público que asiste y participa a la Semana Santa y fiestas", explica Lorca.

El Gorguel y la reincidencia en el absurdo / Pedro Costa Morata *

Tras seis o siete años en los que la polémica sobre el proyecto de nuevo puerto en El Gorguel se había diluido gracias a la desaparición de Adrián Viudes, el "inventor", y de la relativa discreción de sus sucesores, reconducidos a la prudencia por varios motivos de peso (de carácter esencialmente ambiental), hete aquí que resurgen los imaginarios contenedores fantasma y el fantástico puerto necesario, de la mano de Yolanda Muñoz, la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).

Muchos creíamos que ese proyecto ya había sido asumido como absurdo e inviable por los principales implicados, pero de nuevo nos hemos de enfrentar, como serpiente de entretiempo, a la misma cantinela de un "proyecto histórico", una "palanca del desarrollo regional", un "referente entre los puertos europeos", etc.

La nueva promotora, que me atrevo a describir como burócrata desarrollista tras echar un vistazo a sus labores político-administrativas, seguramente debe venir precedida por cierta fama de "eficaz y competente" por su trabajo en el ámbito de las infraestructuras del Gobierno autonómico, pero no parece reparar en que el asunto en el que se implica la puede transformar en todo lo contrario.

Para lo cual, a más de recordarnos esa justificación que, en definitiva, inventa necesidades, es decir, pone el carro delante de los bueyes y se alinea con políticas de oferta en una situación de crisis planetaria en la que nada va a discurrir por ese marco ideológico, hace como que no conoce ni a sus compas del clan dirigente ni a nuestra historia regional reciente.

Sólo una pincelada para aguar los criterios de "necesidad" u "oportunidad" del nuevo puerto: entre Tánger y Barcelona, los dos grandes puertos del Mediterráneo más occidental, el de Valencia no tiene competidor, debido a numerosas circunstancias, de entre las que destaca su proximidad a Madrid. 

Los excesos de sus actuales directivos, no obstante, los enfrentan en una enconada polémica con la opinión pública, los ecologistas y hasta con el alcalde, tanto por sus pretensiones destructivas sobre los espacios de huerta en La Punta como por proyectar un nuevo espigón y una extensa área para contenedores, letales para el frágil litoral de la Albufera: no creo que se salgan con la suya.

Sin tomar buena cuenta de ninguna de estas notas –potencial sin comparación más conflicto social e impacto ecológico–, la APC retoma el proyecto sin reparar en la acumulación abrumadora de locuras y necedades de las últimas décadas en esta región escandalosa, dispuesta a añadir otro fracaso que, en el caso –muy hipotético– de iniciarse, seguramente se añadiría a esa cadena de abusos hacia los caudales públicos: desaladora de Escombreras, aeropuerto de Corvera, autopista Cartagena-Vera… que son los hitos que dan 'personalidad' a esta Administración regional manirrota, irresponsable y –¡ay!– casi impune. Resulta curiosa esa atracción fatal hacia el charco y el marrón, pasmosa patología de nuestra tribu dominante.

Es de lamentar que, habiendo sido nombrada para el cargo una mujer (supongo que la primera en la historia de nuestro histórico puerto), en lugar del sentido ecónomo, realista y matizado esperable del genio femenino, nos encontremos con una proclama de tonterías propias del más abominable estilo masculino… hasta el punto de hacer pensar que doña Yolanda parece dispuesta a lograr lo que ningún presidente masculino anterior ha logrado, y esto resulta un enunciado (digamos desolador) de feminismo atroz.

Cuenta, aparentemente, en la postura de la presidenta la confianza en "resolver el problema ambiental" del proyecto, planteado desde sus meros inicios con aquella bella anécdota en la que Viudes (entonces al mando de la APC como reyezuelo poco tratable) se atrevió a denostar al camachuelo trompetero, esa rara especie ornítica que algunos ecologistas oponían como –casi– merecedora de la caída del proyecto; yo le advertí que menospreciar a tan valiosa criaturilla daba mal fario (y así se lo recordé cuando tuvo que abandonar el puesto, en condiciones más bien penosas).

Me da que la presidenta de la APC anda floja en sensibilidad ecológica, quizás rondando el cero, y que no está acostumbrada a refrenarse ante requisitos de índole ambiental: peor para ella (que no se diga que no se lo he advertido). Pero es verdad que el proyecto del Gorguel merece el rechazo más contundente no por su impacto ambiental sino por desafiar algo más previo y excluyente: su necesidad social y, con ello, su impacto financiero, la viabilidad funcional y los temores fundados –estamos en Murcia, vuelvo a subrayarlo, una tierra de insensatos en el poder y depredadores en lo público– de que se nos barrunte otro desfalco de dimensiones trágicas.

Lo que no implica que la evaluación de impacto ambiental del proyecto (EIA) haya que minusvalorarla, ni mucho menos: entre otras razones porque es decisiva, por imperativa y excluyente. Lo que sí merece comentario es que se haya anunciado que esta EIA la va a realizar el Instituto Español de Oceanografía (IEO), presumiblemente, con sus científicos del centro de Lo Pagán. 

Al IEO hay que señalarle, muy amistosamente, que incluso cuando se pide el análisis del aspecto ambiental, que es parcial (aunque es verdad que decisivo) en el conjunto de un gran proyecto, sus redactores e investigadores deben atender, antes y por encima de cualquier atención especializada, la envoltura general, renunciando a ignorar el problema en su globalidad y a desentenderse de los intereses generales de la sociedad.

Bastante tiene ya el IEO en tener que afrontar su papel en la crisis ambiental del Mar Menor (durante la cual, y por decenios, ha estado más bien ciego, mudo e incluso sordo), como para que ahora se vea envuelto en un conflictivo encargo del que puede salir más escaldado todavía. Yo, de ser el director del IEO declinaría educadamente la propuesta de realización de la EIA, por más que, si la financia la APC, suponga unos generosos caudales que alivien sus siempre magros presupuestos ordinarios.


(*) Ingeniero, politólogo, profesor y activista ambiental 


Casado, Arrimadas y la patrulla canina / Marcello *

Como en la fábula de los dos conejos que discutían sobre la raza de sus perseguidores -‘son galgos, digo,/ digo son podencos’- a estos políticos del PP y Cs, que encabezan Pablo Casado e Inés Arrimadas les va a ocurrir lo mismo que a los conejos del cuento: que sus adversarios se los comieron.

Tiempo llevan ambos hablando demasiado de pactos y coaliciones. El uno, Casado, que a fuerza de liquidar al bueno de Alfonso Alonso ha convertido a Alberto Núñez Feijóo en la alternativa moderada en el seno del PP.

Y la otra, Arrimadas, que a base de improvisar y de pelearse en público con el que es su creciente adversario, Francisco Igea, ha puesto a Cs en el País Vasco al servicio del ultraderechista Carlos Iturgaiz, a cambio de un plato de lentejas o, mejor dicho, de dos escaños en la Cámara de Vitoria.

Al final a este par de conejos -que ni siquiera llegan a liebres- se los van a zampar Sánchez, un Pit Bull implacable, o Aznar, el clásico dóberman de la derecha española.

El Aznar que ahora controla y maneja todos los hilos del PP en compañía de esa rottweiler argentina que es Cayetana Álvarez de Toledo, la que tiene -‘si es si’- tanta fiereza como ambición. Mientras que Pablo Casado parece una cocker juguetón, e Inés Arrimadas una caniche de pasarela y exhibición.

La patrulla canina de la clase política española no tiene desperdicio aunque sí parangón. Pedro Sánchez es sin duda un Pit Bull peligroso que domina con fiereza y máximo celo su territorio de poder.

Mientras que Pablo Iglesias más bien parece un zorro de larga cola infiltrado en el seno de la camada política nacional, o el gallinero español a la espera de su momento para hincar el diente que sin duda llegará.

El ministro Ábalos, su aspecto de obispo del Palmar y su gran colección de mentiras, más bien podría ser un perro pachón. Carmen Calvo un Yorkshire, o perrito de compañía y Santiago Abascal es sin duda un pastor alemán.

Así está el patio político y canino español. Y así va a seguir por ahora con el dominio absoluto por Sánchez de la situación. Mientras que su oposición como los conejos del cuento siguen discutiendo sobre galgos y podencos sin adivinar el riesgo que se cierne sobre su débil posición.


(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés


El impacto económico del virus / Primo González *

Pasan los días y la extensión del virus chino no hace más que ampliarse, alcanza a más ciudadanos, afecta a más países, erosiona las expectativas de un mayor número de negocios y sectores, desde las líneas aéreas hasta la industria hotelera, pasando por prácticamente todos los estamentos de las economías que se están viendo afectadas por casos de contagios o muertes y a otras a las que todavía no ha llegado. 

Uno de los escenarios más visibles es el de los mercados bursátiles, que en pocas semanas han registrado pérdidas multimillonarias, que se pueden estimar a estas alturas cercanas al 10% del valor de los activos afectados.

La tarea de cuantificar el impacto negativo de esta epidemia se presenta difícil, entre otras cosas porque de momento nadie se ha atrevido a establecer alguna fecha aproximada a partir de la cual se pudiera hablar de asunto bajo control. Si hace unas semanas se decía que la primavera (es decir, unos tres meses por delante) podría ser el momento en el que razonablemente estaríamos saliendo del atolladero, ahora no existen tantas garantías.

Es más, la primera compañía farmacéutica, estadounidense por más señas, que ha registrado patentes en China con ciertas expectativas de poder contribuir a la curación del mal, no muestra más que una lejana esperanza de curar a los enfermos aplicando sus fármacos más aproximados a la terapia necesaria. 

Sin ser pesimistas, lo que de momento no existe es un remedio claro contra el virus y, por lo tanto, carecemos de plazos a los que confiar las esperanzas de neutralización de este grave problema sanitario.

En estas condiciones, hacer cálculos sobre el impacto económico del virus en la economía mundial, ni siquiera en algunos países concretos, se presenta como tarea poco menos que irrealizable. Algunos analistas han tenido la osadía de afirmar que este problema no va a causar una nueva recesión económica mundial, como la que afrontó el mundo allá por el año 2008 e inmediatamente posteriores. 

En las últimas semanas, las previsiones han ido, por desgracia, a peor y ya no se oyen diagnósticos con tan poco fundamento como el que asegura que de la crisis vamos a salir económicamente un poco dañados, pero no en exceso.

Por desgracia, las previsiones, a medida que se va extendiendo geográficamente el contagio, tienden a empeorar. Reducido inicialmente a China, poco después a Irán y Corea del Sur, los casos de contagio han ido apareciendo en otras zonas del mundo por la sencilla razón de que vivimos en un Universo caracterizado por la enorme movilidad de las personas, de modo que trasladar un virus en pocas horas de un extremo a otro del Planeta, sin que existan evidencias visibles de la enfermedad, resulta bastante más sencillo de lo que podría parecer.

Una de las razones por las que la economía puede sufrir más intensamente los problemas derivados de la extensión del virus es no tanto la existencia de más o menos personas afectadas, sino la aplicación de medidas precautorias, que provocan frenos en la actividad humana y, por ello, en el flujo de la vida económica. 

Hay ya ciudades y regiones de cierta dimensión auténticamente paralizadas a pesar de que los casos de contagio resultan especialmente reducidos. Lo estamos viendo estos días en el Norte de Italia (en una ciudad tan estratégicamente importante en lo económico como es Milán) o en algunas zonas de Corea del Sur, además lógicamente de amplios regiones y de ciudades muy pobladas de China.

Pero en el resto del mundo, las medidas precautorias o simplemente el potencial riesgo de que aparezca algún hecho puntual están provocando disminuciones de la actividad que van a pasar factura al crecimiento económico, ya de por sí algo debilitado en los meses anteriores por motivaciones de diversa índole, como el Brexit. 

No sería exagerado hablar de un 1% del PIB a escala mundial como pérdida posible, aunque el factor tiempo (la duración del problemas) dictará la última palabra.


(*) Periodista y economista


Fiebre del Oro en los mercados mundiales / Guillermo Herrera *

Dije hace tiempo que la prueba del cambio económico mundial la veríamos cuando se disparara el precio del oro, a pesar de su manipulación, y el tiempo me ha dado la razón, a pesar de que algunos siguen creyendo que vivo en un mundo de fantasía o me acusan directamente de mentiroso. 

Esto no son predicciones ni especulaciones, sino noticias de actualidad, pero hay algunos que siguen diciendo que nunca pasa nada por su mente vacía.

No sólo ha reaccionado a la incertidumbre mundial el petróleo y los índices europeos y de Wall Street. También lo ha hecho el precio del oro, que este lunes ha alcanzado el nivel más alto de los últimos siete años. Los futuros del oro han subido un 1,7% y la onza troy se ha ubicado en 1.676,6 dólares, lo que representa el precio más alto desde febrero de 2013.

CAÍDA DE LAS BOLSAS

Los crecientes riesgos han provocado una fiebre del oro en los mercados de valores del mundo debido a que los inversores buscan en este metal dorado el único refugio seguro que les queda como herramienta de protección.

El índice Dow Jones registró este lunes una caída de 1.031 puntos, un 3,56%, y se situó en 27.960 unidades a las 21:00 GMT en la Bolsa de Valores de Nueva York, marcando de esta manera su peor caída desde febrero de 2018. Los otros principales índices de Wall Street también se desplomaron en medio de la incertidumbre. El S&P 500 cayó un 3,5% y el índice Nasdaq perdió hasta un 4%.

Las principales bolsas europeas también sufrieron importantes pérdidas. Además, ha impactado en el precio del petróleo, causando que el valor del crudo haya descendido un 4% y el barril de Brent registre un precio de 56 dólares.

FACTORES

Desde principios de este año, el precio del oro ha venido creciendo activamente. Las cotizaciones han superado los máximos de 2013, y han alcanzado la marca de 1.600 dólares, y siguen creciendo rápidamente, acercándose al siguiente hito importante de 1.700 dólares.

 Aunque el oro ya ha actualizado los precios máximos de varios años, los expertos todavía no ven razones mundiales para una inversión de esta tendencia, y hablan del próximo hito: los 1.800 dólares por onza.

Los expertos mencionan una serie de factores que aumentan el precio del oro. Algunos lo atribuyen a la difícil situación en Oriente Medio, otros a la ralentización de la economía mundial y otros al bichito-rey. Además, la política de estímulo de los mayores bancos centrales del mundo también juega un importante papel en el crecimiento del precio del oro.

El aumento de las medidas de estímulo por parte de los principales bancos centrales contribuyó a una disminución del nivel general de las tasas en el mercado mundial de la deuda. Desde principios de año, el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años cayó del 1,8 al 2% y del 1,4 al 1,5%, y los precios del oro aumentaron alrededor del 10% en este contexto.

COLAPSO

¿Comienza el colapso económico? Se quedaron vacíos los supermercados en Milán, mientras los clientes se apresuraban a coger la comida dejando con los estantes vacíos las tiendas de comestibles. China está encontrando difícil que vuelva a funcionar la producción en varias áreas. Varias economías importantes están luchando ahora con interrupciones en la cadena de suministro que tienen un enorme impacto económico.

El 21 de febrero el índice del dólar mostró que se había evitado una caída del mercado, se asumió que el dólar estadounidense estaba ahora respaldado por oro. Sin embargo, para el lunes 24 de febrero y después de haber sido manipulado por más de 100 años, el mercado comenzó a buscar un verdadero valor justo y se predijo que sería volátil esta semana.

Ese mismo lunes 24 de febrero, mientras que los valores del oro y la plata se dispararon, el Dow abrió más de 700 puntos en rojo, cayó rápidamente todo el día y cerró en rojo a 1.031,61, eliminando todas las ganancias del año y congelando las acciones y los mercados de futuros globales.

SEMANA CLAVE

Mark Zerfoss afirmó que se está acumulando una tormenta perfecta para que explote el reinicio financiero mundial. El sábado 22 de febrero, se ordenó a las fuentes de inteligencia del Tesoro de EE.UU. que guardaran silencio. Con la financiación de los Paquetes de Prosperidad, la entrega de paquetes comenzó el fin de semana. Se liberaron correos electrónicos con información sobre cómo fijar citas de intercambio y redención, y comenzaron a salir el domingo 23 de febrero, junto con los acuerdos de confidencialidad.

Se espera que los arrestos masivos en todo el mundo se produzcan más o menos al mismo tiempo que la liberación de los números 800, y es probable que ocurra antes de las elecciones primarias presidenciales del martes 3 de marzo. Q dijo que el primero de los arrestos masivos será una gran conmoción para todo el mundo.

El sábado 22 de febrero, el presidente Trump dejó su país para visitar el fallido centro de finanzas de la camarilla oscura en Alemania, y luego el domingo 23 de febrero voló a la India, una de las cinco naciones fundadoras originales del BRICS, que es la organización internacional que está detrás del reinicio financiero mundial.

DEFENDER EUROPA

Mientras tanto, las primeras tropas del ejército estadounidense están programadas para llegar a Hagenow Alemania el miércoles 26 de febrero. Bajo el mando del presidente Trump, se desplegarían a los centros financieros de la camarilla oscura en Bruselas, Amberes (Bélgica) y Londres. 

Ya se han entregado los vehículos de la Policía Militar, y se espera que comiencen los arrestos masivos en cooperación con las entidades legales locales y la fuerza policial internacional de la ONU, la Interpol.

El ejercicio Defender-Europa 20 es el mayor despliegue en Europa de fuerzas estadonidenses para un ejercicio militar en más de 25 años y consiste en el despliegue de una fuerza de combate a Europa del tamaño de una División y el movimiento de personal y equipo a través del teatro de operaciones a diversas áreas de entrenamiento.

El equipo con base en EE.UU. saldrá de los puertos de cuatro Estados, y llegará a seis países europeos. Esto requerirá el apoyo de decenas de miles de miembros del servicio y civiles en múltiples naciones. Los miembros del servicio estadounidense se dispersarán entonces por toda la región para establecer bases intermedias con fuerzas multinacionales.


(*) Periodista


Ningún preso político tiene por qué arrepentirse / José Antich *

En medio del aluvión mediático dominado por el primer caso de coronavirus en Barcelona y la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán que se reunirá este miércoles en la Moncloa, difícilmente queda mucho espacio para encontrar una noticia sobre el auto emitido este martes por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 de Catalunya y que concluye, sin ningún tipo de matiz, que los presos políticos no tienen la obligación de arrepentirse para gozar de las ventajas que permite el régimen penitenciario, como son la concesión de permisos de salida de los penados que se encuentran clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento. 

La magistrada Maria Jesús Arnau, a raíz del permiso de 72 horas solicitado por Jordi Sánchez y después de que el Ministerio Fiscal expresara su oposición al mismo, y sostuviera como razón la necesidad de un arrepentimiento previo, dispone lo siguiente: "La normativa penitenciaria no impone la obligación al condenado de arrepentirse ni que se declare culpable y que prescinda de su declaración de inocencia".

No es el único punto en que la juez propina un tirón de orejas al Ministerio Fiscal por una interpretación abusiva, tanto del Reglamento Penitenciario como de la ley General Penitenciaria y que recorta derechos. 

Es importante para la magistrada un punto que ya fue controvertido durante el juicio en el Tribunal Supremo y al que los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal ya aludieron en su escrito de acusaciones definitivas pero que la Sala presidida por el juez Manuel Marchena denegó. Es el referente a que los presos políticos cumplieran la mitad de la condena impuesta antes de disponer del primer permiso penitenciario. 

La demanda de la Fiscalía fue explícita, tanto como el silencio al respecto del Supremo, que no quiso entrar en una situación que ya preveía que se podría llegar a producir pero que entendió que quedaba fuera de su marco de atribuciones.

El auto de once páginas de Maria Jesús Arnau tiene suficientes perlas rebatiendo a la Fiscalía que debería dejar finiquitado un debate que dudo mucho que se hubiera llegado a producir en estos términos si no se tratara de un preso político; y del hecho de que detrás de Sànchez y Cuixart vendrán Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Turull y, finalmente, Oriol Junqueras, que es quien tiene la condena más alta. 

Un proceso similar tiene en marcha la Fiscalía respecto a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite realizar trabajos fuera de la prisión, acogerse a una actividad en un centro social o tener a cargo el penado una persona de edad avanzada. En estos momentos, por estos motivos ya realizan actividades fuera de la prisión durante algunas horas del día y en horario laboral Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

En una justicia claramente sesgada por razones, en muchas ocasiones políticas, es de agradecer encontrar magistradas con las que se podrá estar de acuerdo o no pero que emiten autos impecables que solo tienen en cuenta la legislación vigente y no otro tipo de interpretaciones. 

Quizás porque en el denominado juicio del procés hemos visto tantas irregularidades que hemos denunciado, es de justicia dejar constancia de lo contrario y de un texto intachable que, aunque puede ser apelado, deja las cosas meridianamente claras. Tanto a presente como a futuro.


(*) Periodista y director de El Nacional


lunes, 24 de febrero de 2020

El Gobierno reforzará el control de costes y promociones para aliviar la crisis agraria


MADRID.- El Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados, como parte del paquete de medidas que prevé aprobar para aliviar la crisis del campo. 

Estas medidas están incluidas en un borrador del real decreto-ley, cuya aprobación está prevista para mañana, después de pasar por el Consejo de Ministros.
Una de las novedades es que se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones “graves y muy graves” a la Ley de la Cadena Alimentaria con fines “disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción”.
Además, la nueva normativa obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar “un precio igual o superior al coste de producción” del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.
No obstante, el documento precisa que se prohíbe al eslabón que realice la venta final del producto “repercutir a ninguno de los operadores anteriores” costes derivados de su política comercial en materia de precios.
Para calcular ese coste de producción -que a partir de ahora se exigirá de forma expresa que figure en los contratos- se tendrá en cuenta una serie de “factores objetivos” que, en el caso de las explotaciones agrarias, abarca el gasto en semillas, fertilizantes, combustibles, energía, maquinaria, alimentación animal o la mano de obra, entre otros.
El borrador igualmente restringe las actividades promocionales -habituales entre las cadenas de supermercados-, ya que exige que exista un acuerdo con el productor, que haya un interés mutuo y que no se induzca a error “sobre el precio e imagen de los productos” para no perjudicarlos.
“Los operadores deberán identificar su precio claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña” y evitar, así, “que se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector, banalizando la actividad”, reza el documento.
El Ejecutivo detalla que estas novedades regulatorias se anticipan a la “reforma en profundidad” que se realizará de la Ley de la Cadena, para transponer la directiva europea sobre prácticas desleales en el sector.
El paquete de medidas también recoge una bonificación para aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos, con el objetivo de facilitar una mayor estabilidad al personal empleado en el campo.
Además, aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que se dan a la incorporación de jóvenes agricultores, dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural, para que los beneficiarios no tengan que pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar el pago.
El Gobierno, asimismo, cambiará la Ley de Pesca Marítima del Estado para que la sanción a quienes vendan moluscos de talla o peso inferior a la reglamentaria -cuando la cantidad sea menor al 10 % del volumen total comercializado de dicha especie- sea calificada de “leve” y no “grave” como ahora, ya que la infracción implicaba la pérdida de todas las ayudas del Fondo Marítimo y Pesquero.
Este mismo decreto-ley consigna también medidas ya anunciadas, como reducir de 35 a 20 las peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura, para tener acceso al subsidio agrario o la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que puedan controlar “los alojamientos y locales de descanso” de los temporeros.
El documento llegará al Consejo de Ministros después de más de cuatro semanas de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias, que protestan por la grave crisis que atraviesa el sector debido a la caída de los precios en origen, las dificultades para exportar como consecuencia de los nuevos aranceles en Estados Unidos y el aumento de sus costes de producción, entre otros.

La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria confía en la UPCT para la formación de investigadores

CARTAGENA.- La Universidad Politécnica de Cartagena ha sido seleccionada como centro receptor para la especialización de investigadores en la evaluación de riesgos alimentarios, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La UPCT destaca que la selección no resulta fácil, ya que hay un total de 15 organismos en toda Europa que lo hayan conseguido. "Tampoco obtener una beca de especialización de la EFSA (Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, European Food Safety Authority) es sencillo para los candidatos", añade.
Leonidas Georgalis, epidemiólogo especialista en enfermedades infecciosas, aportó un currículum brillante y consiguió una de las 15 plazas entre cientos de candidatos del programa EU FOR A.
Desde septiembre de 2019 trabaja con el catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la UPCT, Pablo Fernández Escámez, en los laboratorios de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica para desarrollar una metodología sistematizada que ayude al control microbiológico de organismos patógenos que puedan crecer en productos cárnicos.
Se ha especializado en estudiar el comportamiento de la listeria y la salmonela, dos de las bacterias más peligrosas para la población y que más alarma social crean entre los consumidores. El programa formativo contempla también la realización de cursos formativos en distintas instituciones europeas.
La Universidad Politécnica de Cartagena es organización colaboradora de la EFSA desde el año 2018. La cooperación con EFSA se canaliza a través de consultas públicas, de la participación de la institución académica en las convocatorias de proyectos científicos y formando parte del programa europeo de becas de evaluación de riesgos alimentarios EU-FORA.
Recientemente se celebró en Madrid una jornada organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para la presentación de las convocatorias disponibles para las organizaciones colaboradoras de EFSA. 
Tanto el profesor Pablo Fernández Escámez como la responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de la UPCT, Chus Legaz, asistieron a esta jornada en la que se pusieron en común las principales líneas de investigación en seguridad alimentaria.

La Comunidad Autónoma y el Colegio de Economistas estudiarán el impacto de la disminución de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura

MURCIA.- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y el Colegio de Economistas abordaron hoy establecer una colaboración que permita realizar un estudio sobre el 'Impacto económico de la disminución de las aportaciones hídricas del trasvase Tajo-Segura en la Región de Murcia', en un encuentro entre el consejero Antonio Luengo y el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid.

En dicho estudio el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) establecerá varios indicadores sociales y económicos de las orientaciones agrícolas del regadío murciano, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
"Nos interesa conocer las variaciones que el déficit de agua puede tener sobre la productividad socioeconómica y es ahí donde queremos colaborar con el Colegio de Economistas para abordar el impacto que esta reducción en la llegada de agua tiene en los ingresos, los sectores agrícolas, ganadero y del transporte, así como la afección a la población activa regional y a los ingresos de la Comunidad Autónoma de Murcia en distintos escenarios a corto y medio plazo", ha detallado Luengo.
El consejero ha destacado que el Gobierno regional quiere contar con este estudio "para hacerle saber tanto al Gobierno central, como a la sociedad en general, las consecuencias que puede acarrear la disminución de aportaciones hídricas del Trasvase que estamos sufriendo en los últimos meses por las injustas decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica".
En este sentido, ha recordado que "las reglas de explotación fijan las cantidades que cada mes se deben trasvasar del Tajo al Segura, siguiendo los criterios de la Comisión Técnica de Explotación. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica desoyó en los meses de noviembre y diciembre las recomendaciones de los técnicos sobre los volúmenes trasvasables, y negó el envío de agua al Levante para regadío. Asimismo, en enero, el Ministerio anunció su intención de trasvasar 16'5 hectómetros cúbicos, cuando, según los criterios técnicos, nos correspondían 20 hectómetros".
El consejero destacó los aspectos positivos de esta infraestructura del Trasvase, inaugurada el 31 de marzo de 1979, que genera cada año 110.000 empleos directos, principalmente en el sector agrícola, y alrededor de 30.000 más inducidos en el ámbito industrial y del transporte en las provincias de Alicante, Murcia y una parte de Almería.
Luengo ha advertido que el agua del Trasvase no puede ser sustituida por la de las estaciones desalinizadoras porque ésta última multiplica por cuatro la factura energética y por cinco el coste económico. Esto provocaría una pérdida de competitividad y de seguridad económica, perjudicando de forma determinante a un sector con una clara vocación exportadora.
"Sin las transferencias del Trasvase no habría caudal ecológico en el río Segura y se produciría una mayor sobreexplotación de los acuíferos, contribuyendo a una degradación natural de los recursos", ha explicado el consejero, quien ha recordado que "la superficie que riega el Trasvase constituye una zona verde que absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono, así como que la generación de empleo que conlleva detiene las tradicionales corrientes de emigración del sureste peninsular a otras zonas del país".
Luengo ha defendido que "el agua es de todos los españoles, es decir, un bien público y no privativo de ninguna comunidad autónoma en particular". 
Por ello, concluyó, "el Gobierno regional defiende la solidaridad hídrica entre las regiones para llevar agua desde donde sobra hasta donde falta, para lo cual venimos exigiendo un Plan Hidrológico Nacional, debidamente consensuado, que ponga fin al déficit hídrico que padecemos".

Los hoteles de la Región de Murcia computan en enero un total de 138.116 pernoctaciones

MURCIA.- Los hoteles de la Región de Murcia computaron en enero un total de 138.116 pernoctaciones, de las que 93.704 correspondieron a viajeros españoles y las 44.412 restantes fueron de viajeros extranjeros, con una estancia media de 1,90 días frente a los 2,87 de la media nacional.

Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región de Murcia recibió en el citado mes 72.541 viajeros, de los que 54.635 eran residentes en España y 17.906 extranjeros.
En la Región de Murcia había 134 establecimientos de estas características abiertos en el pasado mes de enero con un número de plazas estimado de 13.082 y una capacidad de empleo de 1.619 trabajadores.
El grado de ocupación por plazas en la Región en enero fue del 33,88 por ciento (46,14 por ciento en España), mientras que el grado de ocupación de plazas por fin de semana se elevó al 38,73 por ciento (51,22 por ciento en España).
Por otro lado, en la Región de Murcia los precios hoteleros descendieron un 1,35 por ciento en enero con respecto al mismo mes del año anterior, frente al crecimiento del 0,89 por ciento de la media nacional. Así, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) en Murcia se situó en 79,41 mientras que en España lo hizo en 106,34.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad del sector hotelero, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) en la Región de Murcia se situó en 56,52 euros, lo que representa una tasa de variación interanual del -0,01 por ciento. La media nacional se situó en 82,02 euros.
Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación alcanzada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 22,86 euros en la Región, con una variación interanual del -8,65 por ciento. A nivel nacional, el ingreso por habitación disponible alcanzó los 44,51 euros.

La cifra de parados participantes en el arreglo de desperfectos por las DANA alcanza ya la treintena

MURCIA.- Un total de 30 desempleados inscritos en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) participan actualmente en San Javier y Los Alcázares en los trabajos de arreglo de desperfectos producidos por las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) que han afectado en los últimos meses a la zona del Mar Menor.

Los ayuntamientos de ambos municipios solicitaron al SEF acogerse a la denominada 'colaboración social', lo que se ha traducido en una petición de trabajadores de diferentes perfiles, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
En el caso del Ayuntamiento de Los Alcázares, la colaboración social solicitada y atendida por el SEF se ha traducido en la incorporación de diez desempleados, mientras que en San Javier trabajan actualmente 20. Los participantes son 14 operarios de servicios múltiples (peones de construcción y peones de jardinería), siete pintores, seis albañiles, dos carpinteros y un delineante.
A estos desempleados, que se encontraban percibiendo una prestación, se les ofreció el desempeño remunerado de estos trabajos, mientras siguen percibiendo dicho subsidio. Además, los ayuntamientos completan esta cantidad hasta igualarla, al menos, con el salario mínimo interprofesional vigente.
En el caso del Ayuntamiento de San Javier, solicitó a la Oficina de Empleo de dicho municipio los trabajadores, mientras que el Consistorio de Los Alcázares los requirió a la Oficina de Empleo de Torre-Pacheco. Tras recibir las peticiones, el SEF gestionó la selección de estos profesionales, escrutando su base de datos para escoger a quienes mejor se amoldaban a dichas labores.
El personal técnico del SEF priorizó la elección de aquellos desempleados que contaban con experiencia laboral y formación en el correspondiente campo profesional, partiendo de la condición de que éstos se encontrasen actualmente en condiciones físicas adecuadas para desempeñar estos trabajos y de que no se vieran obligados a un cambio de residencia.
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha destacado que "la colaboración social está siendo una fórmula muy útil para ayudar a paliar los efectos de los recientes temporales, y es de destacar el trabajo que están realizando los profesionales de las Oficinas del SEF para coordinarse con los ayuntamientos y facilitar todas las gestiones".
Los diez trabajadores de Los Alcázares son cuatro peones de la construcción, cuatro pintores y dos albañiles, y no se descarta la próxima incorporación de más participantes bajo esta misma fórmula. Por su parte, los desempleados requeridos por el Ayuntamiento de San Javier han sido diez operarios de servicios múltiples, cuatro albañiles, tres pintores, un delineante, un carpintero metálico y un carpintero.
La legislación en materia laboral especifica que un beneficiario de prestación por desempleo puede ser convocado por las administraciones públicas para realizar trabajos de colaboración social, siempre que se destinen al beneficio de la comunidad, como es el caso. Estas tareas pueden prolongarse por un máximo de tiempo igual al que dure la prestación o el subsidio, y no implican relación laboral.
Además de completar la prestación que percibía anteriormente el desempleado, los consistorios asumen también los posibles gastos por desplazamientos y cotizan a la Seguridad Social por las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

La Unicef cifra en un 32% de niños el riesgo pobreza en la Región

MURCIA.- El 40 por ciento de los niños de entre 2 y 17 años presenta sobrepeso u obesidad, lo que supone más de 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional, siendo Murcia la comunidad con mayor índice en este sentido, según recoge el informe 'Los derechos de la infancia y la adolescencia en la Región de Murcia 2020' con datos de 2014/2018 que ha presentado este lunes en rueda de prensa Amparo Marzal, presidenta de Unicef Murcia.

Marzal ha manifestado también que otro de los datos preocupantes es el hecho de que "uno de cada tres niños en la Región se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social".
El informe, que cuenta con el apoyo de la UMU y la UPCT, muestra una selección de indicadores de medición del bienestar de niños vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas se refieren a la protección de los derechos de los niños, así como un conjunto de propuestas y recomendaciones en la consecución de la Agenda 2030.
Es la continuidad de un primer trabajo, que se desarrolló hace dos años, en el que se constata la "mejora" en términos generales de estos indicadores oficiales, aunque alerta del elevado índice de obesidad en Murcia con respecto al conjunto nacional.
Es la continuidad de un primer trabajo, que se desarrolló hace dos años, en el que se constata la "mejora" en términos generales de estos indicadores oficiales, aunque alerta del elevado índice de obesidad en Murcia con respecto al conjunto nacional, lo que pone de relieve la necesidad de "mejorar la educación y sensibilización" en este ámbito, ha dicho el autor del informe y la presidenta de Unicef Murcia.
Marzal ha destacado que entre estos datos positivos del informe destaca el alto índice de inclusión en centros educativos y de acogimiento familiar.
En relación al ODS 1 (Erradicar la Pobreza), según la tasa Arope de 2018, Murcia está tres puntos por encima de la media española (29,5%) y casi nueve más que la tasa europea (24%).
Por ello, Unicef considera imprescindible que se proteja, se priorice y se visibilice la inversión en infancia, con el objetivo de asegurar el bienestar de niños, especialmente en los ámbitos con mayores desafíos: lucha contra la pobreza, salud, educación y protección, poniéndolos en el centro de las políticas.
En el ámbito del ODS 3 (Salud y Bienestar), llama la atención el número de nacimientos entre adolescentes de 15 a 17 años, que alcanza en la Región a 3 de cada 1.000 casos, nuevamente por encima de la media nacional.
Así como el número de jóvenes, de entre 14 y 18 años, que declara haber consumido alcohol en el último mes (67,5 por ciento), prácticamente similar a la media nacional, que varía en media décima.
Dentro del ODS 4 (Educación de Calidad), es reseñable cómo casi una cuarta parte de la población regional de entre 18 y 24 años ha completado como máximo la primera etapa de Secundaria, muestra de los altos niveles de abandono temprano presentes en el sistema educativo.
Por otra parte, los niveles de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil son muy reducidos, la mitad del porcentaje alcanzado a nivel nacional. La tasa de escolaridad en la Región en el primer ciclo de Infantil (0-2 años) supone un 19,1 por ciento, inferior al conjunto nacional, que supera el 36 por ciento.
Asimismo, se presentan otros indicadores importantes en el ámbito de las barreras a la participación de los jóvenes en el mercado laboral, dentro del ODS 8 (Trabajo y Crecimiento Económico), la reducción de las desigualdades (ODS 10), el desarrollo de ciudades más sostenibles (ODS 11) o sociedades más seguras (ODS 16).
En este último punto, un 9,9 por ciento de la población de entre 11 y 18 años es víctima de maltrato físico entre iguales en el colegio o instituto (alguna vez en los últimos dos meses).
Según el informe, la Región de Murcia ha realizado un gran esfuerzo en algunas de las áreas prioritarias que se destacaban como imprescindibles en el anterior informe (2018) para mejorar el bienestar de los niños, sobre todo en la reducción de la pobreza infantil, ya que la diferencia en los años de referencia ha sido de casi 7 puntos: de un 39,3% en 2016 al 32,7% de 2018.
Los datos ofrecidos en este estudio, además de ser una aproximación sobre la situación de la infancia en la Región de Murcia con el prisma de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pretenden ser útiles para el seguimiento y la reformulación de las políticas públicas con un enfoque regional.
Asimismo, incluye una propuesta de metas a alcanzar en 2025 y 2030, como la reducción del porcentaje de población menor de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión: por debajo del 25% para 2025 y del 10% para 2030 (ODS 1).

El Gobierno regional mantiene el proceso de diálogo con 'Sabic' para buscar una solución consensuada

MURCIA.- El Gobierno regional mantiene el proceso de diálogo con Sabic para buscar una solución consensuada al ERE planteado por la compañía. La pasada semana el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, en nombre del Gobierno regional, ya puso a disposición de la empresa todos los medios del Servicio de Empleo y Formación (SEF) y del resto de la Administración, para que el cierre anunciado por la compañía en una de sus plantas tenga el menor impacto posible para los trabajadores.

La consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, ha explicado que el Gobierno regional llevará a cabo "todas las medidas necesarias para constatar la viabilidad de la planta y conocer los objetivos de la empresa a medio y largo plazo con el fin de no generar mayor incertidumbre", así como la coordinación de un proceso entre la Administración regional y el Comité de Empresa de Sabic.
Asimismo, entre las medidas que contempla tanto la Consejería dirigida por Ana Martínez Vidal como la de Empleo, destaca un plan de acción integral para ofrecer una atención individualizada de los trabajadores afectados, que les permitirá agilizar los trámites administrativos para la obtención de ayudas económicas, la intermediación y posibles recolocaciones dentro de la misma empresa o en otras.
El próximo viernes, en la sede de la Consejería, Martínez Vidal presidirá el segundo encuentro entre la Administración y representantes de la empresa afectada, líder mundial en el suministro de soluciones de materiales termoplásticos de ingeniería.

La Fundación Haroun Tazieff quiere instalar su sede en Cartagena

CARTAGENA.- La Fundación Haroun Tazieff quiere instalar su sede en Cartagena para centrar en este municipio las investigaciones que lleva a cabo en el ámbito de la sismología, la investigación y el conocimiento de las ciencias de la tierra en su interacción con el hombre, informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Por ello, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, se ha reunido este lunes con un grupo de representantes de la Fundación entre los que se encontraba Frederic Lavachery, hijo de Haroun Tazieff, célebre vulcanólogo y exsecretario de Estado francés.
La Fundación realiza su cometido centrándose en áreas de interés como la paleontología, arqueología terrestre y submarina, los efectos de la acción derivada de la minerología y la preservación del medio ambiente y los espacios naturales.
Bautizado como el "poeta del fuego" por el escritor Jean Cocteau, Tazieff era un defensor de la naturaleza y un activista del ecologismo, que falleció en 1998.

Se distrae con "Patrimonio de la Humanidad" mientras el centro de Cartagena se cae a pedazos

El pasado mes de octubre, el Pleno aprobaba la moción defendida por MC para exigirle al Gobierno local el cumplimiento de la Ley regional del Suelo, que fija la obligación de los propietarios de parcelas de edificar en el plazo de cinco años desde su consideración de solar.
Esta normativa, de 2015, en su artículo 235, otorga un plazo de cinco años para edificar, pudiendo el Ayuntamiento forzar a la construcción e incluso expropiar para llevarla a cabo. Por lo tanto, a partir de este año, el Gobierno local puede obligar a edificar a los propietarios.
En un Casco Histórico con más de cien solares por edificar, esta iniciativa perseguía que el Ejecutivo local contribuya "a fomentar un desarrollo sostenible y construir un municipio amable, olvidando su voluntad de comprar territorios contaminados o amparar pelotazos". A pesar de ello, han transcurrido ya cinco meses desde que se aprobara esta moción que sin que se conozca si el Gobierno local ha iniciado alguna gestión para avanzar en una cuestión que, a la luz de los acontecimientos, resulta urgente aplicar.
"El desplome ayer de parte de un edificio en la calle Cuatro Santos debería ser suficiente para que 'la trinca' fuera consciente de que hemos estado muy cerca de asistir a una verdadera tragedia, si este incidente hubiera ocurrido un día antes con la calle Cuatro Santos repleta de jóvenes disfrutando del sábado de Carnaval", ha manifestado el portavoz municipal de MC, José López.
El edil ha añadido que "la imagen de la calle Cuatro Santos después del derrumbe es la metáfora perfecta del resultado de dos décadas de aniquilación del casco histórico por parte del Partido Popular, traducido en más de cien solares. Políticas que parecían del pasado pero que han sido devueltas a la actualidad gracias a la traición de los tránsfugas socialistas y a la veleta naranja".
"Por ello, y ante la situación de alarma social provocada ante el desplome de este edificio, llevaremos una iniciativa al Pleno del próximo jueves para instar al Gobierno local a llevar a cabo una revisión de todos los edificios y fachadas que cuenten con alguna medida de seguridad como andamios, mallas o cualquier otra", ha señalado el concejal cartagenerista.
"Además, volveremos a reclamar que el Gobierno local dé cumplimiento a nuestra moción del pasado mes de octubre para ejecutar de una vez la Ley regional del suelo, que faculta al Ayuntamiento, desde este mismo año, a forzar a la construcción en solares e incluso expropiar para llevarla a cabo".
"Como no puede ser de otra manera, nuestra labor seguirá siendo la de corregir la pésima labor de 'La Trinca', que sigue esforzándose en ocultar sus vergüenzas detrás de Patrimonio de la Humanidad mientras el centro de Cartagena se les cae a pedazos", ha concluido José López.

El IMAS envía a los pensionistas el formulario de declaración obligatoria de ingresos de 2019

MURCIA.- El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha enviado por correo postal a los pensionistas de la Región de Murcia los modelos de los formularios necesarios para hacer la declaración obligatoria de los ingresos percibidos en el ejercicio 2019.

En la documentación, que deberían haber recibido la semana pasada, tendrán que indicar la previsión de ingresos de este año, así como notificar si se ha producido algún cambio en su unidad familiar.
Una vez que el Gobierno central ha aprobado la revalorización de las pensiones para 2020, el IMAS ha aprovechado también para notificar cómo queda el importe revisado de cada pensión para este año. 
En total han sido enviadas 15.909 cartas. De ellas, 10.117 corresponden a pensiones de invalidez; 5.185 de jubilación, 565 a personas con discapacidad (antigua Lismi) y 42 al Fondo de Asistencia Social (FAS).
Quienes no reciban la documentación en sus casas podrán descargársela de la página web del IMAS, en el apartado 'Registro y Guía de Procedimientos y Servicios', y especificar que el código de procedimiento es el '0855'.
Para ayudar a los pensionistas que lo necesiten, el IMAS ha habilitado tres puntos de información que funcionarán con cita previa a través del teléfono '968 362 000'. 
Además, quienes estén obligados a rellenar el impreso podrán acudir a los Servicios Sociales de sus ayuntamientos y solicitar a los trabajadores sociales la descarga individualizada de la declaración anual, así como ayuda para rellenarla y registrarla.
Una vez cumplimentados los impresos, éstos podrán ser entregados de forma presencial en la sede de la Dirección General de Pensiones (Ronda de Levante, 16, de Murcia) o presentados en el registro de cualquier órgano de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la administración local y del sector público institucional, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España, así como en las oficinas de asistencia en materia de registro.
La Región tiene asignados 86 millones de euros para el pago de las pensiones no contributivas. 
Actualmente, la Dirección de Pensiones gestiona, además de las pensiones no contributivas, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y los subsidios recogidos en la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad (antigua Lismi).

Sanidad convoca este martes con urgencia a las CCAA para acordar nuevas medidas frente al coronavirus

MADRID.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado este martes con urgencia un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que están presentes los consejeros de todas las comunidades autónomas, para analizar y acordar nuevas medidas preventivas contra el nuevo coronavirus.

Así lo ha anunciado Illa en rueda de prensa tras presidir la reunión diaria del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus y después del brote surgido en Italia, donde ya se han registrado 219 casos y 5 fallecimientos por el virus.
En las últimas horas en España se han descartado 9 casos y actualmente hay tres en estudio, si bien Illa ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y ha convocado el CISNS monográfico, que se celebrará a las 16.30 horas, para coordinar las nuevas medidas, que serán de carácter informativo, con las comunidades autónomas.
Esta reunión va precedida de otra que va a celebrar, este lunes, el Centro Europeo de Control de Enfermedades y, el martes, el Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus, y la Comisión Delegada de Salud Pública.
"Estas medidas van a ser básicamente informativas para que los ciudadanos que reúnan los requisitos de definión de caso sepan qué tienen que hacer", ha dicho Illa, para destacar la importancia de "reforzar" las iniciativas de detección precoz y sensibilidad con el fin de tener a "toda la red sanitaria" preparada para detectar, descartar o atender los posibles casos que puedan aparecer.
Asimismo, el ministro ha adelantado que durante las reuniones del martes también se va a analizar cambiar el ajuste de la definión de caso, un aspecto que también se está debatiendo en Europa.
"Otro tipo de medidas no se están aconsejando impulsarlas", ha aseverado, para descartar así que se vaya a controlar la fiebre en los aeropuertos. "Lo que se aconsejan son medidas de sensibilidad", ha sentenciado.
Finalmente, Illa ha recordado que el Ministerio de Sanidad se va a seguir guiando por los mismos cuatro criterios de actuación de hasta ahora: seguimiento diario de la situación, la adopción de decisiones basadas en la evidencia científica, coordinación con las comunidades autónomas y los socios europeos, y transparencia informativa.

Sale a concurso la red de drenajes para evitar los vertidos al Mar Menor

MURCIA.- La autorización de vertidos al Mar Menor para la explotación del sistema de la red de drenajes en el Campo de Cartagena y los bombeos de El Albujón, Los Narejos y El Mojón, proyectada por la Confederación Hidrográfica del Segura, salió a exposición pública este lunes por espacio de veinte días hábiles. Una resolución de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia señala que puede ser consultado en la web del organismo de cuenca.

La memoria técnica señala que las aguas que se verterían al mar serían solo las procedentes de la red de drenajes y las superficiales de las ramblas de El Albujón y Miranda en caso de parada técnica o avería de la instalación que se prevé. Y añade que la incidencia en el medio ambiente sería inapreciable, ya que de producirse esas incidencias se activaría un programa de vigilancia y control del vertido que llevaría consigo la paralización de todos los bombeos y la notificación del hecho a la confederación por la empresa explotadora.
El proyecto tiene un presupuesto de 50.780 euros y un plazo de ejecución de tres meses y prevé actuaciones tendentes a la eliminación de aliviaderos y pozos. El proyecto de desagües de la zona regable del Campo de Cartagena fue realizado por el órgano de cuenca en 2001 para captar aguas del subsuelo que eran conducidas a través de bombeos hasta el canal del trasvase Tajo-Segura como agua para riego.
El trazado inicial se ha visto alterado por los desarrollos urbanísticos y otras circunstancias y la situación del Mar Menor se ha visto afectada negativamente en los últimos años, con la especial incidencia que tuvo la gota fría de septiembre de 2019, con reflejo en la gran mortandad de peces y crustáceos, indica la memoria.
Entre los factores que han afectado a su deterioro medioambiental, cita las actuaciones turísticas desarrolladas a partir de los años 60 del pasado siglo, las actividades náuticas que muchas de ellas supusieron y los residuos procedentes de antiguas explotaciones mineras. Ahora se trata fundamentalmente de "actuaciones de obturación de alivios y desagües" para evitar los vertidos contaminantes.