domingo, 29 de diciembre de 2019

El fin de los peajes en la AP-4 y la AP-7 enfrenta a Abertis con el Gobierno


MADRID.- Casi 500 kilómetros de peaje pasarán a ser gratuitos el próximo miércoles. Se trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4, que une Sevilla con Cádiz, que levantarán sus barreras después de 46 años de peajes. La concesión de ambas carreteras finaliza con la llegada del nuevo año y el Gobierno, al igual que hizo con la AP-1, ha decidido no renovar su concesión, recuerda hoy Abc. 

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya anunció al poco de llegar al cargo su intención de liberalizar estas autopistas de peaje. La primera carretera afectada por esta medida fue la AP-1, ahora le toca el turno a la AP-4 y a la AP-7 y en 2021 vencerá la concesión de la AP-2 y el tramo norte de la AP-7.  
Lo que no está tan claro es cómo se mantendrán estas vías. El Gobierno tuvo que retrasar notablemente la adjudicación del contrato de mantenimiento de la AP-1, que no se firmó hasta diez meses después de su liberalización. Una demora que ahora se repite en la AP-4 y en la AP-7.
El Ministerio de Fomento licitó hace unos meses un contrato valorado en 153 millones para adjudicar estas tareas. Sin embargo, Abertis y los sindicatos han impugnado los pliegos, dejando este servicio en el aire apenas unos días antes de que ambas autopistas se liberalicen. Fuentes cercanas al proceso explican que el foco del enfrentamiento se encuentra en el número de trabajadores que se subrogarán cuando se levanten las barreras.
Según estas mismas fuentes, Fomento garantizó a los sindicatos y a Abertis, en manos de la italiana Atlantia y ACS que recolocaría a un número determinado de trabajadores. Teniendo en cuenta estos cálculos, la concesionaria lanzó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la filial que gestiona actualmente ambas vías.
Sin embargo, finalmente en los pliegos que sacó al mercado el Ministerio de Fomento el número de trabajadores subrogados era menor. Además, el Gobierno ha dejado fuera de este particular proceso a la concesionaria, que hasta el momento se había encargado del mantenimiento de estas carreteras.

Ante esta situación, la empresa ha decidido contraatacar e impugnar los pliegos, que ya no podrán ser adjudicados antes del 1 de enero, cuando se levantarán las barreras de la infraestructura. El Gobierno tendrá que recurrir a un contrato de emergencia para que ambas autopistas cuenten con servicios de mantenimiento, y no será al menos hasta mediados del primer trimestre cuando podrá adjudicar de forma definitiva este servicio.
La impugnación de este contrato representa una nueva batalla entre el Gobierno y Abertis, que ha perdido gran parte del negocio que tenía en España por la decisión del Ejecutivo de levantar las barreras de las autopistas de peaje.

La liberalización de estas autopistas coincidirá con un nuevo incremento de las autopistas de peaje en manos del Estado, que subirán un 0,84% de media para 2020. La excepción será la AP-6, cuyo precio se incrementará un 1,69%.
La AP-4 y la AP-7 se librarán de este incremento, al igual que las autopistas «rescatadas» (las radiales de Madrid R2, R3, R4 y R5 más la M-12 que une la capital de España con Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, Circunvalación de Alicante y la AP-36 Ocaña-La Roda) que quedarán exentas de la subida del peaje.
A principios de año, el Ejecutivo decidió rebajar un 30% el peaje de estas infraestructuras, que pasaron a ser gratuitas entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

Los cartageneristas de MC se animan un poco con la ocurrencia autonomista leonesa

CARTAGENA.- Para el secretario general de MC Cartagena, José López, la petición de León no es comparable a Cartagena, porque ellos piden ser una región diferente a la castellana, mientras que Cartagena quiere una segunda provincia en esta misma comunidad. Pero, el debate que trasluce es que hay pueblos que se sienten diferentes. ¿Y cómo dar respuesta a eso? López asegura que "nuestras diferencias hacen más grande a España".

En cualquier caso, los casos de León o Cartagena son reivindicaciones legítimas y plenamente legales, pues están recogidas en la Constitución. No así el separatismo catalán, de ahí que pida no confundir ni llevar a la chirigota la reivindicación histórica de la provincia para Cartagena.

El líder de MC, el partido más votado en las últimas elecciones municipales, ha lamentado que en Cartagena, los partidos nacionales han dejado siempre en agua de borrajas las mociones que por unanimidad han pedido la provincia para Cartagena, no así como ha ocurrido en León, lo que le provoca cierta "envidia".

Este debate, que se ha abierto en otras épocas, no es otra cosa que dar respuesta al sentimiento de diferencia que tiene un pueblo como Cartagena, que pide más autonomía, y más y mejores servicios e infraestructuras, "algo que sólo ahora puede defender un partido de siglas locales como MC". 

López recuerda que "esta comarca aporta más del 33% al PIB regional y sólo recibe el 7%", y pone como ejemplo la mala gestión que se lleva a cabo desde el Gobierno regional.

La moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de León, pide la autonomía de la Región Leonesa que forman las provincias de León, Zamora y Salamanca. La impulsó la Unión del Pueblo Leonés, fue respaldada por PSOE y Podemos, y contó con el voto en contra de PP y Ciudadanos.

Sin Zamora ni Salamanca

Al menos los presidentes de sus Diputaciones no consideran que esta moción sea «un paso al frente» o un «hecho histórico», como se ha vivido en la provincia leonesa. 

La institución provincial de Salamanca, con Francisco Javier Iglesias (PP) a la cabeza se han remitido a unas declaraciones de días previos en las que manifestaba «no estar para valorar ocurrencias». 

Todo ello, a través de su departamento de prensa y sin querer hacer valoraciones de lo ocurrido en el último pleno del año en la capital leonesa.  

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo (Ciudadanos), quien no consideró que la moción sea «un hecho a valorar por el plenario de Zamora», que se encuentra «preocupado con aprobar los Presupuestos cuanto antes».

«En la Diputación zamorana nos sentimos 'castellanoleoneses', eso lo tenemos muy claro y vamos a seguir con esta postura», subrayó Requejo, olvidando la 'y' copulativa que los leonesistas tanto han criticado por la falta de unión en una comunidad a la que culpan de los constantes «agravios» a la región leonesa. 

«Queremos seguir como estamos», remachó el presidente de la Diputación de Zamora ya que en su opinión la decisión de una comunidad autónoma con las tres provincias históricas del Reino de León es «algo ridículo».

Virtual eurodiputado Marcos Ros: "Siendo de aquí, dedicaré buena parte de la legislatura europea a defender el Mar Menor"

MURCIA.- El virtual eurodiputado murciano,  el socialista Marcos Ros Sempere, ha señalado que una vez que se acredite como eurodiputado dedicará buena parte de su trabajo, a cuestiones regionales, aunque representa a toda España, pero "siendo de aquí y con los problemas que hay aquí reclamaré y defender nuestro territorio amenazado, especialmente el Mar Menor".

Ros ha recordado que sobre el Mar Menor recaen seis figuras de protección ambiental de la Red Natura 2000, que derivan de la Unión Europea. De momento, la semana pasada a través del eurodiputado socialista Cesar Luena ya preguntaron por esta cuestión.
Marcos Ros cree que la UE se tomará en serio el problema del Mar Menor, porque "esta es la legislatura del gran acuerdo verde" que marcará toda la legislatura europea.
Marcos Ros lamenta que la Región no tenga un Plan de ordenación del territorio para toda la región, como si tienen todas las comunidades vecinas. "Ya estamos cansados, ha dicho, de ser una "isla", porque somos, ironiza la isla verde, la isla de la sopa verde...
Marcos Ros se convertirá en el único eurodiputado murciano en unas semanas, una vez que se aplique el Brexit el 31 de enero.

Buques plataforma optan por el Puerto de Cartagena para largas estancias de mantenimiento


CARTAGENA.- La presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz ha explicado a la presidenta de COEC, Ana Correa, las nuevas líneas de negocio que el Puerto de Cartagena está impulsando, entre otras, en el sector offshore, término con el que se denomina a la explotación de pozos petrolíferos desde plataformas marinas.

"Cada vez es más frecuente que buques plataforma elijan el Puerto de Cartagena para largas estancias de mantenimiento".
Esto supone, según ha dicho, "un beneficio importante para la comunidad portuaria y en general para la industria local ya que proporciona trabajo continuado tanto a empresas del puerto como a empresas auxiliares, talleres de reparaciones, empresa de suministro de materiales para buques, y empresas de transportes que son las más demandadas en este sector".
Yolanda Muñoz ha dicho también que "se trata de un nuevo nicho de negocio que beneficiará al empresario cartagenero por la repercusión que estas estancias tienen para los sectores señalados pero también en otros como el turístico y el comercial".
A lo largo de los últimos 18 meses han sido cinco los buques de estas características que han recalado en los muelles cartageneros para estancias prolongadas: el Stena Icemax, de la naviera Stena Drilling, que realizó operaciones de puesta a punto y mantenimiento rutinario de alguno de sus equipos, entre ellos el cambio de la planta de reciclaje de aguas negras por otra medioambientalmente más sostenible.
El Transocean 706, plataforma semisumergible de perforación; el Castorone, buque de tendido de tubos, que permaneció unas semans; el Drillship Atwood Advantage, con una eslora de 238 m, 42 m de manga y una capacidad operativa para trabajar a profundidades de 3658 m, que estuvo durante tres meses, y el Saipem 700, el segundo mayor buque grúa semisumergible del mundo, que estuvo casi ocho meses.

España bate en 2019 el récord de solicitudes de asilo con más de 107.000 presentadas

MADRID.-España ha recibido al menos 107.542 solicitudes de protección internacional durante el año 2019, lo que supone más del doble que las que se presentaron en 2018 (55.749). Mientras se bate récord al registrarse este máximo, se están rompiendo las costuras de un sistema de acogida "colapsado" que es incapaz de dar respuesta a los solicitantes de asilo.

"El asilo se ha convertido en la única fórmula de entrada y permanencia en España", ha afirmado la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tal y como ha señalado, "buena parte" de los solicitantes utilizan la vía del asilo porque no tienen otra alternativa para poder quedarse o regularizar su situación. Este hecho, según ha destacado, "está desvirtuando el sistema de asilo y generando graves problemas".
El "colapso" en los servicios de acogida se ha evidenciado en las últimas semanas en Madrid, donde muchos solicitantes de asilo han estado durmiendo en la calle, a las puertas del Samur Social, cuyas plazas están previstas para las personas sin hogar y para situaciones de emergencia. Por su parte, desde Migraciones destacan que actualmente el sistema estatal acoge a 30.000 personas en toda España.
Esta saturación se ha producido ante la falta de plazas del sistema de acogida, a cuyo acceso tiene derecho toda persona que formalice una solicitud de asilo hasta que las autoridades españolas resuelvan su expediente -en caso de denegación, el usuario debe abandonarl

Agilizar las resoluciones

En este contexto, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha urgido a "agilizar" las resoluciones, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que piden asilo proceden de Latinoamérica y "no van a tener derecho a protección internacional". Por tanto, tendrán que salir del sistema" al tratarse de una migración de carácter económico.
Si bien a lo largo de 2019 la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio del Interior, ha agilizado las resoluciones -ha tramitado un total de 62.641 solicitudes, lo que supone casi cinco veces más que las 12.889 resueltas en todo 2018-, la oficina tiene pendientes de resolver más de 100.000.
Tal y como ha precisado Galán, a pesar de que las resoluciones se han agilizado, "se están notificando muy lentamente" a los usuarios. "Si se resuelven pero no se notifican, las personas se mantienen en el sistema de acogida sin poder dar paso a otras personas que lo necesiten", ha remarcado. Así pues, sostiene que es "importante" superar este "escollo" administrativo ya que "por muy rápido" que se resuelvan los expedientes, "sin herramientas para notificar no servirá de mucho". 
Desde Interior, por su parte, destacan la mejora en el ritmo de las tramitaciones que se ha producido en 2019, año en el que precisamente el Gobierno habilitó la concesión del permiso de residencia por razones humanitarias para venezolanos debido a la compleja situación que vive el país. Desde el mes de enero, casi 40.000 ciudadanos de Venezuela se han beneficiado de este mecanismo previsto en la ley de asilo.
El Gobierno activó esta herramienta para aquellos ciudadanos venezolanos a los que se les deniegue por la vía convencional la petición de protección formalizada en España desde el año 2014. El objetivo principal era "reducir el stock" de peticiones pendientes de resolución, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países con mayores tasas de resoluciones favorables de asilo.
Precisamente los venezolanos lideran el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España: desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, unos 37.313 ciudadanos de Venezuela pidieron protección internacional en España, seguidos de 25.949 colombianos, 6.134 hondureños, 5.483 nicaragüenses y 4.467 ciudadanos de El Salvador.
"La respuesta del Gobierno español para otorgar razones humanitarias a las personas de origen venezolano es positiva, pero nos parece discriminatoria para otros colectivos que proceden de países donde las condiciones y situaciones son igual o más graves", ha manifestado Galán.
En esta línea, ha expresado su preocupación por el gran número de negaciones sistemáticas de asilo a personas de centroamérica que vienen a España huyendo de la violencia de las maras -pandillas violentas-, y ha abogado por "ampliar" las razones humanitarias a este colectivo. "Su denegación es absolutamente injusta. Son personas que han tenido que huir por la falta de protección de sus estados ante esa extrema violencia", ha dicho.
Para Galán, el reto principal para 2020 es poner en marcha un plan global que dé respuesta a las necesidades migratorias y de asilo "que se ajuste a los extranjeros cuyo perfil no es de protección internacional y también al colectivo de refugiados".
Por su parte, la directora de misión de la Organización Internacional para Migraciones (OIM) en España, María Jesús Herrera, ha defendido un sistema de acogida que esté "bien dotado económicamente, seguro y predecible"; así como la cooperación en la acogida y una redistribución justa entre todos los niveles del Estado.

El año 2020 llega con bajadas del gas, subidas en Renfe y la congelación de la luz

MADRID.- El ejercicio 2020 comienza con bajadas en las tarifas reguladas del gas natural, subidas en los billetes de Renfe y con la congelación, de momento, de la parte regulada del recibo de la luz.

Las pensiones, el salario mínimo interprofesional (SMI) y el sueldo de los empleados públicos se mantendrán sin cambios a la espera de la formación del nuevo Gobierno.
En el ámbito de la energía, 2020 llega con una rebaja media del 4% en las tarifas de último recurso (TUR) del gas natural -a las que están acogidos los usuarios domésticos-, gracias al abaratamiento de la materia prima.
Las tarifas del gas natural se revisan trimestralmente, pero solo cuando el coste de la materia prima sube o baja más del 2%. El precio de la bombona de butano no se revisará hasta el tercer martes de enero. En su última actualización, en noviembre, subió un 4,86%, hasta 12,74 euros, después de cinco descensos consecutivos.
En cuanto a la parte regulada del recibo de la luz, se congela un año más, esta vez hasta que se desarrolle la metodología para fijar los peajes de acceso y los cargos.

Subidas en el transporte

En el capítulo de transporte, el año empieza con el encarecimiento de los billetes de tren: suben un 1,1% las tarifas del AVE y de los trayectos convencionales de larga y media distancia; un 1,2% los servicios de media distancia de alta velocidad; y un 1% los de Cercanías, que no habían variado desde 2015. Sin embargo, se mantienen los precios de los títulos multiviaje (de diez o más viajes), con lo que, en la práctica, las tarifas se congelan para los viajeros recurrentes.
En el transporte aéreo, las tasas aeroportuarias, que las aerolíneas pagan a Aena por usar ciertos servicios en sus aeropuertos (pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones o servicios de seguridad) bajarán un 1,44% a partir del 1 de marzo. Esta rebaja, aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es superior a la que había propuesto Aena (1,17%).
En cuanto a los peajes de las autopistas estatales, aunque el Ministerio de Fomento aún no ha confirmado oficialmente el aumento para 2020, fuentes del sector la sitúan en el 0,84%.
En el terreno de las telecomunicaciones, las principales operadoras -Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil- no prevén incrementar en 2020 la cuota de línea mensual, el cobro fijo en la factura que carga los costes de mantenimiento de la línea del hogar vinculada a internet.

Lo que está pendiente

En el aire quedan, de momento, las subidas de las pensiones, del SMI y de los sueldos de los funcionarios. La revalorización de las pensiones del 0,9% comprometida por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se aprobará cuando se constituya el nuevo Gobierno y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020.
El Ejecutivo en funciones ha suspendido la aplicación de la subida mínima del 0,25% establecida en la reforma del PP, aún vigente, para no malgastar recursos en una doble revalorización (0,25% ahora y otro 0,65% cuando haya Gobierno).
Lo mismo ocurre con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), cuya cuantía todavía está pendiente de la negociación política y con agentes sociales, que se aprobará mediante real decreto más adelante con carácter retroactivo.
También queda pendiente para 2020 el aumento salarial del 2% fijo para los empleados públicos comprometida en el acuerdo a tres años que en marzo de 2018 firmaron los sindicatos del sector con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Aunque los precios de la vivienda no están regulados, los cálculos de empresas y expertos apuntan a una subida de entre el 3% y el 4% en la compra de inmuebles, y del 4% al 6%, en el alquiler.

23 diputados nacionales de Podemos renunciaron a la tarjeta de taxi de 3.000 euros en la legislatura fallida

MADRID.- Sólo 58 de los 350 diputados del Congreso, lo que supone apenas la sexta parte de la Cámara, renunció la pasada legislatura a la tarjeta personalizada por valor de 3.000 euros al año que el Congreso pone a disposición de sus señorías para desplazarse en taxi en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

El coste de estas tarjetas depende del uso que se haga de ella, ya que es una ayuda finalista y el Congreso sólo abona los viajes que el parlamentario efectivamente haya realizado. Lo único que está fijado es el precio máximo por diputado, 3.000 euros al año, lo que supone una media de 250 euros mensuales.

Más de 133.000 euros en taxis

En los apenas cuatro meses que van desde el inicio de la pasada legislatura (el 21 de mayo) hasta el pasado 24 de septiembre, fecha en la que el Congreso quedó disuelto con motivo de la convocatoria de las elecciones del 10 de noviembre, un total de 292 diputados contó con este abono taxi, lo que supone el 83% del hemiciclo.
Se trata de 103 de los 123 diputados del PSOE; 63 de los 66 del PP; 56 de los 57 de Ciudadanos; 19 de los 42 de Unidas Podemos; 19 de los 24 de Vox; 13 de los 14 de Esquerra Republicana (ERC) -el decimoquinto, Oriol Junqueras, tenía sus derechos suspendidos al estar en prisión-, los seis del PNV y 13 del Grupo Mixto, según los datos del Congreso.
Eso significa que en la pasada legislatura, que se extendió durante siete meses, sólo 58 diputados (el 16,5% de la Cámara) renunciaron a solicitar la tarjeta de taxi: 10 del PSOE, tres del PP, uno sólo de Ciudadanos, cinco de Vox, dos de ERC (uno de ellos, Junqueras) y cuatro del Grupo Mixto (incluyendo los tres presos de Junts: Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull).
Fue por tanto Unidas Podemos el grupo en el que más diputados desecharon la tarjeta: 23 renuncias (el 54% de la formación capitaneada por Pablo Iglesias) frente a los 19 que sí la demandaron.
En total, el Congreso afrontó un gasto de 133.433,60 euros para pagar estos viajes en taxi de sus señorías, lo que representa una media de 33.000 euros al mes.
Y eso pese a que esta legislatura fallida tuvo una actividad parlamentaria muy limitada ya que sufrió parones por las elecciones autonómicas y europeas y los dos meses de verano, y apenas se celebraron media docena de sesiones plenarias al margen de la sesión constitutiva y la fallida investidura de Pedro Sánchez.

97.000 euros por kilometraje

Además del taxi, el Congreso cubre a los diputados los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco), así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista.
Si lo que usan es su propio automóvil para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, se les abona 25 céntimos por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas, siempre con la debida justificación.
En esta legislatura corta de 2019, según los datos facilitados por la Cámara, fueron 139 los diputados que solicitaron ayuda por kilometraje por un importe total de 97.130,75 euros.

La deuda española en manos extranjeras bate un nuevo récord histórico

MADRID.- La inestabilidad política y la falta de un gobierno en España no han hecho mella en los mercados de renta fija a tenor de los datos de deuda pública española en manos de inversores extranjeros, que vuelven a marcar un nuevo récord histórico.

A cierre de septiembre, con un Ejecutivo en funciones y cuando ya se habían convocado las elecciones generales del 10 de noviembre, los inversores extranjeros poseían 477.658 millones de euros en deuda pública española, un 1,5% más que un mes antes.
Esa cantidad representaba casi la mitad, el 48,08%, del total de la deuda pública española y suponía un crecimiento cercano al 11% en tasa interanual, ya que a cierre de septiembre de 2018 los títulos adquiridos por extranjeros sumaban 430.573 millones.
Los datos del Tesoro Público demuestran una tendencia creciente de la inversión extranjera en deuda española desde hace más de un año, que sólo se rompió el pasado junio con un recorte de casi 4.000 millones de euros respecto al mes anterior.
Aunque la estadística no desglosa el origen de los inversores, algunas emisiones concretas, como el caso de los bonos sindicados en los que un grupo de bancos coloca directamente la deuda, sí desvelan la procedencia de los compradores de los títulos españoles.
En una subasta de este tipo llevada a cabo a finales de febrero, España captó 5.000 millones de euros a 15 años y gracias a que la demanda superó los 43.000 millones, el interés ofrecido fue de un mínimo del 1,864%.
En aquella ocasión los inversores extranjeros se hicieron con el 83% de la deuda y entre ellos destacaba la participación de los procedentes de Alemania, Austria y Suiza, superior al 20%, y la de Francia e Italia, con un 19%. Muy cerca quedaba Reino Unido e Irlanda, con un 18,7%.
Algunos expertos consideran que el grueso de los inversores foráneos de la deuda española proceden, tradicionalmente, de la Unión Europea y se sienten atraídos por la mayor rentabilidad de estos títulos frente a los emitidos por otros países de la zona del euro.
Y es que la rentabilidad de los bonos alemanes, considerados los más seguros de Europa, se encuentra en negativo (-0,251%), lo que les mueve a optar por la deuda de países que aún se consideran seguros pese a la incertidumbre política y al parón de la economía.
Sin embargo, el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, destacó recientemente en un encuentro que los inversores asiáticos son los que más han aumentado su tenencia de deuda española este año de todos los extranjeros.
Desde 2012, el volumen de deuda pública española en manos foráneas ha crecido cada año sin interrupción, desde los 223.741 millones de euros de aquel ejercicio. De media, los inversores no residentes poseen un 40% del total, porcentaje que en septiembre se acerca ya a la mitad de la cartera total.
Después de los inversores extranjeros, uno de los grandes tenedores de deuda española son los bancos centrales, que tienen más del 21% del total, mientras que los bancos nacionales poseen cerca del 15% y las aseguradoras, un 9,5%.
En cuanto al precio de la deuda emitida, gracias a la política monetaria del BCE, España ha cerrado 2019 con un coste mínimo de financiación del 0,23%, lo que le ha permitido ahorrarse más de 2.300 millones en intereses frente a lo previsto. Aún así la factura del pago de intereses supera los 24.000 millones.

Lourdes Retuerto critica a sus excompañeros de partido por falta de transparencia en la subida del IBI en Cartagena

CARTAGENA.- El PSOE de Cartagena ha criticado en un comunicado que el ayuntamiento no haya actuado con "transparencia" tras eliminar una cláusula que "protegía a los vecinos del municipio ante una inminente revisión catastral y la subida del IBI".
La senadora y presidente de la Gestora del PSOE en Cartagena, Lourdes Retuerto ha dicho que han calculado el incremento de recaudación en 2,5 millones de euros, lo que supondrá una medida recaudatoria. Retuerto no entiende que el PP practique lo contrario de lo que dice, es decir, que suba impuestos.

En un comunicado, el PSOE ha opinado que esta subida del IBI, que fue aprobada el pasado viernes en un pleno del consistorio, es una medida "desproporcionada", por lo que ha pedido al equipo de gobierno que recapacite.

Qué no pasa en Cs / Ángel Montiel *

No cabíamos en la casa y parió la abuela. Otra versión: por si faltara para desgracias, el abuelo bebe y la abuela fuma. Ciudadanos Región de Murcia es un lío. No hay quien los entienda. O sí. Cada miembro de la dirección va por un lado, y lo mismo los consejeros del Gobierno. Quienes, desde fuera, conocen las claves internas disfrutan del culebrón. Todo está a la vista, nadie se recata para representar su papel, tan previsible. Se les perdona porque están en bóxes. A ver por dónde salen en marzo. La última oportunidad. Pero mientras tanto, siguen haciendo de las suyas. Cada noticia es un pasmo.

La última: la dirección nacional (una gestora 'en funciones') decide personarse como acusación particular en el juzgado en que se instruye la denuncia de Leonardo Pérez contra el resultado de las primarias en que se decidió el liderazgo electoral de las elecciones autonómicas: el denunciante perdió frente a Isabel Franco, quien se alzó con el 63% de los votos ante él y otros candidatos.

Hasta ahora, la versión del aparato del partido era que no existían irregularidades en ese proceso, pero el gesto de la personación las admite implícitamente, pues supone que pretende indagar sobre el origen de las mismas. Sorprende que tanto Franco como el resto de la dirección regional se hayan enterado por la prensa (Onda Cero en este caso) de una decisión que afecta a la credibilidad del partido en el ámbito autonómico. Traducción: se trata, claro, de una operación para liquidar a Isabel Franco. Sinopsis: ganó unas elecciones trucadas. ¿Quién está detrás de esta operación? Blanco y en botella: quien pueda beneficiarse del intento. Es fácil.

Ahora bien, lo verdaderamente gracioso es que la dirección nacional valide una denuncia contra sí misma. Hay que precisar que la actual gestora la conforman, a efectos prácticos, los mismos que decían haber dimitido (pero poco) en la estela del exlíder nacional, Albert Rivera. Se han quedado, dicen, para facilitar la transición, pero es dudoso que quienes condujeron a Cs a una estrepitosa derrota dispongan de la inteligencia y la voluntad para desentrañar las causas de la deriva y, en consecuencia, diseñar un nuevo rumbo. Que Hervías sea el ponente de la nueva organización de Cs es como poner a la zorra a guardar las gallinas.

Es bien sabido que en Cs Murcia no se mueve una mosca sin el beneplácito de Madrid. La composición de la dirección regional es a dedo, así como la elección de los cargos institucionales hasta el nivel de conserje. Por tanto, si hubo irregularidades en las primarias habría que preguntar en primer lugar al responsable nacional de Organización, Fran Hervías o, en su defecto, a su corresponsal, Valle Miguélez, titular de ese departamento en Cs Murcia, o a ambos a la par.

Cuesta creer, de entrada, que Hervías se meta en estos laberintos a sabiendas de que si el juzgado detectara irregularidades la responsabilidad política recaería sobre él en su calidad de secretario de Organización. Pero, ¿quién si no Hervías ha podido incurrir en una operación tan suicida para los intereses de su partido en la Región? La deducción lógica es que, a sabiendas de que ya está políticamente muerto, su última obra en esta pedanía (en la concepción territorial de Cs) consistiría en facilitar las cosas a la facción que ha venido apoyando, la contraria a lo que representa Franco. Morir matando, algo muy propio de las personalidades oscuras tipo Hervías, el perfecto comisario de Organización hasta que deja de serlo.

Hervías recibió lo suyo durante la última asamblea de Cs en Murcia, a la que acudió con otros dirigentes de la gestora nacional. Se distrajo durante la reunión atendiendo a su teléfono móvil, aunque se supone que, capaz de hacer dos cosas a la vez, se vio obligado a escuchar sapos y culebras en las sucesivas intervenciones de los asistentes. Al final tomó la palabra, y lo hizo, en principio, con esa humildad impostada de quienes saben que la tienen hecha, pero poco a poco se fue animando a tirar balones fuera, hasta que desde el auditorio le cantaron las cuarenta para recordarle que le corresponde toda la responsabilidad de las disfunciones internas que afloran ante la opinión pública.

Es muy probable que Hervías, en respuesta a unas críticas que antes no emergían, haya decidido tirar el carro por el pedregal y forzar una situación incómoda para la vicepresidenta del Gobierno. Es la ganadora de unas elecciones internas que la actual dirección provisional de su partido admite implícitamente que podrían haber contenido irregularidades, de manera que la exponen a que la propia militancia empiece a exigirle la dimisión, aun cuando si tales irregularidades existieron es obvio que ella no fue la que manejó los ordenadores.

Por otro lado, trucar unas primarias con catorce votos falsos, como parece que ha detectado la investigación, en un total de 599 contra 237, parece indicativo de que los presuntos manipuladores eran poco decididos. Hervías o Miguélez se esmeraron presuntamente los justo. Ya puestos, el pucherazo debiera haberse dado por centenas de votos. Y da la casualidad de que algunos votantes del denunciante, Leonardo Pérez, incurrieron en las mismos supuestos que en el caso de su acusada: duplicidades desde una misma IP de ordenador y localizaciones exteriores. 

¿Sabía Pérez que también se denunciaba involuntariamente a sí mismo? ¿Cabe pensar que quienes manipularan las elecciones en favor de Franco echaran también unos votos irregulares en las urnas virtuales de los otros candidatos para neutralizar sus posibles denuncias posteriores? La teoría de la conspiración da para muchas suposiciones estimulantes, aunque la realidad nos acabe decepcionando.

El ordenador desde el que escribo este artículo y todos los de la Redacción, según me informa el jefe de Sistemas del periódico, tiene hoy localizada su IP en Alcalá de Henares, y según qué días en Palma de Mallorca o en otros lares, dependiendo de qué ruta informática convenga más al operador, Telefónica. De modo que si a mí y a varios compañeros se nos fuera la cabeza, nos apuntáramos a Cs (por nadie pase) y tuviéramos que votar en unas primarias lo haríamos desde una misma IP localizada fuera de Murcia y nuestros votos aparecerían como fraudulentos. Misterios de la tecnología. 

Pero al decir esto no pongo la mano en el fuego, ni mucho menos, por la limpieza de las primarias de Cs. Sobre el asunto ya se pronunciará la Justicia, y se supone que localizará a los responsables del fraude si lo hubiera. Sobre lo que dudo es que Franco sea responsable política de lo que otros puedan haber hecho en su favor si ella no estaba informada. En realidad, más que media docena de votos dudosos, lo que influyó decisivamente en su triunfo es que el secretario nacional de Organización, Hervías, se pronunciara a través de Twitter para apoyarla apenas unas horas después de que Franco presentara su candidatura, indicando así a la militancia quién era, entre el conjunto de comparecientes, la persona preferida por el aparato del partido.

El gesto constituye una voluntad manipuladora en relación a la exigencia de neutralidad que bien podría haberse resuelto después en algún 'apoyo técnico' en la realización práctica de las primarias, sobre todo para que el propio secretario de Organización no corriera riesgo de quedar deslegitimado en su autoridad si Franco no alcanzaba el objetivo encomendado.

Tengo para mí desde el principio que Hervías apoyó a Franco de manera forzada, tal vez por la superior autoridad del número dos de Rivera, José Manuel Villegas, pues su favorita era y es la actual portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal. La personación en el juzgado aparece, a todas luces, como el intento de forzar una crisis interna que resuelva el conflicto interior de Cs, antes de que Hervías se retire definitivamente, en favor de su apuesta personal en Murcia, más o menos mantenida, no sin conflictos personales a veces con la propia Martínez Vidal, por su correspondiente de Organización, Valle Miguélez.

El problema es que el asunto se les puede ir de las manos. El abogado Javier Pérez, que compitió con Miguel Garaulet en las primarias para el Congreso de los Diputados, celebradas a la misma vez que las autonómicas, ha denunciado ante la Fiscalía posibles irregularidades en esa confrontación. El razonamiento básico es que las curvas de votación en ambas elecciones son coincidentes, y si se resolviera que hubo irregularidades en las de Isabel Franco-Leonardo Pérez serían idénticas a las que pudieran haberse producido en las que se resolvieron a favor de Garaulet.

La Fiscalía ha admitido a trámite esa denuncia, de modo que sería lógico que la dirección nacional de Cs también se personara en este caso atendiendo a los mismos argumentos que ha esgrimido en relación a las autonómicas. Que Garaulet se haya situado súbitamente, tras perder su escaño, en el sector crítico no debería constituir una excepción si de llegar al fondo de posibles irregularidades se trata. De lo contrario quedaría más claro que la iniciativa pertenece a interés de facción.

A todo esto, Isabel Franco, acosada políticamente, como es bien visible, desde el interior de su partido con la colaboración de ciertos poderes fácticos que apuestan por su relevo en favor de Martínez Vidal, más cómoda para la entente con el PP de López Miras, no se arredra, y ha respondido con celeridad personándose también en la causa que afecta a su posición. La paradoja es que actúe como acusación particular en un caso en que ella es, a efectos políticos, la acusada, si bien ni siquiera ha sido requerido su testimonio.

Cabe suponer del gesto que no se siente defendida por la personación de su partido, ya que seguramente sospecha, como cualquier observador, que quien ha instrumentado este efecto desde la dirección nacional no es precisamente su amigo, y la prueba es que ni ha sido informada.

El pasado viernes, el mismo día en que se difundió la noticia de que Cs se personaba en el juzgado que instruye el caso de las primarias, Franco se entrevistaba en Sevilla, junto al secretario regional de Relaciones Institucionales, Francisco Álvarez, de su cuerda, con el líder de Cs en Andalucía y vicepresidente del Gobierno, Juan Marín, su correspondiente andaluz. Son, sin duda, relaciones encaminadas a la construcción de la mayoría en torno a la nueva dirección de Arrimadas, un acceso que no controla Hervías ni quienes andan empeñados en agotar a la vicepresidenta.

Queda claro, pues, que la operación de acoso y derribo contra Franco desde el interior de Cs se inscribe en la fase de navajeo previa al congreso nacional en que hay tortas para tomar posiciones. Hervías, consciente de que Arrimadas lo sustituirá por otro de su calaña (siempre tiene que haber alguien que haga el trabajo sucio) todavía se ve con oportunidad de dejar, al menos en Murcia, su herencia.

¿Qué pasa en Cs? La pregunta adecuada sería: ¿Qué no pasa?


(*) Columnista


Mar Menor: el Agro siempre gana / José Luis Vidal Coy *

De esta especie de tormenta perfecta desatada con la aprobación en Consejo de Gobierno del decreto para supuestamente solucionar el ecocidio del Mar Menor, tres cosas han quedado meridianamente claras, aunque habría muchísimas otras que destacar.

La primera, que el ejecutivo de López Miras ni negocia ni consensúa, por mucho que se empeñen sus portavoces en proclamar que lo han hecho con todas las partes interesadas e implicadas. 

La segunda, que el poder del agro en la Región sigue y seguirá vigente por los siglos de los siglos mientras siga gobernando el partido podrido. 

Y la tercera, que Diego Conesa ha perdido un tiempo precioso para presentar una moción de censura en la Asamblea Regional y provocar la catarsis necesaria para salir de pozo en el que estamos.

De la primera, no hay más que repasar lo dicho en las horas siguientes al anuncio del decreto para constatar que el paripé gubernamental ha encontrado un rechazo notable, precisamente por la ausencia de negociación con ecologistas, científicos independientes, vecinos, partidos de de la oposición e, incluso, algunos grupos de agricultores. Solo Vox y grupos empresariales nucleados por las dirigencias sectoriales y sindicales de la agroindustria lo han apoyado, como era de esperar. 

La conclusión obvia es que los muchachos del triunvirato Miras-Luengo-Celdrán han hecho lo que sus apoyos les pedían: plegarse a los intereses de los causantes del ecocidio. Con lo cual queda establecida la segunda cosa meridianamente clara, que quienes manejan el agro seguirán haciendo prácticamente lo mismo que venían haciendo hasta ahora.

También queda expuesto que el ejecutivo actual ni negocia ni consensúa con nadie que no esté previamente de acuerdo con sus postulados. Para los actuales gobernantes eso de la negociación y el consenso equivale al "pase usted por aquí, siéntese cómodamente y fírmeme sin rechistar esto que le tengo preparado". Como en los mejores tiempos de Valcárcel.

Políticamente, solo Ciudadanos, que ya no se sabe muy bien qué es ni cuántos partidos a la vez lo componen, parece ––pero solo parece–– apoyar el paripé gubernamental. Y solo parece, digo, porque aún está por llegar la noche de cuchillos largos para esos falsarios regeneradores. Esa posibilidad es en la que el líder (?) socialista Diego Conesa debía quizá haber confiado e intentado precipitarla presentando "su" moción de censura, tantas veces hablada y tantas veces aplazada.

Lo mismo que ahora parece que Conesa está obligado a hacer después de que el ejecutivo le haya dado con la puerta en las narices es lo que podría haber hecho hace dos meses. Ya entonces estaba claro que el partido gobernante iba a ser incapaz no solo de reconocer sus propios malhechos y desidias que desde hace 25 años han propiciado el ecocidio, sino también que tampoco serían capaces de acabar con el desastre por ellos provocado en connivencia con determinados sindicatos agrarios, grupos exportadores y organizaciones empresariales.

Los cálculos electorales de los socialistas para retrasar la moción de censura han resultado fallidos: en el Estado vivimos la misma situación de bloqueo que hace dos meses, aunque, cierto, esta vez haya más posibilidades de que no veamos otra repetición electoral. Pero estamos en las mismas. Por eso los dos meses transcurridos desde que Conesa habló por primera de moción de censura han sido una pérdida de tiempo que solo ha beneficiado al mantenimiento del paripé sobre el ecocidio.

Igualmente, no parece que la disensión interna en Ciudadanos vaya a tener una salida a corto plazo, a no ser que un factor externo la precipite y obligue a esa noche de cuchillos largos sin necesidad de esperar otros tres meses a que la dirección partidaria en Madrid resuelva hacia dónde van.

Por eso también, el PSOE debía haber presentado entonces la moción y haber forzado la crisis. Así al menos sabríamos a ciencia cierta y sin posibilidad de error si alguna de las facciones de Ciudadanos guarda en lo profundo alguna intención regeneradora de la vida política y, de paso, del Mar Menor.

Estaríamos lejos, en cualquier caso, de la perpetuación del paripé que pretende el trío Miras-Luengo-Celdrán con los apoyos ya citados. Puede que ese sea el destino de la Región, pues no hay que perder de vista los resultados electorales de las últimas generales: Vox, PP y Ciudadanos sumaron 441.277 votos, el 61,93%; PSOE, Podemos y Más País, 252.610 sufragios, el 35,45%. 

Resultados muy similares a los mejores tiempos del imperio de Valcárcel, cuya sombra, como se ve, es muy alargada. Vean, si no, cuál es el origen político de la mayoría de prebostes de los tres partidos ganadores. Vale.


(*) Periodista


¿Qué es ser currante? / Guillermo Herrera *

Definición: Un currante es una persona que trabaja, un profesional que tiene un trabajo retribuido. El trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición al capital, pero también significa la estrechez, la miseria, la pobreza o la necesidad con que se pasa la vida. El capital es el conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza.

Yo he sido currante media vida, las pasé putas con mi trabajo, y por lo tanto sé de lo que hablo con conocimiento de causa, con experiencia de primera mano. Puede que esto sea ‘victimismo’, pero no es fácil salir del hoyo con la autoestima por los suelos, y no todos aprenden o consiguen buscarse la vida por sí mismos. Yo lo intenté y fracasé con un negocio ruinoso, pero no existe el fracaso sino el aprendizaje, y he aprendido mucho a costa de pagar un alto precio de sufrimiento.

La Biblia decía que “el que no trabaje, que no coma”, pero no especificaba qué tipo de trabajo. Como dice la canción, “soy currante y tiro palante; lo que como me lo gano con el lomo.”

Este tema no es una broma porque durante cuatro años se quitaron la vida 19 empleados de France Telecom, la mayor teleoperadora francesa, y echaron la culpa a la empresa en el que se ha convertido en uno de los casos de acoso laboral más sonados de Europa.

ACOSO LABORAL

El acoso laboral campa a sus anchas en el mundo del trabajo, pero se silencia casi siempre por miedo a perder el empleo. El acoso laboral es una práctica ejercida en el ámbito del trabajo, que consiste en someter a un empleado a presión psicológica para provocar su marginación, y que produce el “síndrome del trabajador quemado”.

El acoso laboral es tanto la acción de un hostigador o varios hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Si te quejas demasiado, no te preocupes, porque siempre habrá otro trabajador más necesitado que tú, dispuesto a besarle los pies al jefe como si fuera un guru de la India.

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles, dentro o fuera del trabajo, por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros, de sus subalternos o de sus superiores.

Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y al mismo tiempo en ocasiones se añaden accidentes ‘fortuitos’ y hasta agresiones físicas, en los casos más graves. 

Una situación de acoso muy prolongada en el tiempo, además de enfermedades o problemas psicológicos, puede desembocar, en situaciones extremas, como el suicidio de la víctima. 

UN SUEÑO LÚCIDO

Esta reflexión es el fruto de un sueño que he tenido esta noche, en donde me veía trabajando y rebelándome contra mis condiciones laborales, pero mi voz de protesta se ahogaba, no me salía, y nadie me escuchaba a pesar de que mi denuncia era absolutamente evidente.
  1. Ser currante significa tener un jefe que te perdona la vida todos los días a cambio de un trabajo a destajo por un salario de miseria.
  2. Ser currante significa observar cómo todo el mundo le hace la pelota al jefe, aunque sea un tirano despreciable.
  3. Ser currante significa quemar tu juventud trabajando como una máquina, a costa de tu salud, sin que nadie te lo agradezca.
  4. Ser currante significa observar cómo hay compañeros ‘trepas’ que no tienen escrúpulos en pisar a los demás para subir de categoría laboral.
  5. Ser currante significa tener que agachar la cabeza cuando recibes órdenes absurdas para no perder el trabajo.
  6. Ser currante significa que te pregunten a qué hora has entrado hoy, pero nunca te pregunten a qué hora saliste ayer.
  7. Ser currante significa trabajar el doble de horas de las que te pagan, y no poder quejarte.
  8. Ser currante significa hacer el trabajo de varios empleados para ahorrar dinero a la empresa.
  9. Ser currante significa tener más responsabilidades de las que corresponden a tu categoría laboral para pagarte menos.
  10. Ser currante significa no poder defender tus derechos laborales para no perder tu trabajo.
  11. Ser currante significa que te compren el abogado si te metes en pleitos para ahorrarse la indemnización.
  12. Ser currante significa recibir consejos estúpidos de tu jefe que no tiene ni idea de tus problemas laborales.
  13. Ser currante significa asistir a reuniones de trabajo absurdas, para imponer miedo a los trabajadores, y salir con los pies calientes y la cabeza fría.
  14. Ser currante significa vivir dentro de una dictadura laboral, aunque en la calle exista una democracia en teoría.
  15. Ser currante significa observar que tu jefe llega tarde al trabajo, si es que llega, mientras que a tí te exige una disciplina prusiana.
  16. Ser currante significa observar cómo tus jefes ganan sueldos millonarios a cambio de tocarse las narices, mientras que tú recibes migajas a costa de romperte la espalda.
  17. Ser currante significa ver que tu jefe llega acompañado de una bella mujer mientras que a tí te toca bailar con la más fea, si es que te queda tiempo o dinero para atenderla.
  18. Ser currante significa llegar con cara de sueño todos los días al trabajo por falta de tiempo para descansar.
  19. Ser currante significa tener que doparse con cafeína todos los días para poder rendir lo que te exigen.
  20. Ser currante significa ser un esclavo sin látigo, pero con achaques físicos a causa del estrés.
  21. Ser currante significa dormir mal pensando en la pesadilla laboral del día siguiente.
  22. Ser currante significa no poder ahorrar nada, porque todo se va en gastos diarios.
  23. Ser currante significa pasarse toda la vida soñando con el día de la jubilación.
  24. Ser currante significa hacerte más consciente del sufrimiento de la humanidad.
Es posible que les resulte familiar todo lo que he contado, que es una síntesis de mi experiencia laboral, muy semejante a la de muchas otras personas. Ésta es una razón más para rebelarse contra el sistema económico de relaciones laborales miserables basado en la humillación del trabajador, y desear un cambio del sistema financiero mundial. Despertar no es vivir entre nubes de algodón, sino hacerse plenamente consciente de todo el mal que existe, y de todas las injusticias que se cometen en el mundo.


 (*) Periodista


Cada semana un Vietnam / Enric Juliana *

Si en los próximos días, Pedro Sánchez no ata los votos necesarios para la investidura, en la cuesta de enero puede pasar de todo.

Fuentes del Partido Socialista y de Esquerra Republicana transmiten, con distintos tonos de voz, que el acuerdo avanza y puede quedar cerrado en los próximos días, pese a las recientes maniobras orquestales alrededor de la Junta Electoral Central (JEC) para sembrar de minas antiinvestidura la primera semana de enero. 

El Partido Popular se halla acampado ante la sede de la JEC, sita en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, convencido de que esta instancia judicial, de la que forman parte ocho magistrados del Tribunal Supremo, más otros cinco ponentes, catedráticos de derecho, de ciencias políticas y sociología, nombrados por los partidos con representación en el Congreso, es hoy muy sensible a sus tesis.

Quieren parar el acuerdo del PSOE con ERC como sea. Objetivo: ninguna semana con la pista de aterrizaje despejada para los pilotos de ERC, tensos, presionados por la emocionalidad independentista y la insomne competición con la gente de Carles Puigdemont , con fama de indecisos desde los tiempos de la Segunda República y todavía con poca práctica en el manglar capitalino.

Con verdadera maña en la presentación de recursos, el PP ha conseguido que la Junta Electoral Central pueda pronunciarse la semana que viene sobre la inhabilitación de Junqueras, antes de que el Tribunal Supremo decida en qué modo aplica la reciente sentencia europea sobre su inmunidad. 

La JEC también podría abordar la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra , antes de que el Supremo case la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el caso de la pancarta, pero no seguro que este asunto sea visto la próxima semana. 

La Junta Electoral Central, adelantando al Tribunal Supremo. No es un asunto menor. Retirado a un segundo plano después de su experiencia como embajador en Londres, Federico Trillo ya no es el gran teclista judicial del PP, pero en el Partido Alfa –hay que seguir hablando del PP como el Partido Alfa de las clases medias tradicionales españolas– siempre habrá oficio para los asuntos jurisdiccionales. Siempre saben qué tecla hay que pulsar. Y esta vez les han dado tiempo.

Desde Vox, partido también inserto en los cuerpos de altos funcionarios del Estado, se están siguiendo con lupa los movimientos de la Abogacía del Estado, con veladas amenazas de llevar a los tribunales a los profesionales que firmen un dictamen favorable a la puesta en libertad de Junqueras. A Vox también les han dado tiempo para maniobrar.

La batalla se está librando donde se suelen decidir los asuntos trascendentales en España: en el interior de los engranajes del Estado. Ya ocurrió hace diez años con la sentencia del Estatut, cuando en cada mesa del Tribunal Constitucional había un Vietnam. Ahí estuvo Trillo, oliendo napalm, en plena forma. Cada semana, un Vietnam. Esta es la perspectiva de los próximos meses. No habrá semana con la pista de aterrizaje despejada para ERC, hay francotiradores apostados en todas las esquinas y, pasadas las fiestas, en la cuesta de enero puede pasar de todo.

Esquerra Republicana quería tiempo, para tranquilizar a sus bases y transmitir a sus electores que no se lo pone fácil a un Partido Socialista que en la campaña de noviembre se dedicó a hostigar a los independentistas, creyendo que así seduciría a los electores indecisos de Ciudadanos. (¿Cómo llegaron a creer que esa empresa era posible?). 

El PSOE gubernamental, que conoce muy bien los manglares del Estado, ha tenido prisa desde noviembre. Podemos, que ha demostrado poseer nociones de estrategia en el agotador ciclo electoral del 2019, ha mantenido la disciplinada quietud que les fue solicitada, a petición expresa de ERC.

Se acercan las praderas de enero e Inés Arrimadas tiene en su mesa una encuesta muy específica sobre su popularidad y sobre la opinión de los españoles ante un eventual apoyo de Ciudadanos a la investidura de Sánchez. Arrimadas ha logrado sobrevivir a Albert Rivera, caído en el delta del Mekong, cuando lo tenía todo a favor. 

La joven dirigente aparece en estos momentos como la figura política mejor valorada, ligeramente por encima de Sánchez y de Pablo Iglesias, que ha subido mucho tras el acuerdo de coalición con los socialistas. La misma encuesta señala que un 65% de los españoles apoyaría un voto favorable de Ciudadanos a la investidura de Sánchez para facilitar la gobernación de España, sin ERC. Un 35% es contrario. El mismo sondeo indica que un 55% incluso aprobaría la entrada de C’s en un gobierno de coalición con PSOE y Unidas Podemos.

Hay movimientos en el manglar y cada semana será un Vietnam.


 (*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia


Lágrimas de los abogados del Estado / José Antich *

Nunca siete rallas en una investidura de un presidente del Gobierno español se han hecho tan famosas como las del comunicado que han emitido este domingo la Asociación de Abogados del Estado y que dice así: “Ante las recientes informaciones publicadas, el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado. Los abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la ley y al derecho. Eso es lo que nos une”.

Injerencias, presiones y amenazas, señala este cuerpo de élite de la administración española. Un observador curioso no puede menos que extrañarse y sorprenderse en un Estado en que, como hemos visto las injerencias, presiones y amenazas están a la orden del día. Será que, a lo mejor, a este cuerpo de letrados de élite que copó hasta hace cuatro días el poder de manos de dos abogadas del Estado tan ilustres como Soraya Sáenz de Santamaría —al frente de aquella promoción de 1996 conocida como la gloriosa— o María Dolores de Cospedal, lo que en realidad le molesta es que sean utilizados para un acuerdo entre el PSOE y ERC.
Cuando los dictámenes de la Abogacía del Estado eran para encerrar, juzgar y culpar a los líderes independentistas nada o casi nada sabíamos colegiadamente, más allá de alguna retirada sonora para hacer política. Eran los tiempos en que PP, PSOE y Ciudadanos iban de la mano. Ahora, las mayorías políticas son otras y el Estado, sus estructuras más profundas, chirrían de lo lindo como estamos viendo estos días. 

Cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba siendo una montaña demasiado alta de escalar para quienes hacen y deshacen sin que nadie les corrija desde una instancia superior.

Veremos qué acaba diciendo el informe de la Abogacía y si es cierto, como se ha filtrado, que es suficiente para Esquerra que, en última instancia, tiene la paella por el mango ya que sin ellos no hay investidura. Por más prisas que tenga Pedro Sánchez y por más experto que sea en crear espejos falsos para forzar a su negociador.


(*) Periodista y director de El Nacional


sábado, 28 de diciembre de 2019

El PP propone en la Asamblea Regional de Murcia un plan de apoyo a la producción y ganadería ecológicas


CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en la Asamblea Regional de Murcia en la que insta al Consejo de Gobierno a que lleve a cabo un Plan de Apoyo al crecimiento y consolidación de la producción ecológica, con especial atención a la ganadería ecológica.

La diputada 'popular', Isabel María Sánchez Ruiz, promotora de la iniciativa, ha explicado que "se trata de un modelo de desarrollo sostenible en el medio rural, socialmente justo, y basado en técnicas que respetan el medio ambiente, el bienestar animal y la salud de personas, animales y plantas".
Más en concreto, la diputada autonómica ha definido la ganadería ecológica como "un sistema de producción multifuncional, con unas bases técnicas y una normativa propia que la diferencian de los procesos intensivos y extensivos, cuyo objetivo principal es la obtención de alimentos de origen animal de máxima calidad sanitaria".
"La ganadería ecológica ha de estar ligada al suelo", ha afirmado Sánchez Ruiz, para aclarar que "debe disponer de tierras de pasto o cultivo para obtener en la propia unidad de producción la mayor parte de los alimentos para los animales, con lo que se contribuye al equilibrio de los sistemas agrícolas y utilizando recursos naturales renovables".
En ese sentido, la parlamentaria "popular" ha destacado que "Murcia es la región de Europa con mayor superficie de cultivo 'bio', aunque observamos que su variante animal apenas se ha desarrollado".
"La producción ecológica es un ejemplo de sinergia entre políticas al dar respuesta a múltiples objetivos en materia medioambiental, agraria, alimentaria y de desarrollo rural", ha concluido Isabel Maria Sánchez.

La excepción

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia son las dos únicas comunidades españolas que no destinan ayudas a la ganadería ecológica, circunstancia que ha motivado que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) indique que genera un agravio comparativo que perjudica seriamente la competitividad de las explotaciones de estas características en el territorio valenciano, hasta el punto de que este hecho ya está provocando que muchos ganaderos trasladen sus animales a pastos situados en comunidades vecinas como Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha.
Los productores valencianos de bovino, ovino, caprino y equino perciben pagos directos procedentes del primer pilar de la Política Agrícola Común (PAC) por un valor medio de 122 euros anuales por hectárea de pasto. 
Sin embargo, y al contrario de lo que sucede en la inmensa mayoría del territorio español, aquellos ganaderos que apuestan por la conversión a ecológico o al mantenimiento de razas autóctonas (excepto los titulares de la oveja Guirra) no reciben ni un euro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) –el llamado segundo pilar de la PAC– donde cada comunidad tiene la capacidad de incluir esta clase de subvenciones siempre y cuando la cofinancie al 50% con la Unión Europea.
Un informe elaborado por los servicios técnicos de AVA-ASAJA acredita que los ganaderos ecológicos valencianos, junto a los de Murcia, quedan en una posición de clara desventaja respecto al resto de comunidades, donde llegan a percibir entre 66 y 214 euros por hectárea de pasto en régimen de mantenimiento, entre 72 y 450 euros por hectárea en conversión y entre 13 y 39 euros por colmena en ayudas a apicultura ecológica (tal como se detalla en el cuadro inferior). 
Además, los ganaderos valencianos afrontan otras discriminaciones en materia de ayudas agroambientales, como sucede con la línea destinada al fomento de la polinización y a la apicultura que sí existen en otras comunidades, pero de las que no pueden beneficiarse los profesionales valencianos de este sector. 
Incluso la Región de Murcia dispone en su PDR de subvenciones a la racionalización del pastoreo, cifradas en unos 27 euros por hectárea, una opción que tampoco contempla la normativa valenciana.
A la vista de todas esas conclusiones, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera que “es sorprendente, y una triste paradoja, que el gobierno del Botànic, ese que ha volcado sus prioridades hacia la agricultura ecológica y que ha aprobado a bombo y platillo el I Plan de Agricultura Ecológica 2016-2020 dotado con 80 millones de euros, a la hora de la verdad se haya olvidado de los ganaderos que buscan en la producción ecológica un camino para sortear la grave crisis del sector y explorar una alternativa que cuenta cada vez con una mayor demanda”
En este sentido, AVA-ASAJA considera prioritario que la Conselleria recupere las ayudas al fomento de las razas autóctonas en extensivo, las cuales fueron suprimidas en 2011 a pesar de que tenían gran importancia porque beneficiaban a un gran número de ganaderos.

Muy duro el ataque de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía al agronegocio y el SCRATS por el Tajo-Segura y el Mar Menor


GUADALAJARA.- La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía condena las declaraciones del líder de los populares, Pablo Casado, llamando a una movilización en defensa del Trasvase Tajo - Segura, un movimiento que consideran puramente político en una batalla para recuperar votantes en la Región de Murcia despreciando los intereses de la nación. 

"El Tajo y el Mar Menor son patrimonio de todos los españoles y no podemos perderlos por la codicia del SCRATS, especuladores del agua, y el beneficio de los cuatro buitres de la agroindustria"
De la misma forma que se opusieron a la entrada de los ribereños en la Comisión de Explotación del Trasvase, "el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a dejar clara su postura y sus prioridades en lo referente al acueducto. Siempre al lado de la agroindustria, contra el criterio de la ciencia, contra Guadalajara, contra Cuenca, contra Toledo y Aranjuez, contra el turismo en la Región de Murcia, contra quienes se manifestaron en octubre en defensa del Mar Menor, contra quien haga falta. Siempre en defensa del lobby trasvasista, que manda en el palacio de San Esteban".
"Se empeñan en convertir en una lucha política una cuestión que está por encima del juego sucio y barriobajero al que están acostumbrados, una cuestión que es de interés nacional, estratégica de cara al futuro: la conservación de nuestro patrimonio nacional", explica el vicepresidente de la Asociación, Borja Castro. 
"La recuperación y conservación de nuestros ecosistemas está por encima de izquierdas o derechas, no es campo para opiniones subjetivas u ocurrencias populistas, es un problema serio que debemos afrontar con sensatez, escuchando a los científicos y valorando por encima de todo el enorme coste, tanto económico, como ambiental, que supone la situación actual del Tajo y del Mar Menor".
La Asociación de Municipios Ribereños no se cansa de explicar que la sobreexplotación fehaciente de los recursos hídricos que comete desde hace décadas la agroindustria no es una cuestión ideológica, ni opinable desde una visión política. Los datos han estado siempre ahí, los resultados poco a poco han ido emergiendo. 
"Nosotros llevamos décadas sufriendo las consecuencias", explica la presidenta, María de los Ángeles Sierra, "pero ellos van a empezar a sufrirlas esta misma primavera, cuando los turistas no acudan a una laguna pestilente llena de muerte y tengan que valorar si realmente merece apostar por una industria agrícola insostenible y decimonónica o por un sector servicios moderno y de calidad".
"Las miles de familias que viven del Turismo y del Mar Menor en la Región de Murcia deben ser las que abucheen a los regantes cuando salgan una vez más a defender lo indefendible; quiénes apoyaron al Mar Menor en octubre de corazón, no pueden permitir que su asesino presuma de ello", añade.
Desde la Asociación, esperan prudentes que el Partido Popular de Castilla - La Mancha se oponga frontalmente a las declaraciones de su líder y pida una rectificación. "Si quieren competir con Vox por el electorado, que no lo hagan sacrificando el interés de la nación, que se desmarquen y abracen la postura de científicos y ecologistas, que señalan claramente a la agricultura intensiva como un problema y nunca como una solución o algo sostenible, mucho menos un bien común".

La empresa 'Epic Winner' invierte en la construcción de un hotel rural en el viejo sanatorio de Sierra Espuña


ALHAMA DE MURCIA.- La empresa hotelera Epic Winner, propietaria de 10 de los complejos hoteleros más grandes de España, ha presentado esta mañana el que será su proyecto estrella para el 2020, que consistirá en la rehabitilación íntegra del Sanatorio de Tuberculosos de Sierra Espuña y que lo convertirá en un alojamiento rural con categoría Cinco Estrellas Gran Lujo, según adelanta en su web AlhamaConect@

El presidente del grupo empresarial, Adolfo Pérez, ha asegurado tras la firma del convenio que “Alhama es un punto clave dentro de la geografía de la Península, y su sierra posee un grandísimo potencial turístico”.
El proyecto en el que tienen previsto invertir unos 60 millones de euros, consistente en dos fases de 30 millones de euros cada una, consistirá en la adecuación del lugar como un gran complejo hotelero rural. El espacio contará con un total de 100 habitaciones, además de otros servicios como restaurante, spa, piscina, macro-discoteca y un museo histórico de Sierra Espuña. 
En vista de la cantidad de público que espera esta iniciativa, se habilitará una línea de autobús que comunicará el complejo con el casco urbano de Alhama, incentivando así el turismo, el comercio y la hostelería del municipio.
Para los más supersticiosos, un sacerdote se ha ofrecido voluntariamente para bendecir el lugar y dar descanso eterno a las almas de las que hay creencias que habitan en el interior.
Pérez ha declarado que “si es cierto que habitan almas en este lugar, creemos que debemos darle el descanso que merecen y que por fin puedan descansar en paz”.

Sanatorio de Sierra Espuña
Actualmente, la estructura del sanatorio de Sierra Espuña la forman tres alas de dos alturas y el sótano. Con los años se fueron añadiendo la casa del conserje, el depósito de cadáveres, los velatorios, un acueducto para recoger agua del deshielo, etc. La cubierta es a dos aguas y en el centro hay un torreón típico de las construcciones de la época. De cara a la fachada principal se levanta la escultura de Cristo.
El edificio que está actualmente en ruina debido a sus años de abandono y a los actos de vandalismo, tiene ocasionados numerosos destrozos, pero “la estructura del edificio es buena, sólida”, confirma la empresa Epic Winner.

Historia del sanatorio para tuberculosos
La primera piedra se pone en el último trimestre de 1913 cuando las autoridades regionales tienen que tomar decisiones drásticas ante los estragos que estaba causando la tuberculosis entre la población civil. 
Dado el carácter contagioso de esta enfermedad se decide recluir a los enfermos en un lugar aislado; además, hasta entonces, el aire puro y limpio de la sierra era el mejor alivio que existía. 
La obra se prolongará durante varios años concluyéndose en 1917 la primera planta del hospital, aunque no fue hasta 1934 cuando se terminó por completo. En 1931 el edificio pasó a ser propiedad del Estado.
El hospital contaba con doscientas camas y 50 empleados. Aparte de sanatorio, el edificio se convirtió en ambulatorio para los vecinos de Aledo y El Berro. En el año 1949 se descubre la estreptomicina que supuso un cambio radical en el cuidado de enfermos con tuberculosis. Poco a poco muchos de los internos fueron recuperándose y dados de alta. 
Los pocos que quedaron se trasladaron al Hospital Provincial de Albacete. El Ministerio de la Gobernación, que detentaba entonces las competencias en sanidad, decide entonces reconvertir el complejo en un orfanato.
Los elevados gastos de manutención de un edificio de tal envergadura llevan al Ministerio, en 1962, a declararlo como no rentable provocando su cierre.
A principios de la década de 1980 el Gobierno regional, hace una fuerte inversión para reconvertir la antigua casa de cura en un albergue juvenil. No obstante, la falta de presupuesto hace que sólo se rehabilite el ala izquierda, quedando el resto igualmente abandonado. Aunque el nuevo albergue se promocionó, apenas tuvo afluencia de jóvenes. Tras varios veranos de decadencia, en 1995, se echa el cierre definitivo. Inicialmente se le puso vigilancia para evitar que fuera vandalizado pero esta fue retirada en 1997.
“Queremos que este lugar recupere la vida y la alegría que tuvo los últimos años antes de su cierre definitivo, cuando se rehabilitó como albergue de verano para jóvenes”, señaló el presidente de la compañía, quien además aseguró que la zona de recreo de pista de fútbol será incluida en el plan de restauración para el uso como escuela de verano.