MADRID.- El preacuerdo alcanzado entre los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para un "Gobierno progresista de coalición" se compromete a "garantizar la convivencia en Cataluña" y la "normalización" de la vida política fomentando el diálogo "siempre dentro de la Constitución". No obstante, no hay mención alguna a la reforma del modelo de
financiación que lleva caducado desde 2014 y que tan necesaria es para
la Región de Murcia.
El documento precisa que las dos formaciones tienen abierta aún una negociación sobre la estructura y el funcionamiento del nuevo gobierno, que perseguirá situar a España como "referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas".
Este es el documento completo del acuerdo:
El
PSOE y Unidas Podemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un
Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de
la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los
ciudadanos han decidido en las urnas.
Ambas
formaciones comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa
de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos
como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la
mejor tradición europea.
Los
detalles del acuerdo se harán públicos en los próximos días.
Actualmente, estamos avanzando conjuntamente en una negociación
encaminada a completar la estructura y funcionamiento del nuevo gobierno
que se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad
gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las
funciones.
Los ejes
prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición se
centrarán en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la
sociedad española en su conjunto:
1.-
Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la
precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de
calidad.
2.- Trabajar
por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los
servicios públicos, especialmente la educación – incluyendo el impulso a
las escuelas infantiles de cero a tres años-, la sanidad pública y la
atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros
mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y
su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho
y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de
innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector.
Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de
apuestas.
3.- Lucha
contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección
de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los
animales.
4.-
Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as.
Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la
Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y
empleo, así como el impulso digital.
5.-
Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la
dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la
eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país
de memoria y dignidad.
6.-
Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el
sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y
calidad de vida.
7.-
Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la
libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la
violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de
permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de
la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la
elaboración de una Ley de igualdad laboral.
8.- Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.
9.-
Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá
como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización
de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña,
buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la
Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para
asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su
competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.
10.-
Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control
del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del
bienestar sólido y duradero.
