Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado un acuerdo para formar el primer gobierno de coalición en la historia reciente de España.
Y lo han hecho en unas condiciones aritméticas más difíciles que en los
meses en que la legislatura estuvo bloqueada, lo cual condujo a las
elecciones del pasado domingo y demuestra que, a veces, los políticos
también saben hacer de la necesidad virtud.
Sánchez ha
precipitado el acuerdo antes de que el hervidero de rumores que es
Madrid desde el domingo por la noche se acabara cobrando su cabeza. Ha
cedido, pues claro. Para empezar, se ha comido su orgullo, reflejado en
una frase que, como todas las suyas, carece de valor alguno: "No dormiría tranquilo con Unidas Podemos en el gobierno".
De eso, hace semanas. Y la ha girado como un calcetín con ministros e Iglesias de vicepresidente.
En este aspecto, el secretario general de Podemos es el ganador claro,
aunque también ha tenido que tragarse alguno de sus principios, que, al
final, son eso: principios, no finales.
El punto 9 del acuerdo es un trágala de difícil
digestión incluso para los comunes y, sinceramente,
es difícil de gestionar por los partidos independentistas catalanes.
Lleva por título: "Garantizar la convivencia en Catalunya"
y dice así: "El gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la
convivencia en Catalunya y la normalización de la vida política. Con
este fin, se fomentará el diálogo en Catalunya, buscando fórmulas de
entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se
fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación
adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos
la igualdad entre españoles".
Convivencia, diálogo en Catalunya, no con
Catalunya y Constitución. Nada de bilateralidad, diálogo sin líneas
rojas, referéndum acordado, derecho a la autodeterminación o amnistia.
Uno puede ser el último invitado a la mesa pero lo que no puede ser es
el único que se quede sin comer. Y eso es lo que parece que se espera en
Madrid una vez más de los independentistas catalanes.
Aunque en política también las cosas suceden sin que nadie las
planifique, la primera noticia después del pacto entre Sánchez e
Iglesias ha sido la decisión de la Fiscalía General del Estado de
ordenar a la Fiscalía de Catalunya que investigue si hay responsabilidades penales por parte de la Mesa del Parlament tras
haber autorizado que la Cámara debata y apruebe una moción que
reiteraba el derecho a la autodeterminación de Catalunya.
Esa Fiscalía
General del Estado es aquella que Pedro Sánchez decía todo orgulloso,
hace tan solo seis días, que "seguía órdenes del gobierno". Pues eso.
Por si acaso, no se publicará el acuerdo en el Boletín Oficial del
Parlament. Tan solo la patita...
Y, en medio de todo ello, una gran noticia procedente de Bruselas: el abogado general de la Unión Europea cree que Oriol Junqueras tendría que haber sido reconocido miembro del Parlamento Europeo
desde la proclamación de los resultados electorales, independientemente
de cuestiones formales como el juramento de la Constitución o cualquier
otro trámite que imponga un Estado, en este caso, el español.
Obviamente, la decisión es un serio revés para la Junta Electoral
Central, la Sala del Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena, el juez
Manuel Marchena y el propio Parlamento Europeo, ya que todos ellos se
pronunciaron en sentido contrario en uno u otro momento.
La decisión
-aunque no es vinculante, el criterio se suele seguir- refuerza las
expectativas del president Carles Puigdemont y el conseller Toni Comín de acceder al acta de eurodiputado en las próximas semanas. Conclusión: la justicia europea se parece poco a la española.
(*) Periodista y director de El Nacional
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