MADRID.- La mortandad de miles de peces y crustáceos que vivió el Mar Menor el pasado 12 de octubre se ha convertido en un revulsivo para la adopción de medidas políticas que recuperen una laguna al borde del colapso
por la entrada de nitratos de los abonos agrícolas y un desarrollo
urbanístico excesivo, introduce El País.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha
elaborado una hoja de ruta con medidas concretas, y la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) ha dado a conocer, por primera vez, la
superficie que se está regando sin autorización en la zona del Campo de
Cartagena, la cuenca que vierte en el Mar Menor: “Al menos 9.500
hectáreas”, según los datos preliminares. En 2018 se autorizó el regadío
en 43.071 hectáreas. Es decir, un 22% de lo permitido el año pasado.
El cálculo se ha realizado por teledetección (técnica que compara la
superficie autorizada con la que se detecta por satélite), y ahora la
CHS tendrá que comprobar sobre el terreno la veracidad de los datos.
De
momento, ha determinado que 1.600 de esas 9.500 hectáreas no cuentan con
ninguna posibilidad de tener derechos de agua, por lo que se han
enviado los 147 expedientes correspondientes a la Consejería de
Agricultura de Murcia –la competente para desmantelar los regadíos
ilegales–.
Esos terrenos deberán volver a su estado
natural. En el resto, hay zonas que han estado recibiendo agua de la
desaladora de Valdelentisco debido a la sequía. Ahora se ha abierto un
proceso para determinar quién puede continuar con ese suministro. Un
portavoz de la CHS indica que el procedimiento se ha alargado debido a
que las peticiones de los agricultores duplicaban la capacidad de la
planta.
Pedro García, director de Asociación de Naturalistas del Sureste
(Anse) advierte de que no están de acuerdo con legalizar la superficie
que no corresponde a los 147 expedientes. “Lo que se pretendía con el
agua de las desaladoras era cubrir el déficit de riego que existe [650
hectómetros cúbicos] para el que no es suficiente el trasvase
Tajo-Segura, pero nunca crear nuevas zonas de regadío”, aclara.
La hoja de ruta del ministerio, que se publicó este jueves tras una
reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Vertido Cero, se
detiene, además de en la presión contra los infractores, en la
inspección y sanción de incumplimientos por invasión de zonas costeras
de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
De momento, se está
realizando un análisis para revisar el deslinde de la costa del Mar
Menor “con criterios más exigentes desde el punto de vista
medioambiental”. En los casos que no sean legales se iniciarán
expedientes sancionadores y de recuperación del terreno público.
El Ministerio da el plazo de aproximadamente un mes para que esté
finalizado un estudio de la dinámica de los acuíferos, del estado de la
laguna y de las causas del deterioro. También se analizará qué
actividades son compatibles con el buen estado de la laguna teniendo en
cuenta diferentes escenarios climáticos.
Para reducir la cantidad de nitratos que llegan a la laguna y a las
aguas subterráneas, se estudiarán también iniciativas de buenas
prácticas agrícolas. Por ejemplo, asociándolas a las ayudas de la nueva
Política Agraria Común (PAC) y a otros fondos europeos (FEADER).
El sector pesquero, que ha sufrido de forma directa la mortandad de los peces
por el rechazo del mercado y la mala imagen del producto, recibirá
compensaciones económicas por lucro cesante, vía ayudas del Estado, que
abarcan el periodo desde que cesó su actividad —15 de octubre— hasta
final de 2019. Tendrán un coste aproximado para el ministerio de 500.000
euros.
También se pretende mejorar la red de saneamiento que es incapaz de
retener las aguas residuales en momentos de gota fría lo cual provoca el
desbordamiento de las ramblas e inundaciones. Estas aguas sucias acaban
en Mar Menor contribuyendo a su eutrofización (exceso de nutrientes que
provocan falta de oxígeno).
Para ello, se plantea mejorar los sistemas
de drenaje urbano de tal forma que se reduzca la carga contaminante de
las aguas pluviales y valorar si se necesita ampliar las instalaciones
de depuración.
