CARTAGENA.- En relación con las declaraciones hechas ayer por las asociaciones agrarias COAG y FECOAM "proponiendo devolver a secano lo que es de secano y que no existan regadíos intensivos en la zona más próxima al Mar Menor", Pacto por el Mar Menor considera que "estas declaraciones de los representantes de pequeños y medianos agricultores son
el reconocimiento de lo que es un secreto a voces: que grandes empresas
agrícolas compran extensas fincas a precio de secano y las transforman
ilegalmente en regadío (logrando agua de manera ilegal, ya sean
subterráneas o de otro tipo), multiplicando por diez su valor y
consiguiendo enormes beneficios con el cultivo intensivo".
Afirman
que estas grandes empresas consiguen en unos años la "consolidación" o
regularización de esa finca, que pasa de secano a regadío, a través por
ejemplo, del Plan Hidrológico de cuenca o de concesiones de aguas
desaladas.
Estas prácticas son el equivalente de las recalificaciones urbanísticas de la época de la burbuja inmobiliaria.
FECOAM y COAG entregaron un documento de 17 puntos a la ministra para
la Transición Ecológica en su reciente visita a la Región, y ese
documento no contempla ni la restitución de los regadíos ilegales a secano ni el cinturón verde alrededor del Mar Menor.
Por tanto, "parece que parte del sector agrícola sigue siendo incapaz
de reconocer por escrito dos de las más importantes medidas que pueden
ayudar a salvar al Mar Menor".
"El documento de FECOAM y COAG sigue hablando de búsqueda de recursos
hídricos sin reclamar el fin de los regadíos ilegales (respecto a los
cuales, solo en el campo de Cartagena existen cifras que los sitúan
entre un mínimo de 1.600 ha y un máximo de 12.000 ha), ni el fin de los
cultivos en las orillas del Mar Menor (como se está haciendo por la
Comunidad de Regantes de Arco Sur en la zona de Mar de Cristal), ni la
posibilidad de aprobar una "moratoria agrícola", es decir, una medida
extraordinaria que dé un respiro al Mar Menor a través, por ejemplo, de
limitar temporalmente el número de cosechas anuales o de reducir
provisionalmente la superficie cultivable de las fincas de más
extensión.
Al mismo tiempo, afirman que "las sanciones que la Confederación Hidrográfica del Segura viene imponiendo por uso ilegal del agua son, en muchos casos, ineficaces". Se trata de sanciones pecuniarias cuyo pago compensa a la empresa agrícola para seguir cultivando.
"Esta situación debe cambiar con la aplicación, desde febrero de este
año, de la Ley de Medidas Urgentes para la sostenibilidad ambiental en
el entorno del Mar Menor, cuyo artículo 8 obliga a la Comunidad Autónoma
a restituir a sus condiciones anteriores (secano o vegetación natural)
los regadíos fuera del perímetro legal".
"Esta Ley obliga a la Comunidad Autónoma a actuar, sin ninguna
excusa. Sin embargo, la Comunidad Autónoma, a quien compete el control
de la fertilización de los campos (origen de la actual crisis eutrófica
del Mar Menor) no ha impuesto ninguna sanción en cumplimiento de la
referida Ley ni ha realizado un control efectivo de los nitratos desde
que el entorno del Mar Menor se declaró zona vulnerable por contaminación de nitratos, hace más de veinte años".
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