La crisis nacional está agravando la olvidada crisis social / Vicenç Navarro *

Ha pasado estos días algo que era sumamente fácil de predecir y que algunos, desde hace tiempo, estábamos alertando que ocurriría. En realidad, era tan fácil de predecir lo que está ocurriendo que cuesta creer que algunos de los protagonistas de los acontecimientos sucedidos no lo supieran y que, en lugar de evitarlo, lo hayan facilitado, pues creían, y continúan creyendo, que les beneficiaría política y electoralmente.  Y la realidad es que todas las encuestas electorales muestran que muchos de ellos están consiguiendo lo que siempre desearon.

Pero veamos primero qué ha estado ocurriendo en estos últimos días. Un acontecimiento es que el Tribunal Supremo ha dictado su sentencia con durísimas penas para los dirigentes independentistas, algunos de los cuales llevan encarcelados desde hace dos años antes de incluso iniciarse el juicio. El otro, que sigue al anterior, es que el presidente en funciones del gobierno español, el Sr. Pedro Sánchez, que está en plena campaña electoral, ha indicado que el gobierno hará cumplir las sentencias en su totalidad. 

Y el tercer acontecimiento es que, como consecuencia del primer hecho, en Catalunya se están produciendo movilizaciones de grandes sectores de la población en señal de protesta por la dureza de estas penas y en defensa de los derechos civiles de los presos, que consideran que han sido violados por su encarcelamiento y por la naturaleza de su sentencia. Ni que decir tiene que estos tres hechos están íntimamente relacionados. Y frente a ello es justo preguntarse por qué ocurren y por qué ahora. Se está escribiendo con gran detalle sobre cada uno de ellos. Pero creo que también es urgente que se hable de lo que hay detrás de cada hecho, algo que no siempre aparece con la claridad que la gravedad de situación exige.

La explicación oficial de los hechos

Esta explicación queda reflejada en las declaraciones de Pedro Sánchez, que considera que la sentencia del Tribunal Supremo es el resultado de un juicio ejemplar, característico de un Estado democrático al que considera como “uno de los más democráticos del mundo” y, por supuesto, homologable a cualquier otro Estado democrático europeo.

Encuentro esta declaración sorprendente, pues los indicadores de las grandes limitaciones democráticas del Estado español (por herencia del Estado anterior) son muy abundantes, como se ha documentado extensamente (ver, por ejemplo, mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002). En realidad, es uno de los Estados más represivos de Europa y con menor sensibilidad social, como demuestra el hecho de que tenga uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15, el grupo de países con un nivel de desarrollo económico similar al español. De ahí que también me sorprende que incluso los propios dirigentes del movimiento independentista se asombren de la extrema dureza de las sentencias del Tribunal Supremo. Parecería que habían asumido que el Estado español tenía la capacidad y la motivación de actuar de diferente manera.

En este aspecto, la interpretación de lo ocurrido por parte de gran número de dirigentes políticos independentistas e intelectuales soberanistas, definiendo la sentencia del Tribunal Supremo como una “venganza” del Estado, me parece también sorprendente, pues asume, repito, que tal tribunal, frente a la acusación de sedición, podría haber actuado de una manera distinta. Y es que no fue “venganza” lo que hizo tal tribunal. Fue represión dura para establecer un precedente. La dureza de las sentencias (después de descartar la rebelión, que los tribunales europeos habrían rechazado) era parte esencial del mensaje que se quería transmitir a la sociedad, en particular a la sociedad catalana, pero también al resto de la sociedad española. 

De ahí su gravedad, pues afecta a cualquier colectivo que desobedezca las leyes que sostienen el entramado de poder del país. Y esta dureza, repito, era enormemente predecible, dada la naturaleza del Estado, un Estado que no significó una ruptura sino una apertura del régimen dictatorial anterior, transformándose en un Estado democrático con enormes limitaciones en el que la cultura prevalente en muchos de sus aparatos es heredera de aquel régimen anterior. Así pues, como resultado de una Transición que distó mucho de ser modélica, tal cultura franquista está todavía muy extendida no solo en muchos aparatos del Estado, sino también en amplios sectores de la sociedad civil, incluidos los grandes medios de información.

Ley y democracia no son conceptos homologables

Homologar ley, orden y democracia es algo que suele hacer cualquier establishment político que domina, precisamente, el proceso de formación de dichas leyes. Y tal homologación apareció en la sentencia que condena a los políticos encarcelados. Esta visión penaliza por lo tanto la desobediencia civil, que históricamente se ha mostrado como necesaria para mejorar el sistema democrático en muchas ocasiones. El movimiento obrero, por ejemplo, no tendría muchos de los derechos laborales que tiene en la actualidad si no hubiera incurrido previamente en casos de desobediencia civil. Pero todo participante en movimientos de desobediencia civil tiene que ser consciente que sufrirá una sanción. La sanción en sí, por lo tanto, no tiene por qué sorprender. Pero para que un acto de desobediencia civil tenga eficacia y capacidad de persuasión tiene que sustentarse en un comportamiento basado en un principio que sea moralmente superior al que intenta sustituir, como puede ser la defensa de la democracia, entendiendo como tal la expresión de la soberanía popular. Y ahí está el problema en este caso.

Respeto a la ley no es lo mismo que respeto a la democracia

La justificación de la sentencia del Tribunal Supremo es que tal sentencia era necesaria para salvaguardar la democracia, cuyo marco de referencia es la Constitución (considerando tal documento como el punto de referencia de la expresión democrática). Todo el argumentario se intentaba sostener en base a la defensa de la democracia española. Por otro lado, gran parte de los dirigentes independentistas también utilizaron el argumento de que su desobediencia civil estaba basada en su compromiso democrático. Pero el punto débil de este argumento último es que cuando organizaron el acto del 1 de octubre de 2017, era supuestamente para llevar a cabo un referéndum que, aun cuando fue un magnífico acto de protesta frente al Estado español, no podía leerse o interpretarse como un referéndum. Y utilizaron el resultado de tal votación para legitimar la declaración de la independencia (no deseada por la mayoría de la población catalana). Y ahí está el punto flaco de su argumentación, del que creo que varios dirigentes independentistas eran conscientes y así algunos lo han reconocido.

Por otra parte, la dureza de las sanciones prueba el carácter político de la sentencia

El Tribunal Supremo ha tenido como objetivo someter y escarmentar a los líderes independentistas para mostrarles que la independencia no es posible dentro del Estado español, supuestamente “de los más democráticos del mundo”. Y tal sentencia se justificó en base a una exigencia democrática. En cualquier caso, los dirigentes independentistas se lo pusieron fácil para poder presentarse como tal, pues se saltaron a la torera todas las normas (y me refiero a normas y principios democráticos, y no a leyes) declarando la independencia en nombre del pueblo catalán, cuando la mayoría de tal pueblo no era independentista. Y resalto lo de normas y principios, pues no comparto la veneración por la ley ni el concepto de obediencia civil. Repito que las democracias se han construido a base de desobediencias civiles. No hay conquista social sin desobediencia civil. Y estos dirigentes cometieron un acto de desobediencia civil, lo cual, predeciblemente, implicaría una sanción.

Pero, insisto, lo que debilitó su acto de desobediencia civil fue que violaron principios democráticos y desarrollaron un acto (que fue enormemente importante como crítica al Estado por su constante insensibilidad hacia la mal llamada “cuestión catalana”) que se presentó como un referéndum (1-O), lo cual obviamente no era (y los dirigentes de la movilización lo sabían o deberían haberlo sabido), acto que utilizaron para justificar la independencia cuando, en realidad, no existía tal mandato, hecho reflejado por encuestas que demostraban que la mayoría no era favorable a dicha independencia. Y ese fue su gran error, pues dieron pie al Tribunal Supremo para justificar su condena a todas luces excesiva por haber violado la ley (que para ellos es la base de la democracia). Al realizar tales actos, aquellos dirigentes independentistas diluyeron el impacto moral (y su popularidad internacional) del hecho de estar encarcelados o en el exilio, presentándose como los defensores de la democracia cuando en realidad habían violado algunos de sus principios.

Por otra parte, una condena tan alta cuando la desobediencia civil fue pacífica confirma claramente que esta condena fue una decisión política tomada con objetivos políticos y que, por lo tanto, los presos y exiliados son presos y exiliados políticos. El hecho de que las penas sean tan desmesuradas se debe a un motivo claramente político, pues, repito, tienen un objetivo político, que es ni más ni menos que crear la imagen de que hay que castigar a los disidentes secesionistas para que no se extienda el independentismo. En realidad, la cultura franquista está tan extendida y normalizada que la gente que la reproduce ni siquiera es consciente de ello. Ahora bien, creer que el Estado haría algo distinto es no entender la Transición de la dictadura a la democracia y las condiciones en las que se hizo. La evidencia de que el Estado resultado de aquella transición se caracteriza por una democracia muy (pero que muy) limitada y un bienestar muy insuficiente es abrumadora. Miren los datos y lo verán.

La gran derechización del establishment español

En este aspecto, no hay plena conciencia de lo enormemente derechizada que está la vida política del país, donde la herencia del régimen anterior ha dejado una cultura escasamente democrática muy acentuada en las derechas españolas, como queda constancia en que nada menos que el 72% de los votantes del PP y el 46% de los de Ciudadanos consideran que debería mantenerse el monumento fascista del Valle de los Caídos, con el dictador enterrado en él con todos los honores que se le otorgan en tal monumento, algo impensable en un país con una cultura más democrática, sólida y madura.  

¿En qué país de la Europa Occidental sería imaginable que el Tribunal Supremo permitiera a un partido de ultraderecha, de clara vocación franquista, VOX, defensor del dictador más sangriento que haya existido en Europa (según el experto en fascismo europeo, el Sr. Malefakis, de la Universidad de Columbia –Nueva York–, por cada asesinato político que cometió el régimen de Mussolini, el de Franco cometió 10.000), ser parte de la acusación popular, o que el Sr. Marchena, de clara orientación derechista, presidiera tal tribunal? Definir todo el proceso como meramente judicial y, por ende, neutral, es insostenible, pues estaba imbuido de una cultura y de unas actitudes que permitían predecir fácilmente cómo terminaría. Son presos políticos y las penas son claramente políticas.

¿Y ahora qué? Se necesita ir más allá que la necesaria defensa de los derechos de las víctimas de la represión

Ni que decir tiene que hay que denunciar el carácter claramente político de la sentencia, totalmente desproporcionada, con penas de prisión que nunca deberían haberse dado. La denuncia de esta situación debe realizarse en defensa de los derechos humanos, exigiendo que salgan de la prisión inmediatamente. Ahora bien, no creo acertado utilizar esta protesta para promover el independentismo, como sus dirigentes, lógica y predeciblemente, están intentando en un período electoral. Y desde este punto de vista, la dureza de las sanciones tendrá lógicamente mayor capacidad de movilización. A mayor número de años de cárcel, mayor movilización. Desde el punto de vista electoral, la sanción del Tribunal Supremo no podría ser mejor propaganda para el independentismo. Y parece casi imposible que no supieran de las consecuencias de tal dureza. En realidad, la sanción facilita la movilización de los dos nacionalismos opuestos. Véanse las reacciones de los dirigentes del PP y de C’s para constatarlo. Su deseo de imponer el 155 responde también a causas electorales.

¿Qué sería deseable que pasara?

El enorme problema, mal llamado “problema catalán” (y digo mal llamado porque es un problema del Estado español), es imposible que se resuelva teniendo a gente en la cárcel. Y repito, aunque el Tribunal Supremo y las derechas (y algunas izquierdas españolas) no lo digan, seguro que lo saben. Pero se benefician de ello. El nacionalismo uninacional y radial españolista, basado en la capital del Reino, necesita el conflicto con los nacionalismos “periféricos” para su propia existencia. Y la historia reciente de España así lo demuestra. Las derechas españolas (que son muy de derechas según los parámetros europeos) siempre han utilizado el nacionalismo y el secesionismo, entre otras razones, para ocultar sus políticas sociales reaccionarias. La evidencia de ello es abrumadora, aunque nunca se hable de ello en los medios (ver mi artículo, El triunfo de las derechas con la ayuda de los independentistas, Público, 07.03.19).

De ahí que la solución al mal llamado problema territorial no pueda venir de las derechas y tenga que hacerlo, si es que llega, únicamente de mano de las izquierdas. Y las izquierdas mayoritarias en España (y también en Catalunya) tienen que reconocer que han dificultado enormemente la solución del problema territorial y social apoyando a las derechas nacionalistas sistemáticamente. El mal llamado conflicto territorial beneficia a las derechas a ambos lados del Ebro. En Catalunya, las izquierdas de ERC y la CUP han apoyado un gobierno liderado por la derecha y, en España, el PSOE está pidiendo una alianza con las derechas. Y ambos lados del espectro lo hacen para defender “la patria” (o la Constitución en el caso del nacionalismo españolista), lo que reducen el necesario debate a un debate “secesión sí/secesión no”, cuando el futuro está marcado por un escenario más complejo, más variado y más democrático que el que hoy encontramos.

Y para llegar a este futuro, la única solución es que las izquierdas españolas (incluidas las izquierdas ahora secesionistas) se alíen para cambiar España, cambiando su Estado para que pueda redefinirse España, convirtiéndolo en un Estado plurinacional, unido desde la libertad que supone el derecho a decidir la pertenencia y articulación con dicho Estado, como soñamos desde la resistencia antifascista (incluyendo el PSOE) durante la dictadura. Hasta que ello ocurra no habrá un cambio en estas tensiones, porque ellas son la mejor manera de ocultar la enorme crisis social que los dirigentes de derechas que han liderado los dos bloques nacionalistas han generado y de la que son responsables. De ahí que con el gran ruido que el tema nacional está generando se persiga un objetivo que beneficia a las derechas españolas y las derechas independentistas. Hoy, cuando la enorme crisis social está afectando como nunca la calidad de vida de las clases populares, las banderas borbónicas, por un lado, y las esteladas, por el otro, ocultan todo lo demás. Ambos se benefician de las tensiones que estamos viendo. ¿Que no lo ven las izquierdas?

La enorme crisis social

Hoy la crisis social ha alcanzado unas dimensiones sin precedentes en el país, resultado de la aplicación por parte de los partidos gobernantes de políticas neoliberales (las reformas laborales regresivas y las políticas de austeridad), sin que ello aparezca en el debate político y mediático del país. Y las izquierdas gobernantes son también responsables de ello. De ahí que a no ser que haya un cambio profundo en su orientación, estamos condenados a continuar con las tensiones interterritoriales que ocultan que muchos jóvenes de este país no tienen perspectivas de vivir mejor que sus padres, que las desigualdades sociales son de las mayores en Europa Occidental y que la pobreza infantil es escandalosamente alta. ¿No se dan cuenta? Creerse que las izquierdas gobernantes no eran conscientes de lo que pasaría es poco creíble. 

Ni que decir tiene que hay que protestar por las penas impuestas a los presos políticos. Y hay que protestar por las medidas represivas del Estado español, que son una de sus características. Pero también hay que denunciar las alianzas buscadas por la izquierda dominante en España y por la incompetencia e ingenuidad (o cinismo) de algunos de los principales dirigentes de los partidos de la izquierda independentista.

Hacer esta denuncia no es, como muchos independentistas acusan a los movimientos enraizados en el 15-M y a fuerzas progresistas como IU, ser equidistante o ambivalente, sino reconocer el reto que la fuerzas progresistas tienen a nivel del Estado borbónico para cambiarlo, y a su vez criticar el “procés” y la independencia exprés unilateral por el desastre (y no hay otro término para decirlo) al que nos están conduciendo. Ni que decir tiene que la gran mayoría de la población que se manifiesta responde a un noble deseo de cambio nacional, pero una fuerza progresista no puede nunca olvidar que el objetivo primordial tiene que ser mejorar el bienestar y la calidad de vida de las clases populares, y no puede ser que se utilicen las banderas y la causa nacional para ocultar el drama social que algunos de sus dirigentes han creado.

El reto electoral de las izquierdas

Hoy debería hablarse de que (1) la mayoría de españoles (incluyendo la mayoría de catalanes) viven peor que a principios del siglo XXI; (2) que casi la mitad de los trabajadores españoles, catalanes inclusive, trabajan en situaciones precarias; (3) que casi el 40% de la población catalana que vive de alquiler está en riesgo de pobreza; (4) que en España, incluyendo en Catalunya, el gasto público en sanidad, educación, pensiones, atención a las familias, vivienda social y un largo etcétera, está entre los más bajos de la UE-15 y es más bajo que en 2010; (5) que en Catalunya se gastan 626 millones de euros menos en educación, 1.027 millones menos en sanidad o 363 millones menos en vivienda que en 2010, y un largo etcétera. Y por si todo ello fuera poco, el 79% del suelo español está en peligro de desertización. Estos y otros temas que afectan enormemente la calidad de vida de la población a los dos lados del Ebro están siendo silenciados por las banderas en tiempo electoral. Y ello no es por casualidad.

Y aquellos en Catalunya que creen que tal crisis social se debe al hecho de que son parte del Estado español tienen que ser conscientes y saber que los gobiernos de derechas en Catalunya, apoyados por las izquierdas independentistas, fueron los que aprobaron y/o implementaron las leyes que contribuyeron a crear la crisis social (lo cual no se explica en los medios públicos de la Generalitat, incluyendo TV3, que promueven a gurús económicos de clara tendencia neoliberal como el asesor de Davos, que se presenta como un gran superpatriota catalán, el cual, a su vez, apoya políticas que han incrementado las desigualdades sociales a base de defender los intereses de las rentas superiores en detrimento del bienestar de la mayoría de catalanes). Esta es la realidad ocultada en el debate político y mediático del país. Así de claro.

(*)  Catedrático emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

https://m.publico.es/columnas/110625038946/pensamiento-critico-la-crisis-nacional-esta-agravando-la-olvidada-crisis-social/amp 

El Parlament, frente al TC / José Antich *

Con la decisión de la Mesa del Parlament de tramitar una resolución de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP en la que se reitera la defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya y la reprobación de la Monarquia, la Cámara catalana da un paso -el primero- que lleva inevitablemente al choque con el Tribunal Constitucional. 

Básicamente, porque los miembros de la Mesa, empezando por su presidente Roger Torrent, tienen sobre sus espaldas un apercibimiento del Constitucional instándolos a no admitir nuevos debates en el Parlament sobre estas dos cuestiones y advirtiéndoles personalmente de las consecuencias penales que se pueden derivar.

De hecho, esta es, de alguna manera, la respuesta que los tres partidos independentistas fueron incapaces de pactar la semana pasada en la comparecencia del president de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno parlamentario para dar respuesta política a la sentencia del Tribunal Constitucional contra los presos políticos. 

El porqué de que se haya hecho una semana tarde tiene varias explicaciones, algunas de las cuales tienen mucho que ver con la dificultad durante toda la legislatura para alcanzar acuerdos trascendentes entre los tres partidos independentistas, pero también con un proceso electoral como el del 10 de noviembre en que, por primera vez, los tres se presentan a unos comicios españoles. 

Las importantes movilizaciones de esta última semana por un lado, pero también la violencia registrada, ha forzado, seguramente, que las tres formaciones hayan salido de su zona de confort aún a riesgo de abrir un conflicto con el Tribunal Constitucional dentro de tres semanas, que es cuando se verá en el pleno.

Se abre ahora un período de quince días para enmiendas de los grupos que dará una primera perspectiva sobre si todo queda en un ejercicio parlamentario de unas horas o días o tiene la consistencia que se ha dado a la noticia desde el momento en que se ha conocido. Tanto Junts per Catalunya como Esquerra explican que ellos habrían forzado, incluso, que se discutiera esta misma semana en el Parlament, con los riesgos que ello tenía, ya que la tramitación se debía realizar por el trámite de urgencia. 

Pero la CUP no habría querido aparecer de la mano de un Govern al que responsabilizan de una actuación policial desproporcionada durante estos días y del que se quieren distanciar públicamente el máximo posible. Sea esta una versión buena, exagerada o interesada, lo cierto es que las semanas pasan muy rápido y se verá en el pleno de los días 12 y 13 de noviembre cuál es la voluntad real de los firmantes.

La contundencia del president Torrent tras la reunión de la Mesa, dirigiéndose al Constitucional, y señalando "hoy decimos que ya basta", que "en el Parlament se puede hablar de todo" y que "si hay consecuencias penales las asumiré" son nuevas, por el tono empleado. De hecho, la Moncloa se limitó a enviar un primer aviso en forma de advertencia: no actuará hasta que el Parlament lo apruebe. Pedro Sánchez ha aplazado el choque. Y tres semanas, en política, son siempre una eternidad. Y mucho más, ahora.

(*) Periodista y director de El Nacional

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-el-parlament-frente-al-tc_433638_102.html

El Vaticano está al borde de la insolvencia, según un libro de Gianluigi Nuzzi

CIUDAD DEL VATICANO.- El Vaticano se encuentra al borde de la insolvencia y así lo aseguran los asesores del papa Francisco, según los documentos y datos que publica el periodista italiano Gianluigi Nuzzi en su nuevo libro de investigación sobre las cuentas vaticanas, "Giudizio Universale", que se presentó este lunes.

"No es una exageración. Lo dicen los propios asesores del papa", aseguró hoy el escritor de otros volúmenes sobre el Vaticano como "Vía Crucis", por el que fue juzgado y absuelto por un nuevo Vatileaks, y "Su Santidad", con las cartas secretas filtradas por el mayordomo de Benedicto XVI.

El nuevo libro de Nuzzi publica una parte del informe redactado por el Consejo para la Economía en mayo de 2018 en el que se lee que "se renueva la preocupación por el déficit que afecta a la Santa Sede y se considera que se debe informar al Santo Padre de lo siguiente: el déficit es recurrente y estructural, ha alcanzado niveles preocupantes, con el riesgo de provocar la insolvencia a falta de acciones urgentes".

Nuzzi explicó que entonces se creó un "pequeño comité que se dio 5 o 6 años para resolver la situación y salvar al Vaticano, pero los datos han empeorado".

La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), que gestiona los bienes y propiedades de la curia romana, "en mayo/junio de 2019 presentaba un ejercicio con datos negativos por primera vez en la historia, con un resultado operativo de menos 27 % y un resultado financiero de menos 67 %", subraya.

Y es que del inmenso patrimonio inmobiliario de la Santa Sede en Roma, unos 800 inmuebles se encuentran vacíos y un 15 % de las 4.000 casas se alquilan a cero euros o precios de favor y la morosidad llega a 2,7 millones de euros.

El libro de Nuzzi se centra también en la gestión del "Óbolo de San Pedro", el fondo donde se destinan las donaciones de los fieles para obras de caridad, y que es también el protagonista del último escándalo e investigación en el Vaticano por su utilización irregular.

Nuzzi destaca que las cuentas de este fondo no se publican desde hace varios años debido a que han disminuido considerablemente y sobre todo por su utilización. 

"Antes dos euros de cada diez iban a los pobres, ahora solo uno", explicó el periodista y añadió que el 58 % se destina a los gastos de la curia vaticana.

De los 101 millones recaudados en 2006 de las donaciones al Óbolo, en 2018 han pasado a 51 millones. En España, quinto país que más contribuye, las donaciones bajaron un 11,21 % en 2014 respecto al año anterior, se lee en el libro.

Nuzzi argumenta que las reformas del Papa para sanear las finanzas vaticanas han sido como "poner una tirita en la aorta que se desangra" porque "no han sido suficientes" y además cuando lo ha intentado " le han puesto siempre un bastón en las ruedas".

Cita por ejemplo algunos agujeros en las finanzas vaticanas como las cuentas secretas millonarias de cinco cardenales en la APSA, entre los que cita al español con familia en Murcia Eduardo Martínez Somalo, de 92 años y que tuvo varios cargos en la curia vaticana, aunque no da datos sobre la cantidad que tendría en este fondo.

El libro también revela "importantes fallos en la seguridad del Papa", según un informe que se encargó en 2014 al Ministerio del Interior español, del que solo aparece la primera página con el título en inglés "Vatican Report" y después la traducción en italiano.

"El silencio que hasta ahora ha rodeado el riesgo de bancarrota de la Santa Sede finalmente se ha roto", aseguró el autor.

El Gobierno prevé que las CC AA aumenten su déficit este año

MADRID.- El Gobierno calcula que las comunidades autónomas sumarán un déficit de 3.442 millones de euros este año, un 3,5 % más que en 2018, lo que pone fin a tres años consecutivos de descensos, de acuerdo a la documentación remitida por el Ejecutivo a Bruselas.

A pesar de este repunte, el déficit autonómico equivaldría al 0,28 % del PIB, con lo que cumpliría el objetivo del 0,3 % que tiene fijado para 2019.

En la documentación, el Gobierno estima el déficit del conjunto de las administraciones en 25.351 millones de euros en 2019, un 2,03 % del PIB y 5.144 millones menos que en 2018.

El mayor volumen de déficit corresponderá a los fondos de la Seguridad Social, con 17.109 millones, un 1,37 % del PIB, tras reducirse en 260 millones. Su objetivo para el año es del 1,2 % del PIB.

Tampoco la administración central cumplirá su objetivo del 0,5 % del PIB, ya que alcanzará el 0,78 % del PIB con 9.795 millones de euros, 6.125 millones menos que en 2018.

Por su parte, las corporaciones locales acumularán un superávit de 4.995 millones de euros, una cifra 1.125 millones inferior a la de 2018.

Los ayuntamientos tienen como objetivo oficial el equilibrio presupuestario, por lo que su superávit, que equivale al 0,4 % del PIB, servirá para compensar los desvíos de la administración central y la Seguridad Social como ha ocurrido en los últimos años.

La notificación también incluye datos de ejercicios anteriores, cuyas ratios se han visto afectadas por la revisión a la baja del PIB llevada a cabo por el INE.

Así, en 2018 y de acuerdo al nuevo dato de déficit (1.202.193 millones de euros), el déficit público fue del 2,54 % del PIB, cuando se había reportado un 2,47 %.

El déficit de la administración central fue del 1,32 % del PIB (antes 1,36 %); el de la Seguridad Social, del 1,44 % (antes 1,41 %), y el de las comunidades autónomas, del 0,28 % (antes 0,23 %), mientras que el superávit de los ayuntamientos se situó en el 0,5 % del PIB (antes 0,52 %).

Conesa: "El Gobierno de PP y C's sigue sin hacer nada por combatir las elevadas tasas de pobreza familiar en Murcia"

CARTAGENA.- El secretario general y portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Diego Conesa, se ha mostrado muy preocupado por el hecho de que en la última década se haya incrementado entre la población de la Región de Murcia un 4,1% la tasa de riesgo de pobreza. 

"Somos una de las 20 regiones de las 267 de la Unión Europea que presenta una de las mayores tasas de desigualdad y riesgo de exclusión social y eso se lo debemos a la inacción de los gobiernos autonómicos del PP que siempre han carecido de sensibilidad con los colectivos más desfavorecidos", ha reflexionado el líder de los socialistas murcianos.

Diego Conesa ha aprovechado la sesión de control que hoy se celebraóen la Asamblea Regional para interpelar al Ejecutivo autonómico por la preocupante pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo las familias murcianas. 

"Vamos a preguntarle al presidente, Fernando López Miras, qué compromisos asume en esta materia porque un tercio de la población de la Región de Murcia está en riesgo de exclusión social y antes de las elecciones autonómicas firmó un acuerdo para combatir esta problemática", ha recordado el dirigente socialista.

El secretario general y portavoz del PSRM ha alertado de que los indicativos macroeconómicos de la Región no dejan de mostrar números preocupantes: la deuda pública ronda los 10.000 millones de euros, el desempleo ha crecido de julio a septiembre de 93.818 a 96.492 parados y la tasa de riesgo de pobreza de la Región es del 28,6% frente al 7,1% de la media nacional. 

"Mientras tanto, el Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos sigue sin hacer nada para combatir las elevadas tasas de pobreza de las familias de la Región", ha criticado Diego Conesa. "Todavía no sabemos qué proyectos llevan las distintas Consejerías en esta materia tan sensible".

El líder de los socialistas murcianos ha recordado que frenar "la preocupante" pérdida de poder adquisitivo de las familias es un asunto prioritario para el PSRM y por ello se cerró un acuerdo con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). 

"Hay que trabajar para que nadie se quede atrás y esa lucha contra la pobreza es una de nuestras prioridades dentro del proyecto de cambio en el que está trabajando el Partido Socialista para la Región de Murcia y que está basado en los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU", ha remarcado Diego Conesa.

Impugnan los presupuestos de Murcia por no destinar el 8% a las pedanías

MURCIA.- La Asociación de Vecinos de Senda de Granada Oeste ha presentado una reclamación administrativa contra los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Murcia para el ejercicio 2019, que fueron aprobados inicialmente el pasado mes de septiembre. De esta forma, las cuentas del Consistorio deberán volver al Pleno para su debate.

En estas alegaciones el colectivo vecinal se pone de manifiesto el incumplimiento en el presupuesto que se pretende aprobar definitivamente, del artículo 40 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos del Consistorio que obliga a reservar en el presupuesto General del Ayuntamiento de Murcia el 8% de los recursos presupuestarios de la Corporación para que sean gestionados por los Distritos. 

Esta obligación ha sido además recientemente avalada por el Tribunal Supremo en su sentencia de junio de 2019, y donde daba un varapalo al Ayuntamiento indicando expresamente que ese 8 por ciento debe ser gestionado directamente por los Distritos del municipio, y no desde la Glorieta. Incluso el TSJ de Murcia también condenó en 2016 al Ayuntamiento por saltarse esta obligación presupuestaria.

Senda de Granada ha manifestado en esta reclamación al presupuesto, contemplada en la Ley Reguladora de Haciendas Locales como un derecho de los vecinos a reclamar si no están conformes con las cuentas del Ayuntamiento, que visto el presupuesto se desprende que la Concejalía de Pedanías y Barrios no llega al 4,49% de dotación presupuestaria, y de ahí hay que restar el gasto directo de la propia concejalía y servicios municipales. 

Por lo que la gestión directa por los distritos, es decir, por los centros gestores presupuestarios de Juntas Municipales de Barrios y Pedanías (unas y otras agrupadas en los distritos municipales), es de un porcentaje bastante inferior al debido 8%, no llegando en este caso ni al 3% del presupuesto general. Todo ello, según los datos ofrecidos en los documentos presupuestarios oficiales publicados en la propia web municipal durante su exposición pública.

Los vecinos de Senda de Granada también han pedido que se incluya en el presupuesto del municipio, una partida específica destinada a solucionar de una vez los graves problemas de inseguridad vial que viene sufriendo del vecindario desde hace años. 

Concretamente reclaman fondos para hacer una acera y poder caminar seguros por la Senda de Granada, la necesaria reordenación del tráfico en la zona, y la construcción, en colaboración con el Ministerio de Fomento, del correspondiente carril de servicio de la autovía A-30 que a día de hoy está sin terminar y que aliviaría la presión del tráfico en la zona.

La entidad vecinal también pide que se lleve a cabo la necesaria ampliación de la línea de autobús urbano Rayo 14 para que pase por Senda de Granada y dé servicio a los cientos de vecinos, pues actualmente se está impidiendo por el Ayuntamiento el acceso al transporte público, y vulnerando así un derecho constitucional de los ciudadanos, remarcado además por el Defensor del Pueblo en numerosas resoluciones.

Por último, el Presidente de la Asociación de Vecinos de Senda de Granada Oeste, Ángel Tortosa, subraya que: “Los vecinos ya no nos creemos ni una palabra del Ayuntamiento de Murcia, porque todo lo que nos dicen después se queda en papel mojado. Ahora pedimos partidas presupuestarias para solucionar los problemas del tráfico, y así obtener un compromiso firme reflejado en los presupuestos municipales para que dejen de tornarnos el pelo”.

El precio de la vivienda aumentó un 0,1% en Murcia en los últimos doce meses

MADRID.- La Sociedad de Tasación publica el estudio de Mercado de Vivienda en la Comunidad de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia que incluye información de vivienda nueva y usada correspondiente con datos hasta junio de 2019.

Según este informe, el precio de una vivienda de tipo medio ha aumentado en las tres comunidades autónomas incluidas en este estudio. Andalucía, con un precio medio de 1.304 €/m2 y un aumento del 3,8%, es la comunidad que mayor incremento de precios experimentó de las tres analizadas en este informe en el periodo comprendido entre junio de 2018 y junio de 2019, seguida de la Comunidad Valenciana con un 3,3% de incremento y 1.243 €/m2. 

En último lugar se encuentra Murcia, que registra encarecimiento del 0,1% y un precio medio de 1.058 €/m2. Todas ellas se mantienen por debajo de la media nacional, situada en un 4,2%.

El comportamiento a nivel provincial es el siguiente. En Andalucía: Málaga es la ciudad donde más se han incrementado los precios con un 7,3% y 1.685 €/m2. Le siguen Granada con un 3,4% y 1.166 €/m2; Sevilla con un 3,4% y 1.336 €/m2; Cádiz con un 2,1% y 1.342 €/m2; Córdoba con otro 2,8% y 1.133 €/m2; Almería con un 1,9% y 1.099 €/m2, Huelva con un 1,4% y 1.170 €/m2 y finalmente Jaén, con un 1,3% de incremento y 935 €/m2.

Comunidad Valenciana: Valencia registra el segundo mayor incremento de estas tres comunidades analizadas, con un encarecimiento del 4,3% y 1.275 €/m2. Por su parte, los precios subieron en Alicante un 2,7% hasta los 1.236 €/m2, y en Castellón un 0,9% hasta los 1.129 €/m2.

Murcia, finalmente, registra el menor incremento de los precios de estas tres comunidades, con un aumento del 0,1% y 1.058 €/m2.

Índice de confianza inmobiliario

El Índice de Confianza Inmobiliario de Sociedad de Tasación se construye a partir de la opinión de 548 miembros de Sociedad de Tasación y profesionales independientes (tasadores) sobre aspectos económico-inmobiliarios de las zonas donde desarrollan su actividad profesional. Este índice trimestral es el resultado del análisis combinado de perspectiva de los 3 últimos meses con las expectativas de los tres próximos meses.

El Índice de Confianza Inmobiliario disminuyó en las tres comunidades analizadas durante el tercer trimestre de 2019. En Andalucía, el índice de confianza pasó de 56,2 a 52,5 puntos; en la Comunidad Valenciana de 59,2 a 52,2 y en Murcia de 54,9 a 53 puntos.

La media nacional también disminuye, pasando de 55,8 a 51,9 puntos.

Índice de esfuerzo inmobiliario

El índice de esfuerzo inmobiliario se define como el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano con ingresos medios necesita destinar a la compra de una vivienda de tipo medio.

Según el análisis de Sociedad de Tasación, Andalucía es la comunidad autónoma donde fue necesario un mayor esfuerzo durante el tercer trimestre de 2019 con 6,9 años de sueldo íntegro para la compra de una vivienda de tipo medio. Valencia presenta un Índice de esfuerzo inmobiliario que alcanza los 5,5 años. 

En la misma situación se encuentra Murcia, donde el Índice de esfuerzo inmobiliario también ha aumentado, hasta los 4,9 años de sueldo íntegro.

No obstante, estas tres comunidades están por debajo de la media nacional, situada en 7,3 años.

Índice de Accesibilidad a la vivienda

Este índice estima la relación entre el poder adquisitivo real de un ciudadano medio y el teórico necesario para la adquisición de una vivienda.

El Índice de Accesibilidad a la Vivienda ha mejorado levemente en Andalucía, pasando de 111 a 114 puntos. En la Comunidad Valenciana ha pasado de 139 a 142 puntos. Murcia, por su parte, de 160 a 161 puntos.

La media nacional ha aumentado al pasar de 100 a 106 puntos.

Rentabilidad bruta en alquiler a nivel provincial

La rentabilidad en alquiler en el conjunto del país es del 7,7% apenas se ha incrementado un 0,7% este trimestre con respecto al mismo periodo de 2018.

Valencia encabeza la provincia con mayor rentabilidad en alquiler. Por su parte, en Granada, se aconseja la tipología de vivienda pequeña inferior a los 70 m2, debido a que mantiene una alta rentabilidad del alquiler, del 7,09%.

CCOO y UGT denuncian el bloqueo en el convenio colectivo del Metal de Murcia

MURCIA.- FICA-UGT y CCOO INDUSTRIA denuncian el bloqueo de la patronal FREMM en la negociación del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de la Región de Murcia. Tras varios meses de reuniones, este mes de octubre se ha atascado la negociación del convenio del Metal ante las propuestas inasumibles de la patronal.

La reivindicación sindical de la plataforma conjunta CCOO-UGT se circunscribe a lo negociado en el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva por la patronal estatal y las centrales sindicales y se limita a un incremento del 3% para cada uno de los años 2019 y 2020, una reducción de 8 horas en la jornada anual, la extensión del plus de parada a los polos petroquímicos, la regulación de la subrogación, la mejora en las dietas y otros conceptos de menor trascendencia.

La patronal ha planteado en octubre y tras varios meses de negociación un convenio de transición, con vigencia solo para 2019, un 0% de incremento salarial, una ampliación de la jornada anual y un recorte en el pago del complemento por IT.

UGT y CCOO han convocado una asamblea de delegados y delegadas que se ha celebrado hoy 21 de octubre de 2019. La totalidad de asistentes a la asamblea han considerado que la propuesta patronal es inasumible e inaceptable para las 25000 personas que trabajan en el metal de la Región de Murcia.

 Se ha llegado al acuerdo de que si no se producen avances en la negociación se va a comenzar a preparar un calendario de movilizaciones no descartando su culminación en una huelga en el sector del metal de la Región de Murcia.

Asociaciones ecologistas critican que el ayuntamiento de Cieza realiza trabajos que erosionan y degradan el suelo

CIEZA.- Las organizaciones ecologistas RioRie y Ecologistas en Acción de Cieza critican los trabajos que el ayuntamiento de Cieza está realizando en zonas como la ladera de la Ermita, porque erosionan y degradan gravemente los suelos sobre la que se está actuando.

Los ecologistas, que lamentan que llevan años pidiendo al consistorio que deje de realizar este tipo de actuaciones, explican que es un error “invertir dinero y recursos en arrancar con azadas la escasa vegetación que crece en terrenos como estas laderas, y dejar suelos desnudos y cada vez más estériles”

En estas zonas, explican, “lo que se debe hacer es lo contrario. Es decir, consolidar y revegetar las pendientes para frenar su degradación”. Sin embargo lo que se consigue con este tipo de acciones, añaden, “es profundizar su erosión al eliminar la escasa vegetación que podría ayudar a retener su superficie ante la acción de agentes erosivos como la lluvia, entre otros”

Para los ecologistas estos trabajos no tienen justificación alguna, y apuntan que desde el ayuntamiento de Cieza “se debería aprovechar los recursos municipales para intervenir con un poco de sentido común, plantando especies resistentes y adecuadas a este tipo de suelos, regenerando y mejorando la imagen de estas zonas,  en lugar seguir erosionándolas cada vez más”. 

Por lo que desde ambas organizaciones se reclama al ayuntamiento que rectifique y abandone este tipo de intervenciones.

El PSOE de Murcia denuncia la contratación de un servicio de asesoramiento tributario mientras se relega a los profesionales municipales

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista ha tenido conocimiento de la propuesta de contratación de un servicio de asesoramiento tributario para apoyar tanto a los profesionales municipales como a la empresa que se ocupa de la gestión de impuestos del Ayuntamiento de Murcia, algo que resulta "muy llamativo porque consideramos que por un lado se relega nuevamente a los funcionarios y, además, estamos pagando otra vez por el servicio tributario, ya que la empresa externa que se ocupa de la recaudación se lleva de las arcas municipales la friolera de 10 millones de euros anuales", explica la concejala Carmen Fructuoso.

Al respecto, señala que lo que motiva el nuevo contrato es "el volumen y complejidad de las actuaciones en materia tributaria", por lo que "no entendemos qué cambios se han producido recientemente para que sea necesario volver a externalizar tareas relacionadas con los impuestos municipales". 

Apunta que por este nuevo servicio habrá que pagar 54.450 euros en tres años.

Desde el PSOE, "consideramos que este tipo de contratos no están justificados si tenemos en cuenta que en el Ayuntamiento hay profesionales suficientemente preparados para ocuparse de la gestión tributaria", afirma la concejala.

En el informe justificativo, se habla de "atender declaraciones tributarias de obligado cumplimiento, análisis del gasto ejecutado a nivel de IVA, plazos en la cumplimentación de formularios oficiales, actualización de su normativa, alto nivel de especialización, utilización de programas tributarios oficiales, que hacen que sea imposible actualmente atender estas necesidades directamente por este Ayuntamiento, al no disponer de los medios humanos, en concreto de profesionales especializados en materias tributaria y fiscal".

Fructuoso precisa que "al leer este informe nos hemos quedado alarmados por la clara referencia a los funcionarios, ya que se les subestima, pero es que además la inquietud es mayor porque no parece que la empresa que se lleva 10 millones de euros del Ayuntamiento tenga al personal cualificado para ocuparse de estas tareas".

Además, la concejala declara que "al realizarse estas contrataciones, el equipo de Gobierno está realizando el camino inverso, que debe ser el de la remunicipalización, y si para esto es necesario formar o actualizar a los funcionarios, incluso incrementar la plantilla, que se emplee el dinero de estas externalizaciones en ello".

El XI congreso del STERM finaliza con el inquebrantable compromiso de defensa de la escuela pública

MURCIA.- El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM Intersindical, celebró el pasado fin de semana su XI Congreso bajo el lema 'En pie por la Escuela Pública. Luchando por el presente para transformar el futuro'. 

Con más de una docena de colectivos invitados y casi medio centenar de personas delegadas el Congreso se convirtió en un fructífero espacio de reflexión y debate donde quedaron aprobadas las tesis organizativas y sindicales del sindicato para los próximos 4 años.

STERM ha reafirmado su compromiso con la construcción de una Escuela Pública feminista, laica, ecologista, diversa y profundamente democrática. Un modelo de escuela que es el único capaz de garantizar la transformación social que permita alcanzar una sociedad más justa, democrática e igualitaria.

Del mismo modo el sindicato reitera la necesidad de poner fin a los recortes que han castigado duramente a la Educación y a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza y exigen que en los próximos meses se inicien las negociaciones que pongan fecha a la bajada de horas lectivas, la bajada de ratios máximas, la recuperación de la horas de tutoría del profesorado especialista, la reducción de horas lectivas de los mayores de 55 sin merma económica, etc.

José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Internsindical, señala que “se sale de este XI Congreso con una firme apuesta por consolidar, tras más de 43 años, un modelo sindical asambleario y participativo, independiente y autónomo, comprometido socialmente y dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.

Por último, el XI Congreso de STERM Intersindical ha aprobado varias resoluciones en las que se exige a la Administración un compromiso claro y contundente con la defensa de la Escuela Pública, se exige la retirada de la autorización parental para las actividades complementarias por considerarlo un ataque al profesorado y una medida con un claro tinte ideológico, y además, se ha terminado haciendo un llamamiento a la Consejería de Educación para establecer de manera urgente el calendario de retirada del amianto de los centros educativos públicos y blindar la partida económica que permita llevarlo a cabo para que nuestra Región en 2024 sea un espacio libre de amianto en escuelas e institutos.

Las compañías aéreas 'low cost' siguen desacelerando su crecimiento frente a las tradicionales

MADRID.- El trafico de pasajeros internacionales que llegan a España en compañías de bajo coste (CBC) siguió desacelerando su crecimiento hasta un 1 % en los nueve primeros meses respecto al mismo período de 2018, frente a una subida del 7,3 % de las aerolíneas tradicionales.

España recibió entre enero y septiembre a 74,3 millones de pasajeros internacionales, un 3,9 % más, de los que 38,9 millones (un 52,3 %) entraron en vuelos de bajo coste y 35,4 millones con aerolíneas tradicionales (un 47,7 %), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El 78,6 % del flujo aéreo provino de la Unión Europea, un 2,9 % más, mientras que el procedente del resto del mundo, un 21,4 %, subió el 7,6 %.

Llegaron a España en septiembre 9,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, un 2,2 % más, de los que un 51,9 % eligió una CBC para desplazarse, con un descenso del 0,6 %, mientras que un 48,1 % optó por una aerolínea tradicional, un 5,4 % más, con lo que estas últimas registraron por séptimo mes consecutivo un mejor resultado que las aerolíneas de bajo coste.

Las principales aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling y Easyjet) supusieron el 32,7 % del flujo aéreo de pasajeros internacionales recibido en España en septiembre.

Estas compañías siguen encabezando el transporte de CBC al sumar el 62,8 % de los pasajeros que viajaron en este tipo de aerolíneas con destino a España.

Vueling y Ryanair tuvieron una evolución positiva, en tanto que Easyjet encadena seis meses de descensos consecutivos.

Destacaron en septiembre los crecimientos en las llegadas en CBC desde Irlanda (un 13 %), Suecia y Bélgica (ambos con un 7,8 %), mientras que el primer mercado emisor, el Reino Unido, subió el 0,9 %, frente a descensos del resto de principales países de procedencia como Alemania, Italia y Francia.

El Reino Unido encabezó en el acumulado de los nueve primeros meses la llegada de pasajeros en aerolíneas de bajo coste, seguido de Alemania, mientras que ambos mercados invierten sus puestos en cuanto a las aerolíneas tradicionales.

Las CBC transportaron desde el Reino Unido a 13,1 millones de viajeros hasta septiembre (el 33,6 %), un 2,6 % más, y casi 5 millones las aerolíneas tradicionales, un 1,2 % más.

Alemania bajó el 2,2 % en el volumen de pasajeros que llegaron en una CBC (5,3 millones) y subió el 1,4 % en las llegadas en compañías tradicionales (6,3 millones).

Italia fue el tercer mercado emisor en cuanto a la llegada en CBC, con 4,3 millones de pasajeros, un 3,7 % menos, y Francia en cuanto a las aerolíneas tradicionales con 2,4 millones, un 27 % más.

La Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias aumentaron durante los nueve primeros meses el tráfico en CBC el 8,6 % (5,9 millones), el 7,9 % (6 millones) y el 1,2 % (4,5 millones), respectivamente, pese a que esta última bajara el 6,7 % en septiembre, la mayor caída de todas las comunidades.

Cataluña bajó el 1,4 % hasta septiembre, aunque se mantuvo como el primer destino de la llegada en CBC, con 10,2 millones de pasajeros (un 26,2 %).

Baleares, en segundo lugar, bajó también, un 3,7 %, con 6,8 millones de pasajeros, un 3,7 % menos; así como la Comunidad de Madrid, que bajó un 2,6 % con 4,1 millones.

La deuda de la Seguridad Social supera por primera vez los 50.000 millones de euros

MADRID.- La deuda de las administraciones de la Seguridad Social ha superado por primera los 50.000 millones de euros, al cerrar el mes de agosto en 51.193 millones de euros, cifra un 46,8% superior a la existente un año antes (34.863 millones de euros), según datos del Banco de España.

En valores mensuales (agosto sobre julio), la deuda de la Seguridad Social se incrementó un 2,5%, desde 49.944 millones a 51.193 millones de euros.

Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones se acerca actualmente a los 9.700 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.

El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones.

En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que alcanza actualmente los 19.000 millones de euros y que puede generar tensiones de liquidez al sistema.

De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que, además del préstamo, para pagar la extra de Navidad sacará 3.500 millones de la ‘hucha de las pensiones’, lo que dejará el fondo en 1.543 millones de euros, frente a los 66.800 millones de euros que tenía en 2011.

El endeudamiento de la Seguridad Social se mantuvo más o menos estable en el entorno de los 17.173 millones de euros hasta el tercer trimestre de 2017, cuando empezó a repuntar debido al préstamo del Estado, por valor de algo más de 10.000 millones, que se concedió en dicho ejercicio para el pago de las pensiones.

Así, finalizado el ejercicio 2017, la deuda de la Seguridad Social era de 27.393 millones de euros, unos 10.200 millones de euros superior a la que tenía al finalizar 2016.

Durante los cinco primeros meses de 2018 la deuda de la Seguridad Social se mantuvo cerca de los 27.400 millones de euros, pero al llegar el mes de junio repuntó hasta los 34.888 millones de euros al liberarse la mitad de los casi 15.200 millones del préstamo que el Estado concedió a la Seguridad Social en aquel ejercicio.

La otra mitad del préstamo de 2018 se liberó el pasado mes de noviembre, lo que elevó la deuda del sistema hasta los 41.194 millones de euros al finalizar 2018.

En lo que respecta a este año, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones.

En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones. La Seguridad Social empleó 7.500 millones de euros del préstamo para abonar la nómina ordinaria y extraordinaria del pasado mes de junio.

Los 6.330 millones de euros restantes del préstamo concedido para este año se utilizarán para abonar las pagas ordinaria y extraordinaria en el mes de noviembre. De este modo, al finalizar el ejercicio 2019, la deuda de la Seguridad Social superará previsiblemente los 55.000 millones de euros.

España ya roza el millón de millonarios, cinco veces más que hace una década

GINEBRA.- El número de millonarios en España (personas con un patrimonio superior al millón de dólares) aumentó hasta los 979.000 entre mediados de 2018 y mediados de 2019, lo que supone 33.000 más que hace un año, según el Informe sobre la Riqueza Mundial publicado este lunes por el banco suizo Credit Suisse.

España ocupa el décimo lugar mundial en número de millonarios, una clasificación que encabezan Estados Unidos (18,6 millones de personas), China (4,4 millones) y Japón (3 millones), y además la economía española es la octava en la que más ha crecido este indicador en el último año.

España, que también se encuentra en el grupo en cabeza en cuanto a patrimonio medio por adulto (por encima de los 100.000 dólares) es asimismo el noveno país donde se ha registrado un mayor aumento de esas riquezas personales (de alrededor de 5.000 dólares), según se extrae del estudio.

El número de millonarios en España de acuerdo con el baremo de Credit Suisse se ha quintuplicado en la última década, teniendo en cuenta que eran sólo 172.000 personas en 2010.

Para los próximos años la entidad suiza prevé un crecimiento más lento de este indicador y predice que en 2024 el número de millonarios españoles habrá aumentado un 42 % con respecto a las cifras actuales, hasta los 1,39 millones.

El PSOE sigue bajando y el PP y Vox se fortalecen de cara al 10-N tras la sentencia del ‘procés’

MADRID.- Tres sondeos de 'El Mundo', 'ABC' y 'La Razón' constatan las tendencias de los últimos días, en las que Podemos y sobre todo Ciudadanos se desfondan y Errejón irrumpe con entre 4 y 7 escaños.

El PSOE lograría en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre menos diputados que en las pasadas del 28 de abril y el PP rondaría el centenar, mientras que Vox se situaría como tercera o cuarta fuerza política, según los sondeos que publican este lunes ‘El Mundo’, ‘ABC’ y ‘La Razón’.

Las tres encuestas han sido efectuadas tras las protestas de esta semana en Cataluña en rechazo a la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’.

El sondeo para ‘El Mundo’ de Sigma Dos, a partir de 1.600 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 10 y 17 de octubre, daría 121 escaños al PSOE, dos menos que el 28-A, y el 27 % de votos; el PP, obtendría 97, 31 más que en los anteriores comicios, y el 21 % de sufragios; y Vox, 36 parlamentarios, 12 más que en abril, y el 11,5 % de votos.

Unidas Podemos (UP) lograría 32 escaños con el 12,5 % de votos, con lo que perdería diez asientos en el Congreso respecto a las pasadas elecciones; el partido de Albert Rivera, Cs, 19 con el 9,6 % de sufragios, 38 diputados menos, y la nueva formación que lidera Íñigo Errejón, Más País, ganaría 7 con el 4,6 % de votos.

ERC conseguiría 16 escaños con el 4,2 % de votos, con lo que suma un diputado más; JxCat, 4 con el 1,5 %, tres menos que en abril; el PNV, 7 con el 1,7 %, uno más que en las pasadas elecciones, y el resto de partidos minoritarios lograrían 11 con el 6,4 %, y ganarían también un escaño más.

Un pacto de izquierdas (PSOE, UP y Más País) sumaría 160 votos en el Congreso por lo que para poder gobernar precisarían el apoyo del PNV y de los independentistas catalanes o al menos su abstención, según la encuesta de ‘El Mundo’, que presenta un margen de error del más menos 2,5 %.

La encuesta de GAD3 para ‘ABC’ daría 123 escaños al PSOE con el 28,7 % de votos; 102 al PP (23 %); 33 a Vox (11,9 %); 31 a UP (11,2 %); 18 a Cs (8,3 %) y 4 a Más País (3,7 %).

Esta muestra se efectuó entre el 14 y el 18 de octubre con 3.233 entrevistas y tiene un margen de error de más menos 1,7 %.

Según el sondeo de ‘La Razón’, el PSOE obtendría entre 120 y 122 escaños con el 27,2 % de votos; el PP superaría el centenar de nuevo al conseguir entre 104 y 105 (22,8 %); UP, entre 34 y 36 (12,7 %); Vox, entre 24 y 26 (10,6 %); Cs, entre 22 y 24 (9,8 %); ERC, entre 15 y 16 (4,1 %); Más País, entre 4 y 6 (4,1 %); PNV 6 (1,6 %), y el resto de partidos entre 5 y 16 diputados (6,2 %).

La empresa encargada de esta última encuesta, NC Report, entrevistó telefónicamente a mil personas entre los días 9 y 18 de octubre, y su muestra presenta un margen de error del 3,6 %.

La DANA dejará lluvias muy fuertes en casi toda la Región desde esta noche

MURCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé a partir de la madrugada de este martes lluvias, localmente fuertes y ocasionalmente acompañadas de tormentas, sin descartar que sean muy fuertes en puntos del Campo de Cartagena y comarcas orientales de la Región. 

Se esperan temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en descenso. 

Además se prevén vientos del norte, girando a oeste, más intenso en el litoral.

La Aemet ha emitido un aviso de nivel amarillo por lluvias en las comarcas murcianas del Altiplano, Vegal del Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

En concreto, la hora de comienzo del aviso será las cero horas en las tres zonas y la de finalización el mediodía, también en las tres comarcas, con un porcentaje de probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Se prevén unos 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, que en el caso de la zona del litoral y de la Vega del Segura podría alcanzar incluso los 60 litros en las doce horas de duración del fenómeno de lluvias.

El tráfico ferroviario entre El Estrecho y Los Nietos quedará restablecido este martes

CARTAGENA.- Adif restablece este martes el tráfico ferroviario en el tramo de ancho métrico entre El Estrecho y Los Nietos, una vez finalizaron las operaciones de reparación y acondicionamiento de la infraestructura, que quedó seriamente dañada por los efectos de la DANA del pasado mes de septiembre. De este modo, se normaliza completamente el servicio en toda la red ferroviaria de la Región de Murcia afectada por el temporal.

Después de que se recuperara la normalidad en el recorrido entre La Unión y El Estrecho, los trabajos concentraron en el tramo siguiente, desde El Estrecho de San Ginés hasta Los Nietos. Los daños provocados por el temporal obligaron a llevar a cabo una limpieza generalizada de arrastre de tierras y otros materiales en el entorno de la vía, caminos y obras de drenaje longitudinal y transversal.

También se realizaron cinco intervenciones en una longitud de 1,3 kilómetros, que incluyen la depuración de vía, la mejora de la capa de balasto y de la superestructura de vía, así como de operaciones técnicas de bateado y perfilado para para garantizar sus óptimos parámetros geométricos con maquinaria pesada. 

Para ello, se emplearon 200 toneladas de escollera, 2.000 metros cúbicos de balasto, entre otros materiales, y se trataron 50 metros cúbicos de terraplenes. Para realizar las labores, se destinaron hasta 15 máquinas de diferente tipología y equipos de 20 operarios en diferentes turnos.

El PSOE culpa a Luengo y a Miras de la renuncia de cuatro científicos del comité del Mar Menor y Vox pide dimisiones

CARTAGENA.- Vox exigió este lunes la dimisión del consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, por sus «injerencias» en el trabajo de los miembros del Comité Científico del Mar Menor, tras la renuncia de otros cuatro investigadores.

El partido de Abascal en la Región lamentó que «el viernes pasado, el consenso progre de PP-Cs-PSOE-Podemos, votó en contra de la propuesta de Vox en la que se pedía una gestora ajena a los políticos que dejase trabajar, de forma independiente, a técnicos y científicos para poner en marcha la regeneración del Mar Menor».

«El desgobierno, la gresca constante entre los miembros del Gobierno para ver quién elude su responsabilidad en la catástrofe, y el espectáculo lamentable de PP y PSOE lanzándose invectivas, dan la razón a Vox en su pretensión de echar a los políticos del Mar Menor», señaló el partido en un comunicado.

Para Vox, las renuncias de los científicos «superan todo lo admisible», por lo que solicita, «de forma inmediata, la dimisión o el cese del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, responsable, además, estos últimos años de la inoperante dirección general de Mar Menor, auténtica tomadura de pelo al ciudadano, y chiringuito creado sólo para hacer propaganda, sin tomar acción alguna que mejore la salud del Mar Menor desde su creación», afirmaron desde el grupo parlamentario.

El portavoz del PSRM, Francisco Lucas, achacó la salida de cuatro miembros del comité de asesoramiento científico del Mar Menor a las falsas explicaciones que el consejero Antonio Luengo y el presidente regional, Fernando López Miras, vienen ofreciendo sobre la crisis ambiental de la laguna achacándola a las lluvias torrenciales de la DANA. 

«La espantada de científicos evidencia el malestar de los expertos con el PP porque saben que nunca le ha importado este ecosistema tras años de incumplimientos legislativos y haciendo oídos sordos a los avisos de la comunidad científica», según Francisco Lucas.

El dirigente socialista recordó que el 4 de septiembre 15 miembros del citado comité ya alertaron con un comunicado, que el color verde del agua del Mar Menor se debía a que había pasado de un estado oligotrófico (pobre en nutrientes) a otro eutrófico (rico en nutrientes) cuya reversión era muy complicada. «A pesar de las evidencias científicas, el PP sigue empeñado en achacarlo todo a la DANA, esa capa que todo lo tapa, pero la mentira no es el camino para recuperar la laguna», defendió Francisco Lucas.

«El comité científico no ha tenido independencia desde que se constituyó porque ha estado sometido al férreo control del Gobierno regional y la dimisión de estos cuatro miembros, que se suma a otros cuatro en junio, es otra prueba del hartazgo existente entre los expertos por la inacción del PP en el Mar Menor», tal y como insistió el portavoz del PSRM. «Es el momento de que el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y el presidente regional, Fernando López Miras, entonen el 'mea culpa' y empiecen a escuchar a la comunidad científica».

Francisco Lucas subrayó que la supervivencia del ecosistema de la laguna pasa por ejecutar las directrices de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Transición Ecológica, así como del citado comité científico. «Si el Ejecutivo regional no cambia su aptitud se acabará quedando solo y a los hechos me remito, de momento, su socio de gobierno, Ciudadanos, ya le ha dejado en la estacada para que la crisis del Mar Menor no le perjudique en las próximas elecciones generales», zanjó el portavoz del PSRM.

La candidata al Congreso por Más País Región de Murcia, María Giménez, afirmó que el presidente López Miras tuvo «mucha colaboración por parte de técnicos, científicos, expertos y hasta por parte de la oposición política regional» para intentar abordar la situación del Mar Menor. Sin embargo, «solo se ha preocupado por simplificar los controles ambientales y elaborar guías para sortear la ley. 

Por eso, no es de extrañar que veamos que tras su no gestión, la situación se haya agravado aún más y que hayan ido dimitiendo uno tras otro los miembros de su comité científico, cuatro más en los últimos días».

Incluso, subrayó la candidata al Congreso por Más País Región de Murcia, «le hicimos el trabajo al gobierno en la Asamblea Regional. Al PP le dimos elaboradas unas directrices a medida para el Mar Menor que venían de la comisión especial habilitada en la Cámara para eso. En esas directrices aportaron ideas tanto los implicados en la gestión y el conocimiento de la laguna, como muchos de los colectivos implicados».

María Giménez apuntó a que entre esas herramientas proporcionadas por la Asamblea Regional para luchar contra la degradación del Mar Menor se encontraban medidas concretas para la aplicación de la normativa sobre nitratos, así como la adaptación de códigos de buenas prácticas, medidas de gestión de purines y residuos ganaderos, un programa de apoyo al sector pesquero en su adaptación a la conservación del Mar Menor, directrices urbanísticas y de transporte para la conservación de la laguna y su área de influencia, directrices territoriales, un programa de saneamiento y depuración de los municipios circundantes, otro de recuperación de espacios litorales y uno de restauración del paisaje.

Por su parte, José Fernandez-Rufete, número 3 de la candidatura, declaró que «se comprueba una vez más la dejadez del Gobierno regional a la hora de controlar los vertidos al Mar Menor. No solamente se ha permitido y fomentado la agricultura intensiva durante décadas, sino que según parecen indicar las últimas informaciones que hemos conocido, ha hecho la vista gorda al vertido de purines procedentes de la ganadería porcina. 

Además, a pesar de que la Unión Europea obliga a los Estados miembros a proteger las masas de aguas de la contaminación por nitratos, la Consejería de Agricultura de la CARM solo ha destinado dos personas al control de vertidos por nitratos a la laguna».

Falta de control sobre los nitratos por falta de presupuesto

Por otra parte, un informe de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino al que ha tenido acceso Onda Cero desvela que no se están controlando los nitratos de las explotaciones ganaderas, sobre todo, en lo referente al almacenamiento de estiércol y purines pese a ser una fuente importante de contaminación.
En el área del Mar Menor existen 1055 balsas de purines en 359 explotaciones ganaderas según el último informe realizado por el Servicio de Producción Animal.
“Los controles se están realizando específicamente sobre la parte agraria y la mayoría de las comprobaciones son solo de tipo documental. No existe un método real para la comprobación de las cantidades de nitrógeno aportado” advierte el informe fechado el 4 de octubre de 2019 y firmado por Francisco José González Zapater. “La Consejería carece de un sistema o instrumento de medición que pueda identificar y cuantificar las unidades de fertilizantes aportadas por el productor”.
Según el Plan Vertido Cerdo realizado por el Ministerio de Transición Ecológica, el 90% de las explotaciones ganaderas visitadas en su día para la realización de la Declaración de Impacto Ambiental presentaron incumplimientos normativos. Los técnicos estimaron que en unas 500 balsas que almacenan purines se detectaron problemas de infiltración al subsuelo o desbordamiento. Los purines son una fuente de contaminación de suelos por exceso de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y contaminación de aguas superficiales y subterráneas por nitratos
"Se alcanzan concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario de entre 100-300 mg/l (50 mg/l es el umbral máximo normativo en las aguas subterráneas, para tener un nivel de calidad del agua aceptable para cualquier uso)" advierte la Declaración Ambiental del Plan Vertido Cero elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica.
A los técnicos del ministerio les llamó la atención "el incumplimiento generalizado del Programa de Actuación, sobre todo en lo referente al tipo de abono mineral empleado (empleo de abonos ureicos que no están permitidos), así como el exceso de dosis empleadas de abonado orgánico respecto a los límites establecidos".
El informe de la consejería de Agricultura al que ha tenido acceso Onda Cero también pone de manifiesto que desde que se aprobó el Decreto Ley 7/2017 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor y la entrada en vigor de la Ley 1/2018 “únicamente han trabajado en la aplicación de ambas normas y en la legislación en materia de nitratos, dos personas: un funcionario de la Oficina Comarcal Agraria de Cieza y un funcionario interino del Servicio de Sanidad Vegetal, a pesar de no tener esta unidad competencias en la materia”.
La Consejería de Agricultura solo ha dispuesto a dos personas, una de ellas interina, para diseñar los controles de nitratos, establecer propuestas normativas, responder a requerimientos de información por parte del Ministerio y de la Comisión Europea y evaluar los resultados de los controles.
El informe también pone de manifiesto cuando se detectan incumplimientos, ningún funcionario de la oficina comarcal agraria visita la explotación para levantar acta oficial de forma que sirva de documento probatorio para iniciar el correspondiente sancionador.
Desde 2017 que se aprobó el decreto ley de Medidas Urgentes como consecuencia de la primera Sopa Verde en el Mar Menor, la consejería ha encargado a la empresa TRAGSATEC, por 100.000 euros al año, el programa de control de nitratos y según advierte el informe “aunque inicialmente se programó que los expedientes con incumplimientos serían comunicados a los interesados para subsanación de deficiencias y posteriormente revisados por un funcionario, esta segunda inspección oficial, al final, no fue realizada al ser cuestionada su necesidad por parte del Servicio de Coordinación de las Oficinas Comarcales Agrarias y subraya que “el procedimiento sancionador se está realizando en base al informe de auditoría de TRAGSATEC y los expedientes con incidencias comunicados a la Secretaría General de la consejería de Agricultura para su posterior tramitación".
Según fuentes jurídicas consultadas por Onda Cero, eso puede propiciar el archivo del procedimiento sancionador en caso de recurso por parte de los infractores. De hecho, el informe elaborado por la Dirección General de Producción Agrícola , Ganadera y Medio Marino recomienda la creación de un servicio con funciones propias en materia de nitratos dentro de la consejería dotado de personal y que “los controles de nitratos programados por ese servicio los desarrollen los técnicos de la Oficinas Comarcales Agrarias al objeto de guardar la necesaria objetividad a la hora de evaluar las actas de inspección” y que “los expedientes con deficiencias sean elevados al Servicio Jurídico de la Consejería para su tramitación”.
El autor del informe es el mismo que en mayo de 2019, siendo director general de Agricultura, admitió el pasado mes de mayo que “en el periodo de reporte 2012-2015 no se aportaron datos sobre el control de los nitratos en la región de Murcia ya que por problemas presupuestarios no pudo adjudicarse esta toma de datos”.
Es decir, por falta de dinero para contratar personal no se controló el vertido de nitratos en la región de Murcia.
Europa obliga a los Estados miembros a proteger las masas de aguas de la contaminación por nitratos. Desde 1996, España cuenta con el Real Decreto 261/1996 para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura. En noviembre de 2018, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España al considerar que protege de manera insuficiente sus aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y ganaderas. España no realizó hasta 2009 el primer censo de aguas afectadas por nitratos.
La contaminación por nitratos obliga a las comunidades autónomas a aprobar un Código de Buenas Prácticas Agrarias de obligado cumplimiento y a elaborar unos programas de actuación de control que, según la querella del Ministerio Fiscal por la degradación ambiental del Mar Menor, se han incumplido de manera sistemática en la región de Murcia.

Un boleto de 'La Quiniela' validado en Cieza, premiado con casi medio millón de euros

MADRID.- Dos acertantes de 14 de la decimotercera jornada de la temporada 2019-20 de La Quiniela, en la que no hubo ningún Pleno al Quince, se embolsarán algo menos de medio millón de euros (493.543 euros), informa Loterías y Apuestas del Estado.

El importe destinado al Pleno al Quince se pondrá en juego en otra jornada. Los dos boletos acertantes de 14 han sido validados en Cieza y el otro, a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La recaudación de esta jornada ascendió a 6.169.290 euros. En la próxima, con fecha de 23 de octubre, se pondrá en juego un bote, donde unúnico acertante de catorce aciertos, con Pleno al Quince, podría ganar un millón de euros.

En la nueva apuesta 'Elige8' han aparecido 114 boletos acertantes de 8 partidos.

--BOLETO GANADOR.

1. Eibar - Barcelona 2.

2. At. Madrid - Valencia X.

3. Getafe - Leganés 1.

4. Alavés - Celta 1.

5. Real Sociedad - Betis 1.

6. Espanyol - Villarreal 2.

7. Athletic Club - Valladolid X.

8. Sevilla - Levante 1.

9. Alcorcón - Almería X.

10. Elche - Sporting 2.

11. Lugo - Huesca 1.

12. Fuenlabrada - Albacete 2.

13. Deportivo - Málaga 2.

14. Tenerife - Racing X.

P15. Mallorca - Real Madrid 1-0.

--REPARTO DE PREMIOS.

CATEGORÍAS ACERTANTES PREMIO UNITARIO.

Pleno al 15 - BOTE.

14 aciertos 2 493.543,26.

13 aciertos 72 6.426,34.

12 aciertos 926 499,67.

11 aciertos 8.720 53,06.

10 aciertos 50.813 10,93.

El PP pedirá que se apruebe este viernes un Real Decreto para el Mar Menor

MADRID.- El PP pedirá este martes en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tramitar como proyecto de ley el real decreto ley de ayudas por la gota fría de septiembre para poder introducir en su debate parlamentario enmiendas que mejoren las coberturas previstas, del 50 % en general.

Lo ha anunciado a los medios de comunicación en la tarde de este lunes su secretario general, Teodoro García Egea, donde ha avanzado que pondrán sobre la mesa también que el Gobierno en funciones apruebe este mismo viernes un real decreto ley que ponga en marcha las medidas e infraestructuras contempladas en el plan de eliminación de vertidos del Campo de Cartagena al Mar Menor.

Sobre la norma que regulará las ayudas por las inundaciones, ha dicho, sin cuantificar hasta dónde, que pedirán que se aumente la cuantía de las ayudas que contempla, que el Gobierno "ha dejado al mínimo", aunque son similares a las que otorgó el presidido por Mariano Rajoy para las riadas de 2016, que apenas han llegado.

A este respecto, se ha referido al retraso de un año que acumulan las prometidas por el Ejecutivo socialista para desastres similares en Málaga y Mallorca.

El PP quiere que se mejoren especialmente las ayudas destinadas a los ayuntamientos afectados y para las situaciones críticas reclamadas por algunos colectivos, como el de los agricultores y Asaja en particular, para los que no tuvieran asegurados sus cultivos o solo en parte, con franquicia, con el fin de que cubra.

En su opinión, frente a este catástrofe, el Gobierno "simplemente ha hecho un decreto para salir del paso, de corta y pega, sin tener en cuenta las gravísimas y excepcionales circunstancias de la riada, que hizo que se decretara por primera vez en la historia la alerta roja en toda la región de Murcia".

Respecto al conocido abreviadamente como Plan Vertido Cero para frenar el deterioro ambiental de la laguna salada murciana, tras indicar que ninguna de las varias preguntas hechas por su grupo al Ejecutivo ha sido respondida satisfactoriamente, ha hecho hincapié en la urgencia de la paralización de la llegada de agua dulce al mar, en las balsas de laminación o en el cinturón perimetral.

Un plan que dejó "presentado para su desarrollo" el Gobierno de Mariano Rajoy y con el que el PSOE "no ha hecho absolutamente nada en un año", ha concluido.

Pedro Sánchez sigue cayendo y Vox rentabiliza la sentencia del 'procés'

MADRID.- Acaba una semana marcada indeleblemente por la sentencia del Tribunal Supremo y las protestas violentas que ha desencadenado en Cataluña. Acontecimientos que han provocado un movimiento en el electorado que, principalmente, perjudica al PSOE y beneficia a Vox.

El tracking de Sigma Dos para El Mundo muestra un fotograma, a 18 de octubre, en el que los socialistas continúan deslizándose cuesta abajo, perdiendo ya dos escaños respecto a los que lograron el 28-A.

Ahora se situarían en 121, a seis puntos de distancia del PP, que se mantiene anclado a un paso del centenar de diputados al que todavía no ha llegado. Los populares se han resentido levemente al final de la semana dejándose un puesto. En este momento obtendrían 97 escaños, 31 más que en abril.

El debate político centrado en la propia decisión de la Justicia respecto a los líderes del procés, condenados por sedición y malversación a penas de cárcel de entre 13 y nueve años, y la necesidad de restablecer la seguridad y el orden público en Cataluña han penalizado las expectativas de los socialistas.

PP, Ciudadanos y Vox, de un lado, exigen al Ejecutivo una intervención clara para poner freno a las revueltas secesionistas. Los populares plantean como primer paso la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional; los naranjas reclaman la activación del artículo 155 de la Constitución para poner fin al mandato de Quim Torra al frente de la Generalitat, y la derecha radical clama por decretar el estado de excepción con la limitación de derechos y libertades que ello conllevaría.

Pedro Sánchez, al frente del Gobierno, se la ha jugado encima del alambre optando por una fórmula de mesura bajo el principio de que "la moderación también es una forma de fortaleza". Prescripción que, al menos hasta este fin de semana, apenas había surtido efecto.

El ascenso, por ahora continuo, de Vox, que ya se anota, según el sondeo, 36 escaños y consolida su posición como tercera fuerza política, indica que su discurso contra la sentencia del Supremo -que califica de "vergonzosa" por blanda-, contra la Generalitat -cuya cabeza visible, Torra, debería "ser esposado y encarcelado" de inmediato- y, por supuesto, contra el Gobierno -al que acusa de hacer "dejación de funciones por puro cálculo electoral"-, está calando entre muchos votantes hastiados del desafío independentista y recelosos ante la posibilidad de que finalmente se hagan concesiones a Cataluña en detrimento de las restantes comunidades autónomas. 

Ciudadanos desgrana un discurso firme frente al independentismo, pero su efecto es ya claramente insuficiente para paliar el hundimiento que ha padecido en los últimos meses. Como si los votantes no le perdonaran el haber dejado pasar la oportunidad de tocar poder y equilibrar un Gobierno de Sánchez apartándolo de la influencia del populismo y del nacionalismo.

Ciudadanos se desangra en beneficio del PP, del PSOE y de Vox. A Pablo Casado le llega un 9,6% de los votos que obtuvo Albert Rivera en abril. Pedro Sánchez le roba un 6% y Vox, otro 6%. Además, casi un 14% de sus electores se apunta de momento a la abstención. Hoy por hoy, el partido de Rivera desciende a la posición de quinta fuerza parlamentaria. PSOE y Ciudadanos son los que registran, a tres semanas de las elecciones, más posibles abstencionistas.

Unidas Podemos, quizá arrastrada por su postura ambigua en relación con el reto secesionista, retrocede también en escaños. Lograría 32, 10 menos que en abril. La formación morada llegó hace dos semanas a remontar hasta los 35, pero en los últimos 10 días ha visto como Vox, pese a tener un punto menos en intención de voto, la supera ya en cuatro diputados.

En paralelo, Más País, la nueva fuerza liderada por Íñigo Errejón, se anotaría ahora siete diputados. Unidas Podemos le transfiere nada menos que un 8,5% de sus votos y el PSOE un 3%.

Con estos nuevos datos, el pacto de izquierdas -PSOE, Unidas Podemos y Más País- sumaría 160 votos en el Congreso. Ni siquiera añadiendo los siete escaños que se le pronostican al PNV alcanzaría el listón de la mayoría absoluta (176). Para llegar a esa cifra, Sánchez necesitaría del apoyo, bien explícito bien mediante la abstención, de los partidos independentistas.

Respecto a estos últimos, cabe señalar el desplome de Junts (coalición entre JxCat y PDeCAT) que, en apenas 15 días, ha visto como su pronóstico de escaños se reduce de siete a cuatro, justo lo contrario que le ha sucedido a ERC, el partido de Oriol Junqueras, el líder del 1-O condenado a la pena más alta de prisión, que ya se anota 16 diputados, cuadruplicando así la cosecha que pueden obtener los seguidores del prófugo Carles Puigdemont.

Los españoles, mientras tanto, mantienen el suspenso para todos los líderes políticos. Ninguno llega siquiera al cuatro. Sánchez se mantiene como el mejor valorado, con un 3,76, seguido de Pablo Casado con un 3,56; Íñigo Errejón con un 3,52; Albert Rivera con un 3,28; Pablo Iglesias con un 3,26 y Santiago Abascal, en último lugar, con un 2,93.

FICHA TÉCNICA. Universo: Mayores de 18 años con derecho a voto. Ámbito: Nacional. Muestra: 1600 entrevistas, excepto las preguntas sobre la exhumación de Franco y la sentencia del Procés, que cuentan con una muestra de 720 con un margen de error ±2,5% para los datos globales, con un nivel de confianza del 95.5% (Dos sigma) y el caso más desfavorable de p=q=0,5. Cuestionario: Estructurado. Entrevista: Telefónica asistida por ordenador (CATI). Fecha del trabajo de campo: Del 10 de octubre al 17 de octubre 2019. Realización: SIGMA DOS. Dirección: Miguel de la Fuente.