Con la decisión de la Mesa del Parlament de tramitar una resolución
de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra
Republicana y la CUP en la que se reitera la defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya y la reprobación de la Monarquia, la
Cámara catalana da un paso -el primero- que lleva inevitablemente al
choque con el Tribunal Constitucional.
Básicamente, porque los miembros
de la Mesa, empezando por su presidente Roger Torrent,
tienen sobre sus espaldas un apercibimiento del Constitucional
instándolos a no admitir nuevos debates en el Parlament sobre estas dos
cuestiones y advirtiéndoles personalmente de las consecuencias penales
que se pueden derivar.
De hecho, esta es, de alguna manera, la respuesta que los tres
partidos independentistas fueron incapaces de pactar la semana pasada en
la comparecencia del president de la Generalitat, Quim Torra,
en el pleno parlamentario para dar respuesta política a la sentencia
del Tribunal Constitucional contra los presos políticos.
El porqué de
que se haya hecho una semana tarde tiene varias explicaciones, algunas
de las cuales tienen mucho que ver con la dificultad durante toda la
legislatura para alcanzar acuerdos trascendentes entre los tres partidos
independentistas, pero también con un proceso electoral como el del 10 de noviembre
en que, por primera vez, los tres se presentan a unos comicios
españoles.
Las importantes movilizaciones de esta última semana por un
lado, pero también la violencia registrada, ha forzado, seguramente, que
las tres formaciones hayan salido de su zona de confort aún a riesgo de
abrir un conflicto con el Tribunal Constitucional dentro de tres
semanas, que es cuando se verá en el pleno.
Se abre ahora un período de quince días para enmiendas de los grupos
que dará una primera perspectiva sobre si todo queda en un ejercicio
parlamentario de unas horas o días o tiene la consistencia que se ha
dado a la noticia desde el momento en que se ha conocido. Tanto Junts
per Catalunya como Esquerra explican que ellos habrían forzado, incluso,
que se discutiera esta misma semana en el Parlament, con los riesgos
que ello tenía, ya que la tramitación se debía realizar por el trámite
de urgencia.
Pero la CUP no habría querido aparecer de la mano de un
Govern al que responsabilizan de una actuación policial desproporcionada
durante estos días y del que se quieren distanciar públicamente
el máximo posible. Sea esta una versión buena, exagerada o interesada,
lo cierto es que las semanas pasan muy rápido y se verá en el pleno de los días 12 y 13 de noviembre cuál es la voluntad real de los firmantes.
La contundencia del president Torrent tras la
reunión de la Mesa, dirigiéndose al Constitucional, y señalando "hoy
decimos que ya basta", que "en el Parlament se puede hablar de todo" y
que "si hay consecuencias penales las asumiré" son nuevas, por el tono
empleado. De hecho, la Moncloa se limitó a enviar un primer aviso en
forma de advertencia: no actuará hasta que el Parlament lo apruebe. Pedro Sánchez ha aplazado el choque. Y tres semanas, en política, son siempre una eternidad. Y mucho más, ahora.
(*) Periodista y director de El Nacional
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