CARTAGENA.- Vox exigió este lunes la dimisión del consejero de Agricultura y
Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, por sus
«injerencias» en el trabajo de los miembros del Comité Científico del
Mar Menor, tras la renuncia de otros cuatro investigadores.
El
partido de Abascal en la Región lamentó que «el viernes pasado, el
consenso progre de PP-Cs-PSOE-Podemos, votó en contra de la propuesta de
Vox en la que se pedía una gestora ajena a los políticos que dejase
trabajar, de forma independiente, a técnicos y científicos para poner en
marcha la regeneración del Mar Menor».
«El
desgobierno, la gresca constante entre los miembros del Gobierno para
ver quién elude su responsabilidad en la catástrofe, y el espectáculo
lamentable de PP y PSOE lanzándose invectivas, dan la razón a Vox en su
pretensión de echar a los políticos del Mar Menor», señaló el partido en
un comunicado.
Para Vox, las renuncias de los científicos
«superan todo lo admisible», por lo que solicita, «de forma inmediata,
la dimisión o el cese del consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, responsable, además, estos últimos años de la inoperante
dirección general de Mar Menor, auténtica tomadura de pelo al
ciudadano, y chiringuito creado sólo para hacer propaganda, sin tomar
acción alguna que mejore la salud del Mar Menor desde su creación»,
afirmaron desde el grupo parlamentario.
El
portavoz del PSRM, Francisco Lucas, achacó la salida de cuatro miembros
del comité de asesoramiento científico del Mar Menor a las falsas
explicaciones que el consejero Antonio Luengo y el presidente regional,
Fernando López Miras, vienen ofreciendo sobre la crisis ambiental de la
laguna achacándola a las lluvias torrenciales de la DANA.
«La espantada
de científicos evidencia el malestar de los expertos con el PP porque
saben que nunca le ha importado este ecosistema tras años de
incumplimientos legislativos y haciendo oídos sordos a los avisos de la
comunidad científica», según Francisco Lucas.
El dirigente socialista recordó que el 4 de septiembre 15 miembros del citado comité ya alertaron con un comunicado,
que el color verde del agua del Mar Menor se debía a que había pasado
de un estado oligotrófico (pobre en nutrientes) a otro eutrófico (rico
en nutrientes) cuya reversión era muy complicada. «A pesar de las
evidencias científicas, el PP sigue empeñado en achacarlo todo a la
DANA, esa capa que todo lo tapa, pero la mentira no es el camino para
recuperar la laguna», defendió Francisco Lucas.
«El comité
científico no ha tenido independencia desde que se constituyó porque ha
estado sometido al férreo control del Gobierno regional y la dimisión de
estos cuatro miembros, que se suma a otros cuatro en junio, es otra
prueba del hartazgo existente entre los expertos por la inacción del PP
en el Mar Menor», tal y como insistió el portavoz del PSRM. «Es el
momento de que el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y el
presidente regional, Fernando López Miras, entonen el 'mea culpa' y
empiecen a escuchar a la comunidad científica».
Francisco Lucas
subrayó que la supervivencia del ecosistema de la laguna pasa por
ejecutar las directrices de los técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente y el Ministerio de Transición Ecológica, así como del citado
comité científico. «Si el Ejecutivo regional no cambia su aptitud se
acabará quedando solo y a los hechos me remito, de momento, su socio de
gobierno, Ciudadanos, ya le ha dejado en la estacada para que la crisis
del Mar Menor no le perjudique en las próximas elecciones generales»,
zanjó el portavoz del PSRM.
La
candidata al Congreso por Más País Región de Murcia, María Giménez,
afirmó que el presidente López Miras tuvo «mucha colaboración por parte
de técnicos, científicos, expertos y hasta por parte de la oposición
política regional» para intentar abordar la situación del Mar Menor. Sin
embargo, «solo se ha preocupado por simplificar los controles
ambientales y elaborar guías para sortear la ley.
Por eso, no es de
extrañar que veamos que tras su no gestión, la situación se haya
agravado aún más y que hayan ido dimitiendo uno tras otro los miembros
de su comité científico, cuatro más en los últimos días».
Incluso,
subrayó la candidata al Congreso por Más País Región de Murcia, «le
hicimos el trabajo al gobierno en la Asamblea Regional. Al PP le dimos
elaboradas unas directrices a medida para el Mar Menor que venían de la
comisión especial habilitada en la Cámara para eso. En esas directrices
aportaron ideas tanto los implicados en la gestión y el conocimiento de
la laguna, como muchos de los colectivos implicados».
María
Giménez apuntó a que entre esas herramientas proporcionadas por la
Asamblea Regional para luchar contra la degradación del Mar Menor se
encontraban medidas concretas para la aplicación de la normativa sobre
nitratos, así como la adaptación de códigos de buenas prácticas, medidas
de gestión de purines y residuos ganaderos, un programa de apoyo al
sector pesquero en su adaptación a la conservación del Mar Menor,
directrices urbanísticas y de transporte para la conservación de la
laguna y su área de influencia, directrices territoriales, un programa
de saneamiento y depuración de los municipios circundantes, otro de
recuperación de espacios litorales y uno de restauración del paisaje.
Por
su parte, José Fernandez-Rufete, número 3 de la candidatura, declaró
que «se comprueba una vez más la dejadez del Gobierno regional a la hora
de controlar los vertidos al Mar Menor. No solamente se ha permitido y
fomentado la agricultura intensiva durante décadas, sino que según
parecen indicar las últimas informaciones que hemos conocido, ha hecho
la vista gorda al vertido de purines procedentes de la ganadería
porcina.
Además, a pesar de que la Unión Europea obliga a los Estados
miembros a proteger las masas de aguas de la contaminación por nitratos,
la Consejería de Agricultura de la CARM solo ha destinado dos personas
al control de vertidos por nitratos a la laguna».
Por otra parte, un informe de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino al que ha tenido acceso Onda Cero desvela que no se están controlando los nitratos de las explotaciones ganaderas, sobre todo, en lo referente al almacenamiento de estiércol y purines pese a ser una fuente importante de contaminación.
En el área del Mar Menor existen 1055 balsas de purines en 359 explotaciones ganaderas según el último informe realizado por el Servicio de Producción Animal.
“Los controles se están realizando específicamente sobre la parte agraria y la mayoría de las comprobaciones son solo de tipo documental. No existe un método real para la comprobación de las cantidades de nitrógeno aportado” advierte el informe fechado el 4 de octubre de 2019 y firmado por Francisco José González Zapater. “La Consejería carece de un sistema o instrumento de medición que pueda identificar y cuantificar las unidades de fertilizantes aportadas por el productor”.
Según el Plan Vertido Cerdo realizado por el Ministerio de Transición Ecológica, el 90% de las explotaciones ganaderas visitadas en su día para la realización de la Declaración de Impacto Ambiental presentaron incumplimientos normativos. Los técnicos estimaron que en unas 500 balsas que almacenan purines se detectaron problemas de infiltración al subsuelo o desbordamiento. Los purines son una fuente de contaminación de suelos por exceso de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y contaminación de aguas superficiales y subterráneas por nitratos
"Se alcanzan concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario de entre 100-300 mg/l (50 mg/l es el umbral máximo normativo en las aguas subterráneas, para tener un nivel de calidad del agua aceptable para cualquier uso)" advierte la Declaración Ambiental del Plan Vertido Cero elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica.
A los técnicos del ministerio les llamó la atención "el incumplimiento generalizado del Programa de Actuación, sobre todo en lo referente al tipo de abono mineral empleado (empleo de abonos ureicos que no están permitidos), así como el exceso de dosis empleadas de abonado orgánico respecto a los límites establecidos".
El informe de la consejería de Agricultura al que ha tenido acceso Onda Cero también pone de manifiesto que desde que se aprobó el Decreto Ley 7/2017 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor y la entrada en vigor de la Ley 1/2018 “únicamente han trabajado en la aplicación de ambas normas y en la legislación en materia de nitratos, dos personas: un funcionario de la Oficina Comarcal Agraria de Cieza y un funcionario interino del Servicio de Sanidad Vegetal, a pesar de no tener esta unidad competencias en la materia”.
La Consejería de Agricultura solo ha dispuesto a dos personas, una de ellas interina, para diseñar los controles de nitratos, establecer propuestas normativas, responder a requerimientos de información por parte del Ministerio y de la Comisión Europea y evaluar los resultados de los controles.
El informe también pone de manifiesto cuando se detectan incumplimientos, ningún funcionario de la oficina comarcal agraria visita la explotación para levantar acta oficial de forma que sirva de documento probatorio para iniciar el correspondiente sancionador.
Desde 2017 que se aprobó el decreto ley de Medidas Urgentes como consecuencia de la primera Sopa Verde en el Mar Menor, la consejería ha encargado a la empresa TRAGSATEC, por 100.000 euros al año, el programa de control de nitratos y según advierte el informe “aunque inicialmente se programó que los expedientes con incumplimientos serían comunicados a los interesados para subsanación de deficiencias y posteriormente revisados por un funcionario, esta segunda inspección oficial, al final, no fue realizada al ser cuestionada su necesidad por parte del Servicio de Coordinación de las Oficinas Comarcales Agrarias y subraya que “el procedimiento sancionador se está realizando en base al informe de auditoría de TRAGSATEC y los expedientes con incidencias comunicados a la Secretaría General de la consejería de Agricultura para su posterior tramitación".
Según fuentes jurídicas consultadas por Onda Cero, eso puede propiciar el archivo del procedimiento sancionador en caso de recurso por parte de los infractores. De hecho, el informe elaborado por la Dirección General de Producción Agrícola , Ganadera y Medio Marino recomienda la creación de un servicio con funciones propias en materia de nitratos dentro de la consejería dotado de personal y que “los controles de nitratos programados por ese servicio los desarrollen los técnicos de la Oficinas Comarcales Agrarias al objeto de guardar la necesaria objetividad a la hora de evaluar las actas de inspección” y que “los expedientes con deficiencias sean elevados al Servicio Jurídico de la Consejería para su tramitación”.
El autor del informe es el mismo que en mayo de 2019, siendo director general de Agricultura, admitió el pasado mes de mayo que “en el periodo de reporte 2012-2015 no se aportaron datos sobre el control de los nitratos en la región de Murcia ya que por problemas presupuestarios no pudo adjudicarse esta toma de datos”.
Es decir, por falta de dinero para contratar personal no se controló el vertido de nitratos en la región de Murcia.
Europa obliga a los Estados miembros a proteger las masas de aguas de la contaminación por nitratos. Desde 1996, España cuenta con el Real Decreto 261/1996 para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura. En noviembre de 2018, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España al considerar que protege de manera insuficiente sus aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y ganaderas. España no realizó hasta 2009 el primer censo de aguas afectadas por nitratos.
La contaminación por nitratos obliga a las comunidades autónomas a aprobar un Código de Buenas Prácticas Agrarias de obligado cumplimiento y a elaborar unos programas de actuación de control que, según la querella del Ministerio Fiscal por la degradación ambiental del Mar Menor, se han incumplido de manera sistemática en la región de Murcia.
Falta de control sobre los nitratos por falta de presupuesto
Por otra parte, un informe de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino al que ha tenido acceso Onda Cero desvela que no se están controlando los nitratos de las explotaciones ganaderas, sobre todo, en lo referente al almacenamiento de estiércol y purines pese a ser una fuente importante de contaminación.
En el área del Mar Menor existen 1055 balsas de purines en 359 explotaciones ganaderas según el último informe realizado por el Servicio de Producción Animal.
“Los controles se están realizando específicamente sobre la parte agraria y la mayoría de las comprobaciones son solo de tipo documental. No existe un método real para la comprobación de las cantidades de nitrógeno aportado” advierte el informe fechado el 4 de octubre de 2019 y firmado por Francisco José González Zapater. “La Consejería carece de un sistema o instrumento de medición que pueda identificar y cuantificar las unidades de fertilizantes aportadas por el productor”.
Según el Plan Vertido Cerdo realizado por el Ministerio de Transición Ecológica, el 90% de las explotaciones ganaderas visitadas en su día para la realización de la Declaración de Impacto Ambiental presentaron incumplimientos normativos. Los técnicos estimaron que en unas 500 balsas que almacenan purines se detectaron problemas de infiltración al subsuelo o desbordamiento. Los purines son una fuente de contaminación de suelos por exceso de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y contaminación de aguas superficiales y subterráneas por nitratos
"Se alcanzan concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario de entre 100-300 mg/l (50 mg/l es el umbral máximo normativo en las aguas subterráneas, para tener un nivel de calidad del agua aceptable para cualquier uso)" advierte la Declaración Ambiental del Plan Vertido Cero elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica.
A los técnicos del ministerio les llamó la atención "el incumplimiento generalizado del Programa de Actuación, sobre todo en lo referente al tipo de abono mineral empleado (empleo de abonos ureicos que no están permitidos), así como el exceso de dosis empleadas de abonado orgánico respecto a los límites establecidos".
El informe de la consejería de Agricultura al que ha tenido acceso Onda Cero también pone de manifiesto que desde que se aprobó el Decreto Ley 7/2017 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor y la entrada en vigor de la Ley 1/2018 “únicamente han trabajado en la aplicación de ambas normas y en la legislación en materia de nitratos, dos personas: un funcionario de la Oficina Comarcal Agraria de Cieza y un funcionario interino del Servicio de Sanidad Vegetal, a pesar de no tener esta unidad competencias en la materia”.
La Consejería de Agricultura solo ha dispuesto a dos personas, una de ellas interina, para diseñar los controles de nitratos, establecer propuestas normativas, responder a requerimientos de información por parte del Ministerio y de la Comisión Europea y evaluar los resultados de los controles.
El informe también pone de manifiesto cuando se detectan incumplimientos, ningún funcionario de la oficina comarcal agraria visita la explotación para levantar acta oficial de forma que sirva de documento probatorio para iniciar el correspondiente sancionador.
Desde 2017 que se aprobó el decreto ley de Medidas Urgentes como consecuencia de la primera Sopa Verde en el Mar Menor, la consejería ha encargado a la empresa TRAGSATEC, por 100.000 euros al año, el programa de control de nitratos y según advierte el informe “aunque inicialmente se programó que los expedientes con incumplimientos serían comunicados a los interesados para subsanación de deficiencias y posteriormente revisados por un funcionario, esta segunda inspección oficial, al final, no fue realizada al ser cuestionada su necesidad por parte del Servicio de Coordinación de las Oficinas Comarcales Agrarias y subraya que “el procedimiento sancionador se está realizando en base al informe de auditoría de TRAGSATEC y los expedientes con incidencias comunicados a la Secretaría General de la consejería de Agricultura para su posterior tramitación".
Según fuentes jurídicas consultadas por Onda Cero, eso puede propiciar el archivo del procedimiento sancionador en caso de recurso por parte de los infractores. De hecho, el informe elaborado por la Dirección General de Producción Agrícola , Ganadera y Medio Marino recomienda la creación de un servicio con funciones propias en materia de nitratos dentro de la consejería dotado de personal y que “los controles de nitratos programados por ese servicio los desarrollen los técnicos de la Oficinas Comarcales Agrarias al objeto de guardar la necesaria objetividad a la hora de evaluar las actas de inspección” y que “los expedientes con deficiencias sean elevados al Servicio Jurídico de la Consejería para su tramitación”.
El autor del informe es el mismo que en mayo de 2019, siendo director general de Agricultura, admitió el pasado mes de mayo que “en el periodo de reporte 2012-2015 no se aportaron datos sobre el control de los nitratos en la región de Murcia ya que por problemas presupuestarios no pudo adjudicarse esta toma de datos”.
Es decir, por falta de dinero para contratar personal no se controló el vertido de nitratos en la región de Murcia.
Europa obliga a los Estados miembros a proteger las masas de aguas de la contaminación por nitratos. Desde 1996, España cuenta con el Real Decreto 261/1996 para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura. En noviembre de 2018, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España al considerar que protege de manera insuficiente sus aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y ganaderas. España no realizó hasta 2009 el primer censo de aguas afectadas por nitratos.
La contaminación por nitratos obliga a las comunidades autónomas a aprobar un Código de Buenas Prácticas Agrarias de obligado cumplimiento y a elaborar unos programas de actuación de control que, según la querella del Ministerio Fiscal por la degradación ambiental del Mar Menor, se han incumplido de manera sistemática en la región de Murcia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario