Andalucía, la comunidad autónoma que lidera las estadísticas de paro en España ―22,5% frente al 14,8% del conjunto del Estado― y cuenta con un desempleo juvenil estratosférico del 46% entre los menores de 25 años, aborda este domingo unas elecciones autonómicas que todo apunta que volverán a ganar los socialistas, los únicos que han salido victoriosos desde hace 40 años; con la sola excepción de las del 2012, aunque no le sirvieron al PP para hacerse con la Junta. 

Al parecer, no hay alternativa posible pese a estar en el furgón de cola de España y con una corrupción institucional como es el caso de los ERE que tiene a dos expresidentes en el banquillo y que es muy probable que acabe con uno de ellos, José Antonio Griñán, en la prisión.

 Oír a la presidenta de Andalucía, en el cierre de la campaña en Sevilla, afirmar con estas cifras que había cumplido el 100% de su programa electoral y, sin sonrojarse, agregar enseguida que se le había quedado pequeño, es casi un insulto a la inteligencia. 

Pero ni el paro ni la corrupción han sido ejes centrales de una campaña que, en muchos momentos, ha mirado más a Catalunya que a Andalucía. El anticatalanismo como argumento central de una derecha que ha querido arrinconar a Susana Díaz por el apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. 

Quién lo iba a decir, la presidenta atacada por un flanco que le ha dejado al descubierto el presidente del Gobierno español, su archienemigo declarado. Y eso que, cuando pudo, enarboló más que nadie la bandera del anticatalanismo.

Si damos por buena la victoria de Díaz, la intriga del domingo por la noche se reduce al pulso entre PP y Ciudadanos por el segundo lugar ―Casado contra Rivera, dos clones muy difíciles de diferenciar― y la entrada en la Cámara legislativa de Vox, la formación franquista y xenófoba a la que las encuestas le dan serias opciones de tener representación. 

Bien pensado, tampoco es tan extraño que el franquismo que está en otras instituciones del Estado también entre a cara descubierta en un parlamento autonómico. 

De ser así, sería la primera vez que se produciría y el terremoto político en la derecha sería evidente. Almería será la primera referencia de la noche y la que indicará si la dispersión del voto que aglutinó Aznar alrededor suyo en el año 2000, en las elecciones generales, ha explosionado hasta hacerse del todo irreconocible.



La huelga de hambre como pulso al Estado


Los presos políticos catalanes han decidido iniciar una serie de acciones de protesta contra el Tribunal Constitucional, que han empezado este sábado Jordi Sànchez y Jordi Turull con una huelga de hambre indefinida. 

Los otros cinco presos políticos que también están en Lledoners —Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Josep Rull, Raül Romeva y Quim Forn— anunciarán en las próximas fechas qué iniciativas piensan adoptar, igual que Carme Forcadell y Dolors Bassa, recluidas en Mas d'Enric y Puig de les Basses, respectivamente. 

La  huelga de hambre, una medida claramente excepcional, la llevan a cabo Sànchez y Turull ante la evidente mala fe del Tribunal Constitucional, que bloquea sistemáticamente todos sus escritos contra la prisión provisional, saltándose a la torera lo que establece la legislación, que fija un período de 30 días para resolverlos. 

El primero de ellos se presentó hace la friolera de 365 días y no ha tenido ninguna respuesta.
Es evidente que el objetivo de las acciones de protesta de los presos políticos catalanes es situar al Estado español ante la comunidad internacional como intolerante, poco democrático y capaz de saltarse las leyes para conseguir sus fines. Con el objetivo principal de que cuanto más tarde responda el TC a los presos más tardarán en pronunciarse los tribunales europeos. 

Una auténtica vergüenza que acaba dejando en una absoluta indefensión a los presos políticos. El desaire con que el presidente del Gobierno ha acogido la noticia de la huelga de hambre de Sànchez y Turull demuestra hasta qué punto el ejecutivo socialista camina con el paso cambiado después de haber apoyado el 155 y la suspensión de las instituciones catalanas de autogobierno. 

Pedro Sánchez no sale de este círculo vicioso, mientras la comunidad internacional cada vez sigue con mayor interés la situación de los presos políticos. 

La huelga de hambre de Sànchez y Turull y el resto de acciones que vendrán por parte de los demás reclusos también rompen el estancamiento en que se había instalado el independentismo y una cierta sensación de brazos caídos a la espera de los juicios del Tribunal Supremo, que aún no tienen fecha, aunque hay unanimidad en situarlos a principios del año que viene. 

Esta nueva dinámica vuelve a situar el foco tanto en los presos como en los partidos independentistas y la ANC y Òmnium, y en la necesaria unidad estratégica, algo que está muy lejos de ser en estos momentos una realidad.

El independentismo catalán debe estar unido en el apoyo a las iniciativas que adopten los presos, a quienes se añade a una prisión claramente injusta la vulneración más elemental de todos sus derechos. Una huelga de hambre es un toque de atención muy serio al Estado español, sumido en sus propias guerras de las cloacas y pendiente de cómo acaban afectando a la monarquía.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia