En el corazón de Europa empiezan a saber lo que es una sequía y las
consecuencias de la escasez de agua. A finales de primavera y en verano,
extensos territorios al norte del continente se vieron sorprendidos por
olas de calor. Escandinavia sufrió numerosos y grandes incendios.
Alcanzaron tal magnitud que Suecia tuvo que pedir ayuda a la UE.
En
Helsinki (Finlandia) se registraron 25 días seguidos con temperaturas
superiores a los 25 grados y en algunas partes de Alemania los
termómetros rebasaron los 30 grados una jornada tras otra. Más al norte,
en el círculo ártico, se batieron marcas de altas temperaturas. Y más
al sur, hubo olas de calor que, por ejemplo en Francia, causaron
víctimas mortales.
Gran Bretaña e Irlanda también vivieron un año
excepcionalmente cálido y seco, al igual que Alemania, Polonia, Holanda,
Bélgica y Francia. Hasta el Rin sufrió problemas de navegabilidad
porque su caudal cayó a mínimos históricos.
Esos signos de cambio
climático, derivados del calentamiento global, aparecen recogidos esta
semana en el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial. Un
certero análisis que este año ha coincidido con el último estudio
científico del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas, que alertó
sobre el poco tiempo que queda para limitar a 1,5º C el aumento de la
temperatura del planeta para fin de siglo. De continuar la tendencia,
uno de los efectos más acusados será un grave problema de estrés hídrico
en muchos puntos del planeta, incluido España.
Según el último informe
de referencia utilizado por el Ministerio para la Transición Ecológica,
realizado por el Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas), la mayoría de las proyecciones climáticas muestran un futuro
en España con menos agua y sequías más frecuentes, aunque la intensidad
de ambos efectos varía según los modelos de predicción, especialmente en
el Levante peninsular y los archipiélagos.
Aplicando el principio de
precaución, es positivo que el Ministerio planifique teniendo en cuenta
estos escenarios adversos de tal forma que, por un lado, queden
preservados los ecosistemas y, por otro, el suministro para consumo
humano y regadío en todo el territorio nacional.
Tan importante es
mantener el caudal ecológico del Tajo como garantizar que una parte
razonable de los excedentes puedan trasvasarse a la cuenca del Segura
para beber y producir alimentos. Porque la realidad actual es que ni
sumando los embalses del Segura, las desalinizadoras en funcionamiento y
los pozos autorizados hay recursos suficientes como para proporcionar
siquiera el agua destinada a consumo humano que necesita la Región de
manera sostenible en el tiempo.
De forma casi accidental hemos sabido
que el Ministerio trabaja en una ley de transitoriedad hidrológica cuyo
contenido es un misterio. Plantear el fin del Trasvase Tajo-Segura sería
un disparate de consecuencias tan funestas que no puede estar en la
agenda de ningún Gobierno.
Cuestión distinta es la posibilidad, no
descartable, de que se plantee otro incremento de la reserva no
trasvasable en la cabecera del Tajo, como hizo el Gobierno de Rajoy con
la ley del Memorándum, o que se aumente su caudal ecológico.
Dependiendo
de lo que finalmente se proponga, los resultados pueden ser igualmente
catastróficos dado que no hay, a día de hoy, esas alternativas que, sin
duda, deben impulsarse para reducir al mínimo la dependencia de recursos
externos en la cuenca del Segura. Revisando el último episodio vivido
con el 'trasvase cero' para regadíos, un despropósito analizado con
precisión por Manuel Buitrago en páginas interiores, no hay razones para
el optimismo.
La acción política de Teresa Ribera está
resultando paradójica. No ha habido al frente de ese Ministerio nadie
que haya mostrado una apuesta tan decidida por la necesidad de combatir
el cambio climático y de mitigar sus efectos.
Y siendo la más preparada
para lograr esos ineludibles objetivos, su gestión suscita desconfianza
porque su hoja de ruta está repleta de fallos de comunicación y no se
caracteriza por la interlocución con los sectores afectados en la
necesaria descarbonización de nuestra economía. Sustituir los actuales
vehículos por eléctricos o con pila de hidrógeno en 2050 es una meta
posible y deseable, pero no basta con un buen diagnóstico y una ley que
fije objetivos.
Se precisa de un pacto y un marco de actuación que
implique a los sectores afectados, así como financiación pública para
acometer la transición. Cualquiera que sea el objetivo de esa ley de
transición hidrológica, Ribera se equivocará si actúa de espaldas a los
regantes y a una industria agroalimentaria, la más puntera del país, que
parece no conocer. La ministra tiene un plan, pero, por ser
desconocido, hoy solo genera incertidumbre.
(*) Periodista y director de La Verdad
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