Andalucía, la comunidad autónoma que lidera las estadísticas de paro en España
―22,5% frente al 14,8% del conjunto del Estado― y cuenta con un
desempleo juvenil estratosférico del 46% entre los menores de 25 años,
aborda este domingo unas elecciones autonómicas que todo apunta que
volverán a ganar los socialistas, los únicos que han salido victoriosos
desde hace 40 años; con la sola excepción de las del 2012, aunque no le
sirvieron al PP para hacerse con la Junta.
Al parecer, no hay
alternativa posible pese a estar en el furgón de cola de España y con
una corrupción institucional como es el caso de los ERE que
tiene a dos expresidentes en el banquillo y que es muy probable que
acabe con uno de ellos, José Antonio Griñán, en la prisión.
Oír a la
presidenta de Andalucía, en el cierre de la campaña en Sevilla, afirmar
con estas cifras que había cumplido el 100% de su programa electoral y,
sin sonrojarse, agregar enseguida que se le había quedado pequeño, es
casi un insulto a la inteligencia.
Pero ni el paro ni la corrupción han sido ejes centrales de una
campaña que, en muchos momentos, ha mirado más a Catalunya que a
Andalucía. El anticatalanismo como argumento central de una derecha que
ha querido arrinconar a Susana Díaz por el apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.
Quién lo iba a decir, la presidenta atacada por un flanco que le ha
dejado al descubierto el presidente del Gobierno español, su
archienemigo declarado. Y eso que, cuando pudo, enarboló más que nadie
la bandera del anticatalanismo.
Si damos por buena la victoria de Díaz, la intriga del domingo por la noche se reduce al pulso entre PP y Ciudadanos por el segundo lugar ―Casado contra Rivera, dos clones muy difíciles de diferenciar― y la entrada en la Cámara legislativa de Vox,
la formación franquista y xenófoba a la que las encuestas le dan serias
opciones de tener representación.
Bien pensado, tampoco es tan extraño
que el franquismo que está en otras instituciones del Estado también
entre a cara descubierta en un parlamento autonómico.
De ser así, sería la primera vez que se produciría y el terremoto
político en la derecha sería evidente. Almería será la primera
referencia de la noche y la que indicará si la dispersión del voto que
aglutinó Aznar alrededor suyo en el año 2000, en las elecciones
generales, ha explosionado hasta hacerse del todo irreconocible.
La huelga de hambre como pulso al Estado
Los presos políticos catalanes han decidido iniciar una serie de
acciones de protesta contra el Tribunal Constitucional, que han empezado
este sábado Jordi Sànchez y Jordi Turull con una huelga de hambre
indefinida.
Los otros cinco presos políticos que también están en
Lledoners —Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Josep Rull, Raül Romeva y
Quim Forn— anunciarán en las próximas fechas qué iniciativas piensan
adoptar, igual que Carme Forcadell y Dolors Bassa, recluidas en Mas
d'Enric y Puig de les Basses, respectivamente.
La huelga de hambre, una
medida claramente excepcional, la llevan a cabo Sànchez y Turull ante
la evidente mala fe del Tribunal Constitucional, que bloquea
sistemáticamente todos sus escritos contra la prisión provisional,
saltándose a la torera lo que establece la legislación, que fija un
período de 30 días para resolverlos.
El primero de ellos se presentó
hace la friolera de 365 días y no ha tenido ninguna respuesta.
Es evidente que el objetivo de las acciones de protesta de los presos
políticos catalanes es situar al Estado español ante la comunidad
internacional como intolerante, poco democrático y capaz de saltarse las
leyes para conseguir sus fines. Con el objetivo principal de que cuanto
más tarde responda el TC a los presos más tardarán en pronunciarse los
tribunales europeos.
Una auténtica vergüenza que acaba dejando en una
absoluta indefensión a los presos políticos. El desaire con que el
presidente del Gobierno ha acogido la noticia de la huelga de hambre de
Sànchez y Turull demuestra hasta qué punto el ejecutivo socialista
camina con el paso cambiado después de haber apoyado el 155 y la
suspensión de las instituciones catalanas de autogobierno.
Pedro Sánchez
no sale de este círculo vicioso, mientras la comunidad internacional
cada vez sigue con mayor interés la situación de los presos políticos.
La huelga de hambre de Sànchez y Turull y el resto de acciones que
vendrán por parte de los demás reclusos también rompen el
estancamiento en que se había instalado el independentismo y una cierta
sensación de brazos caídos a la espera de los juicios del Tribunal
Supremo, que aún no tienen fecha, aunque hay unanimidad en situarlos a
principios del año que viene.
Esta nueva dinámica vuelve a situar el
foco tanto en los presos como en los partidos independentistas y la ANC y
Òmnium, y en la necesaria unidad estratégica, algo que está muy lejos
de ser en estos momentos una realidad.
El independentismo catalán debe estar unido en el apoyo a las
iniciativas que adopten los presos, a quienes se añade a una prisión
claramente injusta la vulneración más elemental de todos sus derechos.
Una huelga de hambre es un toque de atención muy serio al Estado
español, sumido en sus propias guerras de las cloacas y pendiente de
cómo acaban afectando a la monarquía.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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