MADRID.- Sanidad para todos, ¿con el dinero de quién y en qué condiciones? Son
algunos de los reproches que los responsables autonómicos de Sanidad de
las comunidades gobernadas por el Partido Popular y de regiones como
Extremadura hicieron a la ministra Carmen Montón en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado jueves, ante
la falta de concreción y, sobre todo, de memoria económica que fije el
coste real de la propuesta ministerial para "recuperar el carácter
universal del derecho a la protección a la salud y a la atención
sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en
situación irregular", según Expansión.
El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, reclamó
poner "limitaciones", como que los residentes en España estén
empadronados durante al menos dos años para poder ser trasplantados, y
"evitar así el turismo de trasplantes". Y lo mismo cabría decir de la
atención farmacológica a enfermos con hepatitis C o con otras terapias
de alto coste en enfermedades raras u oncología.
Porque, ¿qué Estado
podría financiar los nuevos antirretrovirales a todas las personas que
entrasen en territorio nacional? O ¿qué ocurre con la asistencia en
inmigrantes irregulares que, pese a que han sido reconocidos con el
derecho a ser atendidos, salen de las fronteras de España? "¿Entra en
marcha la Directiva 2011/24/UE sobre los derechos de los pacientes en la
asistencia sanitaria transfronteriza o no?", se preguntó Vergeles.
Porque en ningún país europeo existe el derecho a la protección y
asistencia sanitaria "universal" que ha reclamado el Partido Socialista
en la oposición y que ahora quiere convertir en una realidad en España a
través de un real decreto que "desliga la cobertura del concepto de
asegurado y la reorienta a la condición de ciudadanía española o
residencia en España", según especificó la ministra.
En el caso de los países que tienen una sanidad más abierta, se
impone una limitación temporal. Francia, por ejemplo, ofrece una carta
de Asistencia Médica del Estado y la asistencia sanitaria urgente a los
irregulares que acrediten una estancia irregular superior a tres meses e
ingresos bajos.
La tarjeta tiene un año de duración y es renovable. En
cirugías no urgentes planificadas con 15 días de antelación, que cuesten
más de 15.000 euros, el extranjero ha de justificar una estancia
superior a un año, según los datos recabados por elEconomista del
Ministerio de Sanidad.
Italia también presta asistencia sanitaria a extranjeros en situación
irregular a través de la tarjeta STP (Extranjero Temporalmente
Presente), que garantiza asistencia ambulatoria y hospitalaria, "por
enfermedad y accidente, urgente o considerada esencial, aunque sea
continuada". La atención de médicos especialistas se grava con un
copago.
En Dinamarca solo tienen derecho de asistencia de urgencia, en
situaciones de accidente, enfermedad grave repentina, parto y
empeoramiento de una enfermedad crónica. Alemania es uno de los países
que ofrece una red de seguridad más extensa. Comprende toda terapia
médica y odontológica necesaria para el tratamiento y curación de
enfermedades de carácter agudo y situaciones de dolor.
Para que los
costes sean cubiertos a través de los fondos públicos, el extranjero en
situación irregular debe solicitar un volante de atención sanitaria en
la oficina de gestión de los subsidios de carácter social. Estas
oficinas, así como los médicos y los hospitales, tienen la obligación
legal de informar a las autoridades de extranjería de la situación de
permanencia irregular.
Por su parte, el Reino Unido se plantea cobrar la asistencia
sanitaria que presta a los extranjeros ilegales. Además de ofrecer
asistencia de urgencia gratuita, los extranjeros en situación irregular
tienen derecho a la atención primaria en su área sanitaria, sin que el
NHS valore su situación legal en el país, y a la atención hospitalaria
en un amplio número de supuestos.
