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viernes, 17 de abril de 2020

El caos de las mascarillas tiene responsables / José Antich *

Solo un país absolutamente obsesionado por imponer, al precio que sea, el falso relato de su unidad puede ser tan acrítico con el fracaso que ha supuesto en vidas humanas el mando único para abordar la crisis de la pandemia del coronavirus. 

No hay día en que aquella fatídica decisión de arrebatar a las autonomías sus competencias en materias, fundamentalmente, de salud y de orden público no acabe provocando un grave quebranto para los ciudadanos. 

Lo que se intentó hacer para evitar a toda costa la comparación entre la eficiencia de las diferentes autonomías y entre estas y el gobierno central ha supuesto un retraso enorme en el control del virus y ha comportado una alarmante demora en compras tan elementales como las mascarillas o los test para conocer el número de infectados.

El último bochorno se ha producido este viernes cuando el ministerio de Sanidad ha tenido que retirar cientos de miles de mascarillas que había distribuido entre las comunidades autónomas y tenían como destinatarios los profesionales sanitarios. 

Varios millones se pusieron en circulación hasta que el hospital Parc Taulí de Sabadell detectó que eran defectuosas ya que el nivel de penetración del material filtrante tiene que ser de menos del 6% y en estas mascarillas los dispositivos de protección se elevaban en algunos casos al 30%. Es decir: una verdadera chapuza. "Las hemos estado usando una semana", destacaba irritado un sanitario andaluz este viernes.

¿Y qué decir del número de personas fallecidas por el coronavirus una vez Catalunya ha introducido, con acierto, un nuevo sistema de recuento y ha incorporado los fallecidos fuera de los centros hospitalarios? Madrid se ha sumado al sistema que es mucho más transparente y ha pasado de 7.000 fallecidos a casi 13.000. 

¿Alguien piensa que con este lamentable balance de la gestión va a ser fácil ir a la Unión Europea a pedir ayudas o a plantear, como hace Pedro Sánchez, la mutualización de la deuda? ¿Quién se va a jugar los cuartos con un gobierno que no sabe ni comprar mascarillas en el extranjero ni sumar a sus muertos por el coronavirus?

Obsesionados como están en la Moncloa por hacer de la pandemia una enorme campaña publicitaria por la unidad bajo el lema 'este virus lo paramos unidos' y en convertir las comparecencias públicas en la sede del Gobierno en un acto castrense por encima de cualquier otra cosa, mejor que alguien piense en hacer menos política y más caso a los profesionales y acabar, si puede ser definitivamente, con el caos existente. 

Quizás ha llegado el momento de dejar hacer de hacer el ridículo. Porque si no del pozo no saldremos en mucho tiempo.



(*) Periodista y director de El Nacional


jueves, 21 de febrero de 2019

La ideología de Pedro Sánchez / Joaquín Estefanía *

Pedro Sánchez ha dejado de ser un novillero. Ya es matador de miuras. Ello se desprende de una lectura transversal de las 309 páginas de sus “memorias parciales”. Más allá de las anécdotas, algunas poco afortunadas, y de los hechos que describe (el camino que le llevó de simple militante socialista a la Secretaría General del partido en dos fases, y luego a la Presidencia de Gobierno, contra todo pronóstico) en el libro se pespuntean las ideas que, según su autor, le han acompañado en esta aventura.

El PSOE ha sido un partido que ha pasado, desde la Transición hasta ahora, de un ideologismo extremo (Willy Brandt, uno de sus referentes, decía que “quien a los veinte años no es marxista es que no tiene corazón”) en el que sus militantes estudiaban Los conceptos elementales del materialismo histórico, de Marta Harnecker, al pragmatismo más puro (gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones), a la falta de pasión por las ideas, con notables excepciones. Es el pragmatismo del poder. 

Del izquierdismo largocaballerista que pretendía ahogar al capitalismo, a una socialdemocracia instalada en un plano inclinado que le ha llevado en algunas ocasiones, indefectiblemente, al social-liberalismo. Felipe González, Joaquín Almunia, José Luís Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, sus últimos secretarios generales, han dejado suficientes testimonios a través de libros propios o ajenos, artículos, entrevistas y declaraciones de las prioridades ideológicas que estaban detrás de su práctica política. 

Ahora, seguramente demasiado pronto, le toca el turno a Pedro Sánchez (Manual de resistencia, editorial Península). Hay una coincidencia central entre ellos: la necesidad de ser socialistas y demócratas a la vez; el socialismo y la democracia son absolutamente indisociables en el mundo del siglo XXI. Aunque esa democracia haya brillado por su ausencia, más de una vez, en el seno del propio partido socialista.

El contexto en el que se desarrollan las páginas de este libro es el del auge del nacionalismo y del autoritarismo en el mundo, así como de la pérdida de bienestar material producida por la crisis económica. Ello exacerba las incertidumbres. El nacionalismo parasita los miedos ciudadanos a perder sus empleos, a sufrir la reducción de sus salarios, pero también a la pérdida de la identidad cultural, a la disolución de la sociedad tal como la conocían. 

Y un miedo nuevo: a que sus representantes, aquellos que eligen para que arreglen los problemas públicos, no puedan hacerlo porque las soluciones cada vez se encuentran más lejos de los Parlamentos y de los Gobiernos en los que se sientan. Ello es lo que se ha denominado “la impotencia democrática”, tan presente en el texto de Sánchez. 

Por un lado reivindica “la fuerza y la capacidad de transformación que tienes desde el poder político”, pero también es consciente de que la gente tiene la sensación de haber perdido el poder que le corresponde en un régimen democrático. Ello está relacionado con la globalización y la crisis del Estado-nación. 

Predomina la sensación de que este último ha sido privado de gran parte de su poder (sin que se les haya consultado a los ciudadanos qué les parecía esta pérdida de soberanía y a cambio de qué), con lo que los sistemas de representación han perdido parte de su legitimidad y sienten que ya no pueden influir en las grandes decisiones políticas que afectan a su vida cotidiana.

La verdadera idea y fuerza de Manual de resistencia es la vinculación indisoluble de los conceptos “socialdemocracia” y “Europa”. Europa se fortalece con la socialdemocracia y se debilita sin ella: la socialdemocracia es más fuerte cuando Europa está fuerte. La socialdemocracia, tal como la entiende Sánchez, es un movimiento internacionalista que debe moverse más deprisa para adaptarse a la velocidad de la globalización. Funciona con la paradoja de que, siendo un movimiento internacionalista y cosmopolita, toda su acción política la ha circunscrito a los Estados: el Estado de bienestar, el Estado social democrático y de derecho, la Constitución, la aportación de España al proyecto europeo… 

El reto de los socialistas no es reinventarse, no es renunciar a sus principios de redistribución de la riqueza y el poder, tan vigentes, sino de cambiar el marco de actuación, que ya no puede ser nacional. La democracia se ha debilitado por efecto de la globalización y su fortalecimiento solo pasará por instancias europeas o internacionales. Si los mercados funcionan globalmente y no hay una respuesta política al menos de igual magnitud, la democracia se seguirá debilitando.

¿Cuál fue la época dorada de la socialdemocracia en España? Cuando lo fue en Europa. Cuando Delors presidía la Comisión Europea, o cuando Mitterrand presidía la República Francesa, o con Felipe González de presidente de Gobierno en España o António Guterres en el Gobierno de Portugal. La suerte de la socialdemocracia como ideología está vinculada a la suerte de Europa como proyecto. Por ello son tan importantes las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo, y por ello el autor del libro escribe: “Les hemos dicho a nuestros socios que, en estos momentos tan difíciles para la UE, España va a estar en la vanguardia del europeísmo”.

Las conocidas vicisitudes sufridas por Pedro Sánchez en el seno del Partido Socialista (“los militantes me apoyaban pero la dirigencia del partido había logrado que me fuera. Me veían como alguien que no pertenecía a su círculo, como a un outsider, alguien ajeno a las élites que tienen todos los partidos, también el mío. Desde el principio tuve esa incómoda sensación de intruso”) parecen corroborar las teorías de Robert Michels sobre la tendencia de los partidos a constituir cerradas oligarquías en sus puestos de dirección y de representación. 

En los prolegómenos de un profundo ciclo electoral en España, que tantas cosas puede cambiar, este libro puede ser el testigo de cargo de la sinceridad de Sánchez sobre la democratización de su partido y de su funcionamiento.


(*) Periodista y ex director de El País




viernes, 6 de julio de 2018

Orden republicano / Ramón Cotarelo *

El acercamiento de las presas políticas catalanas, siendo un acto de justicia inicuamente retrasado y no completo, pues lo justo sería liberarlos y exonerarlos como personas inocentes que son, plantea una situación nueva en Catalunya.

Que no ha lugar a su procesamiento se echa de ver en que, no habiendo habido violencia, no se han dado los delitos que se les imputan. 
 
Pero, aun en el supuesto de que hubiere delito, que la convocatoria y celebración de un referéndum el 1-O de 2017 fuera un delito, sería preciso imputárselo a los convocantes, organizadores y coadyuvantes, esto es, a los dos millones trescientas mil personas que, al votar, consumaron el delito. Dos millones trescientos colaboradores necesarios en el delito. Esa sí que sería una macrocausa.

Ya en serio. La presencia de los presos políticos catalanes en cárceles de Catalunya, vigilados por la Generalitat, genera una situación moralmente muy difícil para el independentismo. Los presos y exiliadas siguen siendo un símbolo y su liberación el requisito de todo diálogo. 
 
Y, al tiempo, se da la necesidad de gestionar los asuntos corrientes. El gobierno central quiere ver la situación como "normal"; pero el independentismo no puede aceptar como normal el encarcelamiento de sus dirigentes. 
 
Por eso se dan dos formas de entender la situación. Una de ellas requiere proceder sin más en la vía unilateral. Tal cosa supone hacer efectiva la Repúblicana Catalana ya y nada mejor para ejercer la soberanía que liberar a los presos políticos. Crisis, conflicto y casi segura aplicación de un renovado y más duro artículo 155 con previsibles nuevos procesamientos, encarcelamientos y, quizá, exilios.

La otra vía, que se hizo oír ayer pide contener la reacción popular a la llegada de las presas y ajustarse a las orientaciones de la ANC y Ómnium. Contención, pues, a los CDRs. ¿Con vistas a qué? A no obstaculizar el esperado encuentro entre los presidentes Sánchez y Torra en el que, según la vicepresidenta Calvo, habrá un diálogo sin cortapisas. Algo es algo. 
 
Por supuesto, se admitirá que el MHP Torra hable de autodeterminación y se adelanta que se rechazará la idea, el concepto y la práctica. Además se hablará de los otros 45 famosos puntos de Puigdemont a Rajoy hace tres años. Y hasta es posible que se sienten las bases para futuras negociaciones, en aspiración de Elsa Artadi.

Pero lo esencial es que pueda hablarse de todo. Ya solo con eso, los bonachones del independentismo, PDeCat y ERC, votan a favor de la renovación del consejo de RTVE propuesta por PSOE/Podemos. Se puede hablar de autodeterminación. Sin duda, un avance. Pero no he leído ni oído en parte alguna que también vaya a hablarse de los presos políticos. Los/las presas/os exiliados políticos son el auténtico obstáculo a toda normalización y no las especulaciones sobre el derecho de autodeterminación.

El nacionalismo español confía en mitigar la reivindicación independentista comprometiendo los 45 puntos y una reforma constitucional. Mitigarla al extremo de encontrar una especie de independencia económica de hecho dentro de una monarquía española renovada. Pero eso tiene mucho de ilusión. El carácter republicano del independentismo es incompatible con la monarquía. 
 
Por lo demás, ese movimiento independentista no se desmigajará con ofertas de políticas públicas en especial financieras. Y, si la CUP acepta que se tiente el terreno dialogante y negociador, es a cambio de que, paralelamente, el movimiento independentista siga su curso unilateral, aunque amortiguado.

Ayer mismo, el Parlament votó reactivar los objetivos políticos del procés. Votaron en bloque JxCat, ERC y CUP. Es una moción que reitera la validez de la declaración del 9N de 2015, por la que "el Parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República." Ni que decir tiene, esta resolución fue anulada fulminantemente por unanimidad por el Tribunal Constitucional. No es seguro que el gobierno de Sánchez pueda digerir este acto de descarada desobediencia al alto tribunal. 

Además de pedir al Govern que ponga en marcha la declaración independentista, el Parlament se apresta a reactivar un manojo de leyes suspendidas por el mismo TC. En este punto de la declaración de ayer, la mayoría independentista aumenta con los votos de los Comunes, partidarios de la medida de aplicar la legislación. Ese es el bagaje con el que el presidente de la Generalitat se apresta a dialogar con el de España. Y la cuestión de las personas presas por razones políticas debe tratarse. 

Los dos modos de entender la iniciativa catalana, la más radical y la más contemporizadora, acaban siempre coincidiendo en un punto: la República se consolidará desobedeciendo.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

martes, 3 de julio de 2018

El gran fiasco del AVE / Editorial de 'El País'

El Tribunal Europeo de Cuentas ha difundido un informe desolador sobre la red ferroviaria de Alta Velocidad en Europa (AVE) que no extrañará a nadie que haya seguido el proceso de aprobación y construcción de las líneas en España. 

El informe viene a definir el AVE europeo como un gran fiasco con razones poderosas: sobrecostes descomunales tanto en la proyección como en la construcción, fracaso en el objetivo de captar clientes e incapacidad absoluta para conectar la alta velocidad con otros medios de transporte, como el aéreo. 

En España el sobrecoste de la línea Madrid-Barcelona llega al 38,5%, pero en el resto de los trazados examinados supera el 30%, aunque la palma se la lleva la línea Sttutgart-Múnich, donde llega al 622%. En Europa, el AVE es un conjunto sin coordinación entre los países, con sistemas aislados y deficitarios.

No hay más que examinar el caso de España para entender el fracaso del AVE. La Alta Velocidad no ha vertebrado la estructura integral del transporte porque las líneas se han considerado como premio político o prenda de intercambio antes que un servicio justificado por el volumen de pasajeros o el coste-beneficio de los tramos. 

Las líneas deficitarias revelan una grave negligencia política. No es aceptable que después de recibir 14.000 millones de fondos comunitarios para el AVE, la línea Madrid- Barcelona ni siquiera conecte con los aeropuertos de ambas ciudades ni sea capaz de unirse al espacio europeo a través de Francia.

El informe debe servir al menos de experiencia. La red de ferrocarriles tiene que estructurarse de forma orgánica, teniendo en cuenta el coste-beneficio de los tramos, reformando las líneas tradicionales e integrando todos los transportes. El AVE, con un coste histórico de 25 millones por kilómetro, en pocas ocasiones es la mejor opción. La cuestión ahora es si los responsables públicos actuarán en consecuencia y aplicarán políticas más sensatas.


miércoles, 2 de mayo de 2018

Vamos a contar verdades, Mariano / Antón Losada *

Tenemos tan interiorizado que la política es el discurso de los políticos y que sus problemas también son los nuestros que, inquietos como andábamos por saber si Mariano Rajoy acababa la legislatura, ocupados como estábamos en cuantificar las ganancias del PNV, o entretenidos como nos tenían con las hazañas presupuestarias de C's, tal vez se nos haya pasado destacar la noticia que realmente afecta  a nuestras vidas en el acuerdo presupuestario que permitirá actualizar las pensiones con el IPC en 2018 y 2019, retrasando a 2023 la entrada en vigor del factor de estabilidad que nos va a castigar a todos por vivir más. La noticia es que, por primera vez en años, el gobierno ha dicho la verdad en materia de pensiones: había dinero y tampoco era tan difícil encontrarlo.

Un país que tiene su gasto público por debajo del 40% del PIB no puede decir en serio que no tiene dinero para subir las pensiones. Un país donde los grandes poseedores de la riqueza y los beneficios son tratados como turistas fiscales tampoco puede sostener en serio que no sabe de dónde sacarlo. Pero pese a tales evidencias, ahí estábamos, instalados en la ficción de que gastamos como los franceses y recaudamos como los suecos Ahora que ya sabemos que se pueden subir los impuestos y el gasto cuando hace falta sin que se suenen las trompetas del apocalipsis, a lo mejor podemos empezar a hablar en serio de pensiones y bienestar.

Ahora que hemos iniciado esta senda de sinceridad, lejos de reprocharle al gobierno que ayer nos amenazase con el Armagedón fiscal si se subían las pensiones y hoy nos cuente que subirlas va a ser un paseo por el parque, deberíamos animarlo a que persevere y abrace el buen camino de la verdad, por su bien y por el nuestro. Vamos a contra verdades, Mariano, que es bueno para el alma y para el cuerpo.

Ya que ahora sabemos que hay dinero, que basta con transferir menos recursos públicos a piratas de lo público como los concesionarios de las autopistas rescatadas, o con subir los impuestos a las grandes corporaciones que tributan por debajo de 10%, también podrían reconocer que podían haberlo hecho antes, que no era necesario ni inevitable comerse la hucha de las pensiones; que lo hicieron para meternos el miedo en el cuerpo y para convencernos de que el sistema público estaba al borde del colapso.

Ahora que ya sabemos que hay dinero y dónde encontrarlo, el gobierno podría también reconocer que esas predicciones apocalípticas de un futuro con millones de pensionistas sostenidos por un puñado de trabajadores también resultan un tanto exageradas y tienen como única utilidad asustar al personal para que corra a darle negocio a los bancos. Son predicciones tramposas basadas, por ejemplo, en la concurrencia de variables como que la natalidad no va a mejorar, no van a venir migrantes y nuestros jóvenes se van a seguir marchando.

Ya que estamos en plan de contar verdades, el gobierno también podía aprovechar para reconocer que esas proyecciones que disparan el gasto en pensiones por encima del 15%, responden a una sobredosis letal de ideología y PowerPoint. Tampoco estaría mal que, a la hora de tomar decisiones de futuro, dejáramos de ignorar sistemáticamente que, a partir del temido año 2050 donde casualmente acaban todas las predicciones catastróficas, el número de nuevos pensionistas caerá año tras año mientras que la productividad no dejará de crecer, también, año tras año.


(*) Columnista


domingo, 29 de abril de 2018

El silencio real y el corporativismo judicial / José Antich *

Desde que se supo el jueves la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y la condena contra los cinco integrantes del grupo la Manada por abuso sexual y no por violación, la reacción de la opinión pública española ha superado al Gobierno y a las instituciones. 

Más de 1,2 millones de personas han firmado en dos días una petición en Change.org dirigida al Tribunal Supremo para reclamar la inhabilitación de los tres magistrados que emitieron la sentencia. Las calles de todas las capitales han sido ocupadas por manifestantes indignados y, de nuevo, se ha puesto de manifiesto la desconexión entre la gente y sus políticos, los ciudadanos y sus instituciones.

Frente a ello, el Gobierno ha balbuceado iniciativas legislativas y poca cosa más. El Tribunal Supremo ha protegido a los jueces de Pamplona y su presidente, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha exigido respeto a los políticos y ha señalado que las críticas pueden comprometer gravemente el sistema y la confianza en la justicia. 

Y la Asociación de Fiscales ha considerado desproporcionada la respuesta de los ciudadanos contra los magistrados. Puro corporativismo. Nada nuevo, pero un ejemplo más de que la justicia tiene un largo trayecto por delante y no puede permanecer tan alejada de la realidad.

La sentencia ha sido una aberración y mirar de proteger a los que la han escrito tan solo hace que devolver la justicia española a un pasado que lamentablemente cada vez parece menos pasado. A los componentes de la Manada no se les ha hecho justicia, se les ha perdonado la gravedad de sus hechos.

Y se han equivocado los jueces con su corporativismo, el Gobierno con sus inseguridades y la jefatura del Estado con su silencio. Los que hoy sostienen que deben callar son los mismos que le empujaron a hablar el pasado mes de octubre tras el referéndum en Catalunya. 

Debe ser que es más fácil salir en defensa de la represión policial que se produjo el 1 de octubre que en defensa de una joven desprotegida violada por un grupo de energúmenos. El problema es que una vez entras en el camino de las declaraciones, cuando callas también hablas. Aunque la corte no te lo diga.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia