MADRID.- Las mujeres lesbianas y las que no tienen pareja acceden ya a tratamientos de reproducción asistida a través de la sanidad pública en la mayoría de las comunidades autónomas,
a pesar de que esta prestación no está incluida en la Cartera de
Servicios Básicos tal y como decidió el Gobierno del PP en 2013.
La medida que aprueba hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez beneficiaría sobre todo a aquellas residentes en las comunidades de Murcia y Asturias, únicas regiones que hasta la fecha no facilitan tratamientos de fertilidad a estas mujeres.
Andalucía
fue la comunidad pionera en ponerlo en marcha en el Hospital Virgen de
las Nieves de Granada, en 1990, y dispone de este tratamiento en todos
sus hospitales públicos desde 2006, a pesar de la decisión del Ejecutivo
de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad.
La Comunidad de Madrid, gobernada por el
PP, garantiza estos tratamientos independientemente de la condición
sexual y estado civil, al igual que Cataluña, La Rioja, Castilla y León,
Aragón, Galicia y Cantabria.
Navarra
tiene incluido en el sistema sanitario público los tratamientos desde
2017, a través de una orden foral que garantiza que cualquier persona
pueda acceder a ellos "sin discriminación alguna por sus preferencias
personales, orientación social o a su nivel de renta, sin necesidad de
acreditar la existencia de indicación terapéutica reconocida".
También en Castilla-La Mancha está asegurado el acceso gratuito a técnicas de reproducción asistida dentro
de la sanidad pública a todas las mujeres, con independencia de su
orientación sexual, su estado clínico -sean fértiles o no- y su
situación afectiva -estén solas o con pareja- desde el 1 de enero de
2017.
Por su parte, el Gobierno
vasco decidió en 2013 no excluir a estas mujeres por una cuestión de
"ética" y por entender que hoy en día "está claramente aceptada la
diversidad de las familias".
Extremadura
tampoco suspendió en 2013 los tratamientos, una decisión que adoptó el
entonces presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio
Monago, que se desmarcó así de la política de su propio partido, y que
ha continuado el socialista Guillermo Fernández Vara.
Igualmente, en "Canarias nunca dejó de ofrecer esa prestación", tal y como ha confirmado el Servicio Canario de la Salud.
La
actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón,
decidió en 2015, cuando era consejera del ramo en la Comunidad
Valenciana, devolver el derecho a las lesbianas y mujeres sin pareja a
acceder a las técnicas de reproducción asistida.
Además,
el Gobierno valenciano aprobó el pasado 8 de junio el proyecto de ley
LGTBI que, entre otros aspectos, garantiza el acceso a los tratamientos
de fertilidad a todas las personas con capacidad gestante o sus parejas
en condiciones de igualdad.
En
la presente legislatura autonómica, que comenzó en el verano de 2015, el
Govern de izquierdas de Baleares dejó sin efecto en la práctica la
restricción estatal de los tratamientos.
Por
el contrario, en Asturias esta prestación no está incluida en la
cartera básica aunque el Gobierno regional estaba preparando un decreto
para garantizar el acceso de todas las mujeres en condiciones de
igualdad en una cartera complementaria.
Tampoco Murcia presta
en la actualidad este servicio, aunque desde la Consejería de Sanidad
han asegurado que cumplirán siempre si se decide incorporar esta opción a
la cartera básica de servicios del Servicio Murciano de Salud.
Desde el Gobierno de esta región señalan que está en marcha un proyecto para que el hospital Virgen de la Arrixaca
cuente con su propio laboratorio de fecundación público, ya que
actualmente no puede desarrollar todos los procesos de fecundación al no
contar con banco de gametos, que es lo que imposibilita hoy por hoy la
atención a mujeres lesbianas y solteras.
Ceuta y Melilla, ciudades autónomas que no tienen trasferidas las competencias sanitarias, tampoco ofrecen esta prestación.
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