El calvario catalán pasa por una cárcel de Alemania / Ramón Vilaró *

La ce­le­ridad de los acon­te­ci­mientos en Cataluña su­ponen un ver­da­dero cal­vario con vistas a la de­sig­na­ción y, se su­pone, apro­ba­ción de un nuevo can­di­dato a la pre­si­dencia de la Generalitat, tras el en­car­ce­la­miento pre­ven­tivo del úl­timo as­pi­rante, Jordi Turull, además de otros cinco dipu­tados todos ellos acu­sados de graves de­litos por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. 

Situación que se complica, además, con las eurordenes de detención contra el ex presidente Carles Puigdemont -arrestado en Alemania- y otros seis ex miembros del último gobierno catalán, residentes en Bélgica, Reino Unido y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, actualmente en Suiza.

Sin embargo, dadas las reacciones de protesta en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, incluidos cortes de varias carreteras y autopistas, colocan a la clase política catalana ante la ineludible necesidad de buscar un nuevo candidato a la presidencia y formación de Gobierno. Todo ello ante un panorama que puede conllevar sorpresas, tanto con la propuesta del candidato, como la amplitud de su aceptación.

El primer interrogante es si quedará neutralizada la influencia de Puigdemont para la propuesta de algún nuevo líder de Junts per Catalunya, el partido presidencialista que con 35 escaños supera en uno a ERC, con vistas a formar una mayoría en la que necesitan un apoyo de la CUP -que probablemente ahora llegará- sin excluir, incluso, una abstención de Junts per Catalunya, que se alinea con los partidos pro independentistas en su lucha común por la defensa de las libertades democráticas.

Vuelve a sonar el nombre de Esla Artadi -la artífice de la campaña de Puigdemont en las elecciones de pasado 20 de diciembre- pero también del periodista y diputado Eduard Pujol. Pero tampoco sorprendería la aparición en la lista de presidenciables de Sergí Sabrià, de ERC, que es quien toma las riendas del partido en el Parlament de Catalunya, tras la huida de Marta Rovira a Suiza. Todas las quinielas están abiertas con una única seguridad: no será nadie que esté en la lista de investigados por el juez Llarena.

El remolino que está produciendo la situación en Cataluña tiene, también, un contexto cada vez más europeo. Y no sólo por las eurordenes y la cohesión entre los 27 estados de la unión de apoyo al gobierno del presidente Mariano Rajoy. La adquiere porque el asunto acabará, tarde o temprano, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y, en política interior, la compleja situación en Cataluña condiciona la aprobación de los próximos presupuestos generales. Aunque el PNV tenga ya pactado su cupo para los próximos años y ello le predisponga a votar a favor, es difícil que pueda hacerlo de acuerdo con sus bases electorales más simpatizantes de un diálogo político, y no sólo judicial, en relación a Cataluña.

“Necesitamos unidad e inteligencia colectiva para una salida política y no judicial”, dijo Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya, al iniciar esta semana de calvario catalán donde muchos esperan la resurrección.

(*) Periodista

https://www.capitalmadrid.com/2018/3/26/49112/el-calvario-catalan-pasa-por-una-carcel-de-alemania.html 

 

Los tiempos cuentan / Ramón Cotarelo *

La detención de Puigdemont en Alemania y su prolongación preventiva es un golpe al independentismo. Tanto que llevaba a El País ayer a titular en su muy combativo estilo: La caída de Puigdemont liquida la farsa del Gobierno en el exilio. 

 

 "Caída", "farsa", vocabulario de guerra. Efectivamente, sobre Puigdemont sobrevolaba un halo gaullista de legitimidad republicana que ahora queda muy reducido en su radiación. Detención preventiva en Alemania e inhabilitación probable en España, no parece la posición más favorable para defender la República mundo adelante. 

Ocurre lo mismo con los otros líderes independentistas encarcelados. Se quiera o no, están muy limitados en su capacidad de decisión por evidentes problemas de información y comunicación. Sin duda su importancia es inmensa por lo simbólico; pero la necesidad de la eficacia del gobierno se aplica a toda la acción política de la dirección. 

 

En otras palabras, el sector político del movimiento tiene que recomponer los órganos directivos. Sería un disparate paralizar la acción exterior independentista por la detención de Puigdemont. Igual que se pide eficacia en la acción de gobierno. Ni el exterior ni el interior pueden quedar desatendidos por problemas de funcionamiento interno de las organizaciones. Estas harán bien en seguir el ejemplo de las organizaciones sociales, de elegir nuevas direcciones y ponerse en estado operativo cuanto antes.

Últimamente se ha apuntado una posibilidad de ampliación de la base demográfica del independentismo sumando quizá a los Comuns y hasta se ha llegado a insinuar (tímidamente) que a lo mejor el PSC considerara la posibilidad de... Innecesario demostrar lo contrario. Los Comuns ya han anunciado que jamás de los jamases se aliarán con los señoritos del PDeCat porque todavía hay clases. Guerra social frente a guerra nacional. Lo del PSC ya ni se considera, igual que Iceta no cree necesario mirar a la cara a los familiares de los presos políticos catalanes.

Como la ampliación de la base demográfica es una ilusión y el horizonte de unas elecciones a dos meses vista no pinta nada mal a título de ruptura, ¿por qué no convertirla en el enésimo y, a ser posible, definitivo referéndum? Bastará con que todos los partidos independentistas vayan en una lista de país con lo que todos sus votos serán votos "sí". Todos los votos que no sean nulos o en blanco se computarán como votos "no"; los nulos, en blanco y abstenciones no se computarán. El resultado es dicotómico y por tanto de referéndum. Es una humilde opinión, sometida a mejor juicio.

Lista de país. En las elecciones de 21 de diciembre no la hubo. Hay quien considera que el resultado entonces fue bueno; otros, que malo. Pero aquí estamos ahora hablando de elecciones de nuevo. Porque, entiendo, cuando se propone a Carles Puigdemont president es porque no se da un ochavo por el marco estatutario y se funciona en un horizonte de elecciones  convocadas en menos de dos meses. 

 

Siendo esto así, ¿por qué no dar una oportunidad a la lista de país? Podría ir encabezada por Puigdemont y resto de dirigentes privados de libertad y tendría una muy probable función superaditiva en relación con las listas por separado. Los resultados apuntarían a un mandato de Puigdemont y otros dirigentes. Que se pueda materializar, dependerá de circunstancias políticas y diplomáticas de muy diferente carácter. Pero el margen de actuación habrá mejorado notablemente.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La propuesta de C's para eliminar la precariedad es un ataque a la clase trabajadora / Vicenç Navarro *

Ciudadanos es un partido que ha pasado a gozar de una gran visibilidad mediática a partir de su rápido crecimiento no solo en Catalunya, sino también en el resto de España, como consecuencia de su clara hostilidad hacia los partidos secesionistas catalanes liderados por el PDeCAT, del cual el ex presidente Puigdemont es su máxima autoridad. 

La máxima tensión se presenta en los medios en la confrontación entre Ciudadanos, por un lado, gran defensor de la unidad de la Patria Española, y el PDeCAT, que hegemoniza el bloque secesionista, por el otro. Este supuesto conflicto entre banderas (la estelada por un lado, y la borbónica por el otro) oculta, sin embargo, un hecho que apenas ha sido noticia: en materia de políticas económicas ambos partidos aplican recetas casi idénticas. 

Ciudadanos y el PDeCAT pertenecen a la misma familia política, la familia europea liberal. Es, pues, lógico y predecible que, como hace cualquier partido liberal, Ciudadanos (y también el PDeCAT) hayan estado aplicando las mismas políticas económicas y sociales favorables al mundo empresarial que caracterizan a esta tradición política. 

En realidad, todos los partidos liberales existentes en Europa fueron establecidos y/o apoyados por el mundo empresarial a fin de defender sus intereses. Y Ciudadanos es un claro ejemplo de ello. Tal partido fue promocionado por la estructura de poder financiero, económico y político español como respuesta al surgimiento de Podemos y sus confluencias, surgimiento que por el carácter contestatario de tales partidos alarmó al poder empresarial del país. 

Como bien dijo uno de los mayores banqueros del país, el Sr. Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, era necesario crear “una especie de Podemos de derechas”. Y así fue como se impulsó a Ciudadanos, que predeciblemente ha contado con un enorme apoyo y visibilidad mediática, resultado de la enorme (y antidemocrática) influencia del mundo empresarial (y muy en particular del mundo financiero) sobre los mayores medios de información y persuasión del país.

Al principio de su existencia, Ciudadanos tuvo un escaso atractivo electoral. Su apoyo en las urnas, sin embargo, ha aumentado enormemente como consecuencia del crecimiento del movimiento secesionista en Catalunya que ha generado, como respuesta, la movilización del nacionalismo españolista, y con ello el crecimiento electoral de este partido, el cual se definió, desde el principio, como máximo valedor de este tipo de nacionalismo centralista, uninacional y opuesto a la diversidad nacional del Estado español. 

En Catalunya, barrios obreros que votan a En Comú Podem en las elecciones legislativas a las Cortes Españolas, votan a Ciudadanos en las elecciones autonómicas como protesta frente al bloque independentista, que controla los aparatos de la Generalitat y sus medios, dirigido por PDeCAT (ver mi artículo “Por qué la clase trabajadora catalana cambia de voto en las elecciones españolas y catalanas”, Público, 19.01.18).

El cambio de imagen de Ciudadanos

A fin de atraer el apoyo de los barrios obreros, además de utilizar su nacionalismo uninacional centralista, Ciudadanos está utilizando un lenguaje y una narrativa casi “obrerista”. En realidad es uno de los poquísimos partidos españoles que explícitamente habla y utiliza el término “clase trabajadora”. 

Su lenguaje, para referirse a sus deseadas bases electorales, incluye siempre el término de clase trabajadora, presentándose como el defensor de los intereses de los grupos más vulnerables de estas clases. El reciente discurso de Inés Arrimadas en el Parlament de Catalunya ejemplifica este énfasis en temas sociales, rodeado de una narrativa obrerista.

De ahí que haya introducido una propuesta de ley en las Cortes Españolas (la Ley en contra de la precariedad) que se presenta como la solución a unos de los mayores problemas que tiene la clase trabajadora hoy en España: la precariedad. Su intención es nada menos que eliminar los contratos temporales y sustituirlos por contratos fijos. 

Según dicha propuesta, todos los contratos pasarían a ser contratos indefinidos, aumentando así la protección de los trabajadores, ya que la indemnización por despido pasaría en su propuesta de 12 a 20 días por año trabajado. Es decir, que cuando el empresario despidiera a un trabajador que tiene ahora un contrato temporal, tendría que pagarle (si tal ley se aprobara en las Cortes) el dinero equivalente a 20 días por año trabajado en lugar de 12 días, como ahora. 

Si este trabajador fuera ahora un trabajador temporal, ganaría con tal propuesta ocho (20-12) días por año trabajado, lo cual, además de favorecer al trabajador temporal, frenaría que el empresario lo despidiera, pues le sería más caro hacerlo que ahora. Hasta aquí lo que Ciudadanos dice proponer.

A primera vista, por lo tanto, tal propuesta parece una medida que favorecerá a los trabajadores temporales, que tienen este tipo de contratos porque no pueden encontrar trabajos fijos. Podría, pues, ser un paso adelante, aunque no resolvería el problema de la precariedad, pues la propuesta no aborda otras causas y consecuencias de esta precariedad.

Lo que Ciudadanos no cita en la promoción de su ley

Lo que no se cita sobre tal propuesta de Ciudadanos es que esta tiene que ver no solo con los ahora definidos como contratos temporales, sino también con los contratos ahora definidos como fijos. Y para estos últimos contratos la propuesta es que cobren como indemnización los mismos días que recibirían los contratos temporales, es decir, 20 días por año trabajado. 

Y ello significa que dicha propuesta tiene dos enormes regalos a los empresarios: uno es que en lugar de tener que pagar 33 días cuando despiden a un trabajador fijo, como tienen que hacer ahora, tendrían que pagarle solo 20 días por año cuando la ley se aprobara; y el otro gran regalo es que la propuesta de ley hace mucho más fácil, en comparación con ahora, que el empresario despida a un trabajador fijo. 

Es suficiente que el empresario considere que el puesto de trabajo no es necesario, o que debe modificarse, o que duplica el trabajo de otro trabajador, o “lo que fuera” para que él despida al trabajador. En otras palabras, el empresario puede alegar cualquier motivo (cambiar su estrategia empresarial, su actividad, su oferta de productos y/o servicios, su adquisición de nuevas tecnologías, su cambio de clientes, o del mercado, etc., etc.) para despedir al trabajador. 

Lean la ley y lo verán: “Se considerará que la amortización estará justificada cuando las funciones desempeñadas por el puesto de trabajo no respondan a una necesidad de trabajo de carácter estructural y permanente dentro de la actividad normal de la empresa. En todo caso, se entenderá que no responden a dicha necesidad los puestos de trabajo cuyas funciones hubiesen devenido innecesarias o redundantes con las que estos puestos de trabajo […] o como resultado de cambios en el objeto social de la empresa o en su estrategia empresarial, en su estructura organizativa, en su actividad, en su oferta de productos o servicios o en la composición de su cartera de clientes o proveedores, o a resultas de la aplicación de una innovación tecnológica o de alternaciones significativas del mercado”.

Tal ley afectaría también a los “trabajadores públicos de las administraciones y de empresas públicas”. Como bien ha indicado Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO, la propuesta de Ciudadanos “es una barbaridad [ya que] supone introducir en nuestra legislación el despido libre sin causa”. Es lo que la gran patronal ha deseado siempre: el máximo de flexibilidad para poder despedir al trabajador cuando quiera. Así de claro.

Cómo incentiva Ciudadanos a los empresarios para que no despidan

Como también se hizo con las reformas laborales del gobierno PSOE y del gobierno PP, estas medidas se presentan como necesarias para flexibilizar el mercado laboral, siendo, en realidad, la causa mayor de su enorme deterioro. Una de las primeras medidas que Ciudadanos hizo cuando apareció en las Cortes Españolas fue apoyar tales reformas laborales, que han hecho un daño enorme al bienestar y calidad de vida de la clase trabajadora. Tales reformas favorecieron enormemente al mundo empresarial, traduciéndose en un enorme crecimiento de sus rentas a costa de un gran descenso de las rentas del trabajo. Las rentas del capital nunca habían alcanzado unos niveles tan altos y las rentas del trabajo unos niveles tan bajos como ha ocurrido durante estos años de supuesta crisis (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama 2015).

La agresiva y hostil avalancha empresarial que ya ocurrió con las reformas laborales de Zapatero y Rajoy alcanzaría su zénit con la aprobación de tal ley, pues destruiría la escasa estabilidad laboral existente en el mercado laboral, el más deteriorado de la UE-28 (ver mi artículo “España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo”, Público, 22.02.18). Ciudadanos es consciente de ello, pues adelanta una posible solución al problema creado por tal ley. Frente al enorme crecimiento de la inseguridad e inestabilidad laboral que su propuesta acarrearía, Ciudadanos propone premiar (dándoles dinero) a las empresas que no despidan. Aquellas que hicieran escasa rotación en su fuerza laboral recibirían ayudas y subsidios del Estado. Esta vía de corregir el desastre que crearían es reflejo de su intento de mantener siempre buenas relaciones con la patronal. Como bien dice Nacho Álvarez, asesor económico de Podemos, frente al “bonus” que ofrece Ciudadanos, debería hacerse un “malus”, mediante la penalización fiscal por excesiva rotación.

Lo que está claro es que la ley propuesta por Ciudadanos acentuaría todavía más el deterioro del mercado de trabajo y empeoraría la precariedad y los bajos salarios, pues precarizaría los contratos fijos, además de no abordar un gran número de otras causas de la precariedad, como es el establecimiento de falsos autónomos, con millones de trabajadores que han dejado de estar cubiertos por el Estatuto de los trabajadores y las regulaciones laborales al pasar a ser considerados como autónomos, siendo entonces el derecho mercantil, en lugar del laboral, el que cubre su trabajo, con la desaparición de derecho que ello implica. A todo ello Ciudadanos no dice ni pío, ya que favorece el surgimiento de este cambio.

Por qué continúa creciendo Ciudadanos

Una de las mayores causas del crecimiento de Ciudadanos es el enorme desprestigio del Partido Popular (causado en gran parte por su sistemática corrupción), así como el nacionalismo españolista, radial y de carácter monárquico borbónico (que se opone a muerte a cualquier visión alternativa de una España plurinacional, policéntrica y republicana), de los naranjas, esencial para continuar el maridaje entre poder económico y financiero por un lado, y poder político-mediático por el otro, y que ha crecido espectacularmente como consecuencia del crecimiento del secesionismo en Catalunya.  

Ello explica que la clase trabajadora catalana –de habla castellana en su mayoría- vote a Ciudadanos como protesta hacia el independentismo, voto que va claramente en  contra de sus intereses de clase, pues la aplicación de tales políticas liberales está teniendo unas consecuencias muy negativas sobre la calidad de vida y el bienestar de tal clase  que la ley propuesta sobre la precariedad acentuaría. Nunca antes se había visto más claramente la utilización de la bandera borbónica española para defender los intereses de los grupos empresariales que apoyan a Ciudadanos.

(*) Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/03/26/la-propuesta-de-cs-para-eliminar-la-precariedad-es-un-ataque-a-la-clase-trabajadora/ 

Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *

El pacto PP-Cs sobre los Presupuestos que apro­bará este martes el Consejo de Ministros ex­tra­or­di­nario de Semana Santa, aunque con la in­cóg­nita de si se su­mará el PNV, aca­para bas­tantes ti­tu­lares por los datos co­no­cidos de subida de pen­siones mí­nimas y re­duc­ción del IRPF a sa­la­rios ba­jos, lo que re­sume Vozpopuli en la in­for­ma­ción de Teresa Lázaro: 'Los Presupuestos de 2018 con­sa­gran el fin de la aus­te­ridad y la vuelta al gas­to'. Pero coin­cide con datos del INE sobre au­mento de la pro­duc­ción in­dus­trial, del BdE sobre subida del su­pe­rávit por cuenta co­rriente y de Empleo sobre re­duc­ción del gasto en pen­sio­nes, pre­ci­sa­mente. 

Las por­ta­das, sin em­bargo, si­guen con­cen­tradas en Cataluña, con va­rias ver­tien­tes: Puigdemont sigue en la cárcel ale­mana hasta que se re­suelva su ex­tra­di­ción, algo que según Handelsblatt puede llegar a su Tribunal Constitucional, dentro de una di­ver­sidad de opi­niones en torno a la vio­lencia o no del 'procés'; el so­be­ra­nismo se re­vuelve in­quieto, in­cré­dulo, ai­rado, frus­trado y/o im­po­tente y se con­voca para mañana otro Pleno de in­ves­ti­dura, real, te­le­má­tica o sim­bó­lica, pero con over­bo­king de can­di­da­tos, desde Puigdemont a Sànchez, Turull, Artadi y al­guno más; y el de­te­rioro por mi­nutos de la con­vi­ven­cia, como para in­clinar la ba­lanza sobre el de­bate de la vio­len­cia, con ame­nazas con­cretas de los ra­di­cales y un clima que lleva a Miquel Giménez a ti­tular así su alar­mante o alar­mista co­lumna en Vozpopuli: ‘En Cataluña ya es­tamos en guerra ci­vil’. 

También la aper­tura en El Español: 'Tenemos armas y co­no­cemos a tu fa­mi­lia': crecen las ame­nazas a cons­ti­tu­cio­na­lis­tas: la es­ca­lada vio­lenta en Cataluña ha pro­vo­cado que Interior re­doble la se­gu­ridad a cargos que re­ciben in­ti­mi­da­ciones (Ana I. Gracia y María Peral). Y edi­to­rial en el mismo me­dio: 'Riesgo de 'kale bo­rroka' en Cataluña'. 

OTROS TITULARES DESTACADOS. El Confidencial: Guindos quiere con­trolar desde Fráncfort la su­ce­sión de Linde en el Banco de España: Rosa Sánchez-Yebra, su can­di­data pre­fe­rida (Eduardo Segovia). Cinco Días: El nú­mero de be­ne­fi­cia­rios del nuevo bono so­cial de la luz se hunde. Otro ti­tu­lar: Los in­gresos pú­blicos crecen el 4,6% y el gasto se mo­dera al 1%. 

El País: El FMI re­clama ac­tivar un pre­su­puesto an­ti­crisis en la UE de 40.000 mi­llo­nes: Lagarde quiere crear un ins­tru­mento in­versor eu­ropeo por si hay que hacer frente a una crisis en uno de los Estados miembro (Claudi Pérez). Vozpopuli: Sareb es­tudia tro­cear el me­ga­con­trato de 24.000 mi­llones de Haya Real Estate (Jorge Zuloaga). ABC: Mediobanca busca so­cios que en­tren con Edizione en Cellnex (María Jesús Pérez). 

Expansión: Inditex, Amadeus y Acerinox li­deran el salto ex­te­rior: un tercio de los grupos del Ibex tiene más del 80% de su ne­gocio fuera de España. Otro ti­tu­lar: Duro Felguera: di­mi­sión en bloque de casi la mitad del con­se­jo... 

...Capital Madrid: La lle­gada de Piqué a Alantra hace tem­blar al in­versor cauto: el ex po­lí­tico está bajo la lupa de los ana­listas que dudan de su ca­pa­cidad de ges­tión, y las ac­ciones caen más de un 5% desde má­ximos arras­tradas por la di­ná­mica ba­jista (Héctor Chamizo). Otro ti­tu­lar: Indra na­vega contra marea ig­no­rada por ana­lis­tas, ope­ra­dores e in­ver­so­res, y Abril Martorell pierde la con­fianza de so­cios y ac­cio­nistas tras una débil re­cu­pe­ra­ción, con sólo cinco de los 20 ana­listas del con­senso apues­tando por una me­jora del valor (J. Muñoz). 

La Información.com: Indra y Prisa se­llan la paz en su con­flicto ju­di­cial y firman un nuevo me­ga­con­trato de 47 mi­llones (Cristina G. Bolinches). El Economista: El Supremo acusa a los mú­sicos de co­brar 'tarifas abu­si­vas' a las te­les: avala la de­ci­sión de CNMC de multar a las en­ti­dades de ges­tión por las tasas (Á. Semprún y J. Romera). El Mundo: 200 ve­cinos de La Línea im­piden que la Policía de­tenga a un narco (Teresa López-Pavón y Ana María Ortiz). 

EN LA PRENSA INTERNACIONAL. Gran éxito de Theresa May al ob­tener el res­paldo de la UE en pleno Brexit para su pre­sión a Putin, con la ex­pul­sión de 130 di­plo­má­ticos rusoS de unos 23 países de la UE, más EEUU, Canadá y otros, en la mayor muestra de re­pulsa co­lec­tiva a un país desde la II Guerra Mundial. Como de cos­tum­bre, el Kremlin dice que re­pli­cará en con­se­cuen­cia, pero ese re­chazo in­ter­na­cional hace pupa. • Paul Ryan, pre­si­dente de la Cámar de Representantes de EEUU y hasta ahora de­fensor de Trump aunque con re­pa­ros, pa­rece que no aguanta más y va a di­mitir en los pró­ximos 60 días, según fuentes del Capitolio 

OPINIÓN. Editorial en El Periódico: ‘Por un Govern efec­tivo: el Parlament debe evitar caer de nuevo en la irres­pon­sable desobe­diencia que tanto daño ha cau­sa­do‘. Albert Sáez en el mismo dia­rio: 'Torrent ne­ce­sita alia­dos: la vía ele­gida por el pre­si­dente del Parlament es la única tran­si­table para el in­de­pen­den­tismo en la si­tua­ción ac­tual'. Javier Ayuso en El País: ‘Junts per Estremera’. Editorial en El Mundo: ‘Roger Torrent debe di­mi­tir‘. 

Jorge de Esteban en el mismo dia­rio: ‘El ‘procés’ y el sín­drome de Malta: cuando nos en­con­tramos en una en­cru­ci­jada his­tó­rica que exige un nuevo pacto na­cional para or­ga­nizar el Estado, los ca­ta­lanes se­pa­ra­tistas y los cons­ti­tu­cio­na­listas tienen que de­tener esta lo­cura me­diante un pacto entre ellos, aunque sea co­yun­tu­ral. Más tarde ya habrá tiempo de ha­cer, a nivel na­cio­nal, lo que se debía haber hecho hace años. Porque las cosas son como son, no como no­so­tros que­remos que sean’. 

Rafa Latorre en el mismo dia­rio: ‘Qué bien lo han en­ten­dido los ale­ma­nes’. Otro edi­to­rial: ‘El ol­vido, una mala de­fensa en el caso ERE’. 

Editorial en ABC: ‘La agonía del ‘procés‘. Editorial en Cinco Días: ‘La pe­li­grosa ten­ta­ción de aflojar la dis­ci­plina fiscal en año elec­to­ral‘. Luis Alcaide en Capital Madrid: Los votos con­di­cionan la so­lu­ción del drama de las pen­sio­nes: ¿es sos­te­nible el sis­tema ac­tual de co­ber­tura de las pen­siones en España?'. Victoria Prego en El Independiente: 'Todo en Cataluña es con­fu­sión, todo salvo el auto de Llarena'. 

Luis María Ansón en El Imparcial: ‘Puigdemont: des­tino, la cár­cel; tiene todo el de­recho a ser se­ce­sio­nista. A lo que no tiene de­recho es a in­tentar la des­cuar­ti­za­ción de España con­cul­cando las le­yes'. David García-Maroto en el mismo me­dio: 'Rajoy se juega el man­dato con la subida de las pen­siones como re­clamo elec­to­ral'. Miguel Blasco en Esdiario: 'Podemos ne­gocia con ERC una trai­ción a España que sería el fin de Pablo Iglesias'. Carlos Dávila en el mismo me­dio: 'La es­tra­tegia del Gobierno para des­qui­ciar aún más a los in­de­pen­den­tis­tas'. 

(*) Periodista


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El PSRM afirma que los problemas de déficit también se deben a la nefasta gestión presupuestaria de la CARM

CARTAGENA.- El diputado regional socialista Ángel Rafael Martínez ha señalado que, aunque es cierto que la Comunidad Autónoma está mal financiada, los problemas de déficit no se deben solo a eso, sino también a que la gestión presupuestaria es nefasta.

"Y ante ello, a nuestro Gobierno regional solo se le ocurre anunciar bajadas de impuestos. Esta actitud es irresponsable y la pagaremos todos los murcianos y murcianas", ha señalado.

Martínez ha recordado que, tal y como denunciaron los socialistas en el debate de los presupuestos de 2017, el déficit de la Región de Murcia ha superado más del doble del objetivo previsto.

"De hecho, nuestra Comunidad Autónoma se ha vuelto a colocar a la cabeza en incumplimiento del objetivo de déficit. La Comunidad Valenciana, tan mal financiada como la nuestra, ha tenido un déficit en relación al PIB de la mitad del murciano", ha añadido.

'Cartagena Sí Se Puede' (CTSSP) rechaza las Normas Transitorias urbanísticas y presenta alegaciones

CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha presentado hoy numerosas alegaciones a las normas urbanísticas transitorias, tramitadas conjuntamente por la CARM y el Ayuntamiento de Cartagena para dar cumplimiento a lo acordado en el seno de la Plataforma por un Nuevo Plan General, espacio que integra a diversos colectivos y asociaciones como la FAVCAC, ADEPA, ADELA, ANSE, OCM, PROCABO, etc.

El grupo municipal de Podemos ha presentado una alegación general, de carácter político-jurídico, donde se objeta el mismo procedimiento de las normas transitorias, se pide paralizar el trámite y dar comienzo de manera inmediata a la elaboración del nuevo Plan General, que es lo que establece el cauce urbanístico ordinario así como las sucesivas sentencias judiciales.

Asimismo, CTSSP ha hecha suyas las alegaciones presentadas por diversos colectivos, y que ponen de manifiesto que las normas transitorias son parte de una chapuza general, el desaguisado urbanístico que con tanta obcecación viene acometiendo el Ayuntamiento y que, a la vista de las numerosas alegaciones presentadas, abarca desde los núcleos rurales del municipio hasta la protección del patrimonio, pasando por el Valle de Escombreras o los barrios como Los Mateos y San Antón.

Como las normas transitorias se hacen con la justificación de que ha cambiado la legislación, hay situaciones excepcionales que deben ser atendidas y hay que proteger determinados intereses, el grupo municipal de Podemos ha presentado una alegación específica en relación al Mar Menor, solicitando que, ya que hay aprobada una Ley de medidas urgentes y hay prevista otra de carácter integral, se garantice una moratoria urbanística en el entorno de la laguna hasta tanto no se elabore el nuevo Plan General. 

Con esta alegación CTSSP pone de manifiesto que se legisla con urgencia únicamente en beneficio de ciertos intereses, pero cuando se trata de proteger el medio ambiente no existe la misma celeridad y premura que se tiene con empresarios y grandes constructores.

El crecimiento de la industria acerca al 20% el peso del sector en la economía regional

MURCIA.- La industria regional experimentó un incremento del 4,9 por ciento durante el último año, un crecimiento que acerca al 20 por ciento el peso de este sector en la economía regional. En concreto, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la industria representa ya el 19,8 del Valor Añadido Bruto regional (VAB), un porcentaje superior al 18,1 por ciento que registra de media la industria española y que se aproxima al objetivo del 21 por ciento marcado por el Gobierno regional para el año 2021.

En conjunto, la economía regional ha experimentado un progresivo incremento que la sitúa, junto con Madrid, como la comunidad autónoma que más ha crecido desde el año 2010. En concreto, la tasa media de crecimiento anual de la Región en los siete últimos años ha sido del 1,5 por ciento, superior al 0,9 por ciento de la media nacional.

Teniendo en cuenta solo el crecimiento del último año, la economía regional se sitúa como la cuarta más dinámica, con un incremento del 3,3 por ciento que la mantiene por encima de la media nacional (3,1 por ciento) y solo por detrás de Aragón (3,6 por ciento), Asturias (3,5 por ciento) y Madrid (3,4 por ciento).

Una de las últimas herramientas diseñadas por el Gobierno regional para avanzar en ese modelo es la Agenda para el Impulso Industrial y Tecnológico, una herramienta que cuenta con cinco ejes estratégicos que se desarrollan a través de 20 líneas, que a su vez se dividen en un conjunto estructurado de 70 actuaciones operativas para planificar la política industrial hasta el año 2021. 

El plan se marca objetivos como elevar el peso de la industria regional hasta el 21 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB); alcanzar las 2.000 empresas innovadoras desde las 1.284 que hay en la actualidad o llegar a las 7.000 pymes industriales.

Esta estrategia se encuentra en fase de elaboración y diseño y ya se ha presentad a diversas asociaciones sectoriales y empresariales. Una de las últimas aportaciones ha sido desde la Fundación Isaac Peral, una alianza público-privada integrada por pymes tecnológicas y algunas de las grandes empresas de la Región. 

Esta entidad celebró la pasada semana tres comités de trabajo en los que se analizaron algunas cuestiones estratégicas para el sector industrial, como el desarrollo de las infraestructuras industriales y la vertebración territorial, las ayudas a inversiones estratégicas y logísticas o el impulso y conservación de áreas industriales, zonas de actividades logísticas y las zonas francas de emprendimiento.

Ciudadanos propone en Cartagena un plan municipal para combatir la ocupación ilegal de viviendas

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha anunciado que defenderá en el próximo Pleno ordinario una moción para combatir con determinación el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal relacionados con las ocupaciones ilegales en el municipio. 

La formación naranja exigirá la puesta en marcha de un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de velar por la seguridad y la convivencia vecinal.

Según ha informado C's, esta Oficina debe contar con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales para coordinar las acciones de vigilancia e instruir los expedientes administrativos que acrediten los hechos contrarios a las ordenanzas en materia de convivencia y de protección ciudadana partiendo de las denuncias en un punto centralizado de atención vecinal contra la usurpación, de manera que sirva como prueba en los procesos judiciales pertinentes.

La propuesta de C's incluye que se refuerce de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la ocupación y que en el plazo máximo de tres meses se inicien los trabajos para la elaboración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las ocupaciones mafiosas de las personas que las realizan por razones de necesidad. Todo ello respetando la normativa sobre protección de datos.

Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, "este Grupo Municipal ha podido comprobar de primera mano que el fenómeno de la ocupación ilegal y violenta está creciendo en Cartagena; el último ejemplo lo estamos viviendo desde hace tiempo en Pozo Estrecho, zonas del centro de Cartagena y en La Palma, donde pudimos hablar con los vecinos que están desesperados y atemorizados". 

"En algunos casos, esta ocupación está promovida por grupos de delincuencia organizada, como intermediarios que tratan de obtener un lucro aprovechándose de la desesperación de muchas familias que carecen de vivienda o que la han perdido en un desahucio, o utilizando el inmueble como base de operaciones para otras actividades criminales, como el tráfico de drogas en los llamados narco-pisos", ha explicado Manuel Padín.

Para la formación naranja, este crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar una vez constatadas y promover un desalojo efectivo y ágil de los inmuebles y, por otro, en una escasez de medios humanos y materiales para detectar estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo.

Manuel Padín asegura que "la falta de respuesta por parte de los poderes públicos genera una sensación de desprotección para los legítimos propietarios como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones, así como de impunidad para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas". 

"Se hace necesario, por tanto, reforzar urgentemente nuestra legislación para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana", ha advertido el portavoz naranja que ha recordado que "se ha registrado una Proposición de Ley (PL) con esta finalidad en el Congreso de los Diputados, cuya admisión a trámite pronto habrá de ser sometida a la toma en consideración de los diferentes Grupos Parlamentarios".

Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados

Entre las medidas recogidas en la PL destacan:

1) Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para legitimar a las Juntas de Propietarios, a través de su Presidente, para instar el desalojo de viviendas ilegalmente ocupadas cuando supongan una perturbación para la convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos.

2) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente se tramiten a través del procedimiento de "juicio rápido", con el fin de minimizar los plazos procesales, y para permitir la inmediata recuperación del inmueble por el legítimo propietario en tanto dure el proceso.

3) La reforma del Código Penal, para elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y violentas de viviendas, y para tipificar como delito específico las ocupaciones ilegales que bien sean promovidas por grupos criminales organizados para obtener un lucro, o bien que sean llevadas a cabo por dichas organizaciones para desarrollar otro tipo de actividades delictivas, como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos.

4) Por otra parte, cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las ocupaciones ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a muchas familias a verse en manos de estas organizaciones criminales, que no es otra que la situación de necesidad de una vivienda cuyos costes no pueden afrontar o de la que se han visto privados tras un desahucio, en la mayor parte de los casos, por circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad tras la reciente crisis económica.

Más de 2.500 desempleados invirtieron su prestación para iniciar una actividad empresarial en 2017

MURCIA.- Un total de 2.536 desempleados de la Región invirtieron en 2017 su prestación por desempleo para iniciar una actividad empresarial como trabajadores autónomos, o bien para incorporarse como socios a una cooperativa o a sociedades laborales, según los datos aportados por el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).

En concreto, 1.820 hombres y 716 mujeres, eligieron esta modalidad de cobro del paro que permite obtener en un solo pago la cantidad de la prestación, que se justifica como inversión necesaria para cubrir los primeros gastos derivados del inicio de un trabajo por cuenta propia como la reforma de un local o la compra de equipos.

También se puede percibir en pagos mensuales para financiar el coste de las cuotas de autónomo a la Seguridad Social. Asimismo, existe una tercera opción, que consiste en cobrar una parte de la prestación por desempleo en un pago único y otra parte en pagos mensuales para el abono de las cuotas sociales.

De esta manera, de los 2.536 murcianos en desempleo que se acogieron a este sistema de cobro del paro el año pasado, 2.210 lo hicieron para establecerse como autónomos, mientras que 175 lo usaron para constituirse en socio de una cooperativa. Este cobro único también permitió a 80 desempleados poner en marcha una sociedad limitada y a 71 montar una sociedad mercantil.

El director general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Alejandro Zamora, señaló que "la Administración nacional y las comunidades autónomas debemos aunar esfuerzos para seguir avanzando en la mejora del emprendimiento con medidas que den protección al autónomo, pero también con formación y orientación para que la actividad que inicien sea sólida y de largo recorrido".

Cualquier desempleado, independientemente de su edad, puede solicitar el pago único de su prestación a través de la página del SEPE, en la oficina de prestaciones, en cualquier oficina de registro público o dirigiéndola por correo administrativo, siempre que se tengan, al menos, tres meses pendientes de cobro de la prestación por desempleo.

La ayuda del SEF

El SEF también ofrece una ayuda adicional a los desempleados que capitalicen la totalidad de su prestación con una subvención para el abono de las cuotas a la Seguridad Social.

Esta ayuda permite a sus beneficiarios sufragar el 50 por ciento de la cuota al régimen correspondiente a la Seguridad Social como trabajador autónomo, calculada sobre la base mínima de cotización, o bien el 100 por cien de las aportaciones que el trabajador haga al régimen de la Seguridad Social en caso de integrarse en cualquier forma de economía social.

Los beneficiarios de esta ayuda la percibirán durante el tiempo que le hubiera correspondido la prestación por desempleo en el caso de no haberla capitalizado. La información sobre los requisitos y formulario para solicitar esta ayuda está disponible en la sección de ayudas y subvenciones de sefcarm.es.

Esta ayuda se suma así al paquete de incentivos que la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa destina a este colectivo como la línea de crédito de hasta 9.900 euros para ayudar a los emprendedores a sufragar sus primeros gastos de actividad empresarial, la cuota cero para jóvenes y desempleados de larga duración, así como formación, orientación y asesoramiento específicos.

Un abono orgánico protegerá más de 50.000 metros cuadrados de césped del municipio de Águilas

ÁGUILAS.- Para seguir contando con espacios verdes y fuertes, el Ayuntamiento de Águilas, a través de la empresa concesionaria STV, ha realizado un aporte de abono orgánico en más de 50.000 metros cuadrados en los que hay plantado césped.

"El mantillo tiene numerosas ventajas que nos benefician a todos como son, por ejemplo, que no salen malezas que afeen la zona, evita que la tierra se compacte y mantiene una mejor temperatura creando una especie de microclima (más fresco en verano y más cálido en invierno)", explica la edil de Empresas Prestadora de Servicios, Isabel Fernández.

Unos trabajos que han venido precedidos de tareas de escarificado de las distintas zonas verdes del municipio, labor que ha permitido la oxigenación y regeneración de distintas superficies en el municipio.

El mantillo que se ha colocado en las zonas verdes es 100% natural, no contamina, no deja residuos ni tiene ninguna toxicidad, lo que permite seguir apostando por el llamado ciclo biológico de conservación y mantenimiento del medioambiente.

El fin de todos estos trabajos-enfatiza Fernández- no es otro que poder disfrutar de las distintas superficies verdes con que cuenta Águilas. Asimismo, al realizarse este tipo de actuaciones se consigue una reducción del consumo de agua y del gasto que esta supone.

El fotoperiodista Carlos Gallego ya da nombre a la sala de exposiciones del Centro Cultural 'Luzzy'

CARTAGENA.- La sala de exposiciones de la planta baja del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, lleva ya el nombre de Carlos Gallego Rodríguez, fotógrafo y reportero de prensa fallecido en 2005.

El homenaje póstumo tuvo lugar con la asistencia de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, su
viuda, Isabel Belizón e hijos, el secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, Enrique Ujaldón, el concejal de Cultura, David Martínez y amigos y compañeros de la información local y regional.

Tras el descubrimiento del rótulo de la sala se llevó a cabo la inauguración de la primera exposición que albergará la sala, titulada Anuario de Fotoperiodismo 2017, organizada por la Asociación de Informadores Gráficos, y que fue presentada por su presidente, Juan Francisco Moreno. La muestra se podrá visitar hasta el 30 de abril en horario de 9 a 21 horas de lunes a viernes y con entrada libre.

Su designación fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal del pasado 12 de febrero. El expediente, instruido por el concejal de Cultura, David Martínez, fue promovido por la Asociación de Informadores Gráficos de la Región, de la que Carlos Gallego fue uno de sus principales impulsores.

Asturiano de nacimiento, Carlos Gallego llegó a Cartagena con 17 años, para ingresar como maestro industrial en la empresa nacional Bazán. Sus inquietudes fotográficas le animaron a fundar la Asociación Fotográfica de Cartagena (AFOCAR), en los años 80 del pasado siglo, y a participar en la creación de la Asociación de Informadores Gráficos.

Fotógrafo de reconocido prestigio en la Región, y en particular en Cartagena, obtuvo importantes galardones a nivel nacional e internacional, entre los que destaca el Pravda de fotografía, en 1986.

Desarrolló su profesión como informador gráfico trabajando para La Opinión de Cartagena, y como colaborador en el Festival Internacional La Mar de Músicas, desde su creación en 1995 hasta el año 2002, cuando la gravedad de su enfermedad le obligó a retirarse.

Inconformista y aventurero, viajó a zonas de especial conflictividad social, como la Nicaragua sandinista, el Chile de Pinochet y los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

Su trabajo como fotoperiodista en Cartagena es exponente de su profesionalidad en las fotografías que realizó, durante los duros años de la crisis industrial y de las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas públicas.

En 2003, el Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia (Cehiform) le dedicó una exposición antológica de su obra, y publicó el libro "Carlos Gallego" dentro de la colección Biblioteca de Fotógrafos de la Región de Murcia. Falleció en 2005, víctima de un cáncer.

El PSOE afirma que el precio del silencio de Segado para dejar el camino libre a Arroyo lo pagan los ciudadanos

CARTAGENA.- El secretario de Política Municipal del PSRM y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, ha asegurado que el precio del silencio de Joaquín Segado para dejar el camino libre a Noelia Arroyo como candidata a la Alcaldía de Cartagena, lo pagan los ciudadanos y ciudadanas.

Según Martínez Baños, la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) necesita a una persona cualificada técnicamente al frente. "¿Qué capacidad tiene Segado para este puesto? El Gobierno regional solo lo ha nombrado para mover la silla y que todo el mundo esté contento".

"Esto parece Juego de Tronos, son 90.000 euros para aupar a Arroyo. El Partido Popular soluciona sus problemas internos premiando a su presidente en Cartagena con el puesto mejor remunerado de la Comunidad Autónoma", ha señalado.

En su opinión, el nuevo presidente de la APC fue el responsable de enviar a la Comunidad Autónoma el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena (PGOU) que luego tumbó el Tribunal Supremo.

"Esperemos que su gestión al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena sea más eficaz", ha concluido.

Conesa: "El abandono de seis organizaciones del Comité de Participación del Mar Menor, un fracaso del Gobierno"

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM, Diego Conesa, lamentó el abandono hoy de seis organizaciones, entre ellas ANSE y Ecologistas en Acción, del Comité de Participación del Mar Menor.

"Es una mala noticia, y una muestra más de la incapacidad del Gobierno regional para liderar una mesa de trabajo y lograr el consenso entre los sectores implicados y afectados por el estado del Mar Menor".

Para Conesa, el desastre medioambiental del Mar Menor está provocado por la inacción del Gobierno regional en las competencias que le corresponden. "Esta situación medioambiental no la va a solucionar un gobierno que no lo ha evitado y no lo ha logrado durante 23 años y tampoco lo va a hacer en los 9 meses que faltan para las elecciones de mayo de 2019".

Por su parte, la eurodiputada Clara Aguilera, de visita en Cartagena, ha manifestado que "muy mal camino es que asociaciones y organizaciones abandonen este foro, pues si hay un aspecto positivo en este tema es la existencia de ese Comité Científico, por tanto, es una mala noticia para todos".

Aguilera afirmó que el Grupo Parlamentario Socialista en Bruselas ha presentado diversas iniciativas ante el Parlamento Europeo para conocer las actuaciones y la intervención que está llevando a cabo la Unión Europea en este tema.

María Giménez, de Podemos: "El Gobierno de López Miras cada vez más solo y más lejos de la ciudadanía"

CARTAGENA.- La diputada Regional y Secretaria de Agricultura en Podemos Región de Murcia, María Giménez, ha afirmado que el hecho de que las organizaciones sociales, y económicas vinculadas al Mar Menor abandonen el Comité de Participación Social del Mar Menor indica dos cosas: La soledad en la que se encuentra el actual ejecutivo del López Miras y la urgencia para que el gobierno regional asuma la responsabilidad de llevar a cabo la Ley Integral del Mar Menor.

María Giménez ha afirmado que el PP tanto en las Asamblea Regional como en el Ejecutivo, está "ahuyentando cualquier aportación proveniente de la sociedad civil, para la contribución en la regeneración y conservación de la Laguna Salada"; así ha indicado el hecho de que las organizaciones sociales y económicas abandonen el Comité de Participación Social del Mar Menor, precisamente porque " no se las deja participar" nos revela la ineficacia y la poca utilidad del consejero Agricultura, Francisco Jodar, y del Consejero de Medioambiente, Javier Celdrán, a la hora de tomar las riendas y asumir sus responsabilidades.

Por lo que "hoy nos cabe preguntarnos cuál es el papel de estos consejeros, que no son capaces de responder políticamente ni en centésima de lo que se les exige como políticos" ha añadido Giménez.

La diputad de Podemos ha explicado que el PP en la Asamblea Regional de Murcia ha mostrado su rechazo, a que el Gobierno Regional ponga en marcha la Ley Integral del Mar Menor, y por otro lado el Ejecutivo de López Miras, " se cruza de brazos, y considera que es la Asamblea Regional la que debe tramitar este texto".

Este bloqueo, ha afirmado Giménez " origina situaciones como de la de hoy, y somos testigos de cómo las organizaciones de la sociedad civil, han decidido no estar presentes en el Comité Social del Mar Menor" ya que "no se les ha tratado como interlocutores, sino como instrumentos del Gobierno regional, útiles para lavar la imagen de un ejecutivo ausente y cuya idea de regenerar el Mar Menor es la de meter maquinaria pesada para limpiar la playa, lo que nos indica el nivel de preocupación y cualificación de este Gobierno del PP para arreglar un problema tan sensible".

De este modo la diputada Regional de Podemos, ha exigido al Gobierno regional y más concretamente a los responsables de Agricultura y de Medioambiente; los consejeros Francisco Jódar y Javier Celdrán; que "tomen nota de lo que la sociedad civil le está diciendo" ya que asociaciones como la Plataforma Pacto por el Mar Menor, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Ecologistas en Acción, la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la Asociación de Vecinos de Mar de Cristal "han acusado al este Gobierno de manipulación e instrumentalización" y ha añadido que" un gobernante no puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, haciendo oídos sordos al malestar de esta, ya que eso se denomina despotismo, no gobierno".

Así ha afirmado que el ejecutivo de López Miras, debe asumir su responsabilidad y tener la altura política que requiere el momento, y tramitar la Ley Integral del Mar Menor, con las directrices aportadas por los grupos políticos de la Asamblea Regional en el texto de la norma, porque "desoyendo a la gente y a los grupos políticos que también representamos a una amplia parte de la ciudadanía, el PP se va quedando sólo, y cada vez más sólo, como hoy demuestran las organizaciones sociales vinculadas al Mar Menor".

La eurodiputada Clara Aguilera señala la falta de transparencia y acción de los gobiernos de España y la Región con el Mar Menor

CARTAGENA.- La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha reclamado hoy medidas integrales para solucionar el problema del Mar Menor, y "no solo parches". Aguilera ha criticado la falta de transparencia de los gobiernos de Rajoy y de López Miras con este tema y ha calificado de "inaudito" que se tengan que conocer las acciones del Gobierno de España y del Gobierno regional a través de las preguntas que se hacen en Bruselas. "Esta forma de actuar dice poco de estos gobiernos, cuando lo normal es que dieran respuesta desde aquí".

La eurodiputada participó hoy durante todo el día en una jornada de trabajo sobre el Mar Menor, que ha comenzado con una reunión en la Asamblea, en la que han estado presentes el secretario general del PSRM, Diego Conesa, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán, la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, diputados regionales, el senador Francisco J. Oñate y el portavoz del Comité Científico, Ángel Pérez Ruzafa.

Aguilera se quejó de la opacidad de los gobiernos del PP, "porque no dan respuesta a las cuestiones que se les plantean". 

En este sentido, ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista en Bruselas ha llevado a cabo diversas iniciativas para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo en la Región sin resultado. 

"No se responsabilizan de la propuesta de realizar una ley integral para el Mar Menor; no sabemos nada del desarrollo de la iniciativa europea del ITI, no demuestran voluntad política de colaborar con el resto de partidos. Pinta mal", valoró.

Aguilera, que afirmó que velarán desde la UE por el Mar Menor, reconoció que es sabido que hay cierta recuperación cuando se corta la entrada de nutrientes, lo que es positivo, "pero es débil y cogida entre alfileres, por lo que la preocupación sobre la situación de este entorno singular de cara al futuro sigue ahí".

Por ello, propone que se tomen medidas integrales, no solo decisiones puntuales. "Hay una presión urbanística, agrícola y turística sobre un ecosistema singular que se ha prolongado durante décadas y eso solo puede abordarse desde una perspectiva global".

En esta cuestión apostilló- "no hay malos ni buenos. Se ha acusado al sector agrícola, pero hay que tener en cuenta que este sector ha hecho lo que se le ha permitido hacer, como ha pasado con los desarrollos urbanísticos y los turísticos; estos sectores han ido creciendo al ritmo que los han apoyado las instituciones".

En su opinión, no se pueden seguir tomando decisiones urbanísticas puntuales por parte de los ayuntamientos, por buena que sea su gestión. "Si queremos sostenibilidad en la laguna y que vuelva a ser única, transparente y singular hay que hacerlo con una mirada integral, que abarque a todos los sectores. Esa es la obligación del Gobierno regional y de España, que tiene que responder ante Bruselas".

Clara Aguilera se refirió al decreto ley sobre medidas urgentes para el Mar Menor, que considera "insuficiente, porque solo abarca medidas agrícolas e insistió que hay que realizar una gestión integral, tal y como se ha solicitado por parte de la Comisión Europea, para que tenga carácter definitivo".

Abandono del Comité de Participación

Por su parte, el secretario general del PSRM, Diego Conesa, subrayó la importancia que tiene el Mar Menor para los socialistas, al tiempo que lamentó el abandono de seis organizaciones, entre ellas ANSE y Ecologistas en Acción, del Comité de Participación del Mar Menor.

"Es una mala noticia, y una muestra más de la incapacidad del Gobierno regional de tener a todos los actores en torno a una mesa".

Para Conesa, el desastre medioambiental del Mar Menor está provocado por la inacción del Gobierno regional en las competencias que le corresponden. "Esta situación medioambiental no se va a solucionar para mayo de 2019 cuando sean las elecciones", aseveró.

El secretario general del PSRM coincide con la necesidad de una solución integral, donde todas las partes implicadas sean capaces de sentarse a trabajar en torno a una mesa y llegar a acuerdos.

Diego Conesa criticó que en el tema del Mar Menor ocurre lo mismo que con otros temas trascendentales para la Región, como son las infraestructuras y la llegada del AVE.

Preocupados y ocupados

Por su parte, el portavoz parlamentario Joaquín López Pagán explicó que para el Grupo Parlamentario Socialista el Mar Menor es un tema que "preocupa y ocupa", y más allá de seguir reclamando al Gobierno regional que cumpla el mandato parlamentario y traiga un Proyecto de Ley Integral que proteja la laguna, "los socialistas seguiremos trabajando por su recuperación, porque este tema no tiene espera".

Durante la jornada de hoy, además de la reunión en la Asamblea Regional, la eurodiputada y el resto de los dirigentes socialistas han visitado la finca de Tomás Ferro, donde se llevan a cabo pruebas experimentales para la recuperación del Mar Menor; y han dado un paseo en barco por el Mar Menor para comprobar "in situ" el estado de la laguna.

La jornada terminó esta tarde con una reunión con representantes de los municipios afectados por la situación del Mar Menor, en Los Alcázares.

C's teme que la nueva presidencia de la Autoridad Portuaria no esté a la altura de los retos que hay en el horizonte

CARTAGENA.- Ciudadanos considera que los retos que la Autoridad Portuaria de Cartagena tiene por delante requieren una presidencia que conozca a fondo cada uno de los aspectos en los que opera el Puerto de Cartagena. Para el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, "el PP ha vuelto a equivocarse al no valorar la cualificación o la preparación a la hora de efectuar un nombramiento clave para el desarrollo económico de la Región sino que ha primado su estrategia electoral, sus encajes internos y una mal entendida lealtad partidista". 

Sánchez ha deseado suerte al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado, porque "nos tememos que la va a necesitar debido a la poca experiencia que tiene en la gestión para un cargo tan eminentemente técnico como éste". El portavoz regional de Cs tampoco entiende que "el señor Segado haya anunciado que seguirá siendo presidente del PP de Cartagena; en nuestra opinión, la presidencia de la Autoridad Portuaria requiere una dedicación exclusiva y sin distracciones y no creemos que se deba compaginar con ninguna otra actividad".

Por su parte, el diputado nacional de la formación naranja, Miguel Garaulet, considera que "el Puerto de Cartagena es y debe seguir siendo el motor del desarrollo no sólo de la Comarca de Cartagena sino de la Comunidad Autónoma, un desarrollo que debe ir íntimamente ligado al proyecto que ha impulsado Ciudadanos desde la Asamblea Regional con sus enmiendas: la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena". Además, Garaulet considera "absolutamente necesario que tenga una conexión con el futuro Corredor Mediterráneo y la prolongación de la autovía hasta Escombreras para desarrollar más aún este polo industrial".

Estación de Escombreras

Por otra parte, para Garaulet, "es importante conocer el alcance y el calendario de la inversión de 2,5 millones de euros que la Autoridad Portuaria de Cartagena anunció el pasado día 16 para la estación de trenes de Escombreras. A juicio del parlamentario naranja, "si no hay plazos o calendario, este anuncio se quedará en poco menos que en eso, otro anuncio vacío". Garaulet considera que se trata de una obra imprescindible no solamente para el desarrollo del Puerto de Cartagena, sino también para el futuro del Corredor Mediterráneo, que se encontraría con un nuevo cuello de botella si esta obra no despega". 

Por este motivo, el Grupo de Ciudadanos en el Congreso ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno de España haga público el calendario de actuaciones concretas, con plazos y presupuesto desglosado, para las obras en esta línea férrea, necesaria para que la terminal que conecta con los muelles de Escombreras entre en funcionamiento".

Para el diputado naranja, "todas estas conexiones influirán en el sector turístico, para el que no descartamos que el Puerto, además de ser Puerto de llegada de cruceros, sea también de salida, es decir, Puerto Home, y para eso es necesario que llegue cuanto antes el AVE, tener unas infraestructuras hoteleras adecuadas y aumentar la oferta cultural".

El Gorguel, Cs a la espera del Plan Director

En cuanto a la posibilidad de que el Puerto amplíe su capacidad, el diputado naranja ha explicado que "hasta que no tengamos el Plan Director Medioambiental finalizado no podremos tener una opinión realmente informada para valorar el proyecto".

En la última reunión mantenida con el expresidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla explicó a los diputados naranja el estado en el que se encuentran los trámites medioambientales y administrativos que todavía debe superar el proyecto de la nueva dársena de El Gorguel, una obra que podría presupuestarse cerca de los 750 millones de euros, trabajar con 1.5 millones de contenedores en su primera fase y que podría generar unos 30.000 puestos de trabajo, de los que 3.000 serán directos.

Sevilla informó que se tienen los borradores para las medidas compensatorias que tienen que ver con el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) terrestre y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y que se está trabajando para obtener el LIC marino, que es más complejo. Con la aprobación de estos tres borradores se completará el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del proyecto, tras lo cual el Consejo de Ministros estará en disposición de declararlo Proyecto de Interés Nacional y ser remitido a Bruselas que es quien debe aprobar todo el proyecto, tanto el ISA como el Plan Director.

Por último, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, aseguró que "Cartagena tiene el orgullo de contar, de momento, con el cuarto Puerto más importante de España, y con el primero en tráfico de graneles, pero necesitamos que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria esté a la altura de este reto, y que el Gobierno central y el regional estén comprometidos y confirmen que su conexión con el Corredor Mediterráneo será un hecho, que la ZAL y por tanto el traslado del Depósito Franco al Polígono Industrial de Los Camachos será una realidad en 2018". Manuel Padín ha anunciado que en breves fechas se reunirá con el nuevo presidente para analizar las principales líneas de actuación que va a promover. 

 "Ciudadanos seguirá presionando, en la Asamblea y en el Congreso, para que Cartagena deje de estar en el vagón de cola de los proyectos estratégicos de los gobiernos del PP".

Restauran las hornacinas de los Cuatro Santos cartageneros: Fulgencio, Isidoro, Leandro y Florentina

CARTAGENA.- Los cartageneros ya pueden disfrutar, desde la víspera del Viernes de Dolores, de la imagen restaurada de las hornacinas en las que se encuentran los Cuatro Santos de Cartagena, situadas en un cruce de la calle con el mismo nombre con Jara y calle Nueva.

A instancias del edil de Patrimonio, David Martínez Noguera, estas hornacinas han sido limpiadas y restauradas por la empresa Restauralia e iluminadas por los técnicos de Infraestructuras bajo las pautas de la Dirección General de Bienes Culturales, al mismo tiempo las imágenes también han tenido un proceso de limpieza y reparación en el Taller Municipal de Restauración, todo ello bajo la Coordinación de Patrimonio Histórico y Arqueológico.

Los trabajos, realizados en un plazo de 10 días, han consistido en el saneado de vidrios y piezas metálicas que han sido desmontados cuidadosamente, al igual que las partes desintegradas de las distintas hornacinas especialmente la de San Isidoro que se encontraba muy fragmentada. 

Posteriormente se ha limpiado de forma manual la armadura oxidada aplicando pasivante, para proceder a la reintegración volumétrica de los elementos deteriorados mediante aplicación de mortero similar al existente, aprovechando el mortero desmontado con anterioridad hasta conseguir la volumetría original.

Todas las hornacinas han sido limpiadas tanto en su interior como en la cubierta exterior, aplicándoles un hidrofugante en toda la superficie para protección de los elementos frente al agua y la suciedad. Los vidrios han sido colocados de nuevo sobre un soporte que reproduce el original, que permite la apertura frontal de las hornacinas que hasta ahora estaban selladas con silicona lo que hacía imposible su limpieza.

“Con esta actuación, complementada por la cartelería divulgativa, se ha devuelto la prestancia a este entrañable rincón de Cartagena desde el siglo XVIII”, ha explicado el concejal David Martínez Noguera, quien ha apostillado que la colocación de las esculturas de los Cuatro Santos en este lugar se debió a la iniciativa de un vecino, Francisco García, quien en el año 1745 presentó una solicitud en el Ayuntamiento para colocar las imágenes de los santos cartageneros con sus correspondientes faroles, lo que fue aceptado por las autoridades de la época, pasando desde entonces a denominarse calle de los Cuatro Santos.

Las imágenes originales fueron destruidas en 1936, por lo que en 1951 el escultor cartagenero Manuel Ardil Robles realizó unas nuevas inspirándose en las antiguas que hizo Francisco Salzillo para la Capilla del Concejo en la Catedral Santa María la Mayor y que actualmente se encuentran en Santa María de Gracia.

El Ayuntamiento colabora en la restauración y difusión de la película 'Cartagena y su Semana Santa 1976-77'

CARTAGENA.- La película ‘Cartagena y su Semana Santa 1976-1977’ se está difundiendo estos días a través del diario La Verdad en sus canales digitales. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena ha colaborado en la restauración de esta película de 8mm como parte del programa de recuperación ‘Memorias Celuloides’.

La película se está difundiendo ya en fragmentos diarios a través del portal de La Verdad. En el largometraje aparecen tomas de la ciudad de Cartagena de los años 1976 y 1977. El espectador podrá apreciar en estas imágenes cómo ha cambiado la ciudad y sus procesiones.

El pasado domingo 25 de marzo se colgó en la página web de La Verdad un pequeño fragmento de 4 minutos con la procesión de la Burrica del Domingo de Ramos. Anteriormente, el Viernes de Dolores se pudieron ver escenas de la procesión del Cristo del Socorro y de la Ofrenda Floral.

Todas estas grabaciones pertenecen a Domingo López y han sido restaurados por la asociación Retrovisor. Además, han colaborado Sergio Martínez y el canal de YouTube ‘Marchas Semana Santa Cartagena'.

El Martes Santo se mostrarán imágenes de la procesión de los traslados de los apóstoles (Santiago, San Pedro y San Juan). El Miércoles Santo habrá un fragmento de el Drama de Pretorio o Lavatorio de Pilatos, pasacalles de los granaderos y de los soldados romanos y la procesión del Prendimiento.

El Jueves Santo se verá la procesión del Silencio y del Cristo de los Mineros; el Viernes Santo, las del Encuentro y Santo Entierro; el Sábado Santo, la de la Vera Cruz; y, por último, el Domingo de Resurrección, el desfile de Cristo Resucitado.

El PSOE exige que se inicie expediente de exclusión de Puntas de Calnegre del dominio público marítimo terrestre

LORCA.- Tras la negativa del Partido Popular en el Congreso de incluir directamente a Puntas de Calnegre dentro de los "indultos" de la Ley de Costas, el PSOE plantea que el Ayuntamiento de Lorca o la CARM inicien expediente administrativo para lograr la exclusión y que se paralicen las cartas que inician el proceso de concesión.

El portavoz del PSOE, Diego José Mateos, ha afirmado que su partido no se va a conformar con la situación de Puntas de Calnegre, por lo que seguirán buscando soluciones que remedien la situación de "incertidumbre y preocupación" en el que están sumidas las viviendas del poblado.

Mateos reitera que seguirán pidiendo que se incluya a Puntas de Calnegre en la lista de poblados excluidos, del mismo modo que fueron excluidos los otros 12 núcleos costeros que recoge la Ley de Costas de 2013. Para ello, el PSOE volverá a presentar de nuevo la Proposición no de Ley que fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso con la abstención de IU-Unidos Podemos.

Junto a lo anterior, desde el PSOE plantearán una nueva vía alternativa y complementaria. Analizando lo fundamentado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 57/2016 de 17 de marzo ante el recurso planteado por el gobierno de Canarias contra la Ley de Costas, se observa que el Alto Tribunal establece que la lista de 12 núcleos excluidos es constitucional sólo si esta lista no es excluyente, sino que al contrario, que cualquier otro núcleo o poblado que cumpla los mismos requisitos que los 12 excluidos, como pasa con Puntas de Calnegre, debe tratarse igual y por lo tanto excluirlo del dominio público marítimo terrestre y por tanto "indultarlo".

Tal y como ha puesto de manifiesto Diego José Mateos, la sentencia dice:

Con esta interpretación el precepto impugnado no implica ninguna discriminación entre núcleos costeros. Tanto los doce enunciados en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 como cualesquiera otros omitidos en ella, radiquen en la Comunidad Autónoma de Canarias o no, podrán, a través de los expedientes administrativos legalmente previstosy que han sido someramente recordados en la interpretación conforme del precepto recurrido que acabamos de extractar,obtener la declaración de que, por las alteraciones sufridas en sus características naturales, no son ya necesarios para la protección o utilización del dominio público y, en consecuencia, la correlativa desafectación.

Por tanto, advierte Mateos, queda "meridianamente claro" que para que la exclusión de los 12 poblados o núcleos que prevé expresamente la Ley de Costas, "se debe permitir la exclusión, previo expediente oportuno, de todos aquellos poblados o núcleos que cumplan los mismos requisitos que los ya indultados". 

Por ello, recuerda, solicitarán copia de los 12 expedientes para comprobar los requisitos.

Desde el PSOE exigen, por tanto, "igualdad de trato" y "el cumplimiento de las sentencias de Tribunal Constitucional". Así, piden que se inicie, a instancia del Ayuntamiento o de la CARM, "expediente de exclusión del dominio público marítimo terrestre" y su "desafectación posterior" del poblado de Puntas de Calnegre y que se ponga fin a esta situación.

Además, Mateos ha puesto de manifiesto que están llegando cartas a los propietarios para que procedan a tramitar la concesión administrativa de sus viviendas, lo que supone un reconocimiento por parte de los propietarios de que sus viviendas están en domino público, todo lo contrario de lo que se pretende con la desafectación o "indulto". 

Por lo tanto, solicitan también que se paralice de inmediato el envío y tramitación de estas cartas "que no son otra cosa que intentar consolidar la situación actual".

La oposición pide que la ley del Mar Menor incluya la restauración paisajística del litoral

CARTAGENA.- La oposición aprobará en uno de los plenos de la Asamblea Regional de la segunda quincena de abril el dictamen por el que aprueba remitir al Gobierno de Murcia las directrices que ha consensuado para que este redacte la Ley Integral del Mar Menor, que ya ha anunciado que no acometerá.

Por su parte, el PP ha presentado un esquema de la proposición de ley sobre esa materia al coincidir con el Gobierno regional en que debe ser la cámara autonómica la que tramite esta norma por ser más ágil y corta la tramitación parlamentaria.

La Comisión Especial del Mar Menor decidió el pasado miércoles volver a reunirse tras el parón de la actividad parlamentaria de Semana Santa y Fiestas de Primavera de Murcia para intentar incorporar propuestas del PP al borrador consensuado por el PSOE, Podemos y Ciudadanos. 

El documento de la oposición indica que la futura Ley para la Gobernanza y Gestión Integral del Mar Menor y su Área de Influencia debe incorporar directrices sectoriales y de gestión ambiental que contemplen un plan de gestión integral de la laguna, cuyos objetivos ambientales prevalecerán sobre los del resto de planificaciones.

Apuesta por un plan de armonización y restauración paisajística del litoral y otros específicos para cada sector económico, agrícola, pesquero, ganadero, cultural y turístico, que también estarán incluidos en un apartado de regulación de los usos de estas actividades.

Además, aboga por poner en marcha instrumentos de gestión que coordinen todos los departamentos del Gobierno de Murcia implicados en el Mar Menor e incorporen la participación de todos los actores socioeconómicos vinculados y de los asesores científicos.

El diputado del PP Jesús Cano anunció que su grupo se opondrá a estas directrices porque la Cámara no puede decirle al Ejecutivo «que haga la ley y de esta manera».

Recordó que la misión del hemiciclo es «legislar recogiendo las ideas» de los comparecientes a la Comisión Especial del Mar Menor. 

A juicio de Cano, «pasarle la pelota» al Ejecutivo significa que la ley no verá la luz esta legislatura, porque su tramitación como proyecto gubernativo es más lenta que en el Parlamento, al requerir preceptivamente informes del Consejo Jurídico y del Económico y Social, entre otros.

El PP ha presentado un esquema de su proposición de ley, que apuesta por mantener la Dirección General y el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor y por crear una comisión interdepartamental.

El borrador del PP aboga por un programa de ejecución de obras que consiga la eliminación de los vertidos a la laguna y planes sectoriales para todas las actividades económicas vinculadas a esta zona.

El Gobierno regional sostiene que la Comunidad Autónoma redujo el déficit en 33 millones en 2017

MURCIA.- La Comunidad Autónoma redujo el déficit el pasado ejercicio en 33 millones de euros, que en términos porcentuales supone una minoración del 6,9 por ciento. Así, se pasa del 1,65 por ciento del PIB en 2016 al 1,47 por ciento en 2017, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, de los que se quita el gasto de reconstrucción de Lorca.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, ha destacado que "el Gobierno regional realizó una fuerte inversión en bienestar social durante 2017, destinando la mayor parte de los ingresos adicionales a incrementar las políticas sociales y otra parte a reducir el déficit de la Comunidad".

Así, ha subrayado que "nuestro objetivo es que los servicios públicos que reciben los ciudadanos sean iguales a los que tienen en otras comunidades a pesar de la infrafinanciación que sufre la Región con el sistema aún vigente", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"El Gobierno mantiene el compromiso de ayudar a las personas e invertir en políticas sociales", con un incremento de 120 millones en bienestar social en 2017, "y de continuar con las políticas económicas que están sirviendo para generar empleo y crear riqueza", indicó. En ese sentido recordó que en 2017 la Región de Murcia es la cuarta que más creció a nivel nacional, con un 3,3 por ciento frente al 3,1 de la media nacional.

Carrillo ha subrayado que en los últimos tres años la Comunidad "ha realizado una gran esfuerzo", con una reducción del déficit en 293 millones, a razón de 68 millones en el ejercicio 2015 y 192 millones en 2016.

Nuevo sistema de financiación autonómico

El titular de Hacienda ha subrayado que "para que la reducción del déficit sea definitiva es imprescindible cambiar el sistema de financiación autonómico actual, que sitúa a la Región en último lugar en financiación por habitante para prestar los mismos servicios públicos básicos".

El déficit de la Comunidad de 2017 se sitúa en 447 millones y el objetivo del 0,6 por ciento es de 183 millones. "La diferencia, 264 millones, se corresponde básicamente a la infrafinanciación de la Región de Murcia respecto al resto de comunidades", aseguró.

La Comunidad ha conseguido reducir el déficit de 1.365 millones de euros en 2010 (4,88 por ciento del PIB) a 447 millones en 2017 (1,47 por ciento del PIB). "Estas cifras suponen que en siete años la Comunidad Autónoma ha reducido su déficit en 917 millones de euros, una cifra muy importante a pesar de la falta de financiación", aseveró Carrillo.