La
celeridad de los acontecimientos en Cataluña suponen un
verdadero calvario con vistas a la designación y, se supone,
aprobación de un nuevo candidato a la presidencia de la
Generalitat, tras el encarcelamiento preventivo del último
aspirante, Jordi Turull, además de otros cinco diputados todos ellos
acusados de graves delitos por el juez del Tribunal Supremo, Pablo
Llarena.
Situación
que se complica, además, con las eurordenes de detención contra el ex
presidente Carles Puigdemont -arrestado en Alemania- y otros seis ex
miembros del último gobierno catalán, residentes en Bélgica, Reino Unido
y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, actualmente en Suiza.
Sin embargo, dadas las reacciones de protesta en Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona, incluidos cortes de varias carreteras y autopistas,
colocan a la clase política catalana ante la ineludible necesidad de
buscar un nuevo candidato a la presidencia y formación de Gobierno. Todo
ello ante un panorama que puede conllevar sorpresas, tanto con la
propuesta del candidato, como la amplitud de su aceptación.
El primer interrogante es si quedará neutralizada la influencia de
Puigdemont para la propuesta de algún nuevo líder de Junts per
Catalunya, el partido presidencialista que con 35 escaños supera en uno a
ERC, con vistas a formar una mayoría en la que necesitan un apoyo de la
CUP -que probablemente ahora llegará- sin excluir, incluso, una
abstención de Junts per Catalunya, que se alinea con los partidos pro
independentistas en su lucha común por la defensa de las libertades
democráticas.
Vuelve a sonar el nombre de Esla Artadi -la artífice de la campaña de
Puigdemont en las elecciones de pasado 20 de diciembre- pero también
del periodista y diputado Eduard Pujol. Pero tampoco sorprendería la
aparición en la lista de presidenciables de Sergí Sabrià, de ERC, que es
quien toma las riendas del partido en el Parlament de Catalunya, tras
la huida de Marta Rovira a Suiza. Todas las quinielas están abiertas con
una única seguridad: no será nadie que esté en la lista de investigados
por el juez Llarena.
El remolino que está produciendo la situación en Cataluña tiene,
también, un contexto cada vez más europeo. Y no sólo por las eurordenes y
la cohesión entre los 27 estados de la unión de apoyo al gobierno del
presidente Mariano Rajoy. La adquiere porque el asunto acabará, tarde o
temprano, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y, en política interior, la compleja situación en Cataluña condiciona
la aprobación de los próximos presupuestos generales. Aunque el PNV
tenga ya pactado su cupo para los próximos años y ello le predisponga a
votar a favor, es difícil que pueda hacerlo de acuerdo con sus bases
electorales más simpatizantes de un diálogo político, y no sólo
judicial, en relación a Cataluña.
“Necesitamos unidad e inteligencia colectiva para una salida política
y no judicial”, dijo Roger Torrent, presidente del Parlament de
Catalunya, al iniciar esta semana de calvario catalán donde muchos
esperan la resurrección.
(*) Periodista
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