CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha anunciado que defenderá en el próximo Pleno ordinario una moción para combatir con determinación el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal relacionados con las ocupaciones ilegales en el municipio.
La formación naranja exigirá la
puesta en marcha de un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad
Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la
creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos
afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de velar por la
seguridad y la convivencia vecinal.
Según ha
informado C's, esta Oficina debe contar con una unidad de seguimiento
contra las ocupaciones ilegales para coordinar las acciones de
vigilancia e instruir los expedientes administrativos que acrediten los
hechos contrarios a las ordenanzas en materia de convivencia y de
protección ciudadana partiendo de las denuncias en un punto centralizado
de atención vecinal contra la usurpación, de manera que sirva como
prueba en los procesos judiciales pertinentes.
La
propuesta de C's incluye que se refuerce de forma inmediata la presencia
policial y el patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el
problema de la ocupación y que en el plazo máximo de tres meses se
inicien los trabajos para la elaboración de un censo de viviendas
ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de
ocupación, diferenciando las ocupaciones mafiosas de las personas que
las realizan por razones de necesidad. Todo ello respetando la normativa
sobre protección de datos.
Según el portavoz de
Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, "este Grupo Municipal ha podido
comprobar de primera mano que el fenómeno de la ocupación ilegal y
violenta está creciendo en Cartagena; el último ejemplo lo estamos
viviendo desde hace tiempo en Pozo Estrecho, zonas del centro de
Cartagena y en La Palma, donde pudimos hablar con los vecinos que están
desesperados y atemorizados".
"En algunos casos, esta ocupación está
promovida por grupos de delincuencia organizada, como intermediarios que
tratan de obtener un lucro aprovechándose de la desesperación de muchas
familias que carecen de vivienda o que la han perdido en un desahucio, o
utilizando el inmueble como base de operaciones para otras actividades
criminales, como el tráfico de drogas en los llamados narco-pisos", ha
explicado Manuel Padín.
Para la formación naranja,
este crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen,
por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan
reaccionar una vez constatadas y promover un desalojo efectivo y ágil de
los inmuebles y, por otro, en una escasez de medios humanos y
materiales para detectar estas ocupaciones y ejecutar las
correspondientes órdenes de desalojo.
Manuel Padín
asegura que "la falta de respuesta por parte de los poderes públicos
genera una sensación de desprotección para los legítimos propietarios
como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de
situaciones, así como de impunidad para las mafias que realizan este
tipo de actividades delictivas".
"Se hace necesario, por tanto, reforzar
urgentemente nuestra legislación para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana", ha advertido el portavoz naranja que ha
recordado que "se ha registrado una Proposición de Ley (PL) con esta
finalidad en el Congreso de los Diputados, cuya admisión a trámite
pronto habrá de ser sometida a la toma en consideración de los
diferentes Grupos Parlamentarios".
Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados
Entre las medidas recogidas en la PL destacan:
1)
Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para legitimar a las Juntas
de Propietarios, a través de su Presidente, para instar el desalojo de
viviendas ilegalmente ocupadas cuando supongan una perturbación para la
convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos.
2)
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para que los desalojos de viviendas ocupadas
ilegalmente se tramiten a través del procedimiento de "juicio rápido",
con el fin de minimizar los plazos procesales, y para permitir la
inmediata recuperación del inmueble por el legítimo propietario en tanto
dure el proceso.
3) La reforma del Código Penal,
para elevar las penas en casos de ocupaciones ilegales y violentas de
viviendas, y para tipificar como delito específico las ocupaciones
ilegales que bien sean promovidas por grupos criminales organizados para
obtener un lucro, o bien que sean llevadas a cabo por dichas
organizaciones para desarrollar otro tipo de actividades delictivas,
como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos.
4)
Por otra parte, cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las
ocupaciones ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a muchas
familias a verse en manos de estas organizaciones criminales, que no es
otra que la situación de necesidad de una vivienda cuyos costes no
pueden afrontar o de la que se han visto privados tras un desahucio, en
la mayor parte de los casos, por circunstancias sobrevenidas y ajenas a
su voluntad tras la reciente crisis económica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario