MADRID.- El Ministerio de Hacienda acometerá la reforma de los impuestos
medioambientales durante la negociación de la financiación autonómica
con las comunidades. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, pretende
traspasar el grueso de la fiscalidad medioambiental a manos de las
comunidades autónomas, publica hoy El País.
Entre los planes del Ejecutivo está acabar con el
tratamiento fiscal que favorece al diésel y elevar los impuestos sobre
el gasóleo y los vehículos más contaminantes. El Gobierno de Rajoy
quiere zanjar así el enésimo rapapolvo de Bruselas, que la semana pasada
volvió a criticar a España por la baja tributación de los carburantes.
La Comisión Europea ha vuelto a señalar a España por la baja fiscalidad sobre los impuestos medioambientales
y, en especial, sobre el diésel. "Los impuestos medioambientales están
aún por debajo de la media de la UE, a pesar de los aumentos de los
últimos años", señalaba Bruselas en un informe sobre la economía
española publicado el pasado miércoles.
Las autoridades comunitarias reprochan a España que la recaudación de
los llamados impuestos verdes represente solo el 1,9% del PIB, según
datos de 2016, frente a la media del 2,4% de la UE. Bruselas pone el
acento en los impuestos sobre la energía, que abarcan el tratamiento
fiscal de los combustibles.
Y en concreto sobre "el bajo nivel de
impuestos especiales sobre la gasolina sin plomo y el diésel". La
Comisión destaca especialmente "el caso del diésel, en el que España
aplica el impuesto especial mínimo, a pesar de que el diésel tiene un
mayor contenido de carbono y energía que la gasolina sin plomo".
El
rapapolvo de Bruselas no termina ahí: "Los impuestos sobre el
transporte, como los impuestos a los vehículos, solo producen la mitad
de los ingresos en España que la media de la UE (0,2% en comparación con
el 0,5% del PIB)".
No es la primera vez que Bruselas señala a España. Viene haciéndolo
periódicamente desde, al menos, 2012. Otras instituciones
internacionales como la OCDE o el FMI también han reclamado mejoras en
este ámbito. La tendencia internacional pasa por aumentar los impuestos a
aquellas actividades perjudiciales, que afectan al medioambiente o
contaminan —las llamadas "externalidades negativas", según la academia—.
Y la mayoría de los países están elevando los impuestos sobre el
diésel. Paralelamente, muchas capitales europeas están aprobando restricciones a este tipo de motores, que expulsan mucho más dióxido de nitrógeno (NO2) que los de gasolina.
La Comisión tiene abierto un expediente contra España por incumplir desde 2010 los límites de NO2
en Madrid y Barcelona y ahora debe decidir si lleva al Gobierno ante el
Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas está evaluando en estos
momentos los planes de España de lucha contra la contaminación y entre
las recomendaciones que ha hecho a los países incumplidores está emplear
la fiscalidad.
El Gobierno es consciente de que la fiscalidad es un
instrumento útil contra la polución y así lo reconoce el Ministerio de
Medio Ambiente en el vigente plan nacional de calidad del aire, que
incluye la posibilidad de acometer una reforma fiscal verde.
En diciembre de 2016, el Gobierno ya se comprometió con Bruselas a modificar la fiscalidad verde para recaudar 500 millones de euros más.
Pero meses más tarde descartó la medida que se reservó por si tenía que
aumentar la recaudación en caso de que se desviara el déficit público.
Por lo que volvió a meter la medida en el cajón.
Ahora el Ejecutivo del PP pretende abordar una reforma de la
fiscalidad verde en el ámbito de la financiación autonómica. Fuentes
gubernamentales reconocen que incluirán en esta revisión los impuestos
sobre los residuos y relativos a la contaminación.
En este sentido,
admiten que trabajan por reforzar el papel de las comunidades con el
impuesto sobre los hidrocarburos. Este impuesto está cedido parcialmente
a las autonomías, que pueden establecer un gravamen suplementario sobre
el mismo, aunque acotado con una horquilla. El plan de Hacienda pasa
por aumentar los gravámenes del diésel.
Penalizar al diésel
La organización Ecologistas en Acción presentó la semana pasada una
propuesta para penalizar fiscalmente a los vehículos diésel. "Los
impuestos tienen un gran potencial a la hora de desincentivar la compra
de los vehículos más contaminantes", explicaba el informe. El documento
aboga por modificar el impuesto de hidrocarburos para que en el plazo de
cuatro años se equipare "la imposición de gasolina sin plomo y gasoil".
Ecologistas en Acción también pedía cambios en el impuesto de
matriculación para reducir el número de vehículos que están exentos de
pagarlo a pesar de ser contaminantes.
En la reforma fiscal verde que prepara el Gobierno también pretende
tocar el impuesto de circulación, en manos de los Ayuntamientos, para
poder gravar más a los vehículos más contaminantes.
"Como se propone en
el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema
Tributario Español (2014), una vía de avance podría ser la integración
del impuesto de matriculación con el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (circulación), de ámbito municipal, dejando la gestión
del nuevo tributo en manos de los Ayuntamientos", señalan los expertos
que hicieron la propuesta de la reforma de la financiación autonómica
encargada por Hacienda.
"La fijación de dos tipos, uno autonómico y otro
municipal, permitiría la compartición de la figura entre comunidades
autónomas y Ayuntamiento", añaden.
