MADRID.- La mayor parte de casos de acoso laboral y sexual en la Guardia Civil terminan en la papelera. Así lo confirman los datos del Gobierno trasladados al diputado de Podemos Juan Antonio Delgado el pasado 23 de febrero en una respuesta parlamentaria. En concreto, de los 80 protocolos activados en los últimos dos años y medio,
apenas 18 han concluido en la vía judicial y/o disciplinaria. El resto,
nada menos que 62, ha terminado en archivo, según revela El Confidencial.
El parlamentario que
planteó la pregunta que ha permitido conocer esta información, quien
trabajó como guardia civil hasta su fichaje por el partido político,
reclamó los datos desde 2013; sin embargo, el poder ejecutivo asegura
que no hay cifras disponibles antes del segundo trimestre de 2015,
primer periodo que contabiliza el Ministerio del Interior.
Entre julio y diciembre de ese año, la Dirección General
inició 25 protocolos de acoso laboral y sexual, de los cuales solo
siete acabaron con sanción. Los demás (18) acabaron en archivo. En los
siguientes semestres, la dinámica fue parecida.
De los 20 casos denunciados entre enero y junio de 2016, apenas seis acabaron en sanción
disciplinaria o judicial. Los otros 14 fueron al cajón. En la segunda
parte del año la cosa fue aún más clara. De los 17 casos que se abrieron
a través del protocolo, 17 fueron a 'la basura'.
En el último semestre
recabado, que corresponde al primero de 2017, por su parte, de 18 casos
solo cinco acabaron en sanción judicial o administrativa.
El diputado de Podemos planteó la pregunta porque entendía que el protocolo era "ineficaz"
en términos preventivos y carecía de "garantías mínimas para la
víctima", dado que "no contempla siquiera un sistema de plazos" para
iniciar los trámites.
"Cualquier protocolo establece en su articulado un
sistema de plazos que garantiza" la integridad de la víctima "cuando se
inicia, cuando se adoptan las medidas preventivas y cuando se
resuelve", apunta Delgado, quien deja claro que "en la Guardia Civil
esto no ocurre".
"En algunos casos se solicita que se abra el protocolo"
y esto tarda un mes, dos e incluso una eternidad, añade el
parlamentario, que destaca que a veces no hay ni contestación.
La responsable de la comisión de Igualdad de la Asociación Escala de Suboficiales (Ases) de la Guardia Civil, Katia Pérez Gil, entiende que este desajuste entre procesos iniciados por acoso laboral y sexual
y asuntos archivados se debe a que la competencia para investigar las
denuncias tramitadas a través del protocolo la tienen los superiores
jerárquicos de aquellos contra los que se interpone la queja.
"Los que
se encargan conocen a los investigados porque trabajan habitualmente con
ellos y eso no puede ser", protesta Pérez Gil, que plantea sacar la
instrucción de estos asuntos del ámbito provincial.
En esta misma línea incide el propio Delgado. "Se puede dar la circunstancia de que el propio instructor del protocolo sea el mando denunciado
y que se archive el protocolo sin haber entrevistado a la víctima o sin
que participe el servicio de Psicología ni el de Prevención de Riesgos
Laborales", sostiene el representante del partido de Pablo Iglesias.
"Con el fin de que no haya informes tóxicos,
es necesario que sean otros oficiales de fuera de la comandancia los
que se encarguen de la investigación; si el que investiga a un compañero
le conoce de trabajar juntos, hay posibilidades de que haya
corporativismo", censura la sargento responsable de asuntos de igualdad
de Ases, quien pone como ejemplos de posibles encargados de la
investigación al personal de la Dirección General.
"Ellos serían más asépticos, no tendrían vinculación personal", remarca
Pérez Gil, quien se muestra convencida de que "el resultado sería
diferente".
La responsable de Igualdad de Ases defiende por otra parte que se separe el protocolo previsto para el acoso laboral del sexual,
dado que se trata de asuntos diferentes que llevan "seguimientos
distintos". Además, añade, no parece justo que un funcionario quede
señalado por acoso sexual cuando en realidad no ha sido eso lo que ha
hecho ni siquiera por lo que se le ha investigado.
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