MADRID.- El sistema impositivo autonómico se ha convertido en un jeroglífico
difícil de descifrar para los inversores. Durante décadas las regiones
han tejido una red fiscal que grava actividades diversas relacionadas
con el agua, los premios del bingo, los vertidos al mar, las emisiones
de gases, los depósitos bancarios, el turismo, las tierras
infrautilizadas, las grandes superficies y las bolsas de plástico, entre
otros. Una maraña impositiva que provoca descoordinación entre lo que
hace el Estado y las comunidades, competencia desleal entre regiones y,
sobre todo, inseguridad jurídica entre las empresas, lo que contribuye a
ahuyentar a los inversores extranjeros.
El enredo fiscal autonómico lo forman una red de 82 impuestos con los que las autonomías solo están consiguiendo recaudar apenas un 2,2% del total sus ingresos, 2.090 millones, según los expertos consultados por ABC.
Son minoría las regiones en España que no han diseñado su propio mapa fiscal. Así, los cánones sobre el agua,
que afectan a las tareas de saneamiento y a los vertidos, están en
vigor en varias comunidades, la mayoría costeras. Del canon sobre
emisiones se están beneficiando Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón,
Galicia, comunidad Valenciana y Murcia. También es recurrente el
impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, declarado
inconstitucional y suspendido en Andalucía, Asturias, Cataluña,
Extremadura, Canarias y comunidad Valenciana.
Si se trata de
hablar de las regiones con más impuestos, son Andalucía, pero
especialmente Cataluña, las que han tejido la mayor red de impuestos en
los últimos ejercicios. Esta última tiene 18 impuestos propios, diez de
ellos creados en los últimos cuatro ejercicios, en los años del «procés»,
la cifra más alta en España.
En exclusiva aplica algunos tributos, como
el impuesto sobre las viviendas vacías, el que grava las estancias en
establecimientos turísticos y el canon sobre la incineración de residuos
municipales. Además de contar con la mayor creatividad tributaria de
todas las comunidades –en 2017 acuñó cuatro nuevos tributos–, los
asesores fiscales del Reaf denuncian que la comunidad aprobó numerosas
modificaciones de los ya existentes el año pasado.
Este caos fiscal provocado por los independentistas ha
llegado al Tribunal Constitucional. Tres de sus impuestos propios han
sido declarados inconstitucionales: el que se aplica sobre los depósitos
en entidades financieras, el impuesto a la producción de energía
eléctrica de origen nuclear y el de provisión de contenidos por
prestadoras de servicios de comunicación electrónicas y de fomento del
audiovisual y la difusión de la cultura audiovisual.
Esta
litigiosidad e inseguridad jurídica no es exclusiva de Cataluña. El
impuesto a los depósitos bancarios, existente en seis regiones hasta
declararse inconstitucional, es un ejemplo, pero también lo es el de
grandes superficies de venta, sobre el que se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE y que aún aplican tres regiones: Asturias, Aragón y Cataluña.
El «sudoku» impositivo autonómico causa la preocupación empresarial. La CEOE lleva años denunciando con dureza el enredo fiscal regional
por el impacto negativo que tiene sobre la unidad de mercado y la
inversión. Cree la patronal que este entramado ha provocado la
«fragmentación del mercado interior creando distorsiones innecesarias
entre comunidades e inseguridad jurídica a corto y medio plazo ya que
—dicen— de forma constante se aprueban impuestos y tasas, lo que
dificulta el diseño de planes de negocio.
El propio Consejo General de Economistas, a través de su presidente Valentí Pich, calificó hace unas semanas de «jungla inexpugnable» la maraña de 82 impuestos
propios que han creado las comunidades. Año a año, los asesores
fiscales del Reaf los recopilan en su Panorama de Fiscalidad y denuncian
que algunos tributos recaudan tan poco que son más caros mantenerlos,
por los gastos de gestión, que eliminarlos por su escasa recaudación.
También señalan que hay tributos tan confusos que gravan varios hechos
imponibles distintos de manera simultánea. «Un ejemplo, aunque no el
único, podría ser el impuesto sobre actividades que inciden en el medio
ambiente de la comunidad Valenciana que grava la producción de energía
eléctrica, el almacenamiento de sustancias peligrosas y la emisión de
gases a la atmósfera», señalan.
Los economistas también destacan que la mayor parte de la recaudación procede de cánones al agua:
hasta un 78,8% de los ingresos por impuestos propios proceden de estas
tasas que existen en doce comunidades. Es decir, doce tributos ingresan
casi toda la recaudación de las 82 figuras.
Otros son medioambientales,
un terreno en el que Bruselas recomienda a España elevar su
tributación, ya que recauda menos que la media continental (un 5,4% del
PIB en 2016 frente al 6,4% de la UE). Sin embargo, la mayor parte de
estos ingresos no forman parte de estos impuestos propios: se pagan en
el recibo de la luz o por repostar vía gravámenes a los hidrocarburos.
Desde el Consejo de Economistas recomiendan una armonización tributaria
para hacer más efectivo el sistema, simplificarlo y ganar en seguridad
jurídica.
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