miércoles, 28 de febrero de 2018

CTSSP lamenta que PP y PSOE bloqueen en Cartagena las investigaciones a 'Lhicarsa'


CARTAGENA.- CTSSP ha criticado que tanto PSOE como PP hayan votado en contra de crear una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Cartagena para fiscalizar el contrato de limpieza viaria, recogida de basuras y tratamiento de residuos. 

A juicio de la formación morada resulta vergonzoso que el bipartidismo se una para evitar la transparencia con los servicios públicos, máxime cuando existen sucesivos informes de funcionarios municipales detectando anomalías en el cumplimiento del contrato, cuestión que el propio Gobierno socialista ha reconocido.
Asimismo, el grupo municipal ha reiterado que sigue a la espera de que el Gobierno se digne a facilitar la información que desde hace meses viene pidiendo, como son las actas de los Consejos de Administración de Lhicarsa o los informes del Director del contrato en cuestión.
Por último, Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha reiterado que "los grupos de la oposición y la ciudadanía en su conjunto tienen el derecho de saber cómo se gestiona el servicio público que más millones se lleva del presupuesto municipal, un servicio que además de prestarse de mala manera, está señalado, entre otras cosas, por irregularidades en materia de personal, falta de inversiones, posibles cobros indebidos por parte de la empresa de los subproductos de la planta de tratamiento, o afecciones medioambientales por nitratos en el caso de los suelos del vertedero".

El Ayuntamiento de Cartagena podrá invertir varios millones de euros del superavit de 2017

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena podrá destinar varios millones de euros a inversiones financieramente sostenibles, una vez que se apruebe el Decreto Ley que evitará que el superávit de 2017 tenga que destinarse obligatoriamente a amortización de deuda.

El superávit del año 2017 en Cartagena es de algo más de 13 millones de euros, de los cuales, cinco se destinarán a pagar facturas que se imputaron en enero de 2018. De los 8,4 millones restantes, parte se destinará al pago de la deuda y otra parte se podrán invertir.
La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha asistido en Madrid a un encuentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el que se ha reivindicado la necesidad de que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España adopten las medidas necesarias para que los Ayuntamientos puedan destinar sus superávit a inversiones y no sólo a la amortización de deuda porque, de lo contrario, se verán asfixiados.
La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento de Cartagena ha cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De hecho, en junio de 2015 la deuda municipal ascendía a 175 millones de euros y a 31 de diciembre de 2017 se había reducido a 101,5 millones de euros. 
“Hemos logrado bajar nuestra deuda en 75 millones de euros. Sólo durante el año 2017 se redujo en 22 millones. No es lógico que Ayuntamientos como el nuestro, que está cumpliendo escrupulosamente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y está obteniendo superávit en todos sus ejercicios, se vean limitados y no nos permitan invertir parte de este dinero. Somos la administración más cercana al ciudadano, la que más nos hemos sacrificado para cumplir y, por tanto, nuestros esfuerzos deben servir para mejorar la vida a nuestros vecinos”, ha reiterado Ana Belén Castejón.
El límite de endeudamiento máximo que permite el Ministerio de Hacienda es del 110% y actualmente, el ayuntamiento de Cartagena se encuentra aproximadamente en el 34%.
Por este motivo, la alcaldesa, junto al resto de miembros de la FEMP, ha exigido que se apruebe un Decreto Ley que prorrogue para 2018 la disposición de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que habilite al Ayuntamiento de Cartagena y al resto de Ayuntamientos a destinar el superávit de 2017 no sólo a amortización de deuda sino también a inversiones financieramente sostenibles.
“Si estamos cumpliendo, y este Ayuntamiento lo hace con creces, vamos a exigir que nos permitan no sólo destinar parte del superávit a inversiones, sino también a gasto corriente puntual, que también mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, que podamos arreglar algunas de nuestras calles o poder ejecutar una limpieza extraordinaria de una escuela infantil, entre otras muchas cosas”, ha indicado Ana Belén Castejón.
“Sólo la determinación y la unidad de los alcaldes, encabezados por Abel Caballero, ha hecho reaccionar al ministro, que ha entendido que la petición del presidente de la FEMP estaba más que justificada. Pero esto es sólo el principio. Es necesario que de una vez por todas se aborde la financiación de los Ayuntamientos. Necesitamos que se regulen las herramientas y mecanismos de los que disponemos para financiarnos”, ha destacado Castejón.
La alcaldesa recordó que Abel Caballero ya anunció durante la visita que realizó a Cartagena este verano que la unidad de todos los alcaldes era necesaria para luchar por los ayuntamientos y por mejorar, de una vez por todas, su financiación.
Asimismo, la alcaldesa también también se ha sumado a la reivindicación de que la regla de gasto se modifique para que el presupuesto de un año no tenga que estar supeditado a lo que se haya gastado de forma efectiva en el año anterior, sino a lo que había presupuestado inicialmente.
Actualmente, si no se ejecuta un presupuesto al 100%, el del año siguiente debe desarrollarse en base al gasto efectivo que se haya hecho, por lo que puede ser que el presupuesto de un año sea menor al del anterior, a pesar de que se hayan incrementado los ingresos y de que la deuda se haya reducido.
Castejón ha aprovechado su visita a Madrid para compartir ideas y proyectos con alcaldes de otros municipios como Huelva, Sevilla o Ciudad Real.

Cuatro de cada 10 niños de la Región de Murcia en riesgo de pobreza o exclusión social

MURCIA.- Cuatro de cada 10 niños que viven en la Región de Murcia están en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo refleja el informeSituación de la Infancia en la Región de Murcia 2017, realizado por UNICEF Comité Murcia en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Se trata de un 39,3% del total de la población infantil, según el indicador AROPE para el año 2016. Hablamos de más de 120.000 niños que viven una situación de vulnerabilidad o exclusión, cifras superiores a la media nacional (32,9%) y de la Unión Europea (26,9% en 2015).
"El cumplimiento de los derechos de los niños ha de ser un compromiso de todos, la inversión en la infancia es fundamental para el desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras, y este desarrollo no será efectivo si no se basa en la equidad. El conocimiento de nuestra realidad es lo que nos ha de permitir avanzar en estos logros, ha añadido", ha recordadola presidenta de UNICEF Comité Murcia.
El objetivo de este primer informe del comité de Murcia no es solo ofrecer un panorama de la situación de la infancia y la adolescencia en la Región, para contribuir a un mejor conocimiento de su realidad, sino intentar avanzar en la mejora de los indicadores de bienestar infantil, yofrecer una Agenda para la Acción con recomendaciones y propuestas que permitan favorecer y mejorar su bienestar.
La realidad que presenta el informe es relevante para los más de300..000niños, niñas y adolescentes que viven en la Región, en términos de bienestar social, educación, salud y vulnerabilidad, entre otros, partiendo de los datos de fuentes secundarias recogidas en www.infanciaendatos.es, iniciativa de UNICEF Comité Español y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI).
Desde UNICEF Comité Murcia consideramos imprescindible que se proteja, se priorice y se visibilice la inversión en infancia, de cara a garantizar el bienestar infantil, especialmente en los ámbitos con mayores desafíos: lucha contra la pobreza, salud, educación y protección, poniendo a los niños en el centro de las políticas de infancia.
En cuanto a Educación, en la Región de Murcia el abandono escolar temprano (26,4%) se sitúa por encima de la media española (19%), superando en más de 15 puntos porcentuales la media europea. En relación al logro educativo, ocho de cada 10 alumnos con 12 años han completado la Educación Primaria en 2015. Como punto positivo, el 87,6% de los alumnos con necesidades educativas especiales están matriculados en centros ordinarios, cinco puntos por encima de la media nacional (82,6%).
Respecto a Infancia Vulnerable, el acogimiento familiar supera al residencial, según datos de 2015. Y el porcentaje de adolescentes víctima de maltrato físico entre iguales fue del 9,9% en 2014, ligeramente por debajo de la media nacional (10,7%). Sin embargo, la Región de Murcia lidera el indicador de maternidad prematura entre mujeres adolescentes de 15 a 17 años, con un 6,8%, casi tres puntos por encima de la media nacional.
En lo que se refiere a Ocio y Tiempo Libre, los niños murcianos de 11 a 18 años son de los que más tiempo libre dedican a realizar actividades culturales, teatrales y musicales en grupo, y a hacer ejercicio físico. No obstante, la actividad a la que dedican más horas al día es a ver la televisión, incluyendo vídeos en YouTube u otros entretenimientos de pantalla (2,6 horas de media al día), y a jugar con aparatos electrónicos (2,1 horas).
En relación al Bienestar Subjetivo de la infancia, los datos analizados permiten comprobar cierto nivel de satisfacción con su vida: se alcanza una valoración global de 7,4 en una escala de 1 a 10, muy ligeramente por debajo de la media nacional (7,6).
Durante la presentación del informe en la Universidad de Murcia, bajo la presidencia de los rectores de la UMU y la UPCT y acompañados por entidades sociales y miembros de la comunidad universitaria, la presidenta de UNICEF Comité Murcia, Amparo Marzal, destacó además que los datos del informe nos permiten saber cuál es la situación de la infancia en nuestra Región, "de manera que sea un primer paso que oriente las políticas que van a tener impacto en sus vidas", en línea con el Pacto autonómico por la Infancia de 2016 y la Declaración Programática Institucional de 2017.

Propuestas: una Agenda para la Acción
Desde UNICEF Comité Murcia lanzamos una serie de recomendaciones y propuestas, conforme a los acuerdos del Pacto Autonómico por la Infancia-firmado en noviembre de 2016 por los cuatro grupos políticos con representación parlamentaria - y la Declaración Programática Institucional de 2017, y teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El objetivo es que esta Agenda para la Acción sea la hoja de ruta de las políticas autonómicas en materia de infancia, con el foco en el interés superior del niño.

Las propuestas concretas que recoge el informe son:
1.   Necesidad de información integral sobre infancia con enfoque regional y local.
2.   Lucha contra la pobreza infantil.
3.   Educación de calidad e inclusiva, abordando la necesidad de un Pacto por la Educación.
4.   Impulso de políticas públicas con enfoque de infancia y coordinación entre las mismas, tanto a nivel local como regional, implementando también la Agenda 2030 y reforzando la política de cooperación al desarrollo.
5.   Mejorar la inversión pública en infancia y adolescencia..
6.   Fomento del conocimiento de los Derechos de la Infancia y la importancia de la participación infantil en las decisiones que les afecten.
El informe plantea una serie de instrumentos institucionales cuya puesta en marcha puede favorecer el desarrollo de las propuestas planteadas:
1.   Creación de una Subdirección de Infancia y Adolescencia dotada de un equipo y un presupuesto específicos.  
2.   Constitución de un Observatorio Autonómico de la Infancia y la Adolescencia, como órgano consultivo que permita conocer el grado de satisfacción de las necesidades de los niños de la Región.
3.   Elaboración de un Plan Sectorial de Infancia y Adolescencia, que recoja y garantice los derechos de los niños de manera que sean sujetos activos de su propio desarrollo.
4.   Puesta en marcha de mecanismos para la elaboración de memorias de análisis de impacto normativo de las leyes en la infancia y en la adolescencia.
5.   Impulso a nivel autonómico de un Órgano de Participación Infantil y Adolescente donde se puedan generar espacios de intercambio entre el Gobierno (regional y locales) y la infancia.

C's exige en el Congreso un Plan de Rehabilitación Integral del casco histórico de Lorca

MURCIA.- Ciudadanos ha llevado al Congreso de los Diputados la situación del casco histórico de Lorca y la posibilidad de llevar a cabo en el mismo un Plan de Rehabilitación Integral “para fomentar su regeneración y repoblación”. 

Los diputados Miguel Garaulet y José Luis Martínez han presentado una batería de preguntas al respecto, haciendo hincapié en el citado plan y en la necesidad de que se mantengan las ayudas a Lorca tras los terremotos de mayo de 2011. 
“Queremos saber si el Gobierno va a mantener estas ayudas dentro del Plan Estatal de Fomento del Alquiler, que incluye actuaciones de regeneración y renovación urbanas que consideramos que el casco histórico de Lorca necesita urgentemente”, ha señalado Garaulet.
Además, los congresistas de Cs se interesan por las subvenciones previstas para la rehabilitación integral de los edificios protegidos por su valor histórico artístico y preguntan al Gobierno si va a incluir ayudas a viviendas unifamiliares, especialmente tanto en las zonas rurales como en el casco antiguo. 
Finalmente, Ciudadanos quiere que el Gobierno considere como Viviendas de Protección Oficial aquéllas que se rehabiliten o construyan para familias en riesgo de exclusión social, previo informe de servicios sociales.

Seguir viviendo en la Gran Vía Salzillo en Murcia sigue siendo un lujo

MADRID.- El precio de la vivienda en la Gran Vía de Murcia ha descendido un 8,31 por ciento desde 2008, aunque es una de las calles españolas que menos ha bajado comparativamente en estos diez años, cuando una vivienda de 100 metros cuadrado tenía un valor de 445.000 euros y ahora apenas superaría los 400.000 euros, según informe elaborado por la sociedad de tasación independiente TecniTasa, que señala que los precios máximos y mínimos de la vivienda en España siguen siendo un 35% inferiores a los del 'boom inmobiliario' de 2008.

En las zonas más acomodadas de las principales ciudades españolas, el precio de la vivienda es de media en 2018 un 30% más barato que hace diez años, mientras que las viviendas más baratas del mercado han reducido su coste un 40%.
Concretamente el estudio señala que entre las diferencias de precios en las zonas más caras de las ciudades en la última década, destacan las que se dan en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde en 2017 se podía adquirir un piso de 135 metros cuadrados por 353.700 euros frente a los 783.000 euros que valía una década antes.
 Y en el Paseo de Almería y la Rambla Federico García Lorca, de Almería, donde en 2017 el precio del metro cuadrado alcanzaba el valor de 4.500 euros y ahora apenas supera los 2.000 euros.
Ente los precios mínimos también se aprecia diferencia. En este caso destaca Huesca. En 2008 se podía comprar en la zona Perpetuo Socorro de esta ciudad aragonesa, un piso de 60 metros cuadrados por 99.000 euros, un precio que hoy se ha reducido un 75% hasta poder adquirirse por 24.000 euros.

El fuego cruzado en 'Ahora Madrid' da el golpe de gracia a la 'Operación Chamartín'

MADRID.- El proyecto Madrid Nuevo Norte, antes conocido como Operación Chamartín (en el que estarían involucrados varios murcianos destacados), podría tener de nuevo los días contados. Tras años de idas y venidas, parecía que a principios de año vería por fin la luz, tal y como se comprometió el Ayuntamiento en julio. Sin embargo, lo cierto es que aún no se ha tramitado y, según fuentes cercanas a la operación, si no se inician los trámites antes de la primera quincena de marzo será prácticamente imposible que se puedan cumplir los plazos para que llegue aprobarse y quedaría a merced del gobierno que resulte de las elecciones municipales de mayo de 2019, según publica hoy https://www.lainformacion.com.

Las miradas se ciernen ahora sobre el Ejecutivo de Carmena, al que muchos culpan en privado de dilatar indebidamente el proceso y más desde admitiesen la posibilidad de que no estuviera aprobado el primer trimestre del año.
Así, según lo pactado en verano, el Consistorio debería haber dado el pistoletazo de salida en diciembre al proyecto con la firma de la aprobación sectorial, paso previo a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 
Posteriormente, se deberían volver a solicitarse los 48 informes sectoriales, responsables de que el anterior plan se retrasara indebidamente y acabara en los tribunales; pasar el periodo público de alegaciones y obtener el visto bueno de los partidos en el Pleno municipal. Por último, se necesitaría también la luz verde de la Comunidad de Madrid, tras lo cual, el proyecto quedaría aprobado y se podría empezar a trabajar.
Debido a la complejidad de estos pasos, solo será posible completarlos si el Ayuntamiento comenzara los trámites durante el primer trimestre del año. El problema, según fuentes consultadas y tal y como ha dejado caer el propio Consistorio, es que, a estas alturas, es complicado que esto suceda. Estas mismas fuentes culpan a la brecha que existe dentro del grupo de Ahora Madrid, ya que siete concejales —IU y Anticapitalistas— se oponen al proyecto, aunque, reconocen que, si el equipo de Carmena actuara con diligencia estos votos no serían imprescindibles para aprobarlo, por lo que este retraso "bien podría venir por un cálculo electoral".
Por su parte, fuentes cercanas a la operación han mostrado en privado su preocupación por el retraso, del que dicen que desde Fomento se ha hecho lo imposible por evitar, y opinan que el plan "está perdido esta legislatura", lo que "pone en juego 214.000 empleos y el 0,6% del PIB nacional". No obstante, desde el propio Ministerio se han remitido a las palabras de De la Serna quien ha asegurado que confía en que el proyecto “vea la luz pronto".
 "Creo que estamos muy cerca ya de poder llevar a cabo esta aprobación inicial que servirá para desatascar la operación Chamartín”, pero “hay que dar un poco más de tiempo a las partes que están cerrando unos últimos flecos”, ha mantenido.
Tampoco desde la Comunidad ven con tranquilidad estos retrasos y fuentes del Gobierno regional critican que desde el Ayuntamiento "parece que quiera dinamitarse cualquier intento de expansión y mejora de la ciudad, como ya ha ocurrido en otros proyectos como los desarrollos del sureste, donde el Ejecutivo de Carmena ha perjudicado gravemente a miles de jóvenes y familias de clase media". 
Es más, el propio consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, recordó que había un acuerdo muy desarrollado que “Ahora Madrid y Podemos echó abajo”. “Carmena rompió el consenso y tiene paralizado un proyecto tan importante para los madrileños: inversión, creación de empleo, nuevas empresas…”, resaltó.

El Ayuntamiento no ve un problema en los retrasos

Fuentes del Ayuntamiento, por el contrario, rechazan el alarmismo y aseguran que desde el Consistorio se está trabajando para sacar adelante el proyecto. "Es un proyecto muy complejo que no se puede hacer deprisa y corriendo porque se corre el riesgo de cometer errores que sí que paralizarían todo. Estamos trabajando con la mayor diligencia posible y con la mayor rigurosidad", mantienen. 
En esta línea, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, sostuvo que esta operación se trata de un proyecto "muy complejo" y añadió que si el Consistorio necesita "más tiempo", se lo tomará. "No existe ninguna preocupación y todo marcha según lo previsto", reiteró, a lo que añadió que pese a que el plazo dado es “el primer trimestre del año”, no es un ‘deadline’ que superado haga el proyecto inviable.
Tras arduas negociaciones, se logró aprobar un proyecto basado en una reducción del 20% de la edificabilidad prevista en el plan avalado por la exalcaldesa Ana Botella, tanto para uso residencial como de oficinas; un papel absolutamente protagonista para la estación de Chamartín que será el eje absoluto del proyecto; una prolongación del paseo de la Castellana con claro predominio de los espacios peatonales, y la construcción de una city financiera con la intención de atraer a empresas a la capital, así como de 11.000 viviendas. 
Fuentes cercanas a la operación lamentan que el proyecto este al borde del abismo por la lentitud de unos políticos que, dicen, no parecen estar comprometidos con sacarlo adelante. "Tendremos que ver qué pasa, si termina imperando el bien común y se agilizan los plazos para que se apruebe a contrarreloj o si, finalmente, la 'bronca' política empaña el crecimiento social y económico de Madrid", concluyen. 

El temor al desplome electoral se extiende entre los dirigentes del PP

MADRID.- El PP se enfrenta a una huida masiva de electores hacia Ciudadanos en las elecciones locales, autonómicas y europeas de 2019. Esta es la certeza de dirigentes territoriales del partido conservador, que no ven posible una recuperación si el gobierno no adopta medidas destinadas especialmente a su electorado tradicional, según recoge hoy El País.

Tras el Estudio General de Opinión de Andalucía —que refleja el sorpasso del partido de Albert Rivera al de Mariano Rajoy en esa comunidad— líderes regionales piden reformas sobre pensiones o equiparación salarial de las fuerzas de seguridad para atraer de nuevo a esos electores que ahora declaran su intención de votar a Ciudadanos en todos los sondeos. Para afinar su análisis, el PP ha encargado una macroencuesta con miles de entrevistas.
Hoy, día de Andalucía, los ánimos serán muy diferentes entre los dirigentes de los partidos. El PSOE se sabe ganador de los próximos comicios autonómicos, según todas las encuestas, y Ciudadanos aspira a colocarse segundo y desbancar al PP, según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (EGOPA). 
No es eso lo que dicen los sondeos del PP andaluz, que encargó a dos empresas diferentes la realización de un estudio con más de 2.600 entrevistas. Pero todas las alarmas se han encendido en un partido ya golpeado por el avance municipal, autonómico y nacional de Ciudadanos, que reflejan el CIS y los sondeos de Metroscopia.
Tras las elecciones catalanas del 21-D, la formación de Rajoy situó en Andalucía el cortafuegos con el que detener el avance de la de Rivera. Los estrategas de la dirección nacional aventuraron entonces que el liderazgo de Juan Manuel Moreno Bonilla, la excelente implantación del partido en esa comunidad y la posibilidad de un adelanto electoral ofrecían todos los elementos para que el PP quedara por delante de Ciudadanos. Un resultado favorable, opinaron fuentes de la dirección nacional, brindaría la oportunidad de recobrar la iniciativa, cambiar la dinámica y recuperar el argumento de que el efecto naranja solo brilla en Cataluña. Un planteamiento que ahora pone en duda el EGOPA y que también rodea de dudas el sondeo propio encargado por el PP en Andalucía.
No hay sorpasso y Ciudadanos sigue por detrás, pero el PP no gana las elecciones en casi ninguna ciudad andaluza, según señalan fuentes conocedoras de este estudio. De hecho, la formación de Rajoy solo mantendría la mayoría absoluta en Almería y en Algeciras. Su aspiración, por tanto, está en que Ciudadanos no les sobrepase y en que se avenga a realizar pactos de gobierno con el PP y no con los socialistas, según señalan estos interlocutores. Esas encuestas las han realizado en las ocho provincias andaluzas más a otras tres ciudades relevantes de Andalucía cualitativa y cuantitativamente, como son Jerez de la Frontera, Marbella y Algeciras.
El resultado en todas reflejan un intenso retroceso del PP. La desazón entre los dirigentes del partido de Rajoy aumenta por cuanto que el candidato no parece importar mucho. Los electores votan a la marca Ciudadanos, según señalan fuentes populares, que reconocen el desgaste de la marca PP.
Ese problema ya ocupó a los líderes regionales que se reunieron con Rajoy en una comida de trabajo celebrada el pasado lunes 12. “Con la financiación autonómica, Ciudadanos es lo que más preocupaba”, resumió una fuente conocedora de las conversaciones que se mantuvieron aquel día en la sede nacional de Génova.
La conjunción del auge de Ciudadanos con la proximidad de las elecciones andaluzas, locales, autonómicas y europeas de 2019 preocupa especialmente a los líderes regionales del PP. Estos temen que un mal resultado en Andalucía provoque un efecto contagio que afecte a sus expectativas, marcando tendencia e impulsando a Ciudadanos. 
Esta preocupación se ve multiplicada por la posibilidad de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, decida adelantar a otoño de 2018 unos comicios que deberían celebrarse en marzo de 2019. Esa opción —que no avalan los socialistas— perjudicaría especialmente al PP, puesto que Ciudadanos se encuentra en un momento dulce.
¿Qué hacer? Para empezar, el PP ha encargado una macroencuesta para toda España que tendrá entre 5.000 y 10.000 entrevistados, según fuentes de la dirección nacional. Ciudadanos se ha revelado como un competidor temible.  
Rajoy ha condicionado su candidatura de las próximas generales a la evolución de la economía y de la situación en Cataluña. Y el deseo de apurar la legislatura, evitando un adelanto electoral a finales de 2019, se ve dificultado por la falta de apoyos estables para aprobar los Presupuestos. En consecuencia, el PP quiere pulsar la opinión de los españoles.
“Solo tenemos que ocuparnos de nuestro propio electorado, que es el que ellos nos están ganando”, señalaron fuentes regionales, que piden a la dirección que se centre en sus votantes para ganar de nuevo su apego. Así, se reclama que el Gobierno adopte reformas que apelen directamente a los electores tradicionales del PP
Una formación que tiene a su mayor bolsa de votantes en los mayores de 55 años debe liderar el discurso sobre la reforma de las pensiones, argumentan estos interlocutores. Un partido de perfil conservador que ha hecho de la seguridad uno de sus puntales también tiene que protagonizar la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. 
Y una fuerza que gobierna en cinco comunidades y en la Moncloa tiene que cuadrar la financiación autonómica para demostrar su utilidad.
Son ejemplos de que líderes del PP opinan que la resistencia al empuje de Ciudadanos va aparejada a medidas y no a discursos. Una petición de máximo esfuerzo para taponar la sangría de votos que en los últimos días han recibido el Gobierno y la cúpula del PP.

El delegado del Gobierno afirma que 'a quien se porte bien no le pasará nada'

MURCIA.- La Policía Nacional ha abierto ya 50 expedientes sancionadores por los altercados registrados en las obras del AVE a su paso por Murcia. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, quien ha recordado que "estado de derecho es estado de derecho y cumplimiento de la legalidad es cumplimiento de la legalidad, que le quede claro a todo el mundo" y "por muchas presiones de los amigos de los radicales que haya, aquí no se va a dar jamás un paso atrás", apuntando que "si nos portamos bien, no nos pasa nada".

"El que incumple la ley, tiene que asumir las consecuencias", ha subrayado, "no se puede vulnerar el orden público, no se pueden provocar altercados, no se pueden negar reconocimientos a gente de la autoridad, no se pueden desarrollar manifestaciones ilegales, atentar contra el patrimonio público o cortar las comunicaciones ferroviarias".
"No se puede", ha insistido el delegado del Gobierno, "y quien lo entienda bien, y el que no, peor para él".
Tras lo que ha explicado que a día de hoy y en virtud de denuncias formuladas por el Cuerpo Nacional de Policía, hay abiertos en la Delegación del Gobierno un total 50 expedientes sancionadores, si bien las personas afectadas son 40, "porque varios de ellos son reincidentes", con unas propuestas de sanción entorno a unos 35.000 euros.
Y desde luego, ha manifestado este miércoles Bernabé, "mientras se siga vulnerando la legalidad, igual que cuando alguien se salta un semáforo en rojo tiene una sanción o el que excede la velocidad, el que cometa cualquier tipo de desacato contra el orden público, también la tendrá. Si nos portamos bien, no nos pasa nada".

Cospedal afirma que los submarinos S-80 podrían estar listos en 2022

CARTAGENA.- La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha visitado hoy las instalaciones del Arsenal Militar y la Base de Submarinos en Cartagena para conocer de primera mano la labor de la unidad y experimentar la navegación a bordo de un sumergible.

Tras pasar revista a las unidades y mandos, la ministra ha participado en una muestra del simulador del S80 Plus como paso previo a embarcar en el submarino Tramontana con la intención de conocer la diferencia tecnológica entre la clase S70, operativa desde los años 80, y los nuevos sumergibles que construye Navantia para la Armada.
Cospedal ha afirmado que los primeros submarinos de la serie S-80 podrían estar listos en 2022, y ha considerado que el proyecto es un "gran reto" para la industria naval española, que será un "éxito" y que permitirá dar "un salto cualitativo importante".
En concreto, Cospedal ha visitado la Flotilla de Submarinos de la Armada, donde ha tenido la oportunidad de conocer el simulador del submarino S-80 y ha embarcado en el submarino 'Tramontana' S-74, para realizar una maniobra de inmersión.
Poco antes de embarcar en el submarino se ha dirigido a la tripulación, en una alocución en la que ha trasladado su confianza en que el proyecto del submarino S-80 va a ser un "éxito" y que se va a llevar a cabo "hasta el final".
El 'Tramontana' S-74 tenía intención de desplazarse a diez millas de la costa para realizar una maniobra de inmersión, bajando a unos 50 metros de profundidad. Además, tenía previsto hacer un ejercicio de 'salida en vía de agua' para regresar a Cartagena sobre las 17.00 horas.
Durante la salida a la mar, la ministra podrá conocer así más de cerca el trabajo que se realiza a diario en el interior de un submarino, donde su tripulación se prepara en tareas de vigilancia, protección a la fuerza, apoyo y disuasión, según informaron fuentes del Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los hospitales murcianos duplicarán su capacidad para luchar contra el cáncer

MURCIA.- La Consejería de Salud duplicará en cuatro años la capacidad de tratamiento radioterápico del cáncer de los hospitales públicos de la Región de Murcia, gracias a la adquisición y puesta en marcha de cinco nuevos equipos de tratamiento oncológico y a la contratación de 65 nuevos profesionales.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ofreció estos datos en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, detalló que se instalarán dos nuevos aceleradores lineales en el hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, uno en el complejo hospitalario de Cartagena, concretamente en el hospital general universitario Santa María del Rosell, y dos en elfuturo centro metropolitano integral de alta resolución de Murcia, que dará cobertura a los hospitales Reina Sofía y Morales Meseguer.
El Servicio Murciano de Salud (SMS) adquirirá tres de estos aceleradores, mientras que la Fundación Amancio Ortega facilitará los dos restantes. El SMS invertirá 10 millones de euros en la adquisición, puesta en marcha y realización de las obras necesarias para la instalación de estos aceleradores, que por sus características especiales deben situarse en los sótanos de los hospitales, según dijo el consejero Manuel Villegas.
Estos nuevos equipos se sumarán a los cinco ya existentes en los hospitales públicos de la Región, tres de los cuales se ubican en la Arrixaca (uno de ellos ya debe ser sustituido por su estado, según Manuel Villegas), mientras que los dos restantes se encuentran en el hospital general univesitario Santa Lucía de Cartagena.
"Este equiparamiento está orientado a la renovación tecnológica para el tratamiento de enfermedades oncológicas, con el objetivo de dar una mejor respuesta a los problemas de salud mediante la incorporación de la última tecnología en los centros sanitarios de la Región", explicó el consejero de Salud, quien subrayó además que, con la adquisición de los nuevos equipos, "aumentaremos considerablemente la capacidad de la radioterapia en la Región con lo que mejoraremos ostensiblemente la eficiencia en la prestación sanitaria".
Los aceleradores lineales son los dispositivos más utilizados para el tratamiento del cáncer con radioterapia y se estima que su uso podrá aumentar hasta un 15% de aquí a 2020, debido al incremento de la incidencia del cáncer previsto, al previsible aumento de la indicación de estos tratamientos como alternativa a la cirugía y a los tratamientos farmacológicos, así como a la innovación tecnológica en radioterapia, que permitirá reducir su toxicidad y elevar por tanto la dosis terapéutica.
Los cinco equipos con los que cuenta actualmente la red de hospitales del SMS realizan una media de 4.000 tratamientos al mes. Con la puesta en marcha de los cinco nuevos aceleradores lineales, se podrán realizar un total de 8.000 tratamientos al mes, más de 80.00 al año.
Por cada acelerador, el SMS contratará a 13 profesionales, entre personal facultativo, sanitario y de apoyo, que también llevará a cabo actividad docente e investigadora. La adquisición y puesta en marcha de los cinco nuevos equipos irá acompañada por la contratación de 65 nuevos profesionales en las distintas categorías a lo largo de estos cuatro años. En total, el SMS contará con 130 encargados de estos tratamientos.

Otros acuerdos
Por otra parte, el Consejo de Gobierno acordó la concesión de una subvención nominativa de 1,5 millones a la Universidad de Murcia para 2018, destinada a hacer frente a los gastos que ocasiona el mantenimiento operativa de los servicios docentes y de investigación de la misma.
Además, se acordó la contratación del nuevo seguro de responsabilidad patrimonial del SMS, por importe de 6,7 millones de euros, además del contrato del servicio del sistema de base de datos de usuarios del SMS, por importe de 726.000 euros, durante dos años.
También se llegó a un acuerdo con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para ayudar a personas en riesgo de desahucio y se amplió en diez plazas la residencia de personas mayores de Ceutí. Se autorizó la firma de un convenio con la FREMM para realizar los trámites ambientales de forma telemática.
Asimismo, se han aprobado los servicios mínimos de la huelga del 8 de marzo, que el Gobierno de la Región no secundará, y se ha solicitado la ampliación de los beneficios fiscales del Año Jubilar de Caravaca durante todo 2018.

El Tribunal Supremo avala que los bancos carguen al cliente los impuestos de constitución de las hipotecas

MADRID.- El Tribunal Supremo ha dictaminado este miércoles que son los clientes quienes deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que da la razón a los bancos.

En concreto, la sentencia del Supremo sólo estima en parte los dos recursos presentados y establece que por la constitución del préstamo, el pago incumbe al titular de la hipoteca, pero en cambio por el timbre de los documentos notariales, el impuesto corresponde a la matriz, que se abonará "por partes iguales" entre el prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.
De esta forma, el Tribunal falla a favor de las entidades bancarias, dado que suele ser práctica habitual que los hipotecados paguen los impuestos relacionados con la constitución de las hipotecas, el grueso de los gastos relacionados con la suscripción de un préstamo hipotecario.
Sin embargo, en su sentencia de diciembre de 2015 el Supremo sí dictaminó la "abusividad" de una cláusula que, "sin negociación y de manera indiscriminada", atribuye todo el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley hace una distribución de los mismos, y por tanto declaró nulas todas las cláusulas que imponían al cliente todos los costes de concertación del contrato y del pago de todos los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco.
En aquella ocasión, la sentencia del Supremo se derivó de una acción colectiva de la OCU, que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas de varios contratos bancarios del BBVA y del Popular.
Por eso, la sentencia de este miércoles del alto tribunal se refería únicamente a quién debía pagar el ITP y AJD, y ha estimado sólo parcialmente los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados, dado que ha determinado que el grueso de estos impuestos, relativo a la constitución del préstamo, debe pagarlo el cliente.
De esta forma, a los bancos sólo les corresponde pagar la mitad del impuesto sobre el timbre de los documentos notariales y las copias, a quien las solicite. El Supremo indica que el fallo ya ha sido comunicado a los procuradores de las partes y que el texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.
El ITP y AJD es un impuesto autonómico, que varía en función de cada comunidad autónoma, y que representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formalice la hipoteca. Según los datos aportados por varios despachos de abogados, el pago de este impuesto se sitúa de media entre los 3.000 y 4.000 euros.

La 'Aemet' cobrará a las cofradías de Semana Santa por la previsión del tiempo


MADRID.- La Agencia Estatal de Metereología va a cobrar un canon a las cofradías por adelantarles la previsión del tiempo en Semana Santa, un servicio que hasta ahora era gratuito. De esta forma, ha remitido un escrito a la Junta de Cofradías de Andalucía y Castilla y León, en el que ofrece sus servicios a cambio de 50,46 euros más IVA por cada día de la Semana Santa. 

En el documento, la Aemet justifica este insólito cobro en que las cofradías "requieren predicciones metereológicas a la medida" y recuerda que para poder realizarlas "es necesario un refuerzo de los grupos de predicción y vigilancia", antes de informar de que es un "servicio de obligado cobro".
Además, la Aemet argumenta que las cofradías son entidades privadas. La medida se ha tomado tras un informe del abogado del Estado basado en la orden de precios públicos de 2016.
El presupuesto orientativo incluye "la emisión de predicciones por mail y el asesoramiento telefónico personalizado". Las cofradías tienen hasta el 16 de marzo para poder solicitar este servicio a la Aemet.
"Imagínate que viene un frente y vemos que si se retrasa la procesión media hora pueden salir. Les ofrecemos un servicio a la carta y pesonalizado. En Andalucía, hay 500 cofradías", ha declarado Ana Casals, portavoz de Aemet.
La medida también pretende eliminar las continuas llamadas a deshoras para conocer la previsión del tiempo en cada procesión y las peticiones constantes para ver si el paso puede salir con garantías. 
A partir de ahora, será la Junta de Cofradías el único interlocutor con la Agencia de Meteorología. Este organismo abonará la cantidad requerida, unos 600 euros, entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección, si así lo autorizan las cofradías.

Bruselas hace campaña para convencer a los bancos sobre la conveniencia de los corralitos

BRUSELAS.- Las negociaciones a nivel europeo para aprobar una herramienta legal que permita a las autoridades supervisoras y de resolución aplicar corralitos temporales a los depósitos (y otros pasivos) de las entidades en problemas siguen adelante a pesar de las discrepancias entre los distintos grupos parlamentarios y el rechazo frontal mostrado por las principales organizaciones que agrupan el sector financiero internacional, según publica hoy Expansión.

Las autoridades europeas dan por hecho que, pese a las dificultades, se aprobará algún tipo de moratoria que en el futuro pueda evitar los riesgos en los que sí se incurrieron durante la pasada crisis de Banco Popular, que tuvo que ser resuelto y vendido a Santander en la noche del 7 de junio, sin disponer apenas de alternativas ante el hecho de que la entidad no podía abrir sus puertas al día siguiente.
Pero además de vencer, las autoridades aspiran a convencer de la conveniencia de los corralitos a un sector bancario que desde un primer momento se ha mostrado frontalmente contrario a una medida como esta, argumentando para ello que entre otros perjuicios provocaría huidas masivas de depositantes en cualquier entidad de la que se tuvieran sospechas de estar en problemas, así como efectos negativos para la economía en su conjunto.
En los últimos meses, los sectores bancario y financiero han celebrado distintos encuentros a nivel europeo y español en los que se ha abordado, entre otros aspectos, la cuestión de las moratorias a los depósitos. En los mismos, según explican a Expansión Directo Banca fuentes presentes en las mismas, las autoridades (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Junta Única de Resolución...) están tratando de mandar un mensaje de tranquilidad al sector y están aprovechando distintos encuentros y jornadas del sector para lanzar sus argumentos.
«En el caso de Popular, aunque todo funcionó, hubiera estado bien tener unos días más para trabajar con más tiempo. La moratoria, en este sentido, dará a los inversores más confianza que el marco actual. ¿Por qué? Porque es una medida que ha de pasar por los legisladores y esto dará certidumbre a los mercados», explica una fuente próxima a una de las autoridades de resolución europeas. Esta herramienta, añade, sería más predecible de lo que es ahora y ayudaría a unificar criterios en la zona euro, ya que actualmente hay países como Alemania que sí disponen de ella, mientras otros como España no.
«Es menos probable que haya salidas masivas de depósitos [como ocurrió en Popular] si todos los actores del mercado saben que la moratoria es por un tiempo limitado máximo», advierte esta misma fuente. En el caso de España, es el Tesoro quien está actuando como interlocutor con el sector para convencerles de lo apropiado de una medida como esta para evitar posibles salidas masivas de depósitos en entidades que puedan entrar en fase de resolución (o en prerresolución).
Madrid, el pasado 9 de febrero, fue sede de una de las últimas jornadas del sector, centrada en la resolución bancaria, y uno de los encuentros aprovechados por las autoridades para defender la idoneidad de una medida como los corralitos temporales a los depósitos. Con la presencia de representantes del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), de la JUR y del Frob (la autoridad española de resolución), entre otros organismos, fuentes presentes en este encuentro señalan que el asunto de las moratorias fue uno de los que más atención y desencuentros concitó.
La falta de acuerdo respecto a los pormenores (duración, pasivos afectados...) de estos hipotéticos corralitos no solo se sitúa en el sector privado. Fuentes conocedoras del reciente encuentro celebrado en Madrid indican que, mientras que desde el Frob se abogaba por desarrollar una herramienta de moratoria que le otorgara unos poderes específicos lo más amplios posibles (es decir, afectando también a los depósitos garantizados), desde el Banco de España, en cambio, la posición no sería tan favorable, aunque el BCE, sin embargo, es un entusiasta defensor.
El desencuentro entre autoridades deja entrever, según distintas fuentes financieras, que la tramitación de esta moratoria para los depósitos no será precisamente rápida. La falta de acuerdo entre los grupos del propio Parlamento Europeo tampoco es una señal positiva. Este martes se debate en la Eurocámara una propuesta por parte del ponente (Gunnar Horkmark), aunque la división existente incluso de forma interna entre las propias formaciones (socialistas y populares, por ejemplo) hace prácticamente imposible que haya un acuerdo.
La propuesta que se debate este martes contempla, entre otras características, que la herramienta de moratoria se pueda aplicar a todo tipo de pasivos, incluidos los depósitos garantizados, con excepción de las obligaciones de pago de los distintos operadores interbancarios. Estos corralitos, de aprobarse, tendrían una duración máxima de dos días laborales y solo se podrían aplicar por parte de las autoridades de resolución tras consultarlo con la autoridad supervisora competente (BCE o Banco de España, por ejemplo).
Además, los distintos países de la zona euro deberán comprometerse a aprobar una normativa nacional para poder aplicar este mismo tipo de moratoria (o superiores) en aquellas entidades que en vez de resolución se vean sometidas a procedimientos de insolvencia ordinarios.

La CARM pone a disposición de los ayuntamientos una base de datos jurídica con más de 33 millones de documentos

 
MURCIA.- El director general de Administración Local, Manuel Durán, dio hoy a conocer la base de datos de la multinacional jurídica española 'vLex', con la que se ha suscrito un convenio de colaboración, a representantes de los ayuntamientos de la Región de menos de 20.000 habitantes y destacó que "tendrán acceso a este portal online de documentación y consultoría legal de forma completamente gratuita".
"Ponemos a disposición de los ayuntamientos la más avanzada tecnología para que puedan ser más eficientes. Estamos seguros de que va a ser una herramienta muy útil ya que la base de datos dispone de un gran contenido en cuanto a legislación y jurisprudencia, boletines oficiales, convenios colectivos, o iniciativas legislativas, entre otras", señaló el director.
Asimismo, indicó que "va a suponer una mejora en los servicios que prestan los ayuntamientos y un importante ahorro para ellos, pues lo va a asumir en su totalidad la Comunidad, lo que demuestra el carácter municipalista de este Gobierno, que lleva a cabo multitud de iniciativas de apoyo a los consistorios de la Región", añadió.
Durán explicó que 'vLex España' es "el producto de investigación jurídica más usado en nuestro país". Además de la cobertura completa de la legislación española, también ofrece acceso a contenido de la Unión Europea y de derecho internacional.
Incluye, entre otras, base de datos de jurisprudencia, con más de 5,8 millones de sentencias; base de datos de legislación completa, con casi 12 millones de normas incluyendo todos los Boletines y Diarios Oficiales de España; base de datos de doctrina y bibliografía, con más de 272.000 documentos entre artículos doctrinales, libros y revistas, o base de datos de doctrina administrativa, con casi 140.000 resoluciones.
El responsable de Administración Local destacó que "ayuda a encontrar respuestas reduciendo el riesgo de cometer errores, así como el tiempo y el esfuerzo que se destina a la documentación, a la vez que aportar certeza y seguridad jurídica".

Interior anuncia que impedirá con una Ley que unos cuerpos policiales puedan cobrar más que otros

MADRID.- Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han alcanzado con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, una "propuesta de acuerdo" sobre equiparación salarial que permitiría a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado percibir en 2020 el mismo sueldo que un mosso con igual puesto y categoría, tal como recoge hoy El Mundo.

Sindicatos y asociaciones de ambas instituciones consultarán en los próximos días a sus bases para firmar este acuerdo, que el ministro ha calificado como "histórico". Además, Zoido se ha comprometido a tramitar una ley "para siempre" que garantice "la equiparación salarial justa" entre los cuerpos.
Según explican los sindicatos, el Ministerio del Interior se compromete a sacar adelante una ley de equiparación específica para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "que impida que unos cuerpos puedan cobrar más que otros, de tal manera que se ponga fin a una injusticia histórica".
Desde el departamento de Zoido recalcan que es la primera vez que un Ejecutivo alcanza un acuerdo para acabar con una situación de discriminación salarial tan clara.
Si se culminara el acuerdo, en tres años se debería corregir la "brecha salarial" que existiría actualmente entre la policía autonómica catalana, cuerpo con mayor sueldo en España, y la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Este acuerdo, negociado por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, supondría que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 el Gobierno debería incluir 500 millones de euros para incrementar las nóminas de policías y guardias civiles. Y en los dos próximos años (2019 y 2020) se incorporarían cantidades necesarias para incrementar la equiparación.
En esta última reunión, la séptima desde que se constituyeron las mesas técnicas, se han respetado los 807 millones de euros que se pactaron para aplicar el método de costes medios de cada uno de los puestos de trabajo entre los cuerpos policiales y que supuso determinar una diferencia salarial de 476,7 millones en el caso de la Guardia Civil y de 331 millones en el caso de la Policía Nacional.
No obstante, en el documento negociado también se refleja no contabilizar en esa cifra las cantidades que, negociadas en la Mesa General de la Función Pública, recibirían todos los funcionarios, incluidos los Mossos d'Esquadra, lo que elevaría la cifra de la equiparación salarial a un montante de 1.100 millones de euros.
Zoido, en una entrevista en Onda Cero, asegura que la partida para la equiparación se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado, pero si estos no se aprueban, siempre habrá "una herramienta" para cumplir ese compromiso.
Cree el titular de Interior que el preacuerdo es el final del conflicto pero, sobre todo, que con él se hace justicia en una reivindicación de 20 años y se reconoce "a quienes velan todos los días por la seguridad y los derechos de los ciudadanos".
Deja claro que en 2020 un policía y un guardia civil cobrarán exactamente lo mismo que un mosso, porque el preacuerdo garantiza la "equiparación cuerpo a cuerpo" después de que se haya hecho un trabajo "muy minucioso, de muchas horas y noches", ya que ha habido que analizar puestos distintos, sueldos distintos y categorías distintas "difícilmente comparables".
Zoido ha explicado que el preacuerdo establece la revisión permanente de la equiparación, de tal manera que "si hay cualquier desvío en una categoría, se corrige inmediatamente".

La Guardia Civil de Tráfico ya está probando cinco drones de DJI para grabar infracciones


MADRID.- La Dirección General de Tráfico se sube al siglo XXI con la incorporación de varios drones que usarán para captar en video infractores al volante. Según publica La Información, la DGT está probando en Madrid varios drones del fabricante chino DJI para captar a conductores en situaciones de peligro.

La intención es la de captar a los infractores en el momento y grabarlo en vídeo, de la misma forma que hacen los helicópteros con sus cámaras capaces de acercarse y captar las matrículas o incluso las caras de las personas en los vehículos.
Aunque los drones de DJI que la DGT ha comprado no tiene cámaras tan potentes, son capaces de grabar en alta definición desde una distancia prudente, pero al ser tan pequeños, los conductores no se captarán de que están cerca.
En concreto se han comprado cinco drones DJI Mavic Pro para una prueba piloto que se está realizando en los alrededores de Madrid. La idea del Ministerio del Interior es que para 2019 la Guardia Civil pueda usarlos de la misma forma que usan radares móviles, como un arma más para capturar a las personas que infringen las normas de circulación.
Aunque estos drones de DJI tienen funciones de seguimiento de personas y en teoría podrían funcionar con vehículos, no disponen de un sistema para desarrollar aplicaciones de terceros. Es decir, la DGT no puede desarrollar una aplicación que permita grabar de forma automática a los coches, tendrán que ser los agentes de la Guardia Civil los que piloten desde tierra y graben los coches.
A estos drones la DGT agrega nuevos radares móviles mucho más pequeños y fáciles de esconder detrás del guardarraíl.


Todos los periódicos de 'Vocento' pierden difusión pero el que mas 'La Verdad' (14%)

MADRID.- La editora del periódico ABC volvió en 2017 a sufrir los rigores de la crisis de la prensa. La división de periódicos de Vocento volvió a cerrar con números negativos el pasado ejercicio y registró un descenso del 5,6% en sus ingresos. Un año más, todos sus diarios cayeron en difusión, siendo La Verdad el que más lo hizo (14%) y El Correo el que menos (7,3%), según lo que publica hoy Voz Pópuli.

Ciertamente, lo que le ocurre a esta compañía no es un caso excepcional, pues todos los grupos de prensa han sufrido durante los últimos años un drástico descenso de sus ventas y de su facturación como consecuencia de la enfermedad crónica que afecta al papel y de la reducción de la inversión publicitaria en el sector.
Ahora bien, existe un dato que permite apreciar con claridad la magnitud de la crisis de Vocento: en 2017, la difusión media del total de sus periódicos regionales (238.967 ejemplares diarios) fue inferior a la que logró ABC (240.225) de media en 2006, según datos de la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD).
Durante el pasado ejercicio, los ingresos de explotación de sus 11 cabeceras regionales fueron de 264,05 millones de euros. Es decir, el 4,5% inferiores al ejercicio anterior. Por su parte, ABC facturó 94,31 millones, el 4,5% menos. El resultado operativo EBITDA de las primeras descendió el 2,5%, mientras que el del diario monárquico lo hizo el 63,1%.
Los ingresos por venta de ejemplares cayeron el 6,4% en los citados 12 meses, según las cuentas presentadas este martes por la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La bajada fue más pronunciada en ABC (8,2%) que en los rotativos autonómicos (-5,5%).

Caída por cabeceras

La difusión del diario de los Luca de Tena descendió el 12,3%, la de El Correo, el 7,3%, la de El Diario Vasco, el 7,4%, la de El Diario Montañés, el 9,8%, la de Ideal, el 8,4%, la de La Verdad, el 14%, la de Hoy, el 6,6%, la de Sur, el 8,1%, la de La Rioja, el 9,7%, la de El Norte de Castilla, el 9%, la de El Comercio, el 9,5%; y la de Las Provincias, el 10,3%.
En este período, sus ingresos por venta de publicidad se mantuvieron estables (+0,1%), en medio de un difícil entorno en el que la inversión en mediosde comunicación creció por primera vez a un mucho menor ritmo que el PIB.
La venta de publicidad en internet de Vocento aumentó el 6,7%, mientras que la offline volvió a descender, aunque a un menor ritmo que en 2016 (2,2% frente al 6,7%).
En la última línea de su balance figuró un resultado negativo de 4,8 millones de euros que fue un 92% inferior al del ejercicio anterior, cuando la reforma del Impuesto de Sociedades lastró sus cuentas y provocó pérdidas de 60 millones de euros. Entonces, la compañía declaró un beneficio neto comparable de 3,2 millones de euros.

¿Fusiones?

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, ha expresado en varias ocasiones su disposición a participar en las posibles (y esperables) operaciones de concentración que se produzcan en el sector. Sin embargo, de momento no existe ningún proceso avanzado en este sentido y nadie ha reconocido conversaciones formales.
En el caso de que esto ocurriera, Vocento partiría desde una situación patrimonial relativamente positiva, al contar con un ratio deuda/EBITDA de 1,1 puntos y con unas obligaciones con los acreedores que ascienden a 56,1 millones de euros, frente a los 66,4 de 2016.
El negocio de la prensa escrita sigue teniendo una importancia fundamental en la compañía vasca, lo que dificulta considerablemente su despegue. No obstante, durante los últimos tiempos ha realizado inversiones en otros sectores para tratar de diversificar su actividad. En esta estrategia, se enmarcan las adquisiciones de Madridfusión, Shows on Demand y Factor Moka.

Ximo Puig propone un vuelco en el reparto de poder entre el Gobierno y las comunidades autónomas

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, ha planteado un vuelco en el reparto del poder entre el Gobierno y las comunidades autónomas a favor de estas últimas. Puig ha presentado en Valencia la propuesta de reforma de la Constitución elaborada por su Ejecutivo, que su partido comparte con Compromís con el apoyo de Podemos, y que trasladará a la comisión del Congreso de los Diputados que estudia posibles cambios en la Carta Magna. La propuesta define España como un “Estado Federal y Plurinacional”, según la versión de El País.

“La Constitución ha sido una historia de éxito, pero para continuarlo es necesario que haya una reforma. Esto es una propuesta abierta. Queremos que se abra un debate, aportar soluciones y generar espacios de diálogo”, ha dicho Puig en el Palau de la Generalitat. “Ante la parálisis del Gobierno, nosotros humildemente damos un paso adelante”.
El documento de 21 páginas plantea que la Constitución recoja unos “listados precisos” con las competencias del Gobierno. Y que las que no figuren en ellos pasen a ser competencia de las comunidades, con “plena potestad legislativa” sobre las mismas. Todas las autonomías asumirían en exclusiva las competencias de carácter social, salvo las pensiones. Y, de forma voluntaria, las relacionadas con cuestiones culturales, como la lengua cooficial donde exista, pudiendo imponer la “obligación de conocerla” que la Constitución contempla ahora para el castellano en toda España.
Las comunidades tendrían, además, libertad de “organización territorial interna”, pudiendo suprimir las provincias y las diputaciones.
El texto, titulado Acuerdo del Consell sobre la reforma constitucional, plantea eliminar la suspensión automática de las leyes autonómicas cuando el Gobierno presenta un recurso ante el Constitucional. Y suprimir los “órganos administrativos” federales en las comunidades en aquellas competencias que sean autonómicas. El Senado pasa a estar compuesto por representantes de los Gobiernos autonómicos “con un número de miembros reducido y proporcional al de habitantes de cada comunidad autónoma”. Y se convierte, además, en Cámara de primera lectura en la legislación que afecte al diseño competencial, la financiación autonómica o “a la regulación de hechos diferenciales, con posterior capacidad de veto”.
Los Estatutos de Autonomía se aprueban por referéndum, sin intervención de las Cortes Generales, “sometiéndose exclusivamente al control de constitucionalidad”. Y las competencias básicas de los Ayuntamientos, así como una garantía de su financiación, se incorporan a la Constitución, según el diseño valenciano.
La propuesta convierte en derechos fundamentales directamente exigibles en los tribunales la sanidad universal, la vivienda, la prestación por dependencia, la renta básica, la eutanasia y la “libre identidad de género”. Plantea adelantar la edad de voto a los 16 años, hacer más proporcional el sistema electoral para el Congreso, compensar la deuda de las autonomías que han sido infrafinanciadas en las últimas décadas, y garantizar que todos los españoles disfruten de prestaciones y servicios públicos similares.
Junto a Puig estaba previsto que compareciera su vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, pero no ha podido asistir al acto por estar enferma. Sí lo ha hecho Manuel Alcaraz, consejero de Transparencia y Participación y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, que pertenece al mismo partido de Oltra y ha coordinado la elaboración del documento, que ha recogido aportaciones de los distintos departamentos de la Generalitat.

Navantia prevé alcanzar una cartera de pedidos cercana a los 11.000 millones en los próximos años

MADRID.- El astillero español Navantia espera alcanzar una cartera de pedidos cercana a los 11.000 millones de euros en los próximos años, según el plan estratégico de la compañía, que propone mantener carga de trabajo en todos los centros.

Para ello, pretende incrementar los ingresos ejecutando los programas en vigor, impulsando la contratación en los ámbitos militar nacional y de exportación, y desarrollando modelos de negocio con mayor valor añadido.
Directivos de Navantia y de SEPI -grupo empresarial del que forma parte- han celebrado este martes con representantes de los sindicatos la segunda reunión de la mesa del Plan Estratégico 2018-2022, un encuentro que se ha centrado en los primeros pilares del documento: el Comercial (ingresos) y del de Eficiencia Operativa y Astillero 4.0.
El tercer pilar, el de Rejuvenecimiento de la plantilla, incorpora un plan de formación y un nuevo marco laboral que permita el desarrollo de un convenio único flexible y competitivo.
Con esos ejes, dicho plan se propone como objetivo reformar la eficiencia y la viabilidad de la compañía, potenciando su impacto sobre las áreas económicas donde se ubican sus astilleros.
La estrategia de eficiencia operativa persigue mantener el nivel de ocupación en todos los centros, impulsada por un nuevo ciclo inversor del Ministerio de Defensa y los avances en la internacionalización de la compañía, especialmente en Arabia Saudí y Australia.
La primera línea de actuación, asegura Navantia, será atender las necesidades de la Armada Española mediante la consolidación del programa de submarinos S-80, la construcción de fragatas F-110, el buque BAM, grandes carenas de los submarinos y un buque de transporte de material.
Además, la empresa impulsará la actividad en el ámbito militar de exportación, para lo cual se propone conseguir contratos con Arabia Saudí y Australia y la consolidación de su presencia internacional.
El plan prevé también que Navantia incrementará la venta de servicios y fomentará nuevos modelos de negocio que presenten mejores márgenes e ingresos estables en el tiempo. Reparaciones, apoyo al ciclo de vida y transferencia de tecnología serán los principales objetivos.
El plan de eficiencia operativa busca mejorar los márgenes, potenciando la eficiencia de la empresa mediante la reducción de costes y la optimización de los procesos.
Otro punto clave será potenciar la transferencia de los astilleros a partir de la digitalización como herramienta fundamental de sus procesos, productos y modelo de negocio, modernizando las instalaciones para los nuevos programas (Astillero 4.0).

Repsol logra un beneficio de 2.121 millones en 2017

MADRID.- Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.121 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 22% respecto al alcanzado un año antes, según ha informado este miércoles la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un escenario de precios bajos de las materias primas, la compañía, apoyada en las fortalezas de sus negocios y sus planes de eficiencia, alcanzó el mayor resultado neto de los últimos seis años.El modelo de negocio integrado de Repsol facilitó que la compañía afrontase de "manera satisfactoria" la coyuntura y aprovechase la leve recuperación de los precios del crudo y del gas a partir de junio.
Repsol ha destacado que la gestión con foco en la creación de valor y la flexibilidad y diversificación que proporciona la integración de los negocios impulsaron el beneficio neto ajustado, que creció un 25%, hasta los 2.405 millones de euros, frente a los 1.922 millones de 2016, también el más alto de los últimos seis años.
El resultado del área de 'Upstream' (exploración y producción) se situó en 632 millones de euros, 12 veces el obtenido en el ejercicio anterior. A este aumento contribuyeron las medidas adoptadas en su plan de sinergias y eficiencias, el reinicio de la actividad en Libia y la subida de los precios internacionales de referencia.
Estos resultados del negocio de exploración y producción se registraron con una cotización media de las materias primas de referencia internacional que se mantuvo en un rango bajo durante 2017, con 54,2 dólares por barril en el caso del Brent y 3,1 dólares por Mbtu en el Henry Hub.
Además, la compañía presidida por Antonio Brufau aumentó su producción hasta alcanzar una media de 695.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, superando el objetivo de 680.000 barriles marcado para 2017, gracias al reinicio de la actividad en Libia, a los incrementos obtenidos en distintos activos y a la puesta en marcha de nuevos proyectos, como Juniper (Trinidad y Tobago), Lapa y Sapinhoa (Brasil y Shaw, Cayley y Flyndre (Reino Unido).
En cuanto al 'Downstream' (refino, química y marketing), el resultado, de 1.877 millones de euros, se mantuvo en línea con los de ejercicios anteriores, lo que referencia a esta división de negocio como "gran generador" de caja de la compañía.
Durante el año, las áreas de Refino, Marketing, Trading y Gas & Power y Perú aumentaron sus resultados, el área de Lubricantes incrementó sus ventas y el área de Química mantuvo la robustez de los dos últimos años.
La petrolera situó su margen de refino el año pasado en los 6,8 dólares por barril, un 7,9% superior a los 6,3 dólares por barril obtenidos en el ejercicio 2016.
La buena marcha de los negocios de Repsol se tradujo en una subida del 29% del resultado bruto de explotación (Ebitda), que con 6.723 millones de euros, logró el mejor dato del último quinquenio.
Paralelamente, la compañía redujo su nivel de deuda un 23%, hasta situarla en 6.267 millones de euros al cierre del ejercicio.
La ejecución del programa de sinergias y eficiencias generó cerca de 2.400 millones de euros de ahorro, con lo que Repsol batió las expectativas y superó un año antes de lo previsto el objetivo que se había fijado para 2018 en el plan estratégico, que era de 2.100 millones de euros.

Albert Rivera en la pared de hielo / Pablo Sebastián *

Puede que el ascenso de Ciudadanos hacia la cima del poder que revelan las encuestas esté resultando excesivamente rápido y sin tener asegurados los apoyos de esta eufórica escalada en la que Albert Rivera se acerca al tramo final y decisivo. A una imaginaria ‘pared de hielo’ donde no caben resbalones porque se corre el riesgo de una fatal caída de la que no sería fácil levantarse para reanudar, como Sísifo, el ascenso hacia el poder.

Decimos esto porque vemos a Rivera un tanto confuso a propósito de los Presupuestos de 2018 del Gobierno de Rajoy, invitando al PSOE a que se sume a ese festejo para que C’s no se quede solo en el papel de Cirineo de Rajoy, y no digamos si, finalmente, Rivera renuncia a pedir la dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada en la trama Púnica.

Pero donde la confusión y ambigüedad de C’s se hace más palpable es a propósito de las pensiones y de su revalorización al ritmo del IPC. Es cierto que este es un debate delicado y complicado de presente y de futuro y que habría que encontrar fórmula estable, sostenible en el tiempo, pero al día de hoy lo que se escuchan son ocurrencias de Montoro y de otros aprendices de brujo (lo de suprimir los contratos temporales es hundir a las pymes).

Y vemos a C’s más cerca del Gobierno que de los pensionistas, y ese puede ser un grave error de Rivera en ‘la pared de hielo’ porque lo de la subida del 0,25 % cuando el IPC está en el 1,7 % es una infamia mayúscula en el país de la corrupción, la amnistía fiscal, la salvación de los bancos y autopistas, el Castor y la subida del cupo vasco entre otras cosas.

Y no sólo eso, los jubilados están en pie de guerra y en las calles a pesar de la inclemencia del tiempo y con el apoyo masivo de la gran mayoría de los ciudadanos del país. De manera que no hablamos sólo de los 8 millones de votantes jubilados, sino de muchos más y de jóvenes ahí incluidos porque sus abuelos son fundamentales en su vida familiar. 

Y durante la crisis de las finanzas y la economía que se inició en 2008, los abuelos con sus ahorros, sus casas y sus pensiones han salvado a muchas familias en España.

Y todavía no hemos escuchado a Albert Rivera hacer un discurso humano y político sobre la urgente necesidad de arreglar ya la dignidad de todas las pensiones porque estamos ante una cuestión fundamental. La que para el PP se reduce al discurso de ‘eso es populismo’, cuando de lo que estamos hablando es de dignidad. Cuidado, pues, Albert Rivera porque la pared del tramo social y de las pensiones está muy resbaladiza y una caída desde esa altura puede ser fatal.


(*) Periodista


El desbloqueo de la investidura, y el extraño papel de Puigdemont / José Oneto *

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para este  jueves 1 de marzo a las diez de la mañana, el pleno del Parlament catalán, para debatir cuatro propuestas de resolución, tres de ellas para abordar el bloqueo de la investidura y, la cuarta para “ratificar la confianza” en Carles Puigdemont como expresidente de la Generalitat.

Puigdemont presidiría un Consejo de la República integrado por representantes de JxCat, ERC y la CUP y encargado de “fomentar acciones para avanzar hacia la República” avalado por una Asamblea de la República que integrarán los diputados de los partidos independentistas. Presidencia, Consejo y Asamblea formarán el “Espacio Libre de Bruselas” con el que JxCat y ERC dan por ejecutada la “restitución” de Puigdemont, según la propuesta que ambos partidos han trasladado hoy a la CUP para cerrar el pacto de investidura.

Esta será la primera reunión del Pleno desde las elecciones del pasado 21 de Enero y, después de que Esquerra  Republicana de Catalunya (ERC), se haya sometido a los deseos y ambiciones políticas del expresidente de la  Generalitat, Puigdemont, desde su exilio de Bruselas, que quiere y pretende algún tipo de reconocimiento, algún tipo de homenaje, algún tipo de título de esa República catalana en el exilio que tendrá su sede en su residencia oficial de Waterloo.

Ahí vendrá este jueves, precisamente, el primer problema cuando Esquerra y JXCatalunya planteen el papel que, en la nueva etapa que se abre en Cataluña, desempeñará el señor Puigdemont, que en el fondo, pretende seguir mandando desde Bruselas, donde además de ese Consejo, presidirá una Fundación privada que se encargará de su salario, de su staff personal (dos secretarías), servicios de escolta y protección, coche oficial y chóferes y gastos del Palacete de Waterloo. 

Por parte del Gobierno, según fuentes oficiales, a menos que haya contenido político, en la propuesta de este jueves y no haya efectos administrativos o económicos, Puigdemont puede ser nombrado  Protector de la Abadía de Montserrat o Caballero del Santo Sepulcro.

El otro problema desde ya lo plantea la CUP (Candidatura de Unidad Popular), que acaba de declarar que le parece  ridícula la propuesta de resolución (PR) con la que los independentistas quieren legitimar a Puigdemont en el Parlament, una propuesta que les  parece descafeinada aparte de que están en contra de que el candidato que le substituya, sea el número dos de la Candidatura de JX Catalunya, el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, preso en la cárcel  de Soto del Real. 

Carles Riera, portavoz de los antisistema, ha manifestado que no pueden votar a Sánchez después de haber declarado ante el Tribunal Supremo que no era partidario de la vía unilateral y confesar que la proclamación de la república era “puramente simbólica”.

El portavoz anticapitalista de la CUP lamenta que ahora mismo JxCat y ERC estén “más cerca” de una propuesta autonómica y del “peix al cove” (pájaro en mano) que de la República, por lo que no entiende que la política represiva del Estado “condicione la política del país”: “Juguémonos la piel por la República”, reivindica, y para ello propone que la resolución sobre Puigdemont ratifique el Referéndum del 1-O, y la proclamación de la República, que se hizo en el Parlament el 27 de octubre, algo que obligaría al Gobierno central a intervenir con una impugnación ante el Constitucional. 

Por si quedara duda, la CUP ha presentado una serie de enmiendas a la proposición de JXCatalunya pidiendo, entre otras cosas, ratificar la declaración de independencia, algo que va en contra de resoluciones del Constitucional.

Por si quedara alguna duda el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido que el Gobierno seguirá atentamente el desarrollo del Pleno, recordando que  “el Parlament no está para restituir la legitimidad de nadie”, de manera que “si hacen lo que tienen que hacer, nadie va a impugnar nada”, pero “si incumplen una norma o ejercen por encima de lo que tienen establecido, sí recurriremos e impugnaremos”. 

Si la proposición sobre Puigdemont  “es una mera declaración política o de bóveda y no sale de ahí, pues muy bien”, no será impugnada, “pero si tiene consecuencias a terceros o incumple alguna una norma, ahí es donde puede surgir una impugnación”.

Estamos pues en el primer acto que dará paso al candidato designado por Puigdemont, Jordi Sánchez que no podrá  ser investido porque el juez Pablo Llarena no autorizará su salida de prisión, con lo que entrará en juego el segundo candidato Rull, en libertad provisional, que podrá ser investido Presidente pero que estará poco tiempo hasta que sea inhabilitado por la Sala Segunda del Supremo al ser procesado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.


(*) Periodista y economista



 

Las Bolsas se temen lo peor / Primo González *

La Bolsa ha vivido un mes de febrero bastante negro ante la proliferación de señales positivas en el tejido empresarial, que al fin y al cabo es el que se pone en valor con las cotizaciones bursátiles. 

Casi un 6% de caída en el mes de febrero refleja el peor resultado de los mercados españoles de renta variable desde que en junio del año 2016 los británicos votaron contra todo pronóstico en contra de la permanencia en la Unión Europea. 

Este patinazo se produce además en vísperas de las elecciones italianas de este fin de semana, acontecimiento sobre el que algunos medios económicos proyectan serias prevenciones y temores por su potencial impacto en el euro y en la estabilidad de la zona euro.

Estos días estamos viendo los resultados de las empresas españolas, algunas de las cuales desempeñan más del 70% de su actividad en los mercados exteriores, y el denominador común se refleja en mejoras de la facturación, aumento de los beneficios, pronósticos aún mejores para el año 2018, reducción del endeudamiento y aumento del dividendo. 

Pocos entornos más positivos para la renta variable como el que se ha estado visualizando a lo largo de estas últimas semanas. Los inversores tienen motivos para la satisfacción.

Pero a la hora de la verdad, los ánimos se proyectan sobre las cotizaciones con un veredicto severamente negativo. Los motivos de esta agria contradicción no son menores. 

Quizás el más molesto de todos los asuntos que se avizoran es el incierto impacto que va a tener en todos los ambientes económicos la subida de los tipos de interés, un cambio de orientación en las políticas monetarias de tipo ampliamente permisivo que vienen ejecutando los principales bancos centrales desde hace unos cuantos años con el objetivo de ayudar a la economía a superarse del duro castigo de la crisis de los años 2008 y siguientes.

La proyección sobre la economía que se puede estimar como consecuencia de una subida generalizada de los tipos de interés presenta perfiles inciertos. De hecho, los tipos ya están al alza en Estados Unidos y la economía sigue su curso con vigor. 

El nuevo responsable de la Reserva Federal estadounidense, la Fed, Jerome Powell, ha estrenado este martes su cargo lanzando un mensaje tranquilizador para los agentes económicos, pero ha dejado claro que el banco central estadounidense va a continuar subiendo tipos de interés y es posible que lo haga hasta en cuatro ocasiones a lo largo del año 2018, no en tres veces, como se estimaba hasta ahora.

Junto a las intenciones de la Fed, en Europa hay propósitos similares y para finales de año el Banco Central Europeo (BCE) podría poner en marcha una nueva orientación en su permisiva política monetaria, dejando de inyectar liquidez a la economía y elevando algo los tipos de interés.

Este es el mayor riesgo, la mayor sombra de dudas, que se proyecta sobre el futuro de la economía, con consecuencias potencialmente dañinas para las empresas y para las economías en general. No está claro el grado de preparación que presentan las empresas y los Estados para una subida generalizada de los tipos de interés. 

Posiblemente se han preparado mejor de cara a ese escenario las empresas que las economías ya que los Gobiernos siguen presentando una elevada dependencia del crédito y de la deuda, lo que en el caso de las empresas ha sido objeto de un cuidadoso tratamiento de aclimatación.



(*) Periodista y economista