Para que la sociedad murciana –autoridades, organizaciones, medios de
comunicación, ecologistas y científicos vienen anunciando esta degradación desde hace décadas,
pero la estulticia continuada de alcaldes y dirigentes autonómicos, su
secuestro mantenido por el empresariado turístico y –última de las
agresiones exteriores, con categoría de puntilla y culminación de un
proceso criminal– los vertidos masivos de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena,
han logrado llevar a esta laguna/albufera, en un proceso sostenido y
agravado de degradación, a una situación de muy probable
irreversibilidad como ecosistema singular y valiosísimo.
A este drama se ha llegado tras una larga serie de agresiones e indiferencias,
acciones y omisiones, todas ellas en un marco estable de menosprecio
ante valores ecológicos tan notables como frágiles, y de sumisión de lo
ambiental al negocio. Ha tenido que llegarse al nivel
físico-químico-bilógico de la ya popular “sopa marrón” para que el
propio fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, José Luis Díaz Manzanera, haya redactado un escrito de denuncia
por esta situación contra 37 presuntos culpables: siete miembros del
Gobierno regional (incluidos dos exconsejeros), seis dirigentes de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS, incluidos dos expresidentes)
y 24 empresas y empresarios agrícolas de la zona. Las figuras
delictivas, penales, que se imputan son el delito contra el medio
ambiente y la prevaricación continuada.
Después de años de ignorar
esta agresión múltiple, en la actuación de la Fiscalía ha contribuido
el cambio por jubilación del fiscal jefe, ya que el anterior, Manuel López Bernal, un honorable funcionario que ha mantenido un perfil activo en los numerosos casos de corrupción
(Murcia es uno de los cortijos delictivos del PP, con la Comunidad
Valenciana y Madrid, donde mayor y más escandalosa corrupción se ha
desarrollado en los últimos veinte años), pero que no se ha distinguido
por acometer asuntos que, como éste, no sólo suponen el ataque diario y a
la vista de un ecosistema excepcional, sino que posee un trasfondo y
una causa, concretamente la agricultura agresiva, que pone en cuestión
el más importante pilar económico de la región.
Este sector ha ido
consolidándose en manos de organizaciones agrarias tan reivindicativas como irresponsables
(agua, siempre más agua: primero la del trasvase del Tajo-Segura aunque
no la tenga, luego la del frustrado trasvase del Ebro, y como la una es
francamente declinante y la otra inexistente, no se han abstenido de
presionar por un trasvase… del Ródano), desarrollando un estilo,
incontestado, de presión y amenazas constantes.
Aun así, el escrito de acusación sólo contempla a los responsables de
los últimos quince años y se detiene en 2012 porque, según el parecer
del fiscal denunciante, a partir de esa fecha se han ido adoptando medidas de protección de la laguna…
Que son notas ambas discutibles y que habrán de ser contestadas por el
único sector social que histórica y moralmente puede hacerlo: el que
configuran las organizaciones ecologistas de la Región, muy activas en
defensa del Mar Menor desde 1973 e igualmente menospreciadas.
Este
texto señala, con gran lujo de argumentos jurídicos y una exhaustiva
exhibición de leyes, decretos, órdenes y reglamentos, a las
administraciones regionales, tanto la Comunidad Autónoma, concretamente
la Consejería de Agricultura, como la CHS, que se han acomodado al
incumplimiento reiterado de la legislación vigente, Ley de Aguas de 1985
en primer lugar, pero también la prolija normativa estatal y autonómica
promulgada por propia iniciativa o por imperativo de la trasposición de
las directivas europeas.
Este comportamiento, simultáneo con el puntual
conocimiento de las ilegalidades vigentes, ha convertido a la
Consejería de Agricultura y la CHS en activos reductos de prevaricadores, que han traicionado sus obligaciones –administrativas, ambientales y sociopolíticas– a conciencia y de forma reiterada.
La acusación señala a personas y empresas, destacando su inacción voluntaria en la defensa de la laguna, así como las abundantes advertencias cualificadas y por supuesto el denso marco normativo en vigor. Pero no detalla el modus operandi
que, por lo que a los responsables de las administraciones públicas
implicadas –regionales y estatales– ha sido esencialmente hacer oídos
sordos con el evidente fin de proteger a los actores más implicados y
cuya acción agredía con total descaro tanto la legislación vigente como
el ecosistema lagunar.
Esta sistemática delictiva, sin
embargo, sí fue puesta rigurosamente en evidencia a principios de 2004
en una denuncia del fiscal decano de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio,
de resultas de la investigación llevada a cabo en el noroeste de la
región murciana (municipios de Moratalla, Caravaca y Calasparra) a
cuento de los robos de agua perpetrados en los acuíferos y cauces públicos existentes mediante instalaciones (ilegales)
que, entre otras cosas, afectaban al caudal de las fuentes y
manantiales existentes, generadoras de un regadío tradicional y
sostenible (perdiendo derechos indiscutibles desde siempre); así como de
la puesta en regadío (también ilegal) de terrenos de secano de toda la
vida.
A todo esto, ante las múltiples denuncias de los afectados, directas o
a través de los agentes forestales y del Seprona, esa denuncia del
fiscal Valerio revelaba el comportamiento administrativo correspondiente de la CHS,
organismo encargado de proteger las aguas y hacer cumplir la ley, que
era el de guardarlas en los cajones (sin ni siquiera archivar, para no
tener que reabrir con el tiempo), iniciando excepcionalmente algún que
otro expediente y procediendo en estos casos, rarísimos, a mínimas
sanciones que, desde luego, no iban acompañadas de la obligación de
restituir la situación a su estado original.
Con esta misma lenidad administrativa
se ha venido respondiendo en los regadíos del Campo de Cartagena, con
miles de hectáreas, pozos e instalaciones ilegales y con el vertido
creciente de miles de toneladas de nutrientes y salmueras sin el mínimo
tratamiento necesario, a un Mar Menor que, finalmente, ha resultado asfixiado por eutrofización.
Aquella
denuncia, aquel esfuerzo, aquella puesta en evidencia por el fiscal
Valerio del desmadre en el noroeste murciano, fueron marginados e
inutilizados, acabando el asunto (no definitivamente, desde luego), tras una fea y pérfida persecución, en su expulsión de la carrera fiscal en 2017.
Una vez señalados los (presuntos) culpables del crimen del Mar Menor,
el nuevo fiscal jefe murciano no tendrá más remedio que retomar este
asunto –el del escándalo del noroeste murciano, añadiendo a aquellos
datos inutilizados por la fuerza de influyentes piratas la dilatada
etapa de impunidad que llega hasta hoy.
La hora ha llegado para que la
sociedad murciana se implique en una Causa General contra el auge del impacto de la agricultura intensiva y la gestión irresponsable del agua, ambos procesos insostenibles, ya que se ha alcanzado un dramático punto de no retorno.
(*) Ingeniero, ecologista y profesor jubilado
