Cuando faltan algo más de 48 horas para que se celebre el pleno del Parlament para investir a Carles Puigdemont,
convocado la pasada semana por el president del Parlament, Roger
Torrent, se desconoce aún cuál va a ser su desenlace y la posición de la
Mesa de la Cámara catalana, una vez el Tribunal Constitucional ha
avisado que no debe celebrarse en ausencia del candidato. Un TC que,
además, también ha vetado una aparición suya por sorpresa si no es con
autorización judicial.
Los diputados de la CUP ya han dicho que estarán presentes en este pleno para investir a Puigdemont y los de Junts per Catalunya
igual. Son movimientos lógicos ante una sesión parlamentaria
trascendental no solo por lo que tiene de por sí una sesión de
investidura normal, sino porque el gobierno ha conseguido que el TC haga
de guardián de una situación política que al ejecutivo español se le ha
ido de las manos. El hecho de que el Alto tribunal salga en auxilio del
Ejecutivo complica aún más la situación cuando, en todo caso, debería
ser lo contrario.
En última instancia el TC abandona su papel de garante de la
Constitución para intervenir de cuajo en funciones que no le son
propias, ya que afectan al reglamento de la Cámara y la situación de los
diputados. El papel de la Mesa del Parlament ante la
sesión parlamentaria del martes se mueve, por tanto, entre el
acatamiento del Tribunal Constitucional una vez este ha retorcido al
máximo la legalidad y la desobediencia. Con un añadido: el TC contribuye
a alterar el resultado de la mayoría ganadora de las elecciones al
Parlament del pasado 21 de diciembre.
Todo ello habrá de dilucidarse en las horas que restan hasta la
sesión de investidura. Desde el primer momento he defendido que la investidura de Puigdemont era
la mejor opción y la que respetaba el resultado electoral. Las trabas
que han habido intentan hacer imposible esta investidura mediante hechos
de una enorme gravedad e impensables en cualquier otro país de nuestro
entorno. ¿Se puede ceder, por tanto, como si tal cosa en las actuales
condiciones de humillación manifiesta o solo hay margen para resistir? A
esta pregunta deberán responder en muy pocas horas los 70 diputados de
la mayoría independentista.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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