jueves, 28 de diciembre de 2017

Los murcianos enfermos crónicos podrán conseguir sus recetas en otras 14 comunidades autónomas


MURCIA.-Los 200.000 ciudadanos de la Región con dolencias crónicas podrán conseguir a partir de hoy su medicación en las farmacias de 14 comunidades y ciudades autónomas sin necesidad de solicitarla en las consultas de desplazados de los centros de salud. 

Así lo ha anunciado hoy en el Consejo de Gobierno el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha detallado que este acuerdo se enmarca dentro de la Plataforma de Interoperabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la que está integrada el Ejecutivo murciano.
De esta forma, los pacientes que estén, por motivos laborales o por vacaciones en otras comunidades o ciudades autónomas, a excepción de Madrid, Cataluña y Andalucía, "no tendrán que preocuparse por su tratamiento", según ha declarado la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo.
En este sentido, la consejera ha resaltado que esta medida beneficia a todos los usuarios de la receta electrónica, pero "especialmente" a los pacientes crónicos, que no tendrán que llevarse sus medicamentos cuando salgan fuera de la Región ni acudir a una consulta de desplazados.
Arroyo ha destacado que este acuerdo es posible gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos y permite que la "casi totalidad" de las farmacias españolas "puedan interoperar con los distintos servicios de salud de la Región". 

El director del aeropuerto de Valencia, el murciano Mariano Menor, hará la transición San Javier-Corvera


MADRID.- El hasta hoy director del aeropuerto de Valencia, Mariano Menor, ha sido nombrado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) director de Transición Operativa del de Corvera y realizará la necesaria entre el de San Javier y el aún sin estrenar cuya gestión le ha sido adjudicada durante 25 años. 

Natural de Murcia, es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y ha realizado el programa de desarrollo directivo del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, informa Aena.
Cuenta con una amplia experiencia en el entorno aeroportuario tras pasar por puestos de responsabilidad, especialmente en la dirección de diferentes aeropuertos, pues desde sus comienzos en Aena en 1991 ha ocupado la de los de Valencia, Alicante, Málaga, Gran Canaria y Palma de Mallorca.
Además, ha sido director de Explotación Técnica Aeroportuaria y gerente en Aena Internacional.
Entre sus próximos retos, el cambio de operaciones del aeropuerto de San Javier, militar, pero con franjas cedidas al uso civil, al de Corvera, que "requerirá una etapa de transición que se coordinará de forma minuciosa con todos los agentes implicados para coordinar el traslado de sus equipos, personal y operaciones con el menor impacto posible", señala Aena.

Los empresarios murcianos, los menos optimistas para 2018


MURCIA.- Las perspectivas de los empresarios murcianos para 2018 muestran saldos positivos en todas las variables analizadas y una mejora generalizada de los resultados obtenidos durante 2017, aunque se sitúan por debajo de la media nacional, según informa la Cámara de Comercio de Murcia.

Estas son las principales conclusiones de la opinión expresada en la encuesta anual de Eurocámaras entre unos 60.000 empresarios europeos para conocer su opinión sobre el año que finaliza y las perspectivas para el que comienza.
Como valoración global y según explica Pedro García, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, "2017 se puede calificar como un año de claro avance para las empresas murcianas, sobre todo en exportaciones y creación de empleo.
La mejora del mercado laboral ha permitido, asimismo, una recuperación de la demanda interna que va a seguir teniendo positivos efectos en las ventas nacionales durante el próximo año, sumándose al tradicional dinamismo que los productos y servicios murcianos mantienen en los mercados exteriores".
De todas las variables analizadas, los mejores resultados son los relativos a las exportaciones, como resultado del 44 por ciento de los encuestados que declara haber vendido más fuera de sus fronteras durante 2017, frente al escaso 9 por ciento que ha vendido menos.
El saldo neto del 35 por ciento es el más expansivo de todas las variables analizadas en la actividad empresarial del pasado año, con perspectivas de dos puntos mejora para 2018, hasta el 37 por ciento. Este porcentaje, sin embargo se sitúa por debajo de la media nacional, que es del 47 por ciento.
Por su parte, la recuperación de la demanda interna se ha dejado notar en el 26 por ciento neto de los empresarios murcianos que dicen haber mejorado sus ventas en el mercado nacional durante 2017.
Las perspectivas apuntan a que este porcentaje mejorará en 2018 hasta el 34 por ciento neto (inferior al 40 por ciento nacional), gracias al 5 por ciento de empresarios murcianos que creen que venderán menos que el año anterior, frente al 39 % que prevén aumentar sus ventas nacionales.
Por su parte, la inversión es la variable menos expansiva de 2017, donde más de la mitad de los empresarios (52 por ciento) la han mantenido estable, frente a un 27 por ciento que la ha aumentado y un 21 por ciento que la ha disminuido. 
Con estos resultados, el crecimiento neto se sitúa en un 6 por ciento, un porcentaje que avanza hasta 14 por ciento en las perspectivas para el próximo año, gracias a una importante reducción del porcentaje de empresarios que espera disminuir sus inversiones (un 9% frente al 23 que espera aumentarlas).
La única variable que se modera de cara a 2018 son las expectativas de seguir contratanto, tras un año de intensa creación de empleo.
Así, la gran mayoría de los empresarios encuestados (un 81 % en el caso de la Región y un 70% en el marco nacional) se decanta por la prudencia y declara que mantendrá sus plantillas para el año que comienza.
Ello hace que el 27% de crecimiento neto producido en el empleo regional se modere hasta el 9 por ciento cuando se habla de perspectivas; una contención que también se produce en el marco nacional (del 32 por ciento hasta el 22).

Agricultores y ganaderos murcianos afrontan 2018 con la "peor" de las perspectivas


MURCIA.- UPA-Murcia considera que 2017 concluye siendo un año "horrible" en el que en la Región de Murcia se consolidó el binomio "pobreza hídrica-gobierno inactivo", lo que sitúa a agricultores y ganaderos en la "peor" de las perspectivas posibles para afrontar el año 2018: "sin disponibilidad de agua para ganadería y nuevas plantaciones y con miles de hectáreas de frutales y cítricos en peligro de supervivencia".

Como balance del año, UPA resalta "la falta de actuaciones del Gobierno para atenuar la incertidumbre de disponibilidad de agua para el regadío y la ganadería, cuando estamos ya inmersos en el cuarto año consecutivo de sequía en la Cuenca del Segura". 

A su juicio, "cabría calificarla de imprudencia o parálisis de gobierno si no fuera por la pertinaz insistencia del Gobierno de España de lanzar a los cuatro vientos que estos últimos años su gobierno ha movilizado más de 300 hm3 adicionales o que se ha incrementado la comercialización de producciones agrarias por las empresas de la Región".
Para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, "la imprudencia o parálisis se torna arrogancia e indiferencia ante la pobreza hídrica de la Región cuando simultáneamente a dichos anuncios la realidad muestra que en el último año hidrológico apenas se recibieron 70 hm3 a través del Tajo-Segura", o que las cesiones de derechos de 12 hm3 acordadas con regantes del Tajo y aprobadas por el Ministerio "tras una lenta y tortuosa tramitación", se interrumpieron cuando apenas 2 hm3 habían iniciado su camino hacia la Cuenca del Segura.
La acción más destacada en materia hídrica del Gobierno de España "ha sido impedir la extracción de aguas subterráneas en el Campo de Cartagena y destruir un salmueroducto necesario", ha subrayado desde UPA, a la vez que destaca que gran parte de los productos comercializados por cooperativas agrarias y empresas murcianas han sido producidos más allá de las fronteras regionales "porque los agricultores han tenido que deslocalizar sus producciones huyendo de la incertidumbre hídrica instalada en la Región con el Gobierno de Mariano Rajoy".
"El colofón a tanto despropósito es el empecinamiento del Gobierno en querer cobrar las tarifas a los regantes del trasvase aún cuando no se reciba una gota de agua". En este marco, el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno de España de impulsar en 2018 un nuevo PHN, previo Pacto Nacional del Agua, es valorado por UPA como un acto de la famosa "retranca gallega" con el que "Mariano Rajoy quiso dejar en Murcia su particular sello". 

Parece que el punto fuerte de la política hidráulica del Gobierno "va a seguir siendo esperar a que llueva".
Y es que "resulta ofensivo que se posterguen y condicionen las soluciones a la insuficiencia hídrica de la Cuenca del Segura, que es no sólo estructural sino permanente durante los últimos años y que sitúa a los agricultores en un inicio de 2018 sin disponibilidad alguna de agua, a un Pacto Nacional del Agua que, según anuncia el propio Ministerio en las reuniones mantenidas para su consecución, sólo implementará medidas a partir del próximo período de planificación. Esto es, a partir del año 2021".
En otro orden de cosas, UPA sostiene que 2017 ha sido un año en el que se mantiene un comportamiento de los mercados agrarios pernicioso para los productores y cuyo mejor exponente se encuentra en el caso de las frutas; producciones que según el IPC han subido su precio un 10,4 por ciento para los consumidores "pero que al mismo tiempo, si confiamos en los datos del Ministerio de Agricultura, tan sólo han mejorado un 0,7 por ciento para los agricultores".
Para UPA resulta evidente que en 2018 es "necesaria una modificación de la Ley para la mejora de la cadena alimentaria que permita un adecuado reparto del valor añadido que generan los alimentos producidos por agricultores y ganaderos".

Barones del PP reclaman a Rajoy un cambio de Gobierno ya


MADRID.- Dirigentes locales del PP, entre ellos por supuesto algunos de los barones más importantes, han comenzado a transmitir a la dirección del partido, para que lo eleve a Mariano Rajoy, la necesidad de que proceda a un cambio de Gobierno, como único modo de recuperar la iniciativa política, muy en baja como se ha comprobado por lo ocurrido en las elecciones catalanas, se dice hoy en www.elconfidencialdigital.com.

Según revelan a El Confidencial Digital líderes regionales, el impacto del fracaso electoral en Cataluña ha sido muy duro dentro de la organización. De hecho, desde la periferia del partido está llegando a la sede de la calle Génova el mensaje de que lo ocurrido el 21-D ha sido demoledor, entre dirigentes y militancia.
El análisis interno es que el desastre de Cataluña no ha sido un hecho aislado, sino algo más profundo, porque el partido “está tocado”. Tal como se ha contado en estas páginas, al PP le falta nervio a todos los niveles, no está activado. Y hay que poner remedio, en palabras de dichas fuentes.

El PP tiene banquillo

Como remedio para salir de la difícil situación en que se ve al PP, piden que Rajoy proceda a introducir cambios en el Gobierno, más pronto que tarde. El presidente “tiene que mover banquillo”, dicen.
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD insisten en que hay que dar paso a gente nueva, otras caras, personas muy válidas que existen sin duda en las filas del partido.
Citan, por ejemplo, al conjunto de secretarios de Estado y subsecretarios que ya trabajan en la estructura del Gobierno, donde hay caras y currículos de sobra para encontrar ministros. Sin olvidar a alguno de los jóvenes dirigentes incorporados al equipo de Génova.

Recuperar la iniciativa perdida

De acuerdo con esas fuentes, el eco mediático que suele provocar cualquier cambio en la composición del Gobierno, incluyendo el anuncio de los nombramientos y las tomas de posesión, devolvería al actual Ejecutivo el protagonismo y la iniciativa política de los que ahora carece, algo que los dirigentes regionales y locales comprueban en su territorio todos los días.
En ese sentido, la remodelación ministerial tendría que abordarse cuanto antes, para salir del estado de pesimismo y postración que existe en la militancia, y hasta en los votantes incondicionales.
Incluso no habría que esperar al mes de junio para hacerla coincidir con la anunciada salida de Luis de Guindos para cubrir la vicepresidencia del Banco Central Europeo, que queda vacante en mayo.

Dastis, Montoro, Méndez de Vigo

Esos líderes regionales del PP ponen la diana sobre todo en tres ministros, cuya cabeza reclaman: Alfonso Dastis, Cristóbal Montoro e Íñigo Méndez de Vigo.
Respecto al titular de Asuntos Exteriores, internamente se critica su falta de iniciativa, pero sobre todo el enorme fracaso cosechado por España a nivel internacional respecto al problema de Cataluña.
Le echan en cara que los principales medios de comunicación del mundo se hayan ocupado del desafío independentista posicionándose en favor de las tesis separatistas, que han justificado repetidamente.
¿Qué han hecho los embajadores en todo este tiempo? ¿Qué hacen los agregados de Información de las embajadas? ¿Cómo no han sido capaces de llegar a los grandes medios para trasladar la visión correcta del desafío catalán?, preguntan.
Algunos de estos dirigentes del PP le echan en cara también que, siendo el ministro que más inadvertido ha pasado, sin embargo ha cosechado dos reprobaciones del Congreso. La primera, por haber incumplido la cuota de refugiados fijada por la UE; la segunda por una declaraciones a la BBC sobre la "no enseñanza del castellano en la escuela pública catalana".

El "ramalazo socialdemócrata" de Montoro

La petición de destitución de Cristóbal Montoro la justifican en lo que algunos líderes del PP llaman “ramalazo socialdemócrata” del ministro de Hacienda.
Le echan en cara que la política fiscal de su ministerio castiga sobre todo a las clases medias, es decir, a los sectores de población que en principio votan al Partido Popular. Sectores que, de esa forma, se están alejando.
“Montoro fríe con impuestos y cargas a la gente que nos vota”, es la acusación resumen que se escucha entre los dirigentes populares que piden su salida del Gobierno.

Méndez de Vigo pidió perdón

Contra el ministro de Educación, y portavoz del Gobierno, las fuentes citadas le acusan de ser excesivamente blando en sus posiciones públicas, y de dar la impresión de que solo le interesa salvar sus intereses y figura.
Le echan en cara que sale indemne de todo a base de repetir las sonrisas, pero a cambio de no haber hecho nada de nada, por ejemplo, con la situación de la educación en Cataluña, una de las causas profundas del imparable avance del independentismo en esa comunidad.
Y también le critican que “hasta pidió perdón” por la decisión de devolver a Sijena las obras de arteque se guardan en Lérida.

Soraya ha fracasado en Cataluña

La demanda de colocar “caras nuevas” en el Gobierno incluye también, aunque de rebote, a las "número dos" del Gobierno y del partido: Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Uno de los argumentos es que se trata de figuras políticas desgastadas.
En el caso de la vicepresidenta, la opinión general en el Partido Popular es que se trata de una de las principales culpables del fracaso electoral en Cataluña. Consideran que el trabajo realizado por ella es “manifiestamente mejorable”, como han demostrado los hechos.
Salvo arreglar las cuentas de la Generalitat, que eso sí lo ha logrado, nada ha salido bien en su gestión. Le acusan de haberse dejado engañar por Oriol Junqueras, con el que se veía a todas horas pero que al final le ha tomado el pelo.

Cospedal no se ocupa del partido

La crítica a María Dolores de Cospedal se resume en que apenas se ocupa del partido. Se dedica sobre todo al ministerio de Defensa, y no pasa por el despacho que tiene en la calle Génova.
Una parte de la desmotivación y desmovilización del Partido Popular en los niveles local y regional tiene que ver con la falta de iniciativas y de pulso desde la dirección nacional, y en concreto de la secretaria general del PP.
Según las fuentes a las que ha tenido acceso ECD, la demanda de que se proceda a un cambio de Gobierno, y cuanto antes, es compartida por barones regionales del PP como Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes, Juan Vicente Herrera, etc.

Las 'cláusulas suelo' agravan el atasco judicial pese a los 54 nuevos tribunales


MADRID.- La entrada masiva de demandas que reclaman la anulación de la cláusula suelo en el contrato hipotecario ha agravado el atasco en los juzgados españoles a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara el pasado 1 de junio la creación de 54 juzgados especializados (uno por provincia) para agilizar la resolución de este tipo de acciones, según publica hoy elEconomista.

Desde que se pusieron en marcha estos nuevos tribunales a mediados de año y hasta el pasado 5 de noviembre, última fecha de la que hay datos, ingresaron un total de 118.419 demandas de las que solo han sido resueltas el 7,09%, es decir, 8.394 asuntos. Las demandas se acumulan y el elevado ritmo de ingreso no sólo afecta a los juzgados, sino que también tapona las Oficinas de Registro.
Tan solo en el tercer trimestre del año, y según datos del CGPJ, en la jurisdicción civil, donde se enmarcan los juzgados especializados, el incremento de ingresos ha sido del 14,2% respecto al mismo periodo de un año antes. En esta subida han tenido un papel relevante los asuntos relacionados con las cláusulas abusivas incluidas en los contratos hipotecarios, como las suelo. 
En paralelo a esta llegada masiva de asuntos, el número de demandas resueltas se ha reducido otro 14,4% respecto a septiembre de 2016 y, por extensión, han crecido un 11,4% el número de asuntos pendientes de resolución. De este modo, la congestión en los juzgados respecto a un año antes se ha incrementado hasta un 8,5%.

Incremento de plantilla

Representantes del Ministerio de Justicia y del CGPJ mantuvieron una reunión el pasado día 11 que marcó el inicio de las conversaciones para acordar la prórroga del funcionamiento de los juzgados especializados en cláusulas suelo ante el aluvión de demandas, no equiparable al ritmo de resolución. No obstante, la administración que encabeza Rafael Catalá aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre la decisión de extender la actividad de estos tribunales.
Además, el Ministerio de Justicia también estudia la petición del CGPJ que planteó el pasado mes de noviembre de incrementar en un 68% el número de jueces en estos nuevos tribunales. Concretamente, el órgano de gobierno del Poder Judicial apuntó a la necesidad de incorporar al menos 44 magistrados más para apoyar a los 65 titulares actuales repartidos en las distintas provincias. 
Estos jueces irán a reforzar los juzgados que más asuntos reciben como Madrid, donde se necesita incrementar el número de magistrados tanto a tiempo completo como parcial. Prueba de ello es que el Juzgado de cláusulas suelo madrileño cuenta en la actualidad con un total de seis jueces que, por el momento, resultan insuficientes para asumir las 25.464 demandas que han recibido desde junio y hasta inicios de noviembre.
Las distintas comunidades autónomas también han trasladado al CGPJ la necesidad de incrementar en estos juzgados especializados el número de letrados de la Administración de Justicia a 52, de modo que haya 23 a tiempo completo y 29, a tiempo parcial.
Tanto el Ministerio de Justicia, como el CGPJ y el Tribunal Supremo coinciden en apuntar que este tipo de litigiosidad a la que se enfrentan los tribunales de cláusulas suelo "ha venido para quedarse".

Devolución de la banca

Los bancos ya han devuelto 1.975 millones de euros a los afectados por cláusulas suelo que han reclamado por la vía extrajudicial. El Gobierno impulsó este mecanismo el pasado mes de enero después de que, en diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligara a la banca a devolver lo cobrado por cláusulas suelo que aplicaron sin transparencia desde que comenzaron a comercializarlas. De este modo, los clientes pueden reclamar lo pagado directamente a la entidad sin pasar por los tribunales.
Según los últimos datos aportados por el Banco de España, los distintos bancos recibieron hasta septiembre más de 1,04 millones de reclamaciones, de las que estimaron un total de 453.622 reclamaciones, es decir, el 43%.
Como detalle, cabe destacar que un total de 146.660 solicitudes realizadas por los titulares de créditos hipotecarios para lograr la devolución del dinero pagado de más por las cláusulas suelo han sido rechazadas por las entidades bancarias, porque no contenían en el contrato hipotecario este tipo de cláusulas.
En la actualidad, y a pesar de la recuperación del mercado inmobiliario, del euribor en negativo y de que la banca está incrementando la comercialización de créditos nuevos, el número de hipotecas que concede no alcanza ni a un tercio de las que se constituían en la época de la burbuja.

La nueva ley hipotecaria obliga a informar de condiciones abusivas

La nueva ley hipotecaria que prepara el Gobierno y que entrará en vigor a mediados del próximo año obligará a los bancos a dar una ficha a los clientes con un listado de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales. Además, el consumidor también deberá acudir al menos siete días antes de la firma del contrato hipotecario, y de forma gratuita, a un notario para que compruebe si la información ofrecida por la entidad es suficiente y si el préstamo contiene alguna cláusula que carezca de transparencia. 
Entre las novedades de esta nueva ley destaca la posibilidad de convertir las hipotecas de tipo variable a fijo con una rebaja de la comisión. Esta medida es de carácter retroactivo. Para el vencimiento anticipado, es decir, que la entidad ejecuta la hipoteca por impago, la nueva ley extiende el periodo y la cuantía del impago. Para el reembolso anticipado, la entidad no podrá cobrar comisiones salvo excepciones en función del periodo en el que se realice y de si la hipoteca es a fijo o variable.

BMW R 1200 RT, la nueva moto de la Guardia Civil de Tráfico


MADRID.- La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha adquirido 291 motocicletas de BMW R 1200 RT, que se unen al parque de la Dirección General de Tráfico (DGT) y sustituirán a las anteriores BMW R 850 RT.

Estas motos serán utilizadas por los agentes de la Guardia Civil para patrullar por las carreteras y autopistas españolas -tanto de la Península, como de las islas Baleares y Canarias-, ha explicado BMW en un comunicado.
La BMW R 1200 RT es un modelo de "última generación" que incorpora varios elementos de seguridad y confort, a los que se han añadido las especificaciones requeridas por la DGT para realizar las tareas a las que van a ser destinadas, ha especificado la marca.
Entre otros detalles, todas las unidades han sido equipadas con los colores corporativos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, entre los que BMW ha destacado el amarillo flúor, que sirve para adaptarse a la nueva normativa europea que recomienda su uso en los vehículos policiales.

El presidente de 'Adif', entre los nuevos investigados por el 'caso Lezo'


MADRID.- El actual presidente de Adif (empresa dependiente del Ministerio de Fomento), Juan Bravo, es uno de los nuevos imputados en el caso Lezo por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado del caso. Juan Bravo, que lleva poco más de un año al frente de la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias, ha desarrollado casi toda su carrera en el sector público a la vera de Alberto Ruiz Gallardón, de quien fue uno de sus más estrechos colaboradores en casi todos los cargos que ocupó, según recuerda Público.

Mientras fue presidente de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo fue director general de Presupuestos, luego viceconsejero de Hacienda y finalmente, consejero de este de departamento (es en esta época en la que llega al consejo de administración del Canal de Isabel II, cuya actuación está investigando ahora el juez).
Le acompañó al Ayuntamiento de Madrid, donde fue responsable de Hacienda y Administración Pública en los ocho años de su alcaldía. Y saltó con él al Ministerio de Justicia, donde fue subsecretario.
Tras la dimisión de Ruiz Gallardón en septiembre de 2014, Juan Bravo estuvo en la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad. Allí fue repescado en 2015 por Cristina Cifuentes para el Metro de Madrid, donde fue consejero delegado durante un año, hasta que fue fichado por Íñigo de la Serna para presidir Adif.
Entre la veintena de personas imputadas ahora por el juez del caso Lezo figura también Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid (el equivalente al Tribunal de Cuentas autonómicos). Canalda, que, como director gerente del Canal fue el cerebro de las operaciones de la empresa pública de aguas, ha hecho gran parte de su carrera en el sector público cerca de Esperanza Aguirre, en su época de ministra de Educación y  como presidenta de Madrid (también fue asesor de Mariano Rajoy cuando fue titular de Presidencia y de Interior en los gobiernos de Aznar).
Tras su imputación, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido la dimisión de Canalda. El código ético aprobado por el Ejecutivo autonómico de Cristina Cifuentes obliga a dimitir a los cargos investigados por casos de corrupción.
La mayor parte de los nuevos imputados por el caso Lezo han estado vinculados al PP en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, o eran altos directivos del Canal de Isabel II. 
Las excepciones son Agapito Ramos, del PSOE (que formó parte de los gobiernos autonómicos durante los doce años que los socialistas estuvieron en el Ejecutivo madrileño), Andrés Muñoz Hernández, trabajador del Canal y representante de UGT, o Roberto Molero Gómez-Elegido, responsable del Consejo Social en la Universidad Complutense de Madrid y asesor económico de la diócesis madrileña.

Italia niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes

ROMA.- Se cierra la legislatura en Italia dando el portazo a una de las leyes más polémicas que se han debatido en los últimos años: el «ius soli», la ley que podía haber concedido la nacionalidad italiana a los hijos de inmigrantes nacidos en este país. En el Senado ni siquiera hubo el número legal de senadores para votar la ley, porque los parlamentarios piensan ya solamente en la campaña electoral. 

El presidente de la República, Sergio Matarella, disolverá las cámaras el próximo jueves o el viernes y el 4 de marzo serán las elecciones generales. Solamente 116 senadores, de un total de 320 con que cuenta esta cámara, hicieron el esfuerzo de presentarse para votar una ley que comenzó a plantearse hace 16 años, y cuya aprobación ha implorado buena parte de la sociedad civil y el mundo católico, comenzando por el Papa Francisco, según publica Abc.
En realidad, el apoyo al «ius soli» ha ido perdiendo cada día más fuerza, sobre todo en el centro derecha, porque, según indican las encuestas, el sentimiento de los italianos hacia la inmigración ha cambiado radicalmente. Hace seis años, el 71% de los ciudadanos era partidario de conceder la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en Italia. Ese porcentaje se ha dado la vuelta. Hoy la mayoría es contraria a esa ley, porque la inmigración suscita temor. 
Una encuesta de «La Stampa-Financial Times» publicada el pasado 18 de diciembre indicaba un fuerte crecimiento a los que quieren cerrar las puertas a la inmigración: El 60% de los italianos rechaza la idea de un país multiétnico.
Si se aprobara la nueva ley de «ius soli», los potenciales nuevos ciudadanos italianos serían 600.000, hijos de inmigrantes nacidos en Italia desde 1998 hasta hoy, y cuyos padres residen en este país desde hace al menos cinco años. A estos hay que añadir otros 178.000 por el «ius cultural», otorgado a inmigrantes nacidos en el extranjero, llegados a Italia antes de los 12 años, que hayan completado cinco años de escuela en este país.
El proyecto de ley, que no ha sido aprobado, prescinde del contexto cultural familiar o de grupo en que ha crecido el futuro ciudadano italiano. Solamente se exigía que uno de los padres tenga un permiso regular de residencia, una renta mínima y que sepa hablar italiano. Obviamente, las preocupaciones de los italianos se centran en una categoría especial de inmigrantes: los de cultura islámica.
El Papa, hijo de emigrantes, entró directamente en el debate político italiano, al exigir, en su mensaje para la Jornada Mundial del emigrante y del refugiado en agosto pasado, que en el momento del nacimiento fuera «reconocida y certificada» la nacionalidad a todos los niños para que puedan ser tutelados. 
Un rotundo apoyo del Pontífice a la ley, que ha tenido su mayor oposición en el centro derecha, en particular la Liga Norte, cuyo líder, Matteo Salvini, responde al Papa: «Si quiere ius soli, lo aplique en el Vaticano».
En una Italia con clara caída demográfica y una sociedad que envejece, a buen seguro que en la próxima legislatura se volverá a plantear el debate sobre el «ius soli», una ley que muchos, sobre todo en el centro izquierda y el mundo católico, consideran que es una batalla por la solidaridad.

28 militares empezarán en enero el curso de examinador de Tráfico

MADRID.-La DGT continúa con el plan anunciado de ampliación de la plantilla de examinadores del carné de conducir y desde principios de este mes de diciembre ya cuenta con 22 nuevos examinadores, que ya ejercen tras haber superado un curso de formación de once semanas, preceptivo para obtener la habilitación de examinador. Según informa la DGT, en este momento hay 796 examinadores en España. 

A partir del 8 de enero comenzará un nuevo curso de formación, en este caso para 35 aspirantes, 28 de los cuales son militares que han sido seleccionados entre el centenar de solicitudes presentadas por funcionarios del Ministerio de Defensa. La DGT espera que en abril puedan ir incorporándose a las jefaturas de Tráfico con mayores necesidades de personal examinador.
Durante la huelga de casi seis meses de duración tuvieron que aplazarse 219.000 exámenes prácticos del carné de conducir.

Así es la nueva tabla de cotizaciones sociales para 2018


MADRID.- Las empresas apuran estos días el cierre de la ejecución de las cuentas de este ejercicio y el diseño del presupuesto para 2018, en el que, sin duda, la partida del coste laboral será una de las más importantes. Las previsiones en términos generales son buenas, ya que son una minoría las sociedades que calculan que tendrán que reducir su plantilla a corto o medio plazo. El resto estima que sus costes laborales, entendiendo como tales no solo los salarios, sino también el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y toda clase de pagos dinerarios o en especie a sus trabajadores, se elevará en torno al 2% en 2018, según adelanta hoy Cinco Días.

El Gobierno acaba de suscribir con los agentes sociales un acuerdo por el que el salario mínimo interprofesional (SMI) se elevará a partir del 1 de enero un 4% hasta quedar establecido en los 736 euros al mes o 10.304 euros anuales. En esta línea, las bases mínimas de cotización también se revalorizarán en la misma cuantía y pasarán de los 1.152,90 euros para ingenieros y licenciados a 1.199 euros.
La nueva base mínima del segundo grupo de cotización, el compuesto por ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados pasa de 956,10 a 994,3 euros y la de los jefes administrativos y de taller se eleva otro 4% desde los 831,6 euros hasta los 864,8. En el resto de grupos la base mínima queda establecida en 858,6 euros al mes, frente a los 825,6 euros de este año.
En contra de lo ocurrido en los últimos años, Empleo ha decidido en esta ocasión dejar sin cambios las bases máximas, que permanecerán en 3.751,20 euros, por lo que las empresas cotizarán en 2018 lo mismo que este año por sus trabajadores mejor pagados. De esta manera, esta congelación amortiguará en gran medida el incremento del 4% decretado para las bases mínimas. Para aquellos empleados que coticen por bases superiores el incremento del coste laboral equivaldrá en gran medida a la mejora que experimenten los salarios. El último dato oficial, de noviembre, indica que la subida media pactada en convenio se situó en el 1,43% este año.


Diálogo social

Después del fracaso que supuso que patronal y sindicatos no lograran reeditar este año el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), representantes de las confederaciones de los sindicatos UGT y CC OO, y de las patronales CEOE y Cepyme se reunieron ayer para dar inicio a la negociación y se emplazaron a comenzar los trabajos formales el próximo 11 de enero y proseguirlos el día 25 del mismo mes.
En esta primera toma de contacto informal, los agentes sociales acordaron que el objetivo es alcanzar un acuerdo en un plazo “razonable” para que el AENC pueda tener repercusión en la negociación colectiva que se abra en 2018. Para ello, se comprometieron a agilizar el calendario, intensificar las reuniones, con el fin de sellar un pacto en el plazo “más breve posible”, según informaron los sindicatos.
A partir del índice de materias del III AENC, CC OO y UGT explicaron que para ambas organizaciones las prioridades serán el empleo de calidad, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el tiempo de trabajo. Además, señalaron que encima de la mesa habrá otras materias como condiciones laborales, brecha de género, igualdad, clasificación profesional y movilidad laboral. El calendario de negociaciones incluye encuentros cada 15 días en función de los avances que se vayan produciendo.
Sobre el papel, este año el acuerdo se antoja más cercano. Los sindicatos no han modificado por ahora su propuesta, por la que piden mejoras salariales que se muevan en una horquilla del 1,8% al 3%. No obstante, tras firmar el acuerdo sobre el SMI, indicaron que dicho pacto puede ser un buen ejemplo de cara a la negociación colectiva global. 
Por su parte, la CEOE, a iniciativa de su presidente, Juan Rosell, parece dispuesta a mejorar su última oferta, y plantea subidas de sueldo del 1,5% hasta el 2% y una parte variable adicional de hasta un punto para llegar al 3% (antes el techo era del 2,5%).
La patronal pone como condición que el variable se vincule a mejoras de productividad y medidas contra el absentismo. Teniendo en cuenta que la subida media en convenio ha sido este año del citado 1,43%, hay un sector de la patronal que defiende que el acuerdo debería dejar de marcar horquillas, ya que son las empresas las que mejor conocen el margen que tienen para subir los sueldos.

Correos, AENA, 'Navantia'... las empresas públicas han perdido uno de cada tres empleados


MADRID.- “El sector más azotado por la crisis”: así definen desde el sindicato de funcionarios CSIF a las empresas públicas, es decir, al extende ramillete de compañías que prestan servicios pero que pertenecen al Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según El Confidencial Digital.

La necesidad de recortar el gasto público para embridar el déficit desbocado hizo que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos congelaran sus ofertas de empleo público, redujeran las tasas de reposición... Eso provocó reducciones en las plantillas de funcionarios, por ejemplo en la sanidad y en la educación públicas, así como en general en ministerios y organismos públicos.
Pero ahora, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy empieza a aflojar la mano y hace algunas concesiones a los sindicatos de funcionarios, CSIF ha hecho balance del impacto de la crisis económica y los recortes presupuestarios a partir de los datos del Ministerio de Hacienda y Función pública.
Y, según ha sabido  El Confidencial Digital, CSIF ha concluido que en los seis años transcurridos entre 2012 y 2017, ambos incluidos, las empresas públicas del Estado han perdido a uno de cada tres empleados: un total de 31.751 puestos de trabajo se han destruido en ese tiempo, de los más de 90.000 que había antes del comienzo de los grandes recortes en el sector público acometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Correos, la gran perjudicada

Las fuentes de la Central Sindical Independiente de Funcionarios consultadas por  ECD señalan que esta drástica reducción de plantillas en empresas públicas se ha producido, principalmente, a través de jubilaciones de personal que no se ha cubierto.
El caso más relevante es el de Correos, que acumula el grueso de la plantilla del total de estas empresas públicas estatales. En estos años ha perdido cerca de 20.000 puestos de trabajo, pasando de unos 65.000 antes de los grandes ajustes del sector público a los actuales 45.000.
También ha habido importantes recortes en compañías de menor tamañan pero importantes, como Navantia (construcción de buques), Tragsa (limpieza de zonas rurales), que ha aprobado EREs, el Instituto de Crédito Oficial, Paradores Nacionales...
Además, “se ha evitado por todos los medios la contratación”, critican desde CSIF, que señalan que hay empresas que arrojan beneficios, como AENA e Ifema (Feria de Madrid), y que pese a ello no tienen autorización del Gobierno de España para aumentar el personal en la medida que lo necesitan.
Incluso ha habido casos de externalización de servicios para poder evitar la contratación de personal en las empresas públicas, algo que ha ocurrido en Navantia, Tragsa o Correos, entre otras. A lo que hay que sumar que parte de la plantilla, por ejemplo en Correos hasta el 30%, es personal temporal.
“Sufrimos los inconvenientes de la administración y también los de las empresas privadas, sin los beneficios”, lamentan desde el sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF, que además añaden que en muchas de estas empresas públicas como Hipódromo de La Zarzuela, Navantia y Paradores que llevan años con la negociación del convenio colectivo bloqueado por las restricciones presupuestarias del Estado.

Bankia vuelve al negocio promotor

MADRID.- Bankia se liberará la próxima semana de las cortapisas que Bruselas le impuso a cambio de recibir dinero público. El banco ya ha anunciado que pretende volver a conceder crédito promotor para aprovechar el crecimiento de este negocio al albur del cambio de ciclo. Bankia ha decidido crear una Dirección de Promotores, que estará liderada por un hombre de la casa, Alberto Manrique, que reportará a Gonzalo Alcubilla, director general adjunto de banca de negocios. Manrique se incorporó al grupo en 1998. "En los próximos tres y cuatro años estimamos que se construirán unas 150.000 viviendas nuevas al año en España", señala Manrique a Expansión

Otra de las actividades que retomará Bankia es la financiación a grandes empresas con acceso a mercado de capitales, tanto españolas como extranjeras, así como la actividad de project finance y la financiación de fusiones. Caja Madrid fue en el pasado un actor importante en ciertos segmentos del mercado de capitales .
En enero, BMN desaparecerá como entidad jurídica y será absorbida legalmente por Bankia. El grupo ya no tiene restricciones para aumentar su balance con la compra de un competidor.
Esa fusión llevará aparejado un ajuste de empleo que afectará a 2.510 empleados de ambas plantillas, el 14% del personal conjunto, según las cifras anunciadas en una primera reunión informal con los sindicatos. Hoy, jueves, se celebrará otro encuentro con la representación de los trabajadores.
El grupo presentará en el primer trimestre de 2018 un nuevo plan estratégico.

Goirigolzarri cobrará en 2020 su primer bonus

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, José Sevilla, habían renunciado hasta ahora a percibir remuneración variable, pese a haber cumplido con los objetivos del plan de reestructuración. Sin embargo, la cúpula cree que es momento de volver a la normalidad. En 2016, los tres consejeros ejecutivos (Goirigolzarri, Sevilla y Antonio Ortega) devengaron por primera vez un bonus que comenzarán a cobrar a partir de 2020.
El importe máximo que podrán percibir por este concepto será de 300.000 euros con cargo a 2017, la mitad en efectivo y la otra mitad en acciones.
El presidente de Bankia cobra una retribución fija desde 2012 de 500.000 euros anuales, el máximo que permite la ley para las entidades de crédito nacionalizadas.

'Aena' relanza el servicio gratuito de WiFi en el aeropuerto de Alicante con una mayor velocidad


ALICANTE.- Aena ha relanzado el servicio gratuito de acceso a Internet en los aeropuertos de la red con una mayor velocidad de descarga. El nuevo servicio de WiFi, en el que Aena es el proveedor, ofrece una mayor velocidad que permite el consumo de contenidos multimedia con alta definición, similar a líneas de alta capacidad. Entre las terminales donde figura el servicio gratuito están la de Alicante, Valencia, Almería y San Javier.

Esta nueva prestación es gratuita, sin ningún coste para el pasajero ya que no hay ninguna conexión de pago. También se elimina la publicidad como opción obligatoria de acceso, lo que mejora de forma sustantiva el servicio y facilita los pasos de la conexión.
La nueva red lleva por nombre Airport Free Wifi Aena. La conexión se simplifica y el auto login será para todos los aeropuertos durante tres meses o un año.
El usuario dispone de tres formas de registrarse: a través de las redes sociales (LinkedIn y Facebook), del Aena Club Cliente (en el que se puede dar de alta en la web de Aena www.aena.es) o mediante un simple formulario. Una vez realizado el primer registro a través del Aena Club Cliente, no hay que volverse a logar en toda la red durante 1 año.
Aena ejecuta así la tercera fase de la implantación de la red wifi en los aeropuertos españoles gracias a un acuerdo con Vodafone y una inversión de 24,5 millones de euros.
En 2015 ya introdujo el servicio gratuito e ilimitado, pero solo por 30 minutos, financiado con publicidad y de baja velocidad (hasta 2 megabits por segundo de descarga). Paralelamente, el servicio Premium, sin anuncios y con una velocidad superior (entre 3 y 10 Mbps), tenía un coste de 5 euros diarios.
El relanzamiento del wifi se produce después de que desde la propia Aena se reconozca que el servicio implementado en 2015, y operado por la empresa Eurona, no ha funcionado como esperaba en cuanto a calidad y satisfacción del cliente. El nuevo wifi abarca toda la red de Aena, que consta de 46 aeropuertos y dos helipuertos.
El wifi gratis se ha ido extendiendo por los aeropuertos europeos como los casos de Dublín, Lisboa, Milán, Varsovia, Copenhague, Roma-Fiumicino o el Charles De Gaulle parisino.

Murcia, al final de la escapada / Pedro Costa Morata *

En el mismo día me hablan de que un conocido líder de los regantes de Cieza lleva años extrayendo ilegalmente agua del cauce del río Segura, la prensa publica la violencia con que otro líder agrario, esta vez del Campo de Cartagena (CC), se opone a que los inspectores le sellen unas instalaciones ilegales; y por la noche, en La Dos un documental norteamericano demuestra la relación entre los pesticidas de uso en el campo y problemas neurológicos infantiles, concretamente el coeficiente intelectual. 

Destaco de todo ello, (1) el robo de agua pública a la vista, práctica muy común, e histórica, en nuestra sedienta tierra, (2) el éxito continuado con que algunas poderosas organizaciones agrarias controlan a quienes debieran controlarlas a ellas, (3) la intimidación y hasta la violencia con que defienden sus intereses, aunque carezcan de respaldo legal, y (4) el alcance inmenso de las responsabilidades de una agricultura pérfida, que supera al del medio ambiente natural y alcanza a la humanidad. 

Pero lo que hoy toca es aludir al fiscal jefe del TSJ de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera (DM), que ha cumplido su compromiso ante la opinión pública presentando un monumental escrito de imputación contra 37 presuntos responsables del desastre del Mar Menor, entre los que se incluyen altos cargos de la Administración regional y del Estado y una nutrida nómina de empresas y agricultores actuantes en ese CC. 

Un texto currado con lealtad y esmero, al que deberán seguir otros, de parecido tenor, sobre distintos espacios machacados por esta actividad tan perniciosa, como el Noroeste (donde se enseñorea la triada murciana de ilegalidad-intimidación-impunidad), o el dominio público litoral, asolado por plásticos y tóxicos procedentes de los ubicuos (y, al parecer, intocables) invernaderos.

Por supuesto que al trabajo del fiscal DM seguirá la fase propiamente judicial, con jueces que instruirán, enjuiciarán y sentenciarán, y que es pronto para hacerse ilusiones. Es imposible olvidar, a este respecto, aquel informe de imputaciones, parecido a éste, de principios de 2004, en el que el fiscal de Madrid Emilio Valerio señalaba con rigor y minuciosidad a los protagonistas del desmadre en el Noroeste, y cuya continuación quedó bloqueada, en el propio ámbito judicial, para pasmo y oprobio de la legalidad.

Del estado crítico del Mar Menor (al que se ha llegado tras décadas de alegres y multiformes agresiones) en la actualidad se están derivando las responsabilidades por acción delictiva, vigilancia prevaricadora o abstención dolosa. 

Desde luego que no es la mal llamada agricultura mediterránea (que en realidad se trata de una ´industria intensiva de productos agrarios´, si atendemos al papel de los insumos industriales y al impacto en suelos, acuíferos y atmósfera) la única culpable de esta situación de nuestra singular albufera, pero el endurecimiento material, político y ético del papel de esta actividad, que no ha parado hasta hacerse canallesca, ha llegado a monopolizar la atención en una región que sigue creyendo en futuros imposibles, aun atenazada por esta actividad demoledora. 

Vista la enormidad de los daños imputables al agro, parece que nos hemos olvidado del segundo sector característico de nuestra economía, no menos nefasto: la construcción turística y su urbanismo depredador, cuajados de escándalos en los que se sienten especialmente realizados tantos personajes de nuestra vida política; una actividad a la que ahora contemplamos como si nunca hubiera roto un plato, tanta es la indignación que va cundiendo por los abusos de nuestros ´agricultores intensivos´. 

La realidad abrumadora es que las dos patas de la economía regional (tan vinculadas entre sí en ocasiones, es verdad) son nocivas para el medio ambiente, alimentando así perspectivas falsas de desarrollo. Ambas actividades básicas han conseguido ser, por fin y por sus propios méritos, objetivo habitual de la Justicia, y hay que celebrarlo.

En Murcia llevamos años traspasando límites y ahora nos toca reconocer los desastres consumados, con mucho de irreversibles. Pero nadie debe hacerse ilusiones en relación con cambios sensibles de orientación, aprendizaje o ética de la parte de nuestros gobernantes, por lo que hay que conseguir que más y más murcianos se enteren, y que asuman que el objetivo es destruir esa coalición pétrea y delicuescente de empresarios agrícolas y administradores que desde hace mucho conspiran contra los murcianos. Ha resultado que los pilares básicos de nuestra economía son antiecológicos, destructivos e inviables a corto y medio plazo, y que nos roban el futuro. 

En una región corroída por los escándalos de corrupción política y los abusos impunes de los intereses económicos, ha llegado el momento de atacar sin piedad a los prevaricadores, que son el enlace necesario entre la ilegalidad y el desastre cono consecuencia. El prevaricar atañe a los servidores públicos y consiste, para entendernos, en «hacer las cosas mal a sabiendas, o ignorarlas voluntariamente». Y por eso está muy bien hecho que DM señale a dos presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, que deberán ser más, en el futuro, y al que fuera consejero de Agricultura, Cerdá, perpetuado en su puesto hasta la fuga de Valcárcel. 

Los casos del todopoderoso Cerdá, así como del sempiterno consejero de Turismo Ruiz Abellán nos sirven para entender el enquistamiento de problemas nefastos en la agricultura y el encadenamiento de proyectos enloquecidos en el turismo: parece que repetían en el cargo porque había que sostener el disparate y conducir la región derecha hacia el caos, escorada siempre a intereses crematísticos que no eran los generales. Las sospechas y la impotencia por las denuncias bloqueadas se van encaminando, y tanto la consejería de la Agricultura como la CHS han dejado de disponer de bula: pueden tratarse, efectivamente, del principal nido de prevaricadores en la Región, así que a ver si lo desmantelamos de una vez.


(*) Ingeniero y profesor jubilado




http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/12/28/murcia-final-escapada/885888.html 


Financiación autonómica y reforma fiscal / Fernando Méndez Ibisate *

Frente al actual modelo de financiación, se ajusta más al estado de derecho y al trato de todos sus ciudadanos por igual, que son quienes tributan o pagan impuestos (no los terruños), un sistema foral y de cupos igual a todas las comunidades autónomas o bien la creación de un impuesto específico de y para las autonomías, administrado, gestionado y recaudado por ellas directamente y con claridad. 

Pero esto último no sería aceptable dentro del actual sistema fiscal español, que lógicamente precisaría de un cambio y reforma profundo que, además, debiera hacerlo mucho más eficiente, simple, transparente, amable y justo en la relación del contribuyente con la Administración (todas) y, desde luego, menos gravoso y confiscatorio.

Y es que a pesar de tener uno de los mayores esfuerzos fiscales de Europa, incluso por encima de Dinamarca, Suecia, Finlandia u Holanda (el máximo esfuerzo fiscal lo ostenta Francia), nuestra recaudación es muy ineficiente, con una presión fiscal del 34,1% en 2016. Esto es porque la base fiscal, quienes realmente contribuyen y pagan impuestos, es estrecha: las rentas altas o muy altas son muy pocas y la recaudación recae fundamentalmente entre los asalariados y, dentro de estos, en las rentas entre 20.000 y 70.000 euros. Es decir, la clase media, como en todas partes.

Encima, los impuestos que pagan ese grupo, y algunos por encima de esas rentas, son muchos, muy injustos (algunos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales, precisamente los que gestionan y cobran las autonomías, son impuestos dobles, triples o en cascada) y muy gravosos, pues los contribuyentes de la parte baja de ese rango entre 20.000 y 70.000 euros tributan por más de la mitad del total de sus rentas o ganancias anuales y el porcentaje crece según asciende el rango: sumen IRPF, IVA, cotizaciones sociales y otros descuentos del salario, los impuestos autonómicos, IBI, tasas municipales, multas,... y ustedes dirán si, en promedio, no se va un 60% o más de sus ganancias brutas en tributar a la Administración. Por cierto, la presión fiscal no sirve como medida de si pagamos muchos o pocos impuestos: puede elevarse nuestra factura impositiva total, pero si el PIB crece por encima la presión fiscal aparece como menor.

Descartado el actual modelo de financiación autonómica, con el que nadie parece de acuerdo, y considerando inadmisible, ineficiente e inservible un apaño o enmienda de la actual estructura de financiación autonómica, que será lo que finalmente tengamos los españoles para nuestra desgracia, la opción de dotar a cada comunidad de un sistema foral y establecer un cupo sobre la base de igualdad ante la ley, igualitario y equivalente en cuanto a su normativa o reglas del juego pero no necesariamente en cuanto a cuantías e impuestos a pagar (ahora las comunidades forales pueden establecer, y tienen, distintas legislaciones y marcos regulatorios en impuestos como el IRPF o Sociedades), se me antoja un cambio en la estructura y administración del Estado que, aunque muchos están ansiando (incluido PSOE, en su insistencia federal) rompería la unidad nacional claramente.

Tal como está diseñado ahora el sistema del cupo y su cálculo, más el elemento político del acuerdo o consenso, este consiste simplemente en trasladar parte de la carga fiscal a los contribuyentes de fuera de "mi" terruño para aliviar a "los míos", es decir, los que votan sobre "mi" cargo. Si se establece una regla similar a todos, incluso aunque permitiese cierta competencia fiscal entre regiones, que ya existe ahora y de la que, por cierto, se quejan las autonomías, convertiríamos el Estado central en algo secundario y subsidiario, destruyendo la organización y actual configuración del Estado. 

Además, estaríamos debilitando su capacidad, como representante único, legal y legítimo ante instituciones supranacionales, como la UE y la eurozona, para obligar a cumplir las reglas y obligaciones que nuestra pertenencia a dichas instituciones nos impone, entre otras las de déficit y endeudamiento, y que ahora sirven (no mucho ni muy eficientemente, como vemos, pero sí algo) para frenar la tendencia gastadora de los políticos, especialmente, los autonómicos.

Como señala mi buen amigo y maestro, el profesor Pedro Fraile, tal federalismo fiscal sólo puede mantenerse si existe lealtad política (sobre todo gastadora, se entiende) entre todos los federados y de todos para con la federación. Ni quitas, compras de deuda, ni rescates, ni FLA, ni pagos a proveedores... ni siquiera BCE. Los excesos de déficit y deudas se ajustan (bail-in) subiendo impuestos, gastando menos o quebrando: como la California de Arnold Schwarzenegger. La Unión no viene en tu ayuda, y no sé si eso lo aceptarían, y aún menos lealmente, los gobernadores de nuestras autonomías.

Las figuras impositivas que manejan ahora las autonomías son injustas y confiscatorias y deben desaparecer; por tanto, debe dotárseles de figuras propias claras. Pero debe hacerse en un contexto de reforma que reduzca los impuestos en número (simplificación y transparencia) y cuantía. No deberíamos destinar mucho más de un tercio de nuestras ganancias a pagar impuestos o tributos (todos) y tampoco el gasto, ni la presencia de lo público en nuestros intercambios y contratos diarios, debería suponer más de eso.


(*) Profesor Titular de Historia del Pensamiento Económico en la UCM


La foto más buscada / Enric Juliana *

Una de las fotos más buscadas del 2018 será la de Albert Rivera junto con Felipe González. Rivera la quiere, la busca, la desea –vaya, si la desea–; vamos a ver si González se la concede.

Lanzar al espacio un nuevo partido político no es extraordinariamente difícil en los tiempos actuales. Los costes económicos de la política se han abaratado gracias a internet y oportunidades de inventar algo nuevo no faltan dada la enorme erosión del sistema de representación política en España. Lo difícil no es lanzar un nuevo partido, lo difícil es estabilizar su órbita y hacerlo progresar hacia nuevos y más ambiciosos objetivos. Lo difícil es proyectar “voluntad de poder” de manera sostenida y convincente.

Después de unos meses tristes y áridos, tras facilitar la investidura in extremis de Mariano Rajoy a finales de octubre del 2016, Albert Rivera recibió la preciosa y oportuna ayuda de José María Aznar. Hubo foto en el Instituto Atlántico de Gobierno. El expresidente invitó a Rivera a esta escuela de cuadros, con la que complementa las actividades de la fundación FAES, y le dio la bendición. Mayo del 2017. 

El invierno había sido largo para la gente de Ciudadanos. Después del voto de investidura, parecían desfondados. Rajoy, que detesta a Rivera, hacía todo lo posible para rebajar su papel en el Parlamento, a la espera de las elecciones primarias en el PSOE y de los acontecimientos que se avecinaban en Catalunya. En aquel momento, la iniciativa aún estaba en manos de Podemos: la campaña contra la corrupción y la moción de censura, anunciada por Pablo Iglesias a finales de abril y debatida en el Congreso a principios de junio.

Ciudadanos se estaba desdibujando. En ese contexto, Aznar acudió en auxilio de Rivera. Desde entonces no ha perdido ocasión de elogiar al joven dirigente de la derecha alternativa. El reciente documento de FAES –entidad que preside Aznar y dirige Javier Zarzalejos– sobre el resultado de las elecciones en Catalunya significa la culminación de esa estrategia. Rotundo elogio a la política de Ciudadanos, áspero aviso a Rajoy –“ese es el camino”– y ajuste de cuentas con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuyas aspiraciones sucesorias pueden sufrir graves contratiempos en el curso de los próximos meses.

Aznar no manda en el Partido Popular, pero sigue siendo un referente para muchos seguidores del Partido Alfa de las clases medias tradicionales. Su aproximación a Rivera ha enviado un claro mensaje al núcleo duro conservador: “Podéis votarles, son de los nuestros”. Más de ciento cincuenta mil antiguos votantes del PP catalán han seguido la consigna al pie de la letra. Xavier García Albiol se ha quedado con una hoja de parra.

Conseguida la llave maestra que conduce al electorado conservador, Rivera necesita ahora compensar la aproximación a Aznar con algún gesto de complicidad con los electores del PSOE admirados por los resultados de Inés Arrimadas en Catalunya y agradecidos por el papel de Ciudadanos como dique de contención del independentismo. Una oportuna foto con Felipe González sería la contraseña necesaria para intentar imitar a Emmanuele Macron. Ni de derechas, ni de izquierdas, ¡España!

González, el hombre más inteligente y temible que ha dado la política española en los últimos cincuenta años, aún puede timbrar pasaportes. Por si acaso, Pedro Sánchez mantiene en arresto domiciliario su breve propuesta de una España plurinacional.


(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia 


Algo habrá que hacer / Ramón Cotarelo *

Algo y alguien. En este caso, Rajoy, tan aficionado a la quietud ignaciana, tendrá que hacer algo. Por mucho que le moleste salir del puro y el Marca. Los de su partido, siempre propensos a meter la pata, azuzan a los de C's a que tomen la iniciativa de formar gobierno. Esto, aparte de una rabieta de patio de colegio, es una tontería porque ni C's ni nadie puede proponerse a nada en tanto no esté constituido el Parlament.

Una vez constituido este, la presidenta abrirá consultas con los grupos. Y entonces, sí, ya puede Albiol retar a Arrimadas o a quien quiera. Hasta a sí mismo. No tiene muchos diputados pero sí mucha voz. No obstante, hay un detalle: el Parlamento tiene que estar debidamente constituido, habiendo tomado posesión de sus actas todos los diputados. 
 
Faltan ocho, cinco en el exilio y tres en prisión. Sin ellos la cámara no puede constituirse. Cosa además imposible porque, al parecer en España rige la doctrina del ministro Zoido según el cual un preso no es político aunque tenga restringidos sus derechos políticos. El primero de todos, el derecho de sufragio pasivo. Es fabuloso. 

La solución solo podría ser que las respectivas listas corrieran los ocho puestos de los electos privados del sufragio pasivo, lo cual sería allanar voluntad del electorado y la soberanía del Parlament o suspender, si no anular, las causas judiciales, lo cual sería allanar la independencia de la justicia.

En estas circunstancias, Rajoy, preferirá el anonimato ese que los suyos quieren suprimir en las redes. Aludirá a la división de poderes y la independencia del judicial y el sistema actuará por su cuenta que suele ser la de Antequera. La situación se hará insostenible y la autoridad central echará mano de la garrota del 155 con el beneplácito del PSOE. Los medios seguirán intervenidos, los presos en la cárcel, las libertades públicas restringidas de mil maneras.

Son lógicas propuestas como la de Turull, la investidura telemática de Puigdemont. Lógicas y realizables en tiempos de TIC. Prácticamente todos los actos presenciales son hoy virtualizables con grandes ahorros de dineros, tiempo y paciencia. Pero tiene el inconveniente anterior: se requiere una reforma del reglamento del Parlament, según el propio Turull. 
 
Para esa reforma el Parlamento ha de estar previamente constituido y no creo que pueda hacerlo la diputación permanente que, además, tampoco estará constituida. En este mismo espíritu, también podría aceptarse que los diputados ausentes tomen posesión por videoconferencia, pero igualmente habría que reformar el reglamento.

En realidad, todas son maniobras diversionistas, algunas tan exóticas como la de Tabarnia, para bloquear el cumplimiento del mandato surgido de las elecciones del 21D, en las que el pueblo catalán eligió las personas que eligió; no otras. Si se convocaron elecciones fue para buscar una solución política (no judicial) a un conflicto. Habiéndose pronunciado el electorado por una solución, solo queda implementarla. 

Lo que significa retirar el 155 y clausurar las actividades represivas policiales y judiciales.

Porque algo hay que hacer.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

¿Qué fue del espionaje a Millo y Albiol? / José Antich *

En plena campaña electoral catalana, el pasado 14 de diciembre, se puso en marcha un bulo informativo que aseguraba que una unidad muy selecta de los Mossos d'Esquadra había investigado al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y al aún máximo dirigente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol. La información fue divulgada a través del servicio de noticias de la agencia Efe, que citaba fuentes policiales. 

Los Mossos lo desmintieron muchas horas después y el Ministerio del Interior dijo que lo desconocía, una suave manera de dejar que la noticia se mantuviera viva algunas horas más. De hecho, el gobierno español ha propiciado desde los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto una campaña de descrédito de la policia catalana que no tiene parangón y que en nada contribuye a garantizar la seguridad de todos.

Una carta del conseller de Interior en funciones, Joaquim Forn, desde la prisión de Estremera recibida en mi despacho estas últimas horas y fechada el pasado día 15, me ha hecho recordar aquella filtración. También creo que es bueno que la opinión pública conozca cuál es la opinión de Forn al respecto: "Es una mentira descomunal. Me siento fatal escuchando estas noticias y sin poder decir nada". 

Creo que vale la pena que esta nota diaria de hoy haga de altavoz de quien no se ha podido defender hasta ahora de una acusación tan grave. Y que, como Oriol Junqueras y los Jordis, permanece en prisión incondicional y sin fianza en la cárcel de Estremera, los consellers desde hace 55 días y los presidentes de la ANC y de Òmnium, desde hace 72. Una condena que cada día que pasa se hace más injusta y desproporcionada y que después de los comicios catalanes, de la victoria del independentismo en las urnas y de su elección como nuevos diputados al Parlament, debería posibilitar una salida inmediata de la cárcel y la finalización de la prisión preventiva a la espera del correspondiente juicio.

Dicen todos que están bien, que el día se hace largo, y que reciben cientos de cartas que leen y que es imposible contestarlas todas. Pero que las agradecen mucho y que no les gustaría que aquellos que les escriben, a veces a diario, pensaran que no las reciben o que no les prestan atención. Y también que las necesitan. Que dan las gracias. Es su contacto diario con el mundo exterior, más allá de las contadísimas visitas que el régimen penitenciario permite. 

En el mundo de la comunicación inmediata a través del teléfono móvil, los whatsaps o los e-mail, una carta escrita el día 15, fechada en Madrid el 21 y entregada en destino el 27 nos marca la diferencia entre estar en libertad o carecer de ella. Y cómo la vorágine exterior a la que estamos acostumbrados y de la que dependemos es la primera privación de libertad. Primero de ellos, pero también de nosotros, que los conocemos. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *


Jueves de inocen­ta­das, aunque Tabarnia sigue arra­sando en serio en las redes so­ciales y en la prensa es­pañola en in­ter­na­cional como de­nuncia jo­cosa del se­ce­sio­nismo ex­clu­yente, mien­tras los lí­deres de los par­tidos se­pa­ra­tistas ne­go­cian si Puigdemont o Junqueras para el Govern y si Forcadell o Domènech para el Parlament, in­cluso con la pro­puesta pe­re­grina, y tam­poco es broma, de una po­sible in­ves­ti­dura te­le­má­tica desde Bruselas, idea acri­bi­llada por Gabriel Rufián con una de sus fra­ses: 'No se puede tener un pre­si­dent por sky­pe’. 

Las por­tadas com­parten los ti­tu­lares tam­bién con: los datos del BdE sobre el cre­ci­miento el 0,8% en el cuarto tri­mestre y del 3,1% en el año, con el serio aviso de que Cataluña se des­ace­lera y acusa el coste de la cri­sis; los datos de la AIReF algo me­jores para Cataluña al prever un cre­ci­miento del 0,7% este tri­mestre y un 9,8% el pró­ximo; el au­mento de la pre­sión po­lí­tica y em­pre­sa­rial a Arrimadas para que in­tente formar Govern; el fin de las res­tric­ciones de Bruselas a Bankia para operar di­versas ac­ti­vi­da­des; el in­forme nue­va­mente ne­ga­tivo de la CNMC sobre las li­mi­ta­ciones de Fomento a las VTC con el ar­gu­mento de que per­ju­dican al usua­rio; la reunión de Pacto Antiyihadista con nuevas me­di­das; la foto de un con­tento Jordi Pujol Jr. cru­zando la calle car­gado de bolsas tras salir de pri­sión una vez de­po­si­tado el medio mi­llón de fianza. 

Algunos otros ti­tu­lares des­ta­ca­dos. Vozpopuli: España se echa en brazos del bu­fete que llevó al cha­vismo a im­po­nerse a gi­gantes pe­tro­leros de EEUU: el Gobierno tra­baja desde el ve­rano con el des­pacho Curtis, Mallet-Prevost Colt & Mosle en el re­curso contra el primer fallo del Ciadi contra España por el cambio de nor­ma­tiva en las primas a las re­no­va­bles (Raúl Pozo). Capital Madrid: El marco re­gu­la­torio eléc­trico obliga a Gas Natural a apostar fuerte por el ne­gocio ex­te­rior (Julián González). 

Otro ti­tu­lar: El co­mercio ex­te­rior se dis­para y su­pera el nivel de antes de la cri­sis: su­pera en di­na­mismo a la media co­mu­ni­taria pero con fuerte au­mento de las im­por­ta­ciones (Luis Alcaide). Otro ti­tu­lar: Las em­presas del Ibex que se mu­daron de Cataluña re­cogen sus frutos con cre­ces: todas han re­ci­bido el premio tan­gible de los in­ver­sores en los mer­ca­dos, con la se­gu­ridad ju­rí­dica como prin­cipal factor (Héctor Chamizo). 

El País: El cine es­pañol re­cauda menos de 100 mi­llones por pri­mera vez en cinco años (Gregorio Belinchón). Otro ti­tu­lar: La noche en que el Popular se ven­dió: desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del 6 de junio de este año se fraguó la venta del Banco Popular. Otro ti­tu­lar: Los ae­ro­puertos es­pañoles es­trenan el wifi gra­tuito, sin pu­bli­cidad y de alta ve­lo­cidad (Ramón Muñoz). 

ABC: Rajoy pone en marcha en Murcia un plan na­cional de 5.000 mi­llones en ca­rre­te­ras: ‘España ya está lista para dar un nuevo im­puso a la in­ver­sión en in­fra­es­truc­tu­ras’. Expansión: Sabadell busca pro­mo­tores para 600 mi­llones en suelo. Otro ti­tu­lar: Ofensiva del Gobierno contra las ma­fias de las ga­so­li­neras pi­rata (Miguel Ángel Patiño). Otro ti­tu­lar: La ex­por­ta­ción com­pensa la ra­len­ti­za­ción de Cataluña. Otro ti­tu­lar: Muface eleva la com­pe­tencia entre Adeslas, DKV y Asisa. 

Cinco Días: Santander y BBVA salen in­demnes de la re­forma fiscal de Trump (Luis Rusconi). Otro ti­tu­lar: Energía con­gela por quinto año los peajes de la fac­tura de la luz y el gas. Otro ti­tu­lar: Sólo 13 de las 23 com­pañías que lle­garon este año a la Bolsa pro­por­cionan plus­va­lías a los in­ver­so­res. 

El Economista: Las cláu­sulas suelo se atascan pese a los 54 nuevos juz­ga­dos: desde junio in­gre­saron 118.419 de­man­das, de las que sólo se han re­suelto el 7,1% (Eva Díaz). Otro ti­tu­lar: El Arco Mediterráneo y Andalucía se plantan ante Montoro y re­chazan más ajus­tes. Otro ti­tu­lar: Moncloa tendrá que jus­ti­ficar la in­dem­ni­za­ción al al­macén Castor. Otro ti­tu­lar: El Gobierno lan­zará en fe­brero el primer con­curso de fre­cuen­cias de 5G (Antonio Lorenzo). 

Opinión. Editorial en El Mundo: ‘Justicia más real que Tabarnia‘. Otro edi­to­rial: ‘Nadie puede ser un mero es­pec­tador ante la ame­naza yiha­dis­ta’. Editorial en El País: ‘¿Primero la OTAN? Defensa ex­plica a la Alianza, pero no a los ciu­da­da­nos, su au­mento de gas­to‘. Otro edi­to­rial: ‘Más acuerdos como este: la subia pro­gra­mada hasta 2020 tiene que com­ple­men­tarse con un acuerdo sa­la­rial y la co­rrec­ción de la pre­ca­riedad la­bo­ral’. 

Enric Juliana en La Vanguardia: 'La foto más bus­cada: des­pués de ob­tener el apoyo de Aznar, Albert Rivera ne­ce­sita ahora un gesto de Felipe González. Y lo está bus­can­do'. Editorial en La Razón: ‘El na­cio­na­lismo lastra a España‘. Editorial en ABC: ‘España crece pese al se­pa­ra­tis­mo‘. Otro edi­to­rial: ‘Pacto por la mu­jer’. 

Editorial en El País: ‘¿Primero la OTAN? Defensa ex­plica a la Alianza, pero no a los ciu­da­da­nos, su au­mento de gas­to‘. Otro edi­to­rial: ‘Más acuerdos como este: la subida pro­gra­mada hasta 2020 tiene que com­ple­men­tarse con un acuerdo sa­la­rial y la co­rrec­ción de la pre­ca­riedad la­bo­ral’. Editorial en Libertad Digital: 'Tabarnia', o la re­fu­ta­ción del 'derecho a de­ci­dir': tiene la enorme virtud de si­tuar al na­cio­na­lismo ante sus pro­pias con­tra­dic­cio­nes'. 

Carmelo Jordá en el mismo me­dio: 'Tabarnia y la li­ber­tad: está siendo sin duda la cam­paña más exi­tosa jamás lan­zada contra el na­cio­na­lismo ca­ta­lán'. Editorial en Cinco Días: ‘Poca pre­sencia in­dus­trial en las sa­lidas em­pre­sa­riales a Bolsa‘. Luis María Ansón en El Imparcial: ‘La CUP, ár­bitro entre Junqueras y Puigdemont’. 

Jorge Vilches en Vozpopuli: 'Ciudadanos no puede aban­donar aho­ra'. Jesús Cacho en el mismo me­dio: 'Mariano a pa­tronal y sin­di­ca­tos: ¡quiero una fo­to­ooo!'. Fernando Méndez Ibisate en El Economista: 'Financiación au­to­nó­mica y re­forma fis­cal: dotar a cada co­mu­nidad de un sis­tema foral rom­pería la unidad na­cio­nal'. 

Joan Tapia en El Confidencial: 'Pronóstico muy grave. El ba­lance de 2017 de la re­la­ción entre Cataluña y el resto de España es al­ta­mente ne­ga­ti­vo'. Esteban Hernández en el mismo me­dio: 'Cuidado con Tabarnia, porque es­conde algo muy real. Y no es bueno: las ten­den­cias glo­bales apuntan hacia una ra­dical se­pa­ra­ción entre los te­rri­to­rios co­nec­tados y ricos y el resto. Y las ga­na­doras de ese pro­ceso serán las me­ga­ciu­da­des'. 


(*) Periodista

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