MADRID.- “El sector más azotado por la crisis”: así definen desde el sindicato de
funcionarios CSIF a las empresas públicas, es decir, al extende
ramillete de compañías que prestan servicios pero que pertenecen al
Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), según El Confidencial Digital.
La necesidad de recortar el gasto público para embridar
el déficit desbocado hizo que el Estado, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos congelaran sus ofertas de empleo público, redujeran las
tasas de reposición... Eso provocó reducciones en las plantillas de
funcionarios, por ejemplo en la sanidad y en la educación públicas, así
como en general en ministerios y organismos públicos.
Pero ahora, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy empieza a aflojar la
mano y hace algunas concesiones a los sindicatos de funcionarios, CSIF
ha hecho balance del impacto de la crisis económica y los recortes
presupuestarios a partir de los datos del Ministerio de Hacienda y
Función pública.
Y, según ha sabido El Confidencial Digital,
CSIF ha concluido que en los seis años transcurridos entre 2012 y 2017,
ambos incluidos, las empresas públicas del Estado han perdido a uno de
cada tres empleados: un total de 31.751 puestos de trabajo se han
destruido en ese tiempo, de los más de 90.000 que había antes del
comienzo de los grandes recortes en el sector público acometidos por el
Gobierno de Mariano Rajoy.
Correos, la gran perjudicada
Las fuentes de la Central Sindical Independiente de Funcionarios consultadas por ECD señalan
que esta drástica reducción de plantillas en empresas públicas se ha
producido, principalmente, a través de jubilaciones de personal que no
se ha cubierto.
El caso más relevante es el de
Correos, que acumula el grueso de la plantilla del total de estas
empresas públicas estatales. En estos años ha perdido cerca de 20.000
puestos de trabajo, pasando de unos 65.000 antes de los grandes ajustes
del sector público a los actuales 45.000.
También ha habido importantes recortes en compañías de
menor tamañan pero importantes, como Navantia (construcción de buques),
Tragsa (limpieza de zonas rurales), que ha aprobado EREs, el Instituto
de Crédito Oficial, Paradores Nacionales...
Además,
“se ha evitado por todos los medios la contratación”, critican desde
CSIF, que señalan que hay empresas que arrojan beneficios, como AENA e
Ifema (Feria de Madrid), y que pese a ello no tienen autorización del
Gobierno de España para aumentar el personal en la medida que
lo necesitan.
Incluso ha habido casos de externalización de servicios
para poder evitar la contratación de personal en las empresas públicas,
algo que ha ocurrido en Navantia, Tragsa o Correos, entre otras. A lo
que hay que sumar que parte de la plantilla, por ejemplo en Correos
hasta el 30%, es personal temporal.
“Sufrimos los
inconvenientes de la administración y también los de las empresas
privadas, sin los beneficios”, lamentan desde el sector de Entidades
Públicas Estatales de CSIF, que además añaden que en muchas de estas
empresas públicas como Hipódromo de La Zarzuela, Navantia y Paradores
que llevan años con la negociación del convenio colectivo bloqueado por
las restricciones presupuestarias del Estado.
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