MADRID.- El actual presidente de Adif (empresa dependiente del Ministerio de Fomento), Juan Bravo, es uno de los nuevos imputados en el caso Lezo por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón,
encargado del caso. Juan Bravo, que lleva poco más de un año al frente
de la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias, ha
desarrollado casi toda su carrera en el sector público a la vera de Alberto Ruiz Gallardón, de quien fue uno de sus más estrechos colaboradores en casi todos los cargos que ocupó, según recuerda Público.
Mientras fue presidente de la Comunidad de Madrid,
Juan Bravo fue director general de Presupuestos, luego viceconsejero de
Hacienda y finalmente, consejero de este de departamento (es en esta
época en la que llega al consejo de administración del Canal de Isabel
II, cuya actuación está investigando ahora el juez).
Le acompañó al Ayuntamiento de Madrid, donde
fue responsable de Hacienda y Administración Pública en los ocho años
de su alcaldía. Y saltó con él al Ministerio de Justicia, donde fue
subsecretario.
Tras la dimisión de Ruiz Gallardón en
septiembre de 2014, Juan Bravo estuvo en la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad. Allí fue repescado en 2015 por Cristina Cifuentes para el Metro de Madrid, donde fue consejero delegado durante un año, hasta que fue fichado por Íñigo de la Serna para presidir Adif.
Entre la veintena de personas imputadas ahora por el juez del caso Lezo figura también Arturo Canalda,
presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid (el equivalente al
Tribunal de Cuentas autonómicos). Canalda, que, como director gerente
del Canal fue el cerebro de las operaciones de la empresa pública de
aguas, ha hecho gran parte de su carrera en el sector público cerca de
Esperanza Aguirre, en su época de ministra de Educación y como
presidenta de Madrid (también fue asesor de Mariano Rajoy cuando fue titular de Presidencia y de Interior en los gobiernos de Aznar).
Tras su imputación, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido la dimisión de Canalda.
El código ético aprobado por el Ejecutivo autonómico de Cristina
Cifuentes obliga a dimitir a los cargos investigados por casos de
corrupción.
La mayor parte de los nuevos imputados por
el caso Lezo han estado vinculados al PP en la Comunidad de Madrid y en
el Ayuntamiento de la capital, o eran altos directivos del Canal de
Isabel II.
Las excepciones son Agapito Ramos, del PSOE (que formó
parte de los gobiernos autonómicos durante los doce años que los
socialistas estuvieron en el Ejecutivo madrileño), Andrés Muñoz Hernández, trabajador del Canal y representante de UGT, o Roberto Molero Gómez-Elegido, responsable del Consejo Social en la Universidad Complutense de Madrid y asesor económico de la diócesis madrileña.
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