En el mismo día me hablan de que un
conocido líder de los regantes de Cieza lleva años extrayendo
ilegalmente agua del cauce del río Segura, la prensa publica la
violencia con que otro líder agrario, esta vez del Campo de Cartagena
(CC), se opone a que los inspectores le sellen unas instalaciones
ilegales; y por la noche, en La Dos un documental norteamericano
demuestra la relación entre los pesticidas de uso en el campo y
problemas neurológicos infantiles, concretamente el coeficiente
intelectual.
Destaco de todo ello, (1) el robo de agua pública a la
vista, práctica muy común, e histórica, en nuestra sedienta tierra, (2)
el éxito continuado con que algunas poderosas organizaciones agrarias
controlan a quienes debieran controlarlas a ellas, (3) la intimidación y
hasta la violencia con que defienden sus intereses, aunque carezcan de
respaldo legal, y (4) el alcance inmenso de las responsabilidades de una
agricultura pérfida, que supera al del medio ambiente natural y alcanza
a la humanidad.
Pero lo que hoy toca es aludir al fiscal jefe
del TSJ de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera (DM), que ha
cumplido su compromiso ante la opinión pública presentando un monumental
escrito de imputación contra 37 presuntos responsables del desastre del
Mar Menor, entre los que se incluyen altos cargos de la Administración
regional y del Estado y una nutrida nómina de empresas y agricultores
actuantes en ese CC.
Un texto currado con lealtad y esmero, al que
deberán seguir otros, de parecido tenor, sobre distintos espacios
machacados por esta actividad tan perniciosa, como el Noroeste (donde se
enseñorea la triada murciana de ilegalidad-intimidación-impunidad), o
el dominio público litoral, asolado por plásticos y tóxicos procedentes
de los ubicuos (y, al parecer, intocables) invernaderos.
Por supuesto que al trabajo del fiscal
DM seguirá la fase propiamente judicial, con jueces que instruirán,
enjuiciarán y sentenciarán, y que es pronto para hacerse ilusiones. Es
imposible olvidar, a este respecto, aquel informe de imputaciones,
parecido a éste, de principios de 2004, en el que el fiscal de Madrid
Emilio Valerio señalaba con rigor y minuciosidad a los protagonistas del
desmadre en el Noroeste, y cuya continuación quedó bloqueada, en el
propio ámbito judicial, para pasmo y oprobio de la legalidad.
Del
estado crítico del Mar Menor (al que se ha llegado tras décadas de
alegres y multiformes agresiones) en la actualidad se están derivando
las responsabilidades por acción delictiva, vigilancia prevaricadora o
abstención dolosa.
Desde luego que no es la mal llamada agricultura
mediterránea (que en realidad se trata de una ´industria intensiva de
productos agrarios´, si atendemos al papel de los insumos industriales y
al impacto en suelos, acuíferos y atmósfera) la única culpable de esta
situación de nuestra singular albufera, pero el endurecimiento material,
político y ético del papel de esta actividad, que no ha parado hasta
hacerse canallesca, ha llegado a monopolizar la atención en una región
que sigue creyendo en futuros imposibles, aun atenazada por esta
actividad demoledora.
Vista la enormidad de los daños imputables
al agro, parece que nos hemos olvidado del segundo sector
característico de nuestra economía, no menos nefasto: la construcción
turística y su urbanismo depredador, cuajados de escándalos en los que
se sienten especialmente realizados tantos personajes de nuestra vida
política; una actividad a la que ahora contemplamos como si nunca
hubiera roto un plato, tanta es la indignación que va cundiendo por los
abusos de nuestros ´agricultores intensivos´.
La realidad abrumadora es
que las dos patas de la economía regional (tan vinculadas entre sí en
ocasiones, es verdad) son nocivas para el medio ambiente, alimentando
así perspectivas falsas de desarrollo. Ambas actividades básicas han
conseguido ser, por fin y por sus propios méritos, objetivo habitual de
la Justicia, y hay que celebrarlo.
En Murcia llevamos años
traspasando límites y ahora nos toca reconocer los desastres consumados,
con mucho de irreversibles. Pero nadie debe hacerse ilusiones en
relación con cambios sensibles de orientación, aprendizaje o ética de la
parte de nuestros gobernantes, por lo que hay que conseguir que más y
más murcianos se enteren, y que asuman que el objetivo es destruir esa
coalición pétrea y delicuescente de empresarios agrícolas y
administradores que desde hace mucho conspiran contra los murcianos. Ha
resultado que los pilares básicos de nuestra economía son
antiecológicos, destructivos e inviables a corto y medio plazo, y que
nos roban el futuro.
En una región corroída por los escándalos de
corrupción política y los abusos impunes de los intereses económicos, ha
llegado el momento de atacar sin piedad a los prevaricadores, que son
el enlace necesario entre la ilegalidad y el desastre cono consecuencia.
El prevaricar atañe a los servidores públicos y consiste, para
entendernos, en «hacer las cosas mal a sabiendas, o ignorarlas
voluntariamente». Y por eso está muy bien hecho que DM señale a dos
presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, que deberán ser
más, en el futuro, y al que fuera consejero de Agricultura, Cerdá,
perpetuado en su puesto hasta la fuga de Valcárcel.
Los casos
del todopoderoso Cerdá, así como del sempiterno consejero de Turismo
Ruiz Abellán nos sirven para entender el enquistamiento de problemas
nefastos en la agricultura y el encadenamiento de proyectos enloquecidos
en el turismo: parece que repetían en el cargo porque había que
sostener el disparate y conducir la región derecha hacia el caos,
escorada siempre a intereses crematísticos que no eran los generales.
Las sospechas y la impotencia por las denuncias bloqueadas se van
encaminando, y tanto la consejería de la Agricultura como la CHS han
dejado de disponer de bula: pueden tratarse, efectivamente, del
principal nido de prevaricadores en la Región, así que a ver si lo
desmantelamos de una vez.
(*) Ingeniero y profesor jubilado
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/12/28/murcia-final-escapada/885888.html
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