Frente al actual modelo de financiación, se ajusta más al estado de
derecho y al trato de todos sus ciudadanos por igual, que son quienes
tributan o pagan impuestos (no los terruños), un sistema foral y de
cupos igual a todas las comunidades autónomas o bien la creación de un
impuesto específico de y para las autonomías, administrado, gestionado y
recaudado por ellas directamente y con claridad.
Pero esto último no
sería aceptable dentro del actual sistema fiscal español, que
lógicamente precisaría de un cambio y reforma profundo que, además,
debiera hacerlo mucho más eficiente, simple, transparente, amable y
justo en la relación del contribuyente con la Administración (todas) y,
desde luego, menos gravoso y confiscatorio.
Y es que a pesar de tener uno de
los mayores esfuerzos fiscales de Europa, incluso por encima de
Dinamarca, Suecia, Finlandia u Holanda (el máximo esfuerzo fiscal lo
ostenta Francia), nuestra recaudación es muy ineficiente, con una
presión fiscal del 34,1% en 2016. Esto es porque la base fiscal, quienes
realmente contribuyen y pagan impuestos, es estrecha: las rentas altas o
muy altas son muy pocas y la recaudación recae fundamentalmente entre
los asalariados y, dentro de estos, en las rentas entre 20.000 y 70.000
euros. Es decir, la clase media, como en todas partes.
Encima, los impuestos que pagan
ese grupo, y algunos por encima de esas rentas, son muchos, muy injustos
(algunos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o Transmisiones
Patrimoniales, precisamente los que gestionan y cobran las autonomías,
son impuestos dobles, triples o en cascada) y muy gravosos, pues los
contribuyentes de la parte baja de ese rango entre 20.000 y 70.000 euros
tributan por más de la mitad del total de sus rentas o ganancias
anuales y el porcentaje crece según asciende el rango: sumen IRPF, IVA,
cotizaciones sociales y otros descuentos del salario, los impuestos
autonómicos, IBI, tasas municipales, multas,... y ustedes dirán si, en
promedio, no se va un 60% o más de sus ganancias brutas en tributar a la
Administración. Por cierto, la presión fiscal no sirve como medida de
si pagamos muchos o pocos impuestos: puede elevarse nuestra factura
impositiva total, pero si el PIB crece por encima la presión fiscal
aparece como menor.
Descartado el actual modelo de
financiación autonómica, con el que nadie parece de acuerdo, y
considerando inadmisible, ineficiente e inservible un apaño o enmienda
de la actual estructura de financiación autonómica, que será lo que
finalmente tengamos los españoles para nuestra desgracia, la opción de
dotar a cada comunidad de un sistema foral y establecer un cupo sobre la
base de igualdad ante la ley, igualitario y equivalente en cuanto a su
normativa o reglas del juego pero no necesariamente en cuanto a cuantías
e impuestos a pagar (ahora las comunidades forales pueden establecer, y
tienen, distintas legislaciones y marcos regulatorios en impuestos como
el IRPF o Sociedades), se me antoja un cambio en la estructura y
administración del Estado que, aunque muchos están ansiando (incluido
PSOE, en su insistencia federal) rompería la unidad nacional claramente.
Tal como está diseñado ahora el
sistema del cupo y su cálculo, más el elemento político del acuerdo o
consenso, este consiste simplemente en trasladar parte de la carga
fiscal a los contribuyentes de fuera de "mi" terruño para aliviar a "los
míos", es decir, los que votan sobre "mi" cargo. Si se establece una
regla similar a todos, incluso aunque permitiese cierta competencia
fiscal entre regiones, que ya existe ahora y de la que, por cierto, se
quejan las autonomías, convertiríamos el Estado central en algo
secundario y subsidiario, destruyendo la organización y actual
configuración del Estado.
Además, estaríamos debilitando su
capacidad, como representante único, legal y legítimo ante
instituciones supranacionales, como la UE y la eurozona, para obligar a
cumplir las reglas y obligaciones que nuestra pertenencia a dichas
instituciones nos impone, entre otras las de déficit y endeudamiento, y
que ahora sirven (no mucho ni muy eficientemente, como vemos, pero sí
algo) para frenar la tendencia gastadora de los políticos,
especialmente, los autonómicos.
Como señala mi buen amigo y
maestro, el profesor Pedro Fraile, tal federalismo fiscal sólo puede
mantenerse si existe lealtad política (sobre todo gastadora, se
entiende) entre todos los federados y de todos para con la federación.
Ni quitas, compras de deuda, ni rescates, ni FLA, ni pagos a
proveedores... ni siquiera BCE. Los excesos de déficit y deudas se
ajustan (bail-in) subiendo impuestos, gastando menos o quebrando: como
la California de Arnold Schwarzenegger. La Unión no viene en tu ayuda, y
no sé si eso lo aceptarían, y aún menos lealmente, los gobernadores de
nuestras autonomías.
Las figuras impositivas que
manejan ahora las autonomías son injustas y confiscatorias y deben
desaparecer; por tanto, debe dotárseles de figuras propias claras. Pero
debe hacerse en un contexto de reforma que reduzca los impuestos en
número (simplificación y transparencia) y cuantía. No deberíamos
destinar mucho más de un tercio de nuestras ganancias a pagar impuestos o
tributos (todos) y tampoco el gasto, ni la presencia de lo público en
nuestros intercambios y contratos diarios, debería suponer más de eso.
(*) Profesor Titular de Historia del Pensamiento Económico en la UCM
