miércoles, 6 de diciembre de 2017

Una jueza de Barcelona anula el protocolo de la Generalitat que impide cortar la luz a las familias vulnerables


BARCELONA.- Una jueza de Barcelona ha anulado el protocolo de la Generalitat que impide a las empresas cortar la luz a las personas vulnerables, sin informe previo de los servicios sociales, al entender que no está previsto en ninguna norma ni reglamento ni ha sido suscrito por las compañías suministradoras.

En su sentencia, el juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Barcelona estima el recurso interpuesto por Endesa contra el protocolo de pobreza energética aprobado en 2015 por la Agencia Catalana del Consumo, así como por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya (FMC).
El protocolo, que lleva un año suspendido por orden judicial, pretendía impedir los cortes de suministros, en aplicación de la Ley de Pobreza Energética que la Generalitat aprobó en 2015, varios de cuyos preceptos fueron suspendidos después por el Tribunal Constitucional.
La magistrada sostiene en su sentencia, que es recurrible, que la prohibición de interrumpir los suministros no puede ser establecida por un protocolo que fija "ex novo" obligaciones para las empresas "no previstas en norma legal ni reglamentaria alguna" y sin que, además, estas compañías las hayan cumplido.
"Esta juzgadora no desconoce la grave situación en que se encuentran las personas en riesgo residencial", añade la juez, que insiste en que cada administración "debe actuar en el ejercicio de sus competencias".
Por ese motivo, mantiene que la Generalitat y los Ayuntamientos pueden aprobar ayudas para las familias vulnerables con riesgo de corte de suministro eléctrico, pero no acordar medidas que afecten a competencias estatales.
En ese sentido, la sentencia reprocha la "defectuosa técnica legislativa" con la que se confeccionó el protocolo de pobreza energética y advierte de que no se puede "redactar confusamente un precepto legal" para evitar su impugnación a través de un recurso de inconstitucionalidad.
La juez considera que el protocolo, que establecía posibles sanciones para las empresas energéticas que lo incumplieran, es "un acto nulo de pleno derecho", dado que no ha sido aprobado por el gobierno de la Generalitat.
La magistrada recuerda también que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado es el competente para establecer los sistemas de ayuda al consumidor vulnerable, sin que las comunidades autónomas "puedan establecer que ese sistema sea el de prohibir la interrupción del suministro" si no lo ha acordado así la administración central.

Temor en el PP a que Arcadio Mateo tire de la manta en 'Acuamed'


MADRID.- Arcadio Mateo, presidente de la empresa pública Acuamed, investigado por la Audiencia Nacional a quien se le imputan los supuestos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, integración en organización criminal, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación, está provocando verdaderos quebraderos de cabeza en la planta séptima de la calle Génova de Madrid, donde la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tiene su despacho, por ser la también ministra de Defensa la valedora, junto a su íntimo amigo Miguel Arias Cañete, del ascenso de Mateo y de su llegada a esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura del que fue titular el hoy eurodiputado y comisario en Bruselas, según El Plural.

El juicio no está lejos
El temor a que Arcadio Mateo tire de la manta e implique en el supuesto desfalco de decenas de millones de euros (sólo en el caso Flix el Gobierno tendrá que pagar 54 millones más fruto de la corrupción en Acuamed) a destacados miembros del “establishment genovés”, ha puesto de los nervios al PP que teme que el otrora gurú demoscópico de Cospedal decida “cantar por soleares”, aseguran a elplural.com fuentes del partido conservador.

Y es que el juicio por esta trama corrupta no está lejos de su celebración, toda vez que el juez Eloy Velasco dejara el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional y llegara su sustituto Manuel García-Castellón, quien, además, logró de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial un magistrado de refuerzo en la persona de Diego de Egea, cuya designación no estuvo exenta de polémica.

Instrucción avanzada
Sea como sea, el caso es que el juez De Egea estará de refuerzo hasta el 31 de diciembre en el Juzgado Nº 6, por lo que todo hace pensar que la instrucción de casos tan importantes como Lezo, Púnica y Acuamed, ha avanzado considerablemente y el instructor tiene ya un argumentario judicial que atribuye a Arcadio Mateo la responsabilidad de haber “urdido” desde 2014 actuaciones “dolosas, imperativas conscientes y queridas para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades para conceder contratos”, como así lo recogía el auto del juez Eloy Velasco. Actuaciones que tenía un claro fin “recibir regalos en especie para él y para otros a favor de diversos contratistas de obra pública” .

Una de las prebendas, según el auto de Velasco, y dada a conocer por  elplural.com en exclusiva, fue el impresionante implante de pelo que lucía Arcadio Mateo en sus últimas apariciones de “El Gato” de Intereconomía, donde el expresidente de Acuamed y gurú demoscópico de Cospedal iba con frecuencia a defender a capa y espada a la secretaria general del PP, con quien mantenía una buena relación desde la etapa de ésta al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Gurú demoscópico de Cospedal
Arcadio Mateo tenía hilo directo con María Dolores de Cospedal, que como decimos era el encuestador de cabecera de la secretaria general a través de su empresa Demoscopia y Servicios, incluso después de llegar a la presidencia de Acuamed.

Relación estrecha que también mantuvo con el secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, encargado de airear los estudios demoscópicos elaborados por la empresa de Mateo y puestos en duda por toda la oposición ya que el instituto demoscópico del hoy investigado por supuesto desfalco de decenas de millones de euros sólo contaba con un empleado, que era capaz en dos días, eso sí, de hacer 3.000 llamadas telefónicas para realizar la encuesta ad hoc demandada por el PP castellano-manchego.

Amistades peligrosas
¿Y cómo llegó Arcadio Mateo a Acuamed? Supuestamente a través de las relaciones que mantenía con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, íntima amiga del entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien según el juez Velasco, Mateo era la persona de mayor confianza del hoy comisario en Bruselas.

Así queda recogido en el citado auto, donde el magistrado subraya que la investigación se llevó a cabo “por y gracias, principalmente, a la actitud fraudulenta de Arcadio Mateo, persona de mayor confianza del entonces ministro (sic)”.

Responsabilidades políticas
Está claro y acreditada la relación entre Arcadio Mateo y Cospedal y Arias Cañete, como lo prueba también uno de los SMS intervenidos al expresidente de Acuamed, donde, entre otras cosas dice: “Menos mal que son amigos. Llegó por la tarde el informe de presupuestos siendo negativo...Yo se lo he dicho a Cospedal. No entendemos qué pasa y lo que pasa es que tenemos la administración llena de incompetentes y gente en puestos importantes con compromiso cero. Luego nos extrañamos”. Fin de la cita.

Defensa ultima un plan quinquenal de inversión para reactivar la industria militar española


MADRID.- La guerra ya no se gana o se pierde sólo por tierra, mar o aire. Ahora las batallas también se despliegan en el ciberespacio. La fuerte penetración de Internet ha dado alas a un nuevo tipo de ataques contra los que el Gobierno quiere estar preparado. Por ello, tras varios años de ajustes, el Ministerio de Defensa ha decidido reactivar el gasto en armamento militar con la puesta en marcha de un plan de inversión con el que busca potenciar las nuevas tecnologías y modernizar y dinamizar la industria y su tejido, matiza hoy El Economista.

"Estamos trabajando para impulsar un ciclo inversor en el que se incluirán nuevos programas como adquisiciones que no necesariamente tienen que estar integradas en los planes especiales de armamento (PEAS) y que sin lugar a dudas supondrá un cambio de paso y de ritmo en la industria de la defensa española. La idea es reactivarla", anunció la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la inauguración de la Jornada empresarial "La industria de defensa: un nuevo escenario presupuestario" organizado por elEconomista con el patrocinio de Econocom, Airbus, ITP, Sener, Thales e Indra y la colaboración de Aptie (Asociación para la Promoción de las Tecnologías e Industrias Estratégicas).
La titular de la cartera de Defensa no ha dado más detalles sobre el plan quinquenal que ultima y que prevé "anunciar cuanto antes", pero sí que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de potenciar el gasto en el sector para garantizar la "seguridad de los ciudadanos" en un momento con tantas amenazas.
En este punto, ha asegurado que España va a cumplir su compromiso con la OTAN de elevar el presupuesto en Defensa al 2% del PIB (actualmente es inferior al 1%) hasta 2027, dos años después de plazo inicial. 
"No lo hacemos porque lo haya pedido Donald Trump, lo hacemos porque se pactó en 2014 con los demás países socios de la OTAN y porque el Gobierno tiene el compromiso de mantener la seguridad y la integridad de su población", sentenció la ministra, que no dudó en vincular este objetivo con la apuesta por la industria militar. 
"Una nación sin una industria eficaz, inteligente, competitiva y a la vanguardia de la innovación, sin duda alguna es un país débil. La industria tiene que adaptarse al nuevo escenario tal y como está dispuesta a hacer", sentenció. 
El diagnóstico de la ministra fue compartido por una buena parte del sector, que señaló abiertamente los retos en ciberseguridad y la necesidad de que se reactive el gasto y los programas de desarrollo armamentístico. 
"Se puede dar la circunstancia de que haya paz en tierra, mar y aire pero que estemos inmersos en un conflicto enorme en el ámbito cibernético. Tenemos un mundo cada vez más inseguro y hay mucho trabajo por hacer en la incorporación de las nuevas tecnologías a la defensa", explicó Manuel Escalante director general de Defensa y Seguridad de Indra.
"Un nuevo ciclo inversor abre la puerta a desarrollar nuevas tecnologías y productos que nos permitirán mejorar la seguridad y seguir avanzando en las exportaciones", aseguró José Julian Echevarría, director general de Sener.
Dentro de los planes para potenciar la industria militar, la ministra ha destacado la importancia de que España se haya adherido de forma activa en el plan europeo de defensa y programas de cooperación para el desarrollo de nuevas tecnologías (PESCO.) El programa, que busca una defensa unida de Europa, está impulsado por España, Alemania, Francia e Italia y el objetivo es desarrollar proyectos de cooperación que nos sitúe a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. 
"Es el euro de la defensa de Europa", sentenció Cospedal, que hizo hincapié en que solo se ha tardado un año en alcanzar este acuerdo gracias a que Reino Unido no estaba en las negociaciones ya que es el país "que frena casi todo". El plan contempla destinar el 20% del gasto de defensa a la inversión productiva y el 2% a innovación e investigación
Ignacio Mataix, consejero delegado de ITP, ha valorado muy positivamente la apuesta el Gobierno por se un miembro activo e impulsor del PESCO ya que es una herramienta muy importante para desarrollar la industria.
 "Por primera oímos hablar de nuevos programas de I+D europeos que nos va a permitir ampliar las inversiones nacionales, potenciar nuestras capacidades e instalaciones en España", sentenció Mataix. A su vez, el directivo no quiso lanzar las campanas al vuelos porque "ve muy difícil participar en estos proyectos" europeos, que seguirían la estela del Eurofighter de los años 80 y el A400M de los 90. "Los partidos tienen que entender que la inversión en defensa es un tema de Estado", aseguró.
El desarrollo de estos programas así como las compras por parte del Gobierno han sido fundamentales para convertir en una actor competitivo a nivel internacional a la industria militar, que ya exporta el 85% de actividad. El sector, que genera 55.800 empleos y en 2016 facturó 10.700 millones, busca seguir exportando y lograr el liderazgo internacional para lo cual necesitan seguir innovando.
"El objetivo que tenemos es ser competitivos para dar lo mejor a nuestros clientes en España pero también para exportar. Es importante la voluntad política para ir hacia delante en nuestro entorno de defensa en Europa y España", explicó José Sarnito, director general de Defensa de Thales.
Dentro de los nuevas amenazas a las que Defensa quiere hacer frente con las nueva plataformas e inversiones se encuentra la proliferación de las noticias falsas a través de las redes sociales y webs. Cospedal alertó ayer de los peligros que atañen la difusión masiva de contenidos inventados que buscan modificar o manipular la opinión pública y así hacerse con el control de los países que han apostado por la soberanía nacional. 
 Por ello, la ministra ha insistido en la importancia de luchar contra esta oleada de postverdad desde el propio ejército y los medios de comunicación serios. "La desinformación y la intoxicación son armas potentísimas que han difuminado nuestro campo de batalla", dijo Cospedal.
Asímismo, la ministra explicó que se está reforzando al ejército para hacer frente a "la guerra de la desinformación" con el desarrollo de nuevas capacidades, tecnologías, plataformas y preparación para "luchar con ello". Y es que, desde el Gobierno se considera que la desinformación y la manipulación son tan peligrosas como los ciberataques, ya que son "dos amenazas que caminan paralelamente y confluyen en muchos momentos". Un punto en el que coincide la industria de la defensa.
Por ejemplo, Escalante alertó de que hay que tomarse "muy en serio" la amenaza de la proliferación de las noticias falsas es "nueva gran amenaza que atenta contra los pilares de las sociedades democráticas". 
"Es muy barato y desestabiliza muchísimo", sentenció.

Trece CCAA, Murcia entre ellas, reclaman a Hacienda que se termine con el 'privilegio vasco'

MADRID.- Las posiciones de los barones ante la batalla de la reforma del sistema de financiación autonómica se van clarificando. Son mayoritarios los que pretenden que el Estado les perdone o alivie la deuda en la línea propuesta por el líder del PSC, Miquel Iceta, y que vascos y navarros paguen más que hasta ahora al sistema.

La mayoría de las comunidades autónomas reclama al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acabar con "el privilegio" del País Vasco y Navarra forzándolas a aportar más, y pide que el Estado perdone deuda autonómica al resto, según las cartas remitidas al Ministerio a las que ha tenido acceso El Mundo.
Aunque el Partido Popular y el PSOE votaron a favor de la Ley del Cupo vasco en el Congreso de los Diputados, existe un clamor en contra en las comunidades que gobiernan ambos partidos. Trece gobiernos autonómicos se pronuncian en la documentación remitida a Hacienda a favor de que vascos y navarros "aporten a la solidaridad". Son todas las comunidades menos Cataluña -que no participa en la negociación por ahora-, las dos comunidades forales y Canarias.
Los gobiernos autonómicos no cuestionan el derecho constitucional a que tengan régimen foral, pero sí que eso se traduzca en nula aportación a la solidaridad territorial.
La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, ha remitido su "valoración" sobre cómo debe ser el nuevo sistema de financiación a partir del informe del comité de expertos y se pronuncia así sobre País Vasco y Navarra: "Respecto a las comunidades forales, la Comunidad Autónoma de Andalucía se muestra conforme con la propuesta realizada en el Informe de Expertos dirigida a abordar un recálculo del Cupo vasco y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados".
Para la Junta de Castilla y León, "esta situación provoca perjuicios" al resto de comunidades. "El sesgo a favor de las Haciendas forales disminuye los ingresos del Estado y, como consecuencia, el Estado ve reducidos los recursos financieros de que dispone, lo que le impide incrementar la financiación a las comunidades autónomas de régimen común (...) y se producen situaciones de competencia fiscal desleal". Para el equipo de la consejera castellano-leonesa, Pilar del Olmo (PP), "es necesario abordar esta cuestión en la reforma del sistema de financiación autonómica". El Gobierno cántabro reproduce literalmente la posición de Castilla y León.
También el informe remitido por el socialista valenciano Vicent Soler se pronuncia en parecidos términos: "Los datos confirman que las condiciones en las que desempeñan sus funciones las comunidades comunes y forales son muy distintas, disfrutando las segundas de una financiación privilegiada o padeciendo las primeras una gravísima infrafinanciación".
Los consejeros socialistas de Aragón, Asturias, Extremadura o Baleares o los de Madrid o Murcia del PP, coinciden en que "las comunidades forales deberían participar en la nivelación interterritorial mediante una aportación al nuevo sistema". La Xunta de Galicia y el Gobierno riojano reclaman transparencia en el cálculo del Cupo y el de Castilla-La Mancha destaca que "la desigualdad en términos de financiación por habitante con respecto a las Comunidades Forales, quiebran el principio de igualdad de acceso a los servicios públicos del conjunto de comunidades".
El Estado va a tener que afrontar quitas de deuda autonómica o, al menos, "reestructuración", es decir que rebajar los tipos y alargar plazos de devolución, si Montoro se pliega a la amplia mayoría que defiende un alivio de su endeudamiento. Entre las más resueltas en favor de la quita figuran la Comunidad Valenciana, Baleares o Castilla-La Mancha a la espera de la nueva Generalitat de Cataluña que es la que más necesita la condonación. 
Otras, como la Junta de Andalucía también se apuntan a la quita de este modo: "Si en algún momento se optase por la propuesta basada en la condonación, la Comunidad Autónoma de Andalucía consideraría adecuado un mecanismo generalizable a todas las CCAA (...) ponderando adecuadamente los esfuerzos previos de consolidación fiscal y gasto primario por habitante".
También Murcia suscribe, pero cree que "el procedimiento de reducción de deuda ha de efectuarse de manera objetiva y transparente y con un criterio que evite el problema de riesgo moral, excluyendo la parte de la deuda autonómica acumulada por una mayor propensión relativa al gasto, afectando sólo a la parte debida a la infrafinanciación del sistema. Además, debe ir acompañada de una fuerte condicionalidad". Canarias admite la quita siempre que "no suponga un perjuicio en modo alguno para aquellas que incrementaron su endeudamiento en menor medida". 
Para Aragón, la condonación "no parece, de entrada, la mejor alternativa, pero pudiera ser aceptable en el buen entendimiento de que se trata de un instrumento de nivelación vertical y no de un fin u objetivo en sí mismo". La Junta de Castilla y León también sostiene que pueda haber quitas si todas las comunidades se benefician. El conjunto de las CCAA adeudan al Estado actualmente más de 157.000 millones. Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha son las más endeudadas con el Tesoro.
Al otro extremo de las peticiones de alivio se colocan la Xunta de Galicia y la Junta de Extremadura, claramente contrarias a las condonaciones. También la consejera de Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, aunque ésta añade, al igual que Asturias, el matiz de que, si hay quitas, deberá haber dinero por otra vía para los no endeudados: "Si se incluyera cualquier tipo de actuación relacionada con la deuda autonómica o con los mecanismos adicionales de financiación [FLA] habría que compensar a las regiones como Madrid que han cumplido en mayor grado y que, por tanto, han hecho un menor uso de los citados mecanismos».

Portugal, tan cerca y tan lejos / Jordi García-Soler *

Aunque a muchos les pueda parecer algo sorprendente y extraño porque en España, y de modo muy particular en Cataluña, vivimos de forma permanente y obsesiva, desde hace ya demasiados años, ensimismados y enclaustrados en esta suerte de bucle melancólico del proceso independentista catalán, lo cierto es que en el ancho mundo siguen sucediendo otras muchas cosas. 

En concreto en Portugal, “tan cerca y tan lejos”, como rezaba aquel feliz eslogan de tantos años atrás, cuando el triunfo de “la revolución de los claveles” acabó en muy pocas horas, en un insólito golpe de Estado militar pacífico, democratizador y descolonizador, de un con la sempiterna dictadura fascista de Oliveira Salazar a la que Marcelo Caetano se empeñó en querer prolongar incluso después de la muerte de aquel anciano tirano.

Para quienes tuvimos la enorme satisfacción de vivir, en vivo y en directo y casi desde sus mismos inicios, aquella “revolución de los claveles”, la evolución que ha seguido Portugal desde entonces, desde aquel lejano 25 de abril de 1974, no deja nunca de sorprendernos. 

Casi siempre agradablemente, como ya lo hizo entonces, porque en aquella época no estábamos en modo alguno acostumbrados a contemplar la simple posibilidad de un golpe de Estado militar pacífico, apenas sin una sola víctima mortal, democratizador, capaz de acabar de un plumazo con una feroz dictadura fascista y, encima, de iniciar un proceso de descolonización que afectó a Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau, Timor Oriental, Macao y Goa.

Han transcurrido desde entonces más de cuarenta y siete largos años, casi medio siglo, y el Portugal de hoy nada tiene que ver ya, afortunadamente, con aquel Portugal subdesarrollado, encerrado sobre sí mismo en una eterna “saudade” o en aquel “sebastianismo” en el que algunos quisieron enclaustrarle. 

Miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde 1986, al igual que España, en la actualidad Portugal tiene un importante peso en la escena internacional: su ex-primer ministro socialista António Guterres es el secretario general de Naciones Unidas y su hasta ahora ministro de Finanzas, el también socialista Mário Centeno, ha sido elegido como nuevo presidente del Eurogrupo en sustitución del holandés Jeroen Dijsselboem, el desabrido e imprudente líder de las políticas de austeridad máxima impuestas en la UE estos últimos años.

El mismo Mário Centeno, al igual que António Guterres en la ONU, es un fiel ejemplo de los éxitos de la socialdemocracia portuguesa, aquella tan denostada socialdemocracia liderada por el ya desaparecido Mário Soares, que fue y sigue siendo la punta de lanza de los espectaculares logros conseguidos por Portugal desde 1974. 

Tan alejados del gatopardismo lampedusiano de aquel general Spinola que pretendía que todo cambiase para que todo quedase igual como de los aventurismos revolucionarios de otros militares como Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Gonçalves o Rosa Coutinho, tanto los socialistas de Mário Soares como los militares más democráticos y pragmáticos como Melo Antunes y Vasco Lourenzo, supieron optar por el realismo reformista que dio y sigue dando frutos espléndidos en Portugal.

Mário Centeno es un buen ejemplo de ello. Ha logrado cuadrar siempre las cuentas, ha conseguido pasar de un crecimiento del 1,5% al 2,6%, a la vez que ha reducido el déficit al 1,4%, cuando estaba en el 4,4%. Y todo ello como ministro de Finanzas de un gobierno inequívocamente de izquierdas, monocolor socialista con António Costa como primer ministro, con el apoyo parlamentario de las otras dos fuerzas de izquierdas, los comunistas y los anti-sistema del Bloco de Esquerda.

“Tan lejos y tan cerca”, Portugal está ahí, con un progreso económico y social sostenido, con una reducción de las desigualdades internas más que evidente, y con un creciente protagonismo en la escena internacional. Sin “saudade” y sin “sebastianismo”. ¡Vaya, si hasta ganaron el último Festival de Eurovisión y la Eurocopa de fútbol!”


(*) Periodista y analista político



Una euroorden de ida y vuelta / Ramón Cotarelo *

Palinuro lleva una temporada diciéndolo: estos no saben en dónde se han metido. Su prepotencia franquista a la par que su ignorancia y su odio a la democracia los ha llevado a una situación sin salida que va a acabar en catástrofe... para ellos y sus apoyos, el PP, el PSOE, C's, Podemos, el conjunto del régimen de la IIIª Restauración. 
 
Espero que nadie se me escandalice aun si incluyo a los podemitas entre esta peña. Su idea (como siempre, plagiada, esta vez de la derecha) de que el independentismo ha "despertado" a los fascistas españoles y su comparación de los indepes con ETA ya han dejado clara la estofa reaccionaria española de que están hechos.

Ya pueden los medios gubernamentales, estilo El País y sus intelectuales orgánicos e inorgánicos hacer gorgoritos con el Estado de derecho. Un país con presos y exiliados políticos, autoridades intervenidas, población apaleada, partidos hostigados, provocadores amparados por los poderes, censura de los medios de comunicación, violación sistemática de derechos civiles y políticos no es ni podrá ser jamás un Estado de derecho. Es una dictadura y una dictadura típicamente española que está haciendo el más feroz ridículo en toda Europa.

Ayer, tras recoger a los críos en el cole nos pusimos en camino hacia Bruselas para participar en lo que no tengo duda será una manifestación gigantesca en la capital belga a favor de los presos y exiliados políticos. Mal tiempo, niebla en el 95% del recorrido. Pero lo hicimos encantados, animados por las noticias que llegaban sin parar: riadas de catalanes camino de Bruselas en coches particulares, trenes, autobuses, vuelos charter fletados. Las fuerzas de ocupación en Cataluña se emplearon a fondo para reprimir en lo que pudieron esta riada humana que mañana concentrará la atención del mundo sobre las condiciones de lucha de un pueblo por su libertad. 
 
Lucha contra un Estado franquista, dictatorial, sin división de poderes, con el apoyo de unos partidos parlamentarios y sus millones de votantes todos ellos franquistas en lo que a Catalunya se refiere. Registraban coches en la frontera contra toda legalidad, requisaban banderas sin permiso alguno, torpedeaban lo que podían, obligaron a cancelar dos vuelos charter desde Reus. Hicieron lo imposible por boicotear el acto de mañana y así poder decir que solo hubo cuatro gatos en la Plaza Grande de Bruselas, como si se tratara de una manifa de españolistas en Barcelona.

Pero el tiro les había salido por la culata ya a la caída de la tarde. No quedaban habitaciones libres en Bruselas ni en ningún hotel, fonda, figón o ventorrillo a 50 kilómetros a la redonda y, según llegamos a Burdeos, en donde paramos para hacer noche, tuiter traía ya las primeras fotos de la Plaza Grande abarrotada de apoyos y solidaridad con los indepes encarcelados y exiliados.

Eso es lo que los fascistas españoles y sus siervos de la supuesta izquierda jamás entenderán: gentes de toda condición y posición, gente de todas clases, profesionales, trabajadores, becarios, jubilados, que nos hacemos 3.000 kilómetros en medio del frío en un puente pagándonoslo de nuestro bolsillo para defender una causa política. 
 
Jamás. No lo entenderán jamás. Ni ellos ni sus siervos de la izquierda. Seguirán vertiendo odio y veneno a tantos euros el ladrido en los medios de comunicación que monopolizan y con los que mienten a mansalva; seguirán inventándose conjuras, egoísmos; seguirán intentando enfrentar a los indepes entre sí; seguirán insultando a sus dirigentes, llamándolos cobardes, traidores, etc. Pero no podrán evitar lo que es inevitable porque es casi un movimiento de la naturaleza: todo un pueblo en marcha por su libertad y su dignidad. Es pueblo que votó el 1/10 bajo una lluvia de porrazos, el que está movilizado por sacar a sus representantes de las garras de la represión; ese pueblo que lleva años dando un ejemplo de civismo, democracia y sentido de la libertad y la dignidad. Donec Perficiam.

Y no quiero ni mencionar a los pobres diablos unionistas que en Catalunya se presentan a las elecciones con el hierro infamante del colono en el cogote, los Icetas, Arrimadas, Albioles, que van a quedar reducidos a su auténtica pigmea dimensión el 21D. No merecen la pena.

La pena la merecen esos jueces que acaban de protagonizar la penúltima peripecia de la justicia de Peralvillo que pasa por administración de tal en España. Advertido el gobierno del Sobresueldos por vía diplomática de que la justicia belga negaría la extradición de Puigdemont porque no aceptaría entregarlo a un país como España, a la cola de Europa en independencia judicial. Un país en donde hay jueces como nuestra Concha o Enrique López, condenado por conducir beodo o la juez Lamela, capaz de encarcelar a la gente por sus ideas políticas, sin fundamento jurídico alguno, o el ex-presidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, militante de un partido fundado por un ministro de Franco. 

La gente en Europa no es tonta ni se la puede chantajear como en España ni engañar con la bazofia que dan en los medios de comunicación del gobierno (todos), ni amedrentar con bandas callejeras de matones. Así que, para no hacer un ridículo espantoso de quedar ante Europa como lo que realmente es, una dictadura de neofranquistas corruptos, el gobierno decidió retirar la euroorden que la jueza Lamela había labrado atribuyendo a Puigdemont comportamientos que no son delito en Bélgica o inventándose los que sí pudieran serlo. 
 
Es tal el abuso de esta euroorden que los jueces belgas están estudiando la posibilidad de acusarla de perjurio. El gobierno la dejará caer porque ya ha conseguido lo que quería, esto es que el Supremo avoque la causa de sedición, rebelión, etc y, de esta manera, cumpla su función de renunciar a la euroorden, antes de que el desastre sea mayor.

Hay que reconocer la gran colaboración que presta la prensa, El País por su lado, Público, por este, tratando de hacer ver que la retirada de la euroorden es una astuta estrategia del Supremo para no sé qué fines procesales cuando no es otra cosa que una vergonzosa claudicación antes de quedar en evidencia como una judicatura sumisa a las directrices políticas de los mandatarios.

Ni estos ni los complacientes jueces han calibrado las consecuencias de este nuevo disparate jurídico porque su reaccionarismo no les deja verlo. O Puigdemont ha cometido un delito (presunto, claro) o no. Si lo ha hecho, procede la euroorden y esta no puede retirarse sin prevaricar. Si no lo ha hecho, la jueza Lamela debe ser llamada a responsabilidad y correspondientemente sancionada. Pero hay más: siendo esto así, ¿por qué siguen los dos Jordis, Junqueras y Forn en la cárcel? ¿Hay algún modo de justificar esta desigualdad y evitar que se concluya que estos presos son presos políticos?

No lo hay y, todavía peor, la insistencia del juez del Supremo de que Junqueras y sus compañeros sean sinceros y convincentes en sus declaraciones de acatamiento a la Constituciòn es repugnante, inicua e inquisitorial porque abandona el terreno objetivo del derecho para entrar en el muy subjetivo de las convicciones del preso y del juez. ¿Qué es "convincente" para un hombre que, por ejemplo -y no me estoy inventando nada- considera que la unidad de España (asunto contingente) está por encima de la justicia?

Definitivamente, la banda del PP, que los propios jueces consideran una asociación para delinquir y su jefe el Sobresueldos, no saben en dónde se han metido.

Lo verán hoy y mañana, cuando todas las televisiones del mundo menos las españolas den cuenta de la manifestación de un pueblo en defensa de sus libertades, su dignidad y sus representantes legítimos.
 
 
Falsas banderas
 
 
El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado Banderas falsas. No hace falta entretenerse mucho en la introducción porque todo el mundo sabe de qué se habla: de las provocaciones de los fascistas que estos tratan de hacer pasar por atentados independentistas para extender la especie de que el independentismo es violento, criminal, asesino y poder justificar así la acción, esa sí, criminal, de un Estado regido por delincuentes. 
 
Los últimos casos son obvios: unos muñecos colgados en un puente al estilo mafioso mexicano y que los fascistas de la Societat Civil Catalana tratan de enjaretar a los demócratas; un supuesto atentado a un domicilio privado en cuyo balcón lucía una bandera borbónica: otra mentira montada por las mismas "víctimas", ultraderechistas, matones y provocadores españolistas a quienes Espejo Público dio pábulo con el fin de engañar a la población y a quienes llamó el Sobresueldos con ridículas palabras de consuelo. Los dos, Espejo Público y el Sobresueldos sabían que estaban engañando a la gente. Pero los dos también viven de eso.

El artículo avisa de que gente que provoca y atenta con bandera falsa hay mucha más. No son solo los matones y chulos fascistas sueltos por las calles con el beneplácito de las autoridades "democráticas". Hay más. En el artículo se identifican los siguientes: el Estado español, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno, los jueces, los partidos unionistas, los periodistas a sueldo del poder, los intelectuales, los expertos que negaron el expolio fiscal de Catalunya y el pueblo español, que en el colmo de la estupidez grita "a por ellos", como si ese "ellos" no fuera también él.

Aquí la versión castellana.

Banderas falsas

En los últimos tiempos se han visto varios casos de atentados e incidentes de falsas banderas: provocaciones, delitos, agresiones realizados por elementos de una ideología, normalmente franquistas o fascistas si es que hay alguna diferencia, con el fin de cargar su responsabilidad a los de otra, normalmente demócratas o independentistas. Cometidos los delitos suelen ser las organizaciones españolistas o de extrema derecha, si es que también hay alguna diferencia, las encargadas de “denunciarlos” o explotarlos mediáticamente.

Pero ¿son solo los elementos franquistas o fascistas, aparentemente incontrolados, los responsables de estos atentados?

En absoluto. El Estado español y todos sus poderes se ha convertido en un Estado de falsa bandera que sostiene una guerra sucia en contra de una parte de su población. Para ello se vale de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como hizo con la llamada “operación Catalunya” del ministerio del Interior, cuya responsabilidad no ha podido investigarse hasta el final gracias a la labor de encubrimiento que hacen el PP, C’s y el PSOE.

Falsa bandera es también cuando los miembros de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios armados, vestidos de paisano (o sea, camuflados) participan en agresiones callejeras a demócratas e independentistas, tratando de sembrar el miedo en el espacio público.

Igualmente falsa bandera es que un gobierno compuesto por gentes acusadas de cobros ilegales o directamente reprobadas, actúe sin límite ni control gracias al artículo 155, es decir como una dictadura de hecho que lleva su infamia al extremo de pretender que países extranjeros, como Bélgica, recorten la libertad de expresión de sus residentes porque a ellos les molesta.

Falsa bandera usan unos jueces que no merecen nombre de tales, pues actúan al mandato del poder político, encarcelando ciudadanos acusados de delitos imaginarios o persiguiendo a otros en el extranjero con acusaciones falsas que ellos mismos, en el colmo de la ignominia, se ven obligados a retirar.

Falsa bandera es que los partidos unionistas que abusan de su situación de privilegio en Cataluña mientras los independentistas tienen a sus dirigentes en la cárcel o el exilio, anuncien su entrada en campaña al grito de “a por ellos”, claramente agresivo y vandálico; o que otros, como el PSC, se hagan pasar por demócratas, mientras denuncian comportamientos de la gente (como los lazos amarillos) ante órganos ilegales que actúan ilegalmente en base al 155, como la Junta Electoral Central; o que otros, como Podemos, aduciendo finalidades revolucionarias, hagan al independentismo catalán culpable del fascismo en España, un fascismo que ellos son incapaces de combatir, si es que lo han intentado alguna vez.

Falsa bandera llevan los periodistas al servicio de la dictadura del 155 que, como los de programa “Espejo público”, dan pábulo a las mentiras de la extrema derecha españolista y difunden patrañas como la del incendio de la casa en donde había una bandera española, sabiendo que son provocaciones con ánimo de incitar a la violencia represiva.

Falsa bandera enarbolan los intelectuales que, sentando plaza de equidistantes, dan por buenas y reproducen todas las mentiras propagandísticas del unionismo mientras silencian o ridiculizan las declaraciones independentistas o niegan la voluntad democrática de un pueblo reiterada y pacíficamente demostrada.

Falsa bandera la de quienes, habiendo negado durante años el expolio fiscal de Catalunya por el Estado y hoy, cuando la Generalitat está intervenida y se ven obligados a dar los datos reales, reconocen que, en efecto, el déficit fiscal de Catalunya es de 16.000 millones de €, como decían los independentistas, pero tratan de ocultarlo y de no reconocer su mentira ni de explicar qué piensan hacer para corregirlo.

Falsa bandera la del pueblo español en su conjunto cuando grita “a por ellos”, jaleando las fuerzas de represión, sin darse cuenta de que está ensalzando y jaleando la represión que se ejerce sobre él y su propia falta de libertad y dignidad.

Frente a la enorme falsa bandera en que se ha convertido el Estado español, que debiera haber sido expulsado ya del Consejo de Europa por no ser un Estado de derecho, es preciso enarbolar la bandera auténtica del derecho de los pueblos a la libertad, la autodeterminación y la independencia.

Y votar en consecuencia el 21D. 
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

¿Por qué Llarena recula? / José Antich *

Cinco apuntes de urgencia después de que se haya conocido que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya retirado la euroorden de detención que pesaba sobre el president Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

Primero.- El juez Llarena ha actuado inteligentemente ante lo que era evidente desde el lunes: la Corte belga iba a tumbar, en su totalidad o en parte, la demanda presentada en su día por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien había emitido órdenes de detención nacional, internacional y europea para la extradición a España del president Carles Puigdemont y de los cuatro consellers exiliados en Bruselas. 

Llarena recula, es obvio, y evita un batacazo judicial a España, ya que pondría de relieve la politización de la justicia española. En el caso más favorable para los intereses españoles solo se habría aprobado la extradición para que fuera juzgado por el delito de malversación, una pena muy pequeña para los que están encima de la mesa de rebelión y sedición. Una retirada a tiempo es una victoria, decía Napoleón.

Segundo.- La estrategia del president Puigdemont de situar un foco de atención mediática en Bruselas tras la suspensión de la autonomía ordenada por Mariano Rajoy y las órdenes de encarcelamiento del Govern se ha revelado acertada política y judicialmente hablando. El caso catalán ha adquirido una propulsión internacional y está en la agenda mundial como nunca antes lo había estado. En el terreno judicial, la elección de Bélgica ha sido la acertada y la independencia de sus magistrados es la que se espera de un país con mayor garantía para las personas y extraordinariamente respetuoso con cualquier tema relacionado con los derechos humanos.

Tercero.- El movimiento de Llarena, desconcertante en un primer momento, tiene más calado político del que parece. Si Carles Puigdemont mantiene su condición actual de president en el exilio, la retirada de las órdenes internacionales de detención no le impide la libertad de movimientos. Si regresa a España será detenido y juzgado por todos los delitos que comportan penas de hasta 30 años de prisión. Llarena, hoy por hoy, parece invitarle a elegir entre el exilio permanente y abandonar toda actividad política en el interior o la entrada en prisión si regresa a España. 

De hecho, la víspera, el juez en el auto en el que confirmaba la prisión del vicepresident Oriol Junqueras daba a entender que sería revisable si el vicepresident tuviera intención de abandonar la política. Cobra fuerza así aquella frase de la Moncloa del pasado mes de septiembre en la que se aseguraba que descartaban a Puigdemont y Junqueras como interlocutores para el futuro y que hace unas semanas verbalizó Mariano Rajoy en la Cadena Cope hablando de un hipotético nuevo Govern independentista.

Cuarto.- La justicia introduce nuevamente un factor en la campaña electoral más trascendental de las últimas décadas y que ha tenido un arranque muy alejado de los cánones habituales. Puigdemont puede quedarse en Bruselas o acercar su cuartel general lo más cerca posible de Catalunya ya que no pesan restricciones de movimiento sobre su persona. Así, podría situar, por ejemplo, en Perpinyà su nuevo centro operativo. Perdería la visibilidad internacional que le da Bruselas pero estaría a tiro de piedra de Catalunya. En cualquier caso, su movilidad teóricamente se multiplica así como la de los otros cuatro consellers. Estaríamos hablando de algo provisional y muy vinculado a la campaña de Junts per Catalunya y también de los consellers de Esquerra.

Quinto.- Si la permanencia en prisión del vicepresident Junqueras, el conseller Joaquim Forn y los Jordis, Sànchez y Cuixart, ya era del todo incomprensible e injusta, esta situación se amplifica aún más. La prisión provisional de candidatos en un proceso electoral al final no es otra cosa que una manera de secuestrar la campaña. De alterarla. Sobre todo porque la prisión provisional es un mecanismo excepcional muy discutible en una situación como la actual y sobre la que muchos juristas de prestigio ya han mostrado su abierta discrepancia. El caso es que la mezcla de justicia y política siempre acaba beneficiando y perjudicando a los mismos. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


El Gobierno regional y la enseñanza / Pity Alarcón *

Asombra oír a los distintos concejales y consejeros de los más diferentes Ayuntamientos y Comunidades diciendo cosas como «hemos hecho historia», «estamos a la cabeza de... » y expresiones por el estilo cuando entienden que lograron solucionar algún problema que afecta a los ciudadanos, no importa el alcance del mismo. Ellos, invariablemente, utilizan un estilo grandilocuente para resaltar sus esfuerzos, buscando el reconocimiento y la admiración de los proclives a creerles todo y el asombro de los menos crédulos que no se manifiestan porque ya les suena a muchas veces oído y no son fácilmente impresionables. 

Así es que, acostumbrados a estos ´logros´, hemos echado en falta que el Gobierno autonómico no presuma de que Murcia se encuentre entre las Comunidades que más dinero destina a la educación concertada. Sí, cuando realmente «sí tenemos motivos para presumir», al consejero de turno y al presidente, de turno también, les entra un ataque de modestia y no aparecen en rueda de prensa (sin preguntas, a ser posible) para presumir de ´hacer historia´ y poner a Murcia ´a la cabeza´. 

Y no, no han salido a informar, a pregonar a los cuatro vientos que una Comunidad con tantas carencias en la educación pública como ésta invierte en la enseñanza concertada 3.005 euros por alumno, lo que la sitúa en cuarto lugar en España al aportar casi el 75% de los ingresos de estos centros. Sí, así, como suena. El 74,9% de los ingresos de los centros privados de enseñanza de la Región de Murcia procedieron de subvenciones públicas en el curso 2014-2015, mientras que un 23,7% correspondió a las cuotas abonadas por las familias y un 1,4% de otras fuentes privadas.

Mientras tanto, la media estatal de las distintas Comunidades autónomas en la enseñanza concertada y privada es de 2.869 euros. Datos que nos hablan de que nosotros somos más chulos que un ocho y echamos el resto para ponernos a la cabeza, porque ´si hay que ir, se va´.

Y esto nos parecería muy bien si las plazas del profesorado en la enseñanza pública estuviesen cubiertas, que no es así. Si los centros públicos no careciesen de los servicios más imprescindibles, que lo están, y si los centros, gran número de ellos, no estuviesen en la más completa ruina, que también. Si todo esto no ocurriese, nos parecería muy bien que el Gobierno autonómico disparase con ´pólvora del rey´ y gastase el dinero sobrante en esos colegios y escuelas privadas que tan queridas le son al presidente. 

Un presidente que parece disfrutar pregonando eso de «nosotros defendemos la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos», porque le debe de parecer el colmo de la progresía, pero da la impresión de que no se ha preguntado si muchos padres no se ven obligados a llevar a sus hijos a la escuela pública porque ellos no pueden permitirse el lujo de poder elegir. Y no es que piensen que el profesorado es mejor en la concertada, en absoluto. Es que si los llevasen a esos colegios, sus hijos tendrían buenas instalaciones deportivas, algo que brilla por su ausencia en la mayoría de los colegios públicos en Murcia. 

Gozarían de una calefacción adecuada, en estos duros días de invierno, y otras menudencias por el estilo de las que sus hijos no pueden gozar, pero sí los que disfrutan de enseñanza concertada y privada. Por cierto, que debe ser muy duro para los padres que conocen todo esto, que saben de las carencias de los colegios de sus hijos, llegar a la conclusión de que con sus impuestos (en este país todos tenemos que pagar impuestos, menos algunos) se pagan esas calefacciones e instalaciones de las que sus hijos carecen.

Las comunidades que más dinero aportan por alumno de centro concertado son País Vasco, Navarra, Cantabria y, sí, Murcia. Por cierto, País Vasco y Navarra se encuentran en los dos primeros lugares de nivel de vida en España. Cantabria, el cuarto. Murcia, el sexto por la cola, incluidas Melilla y Ceuta. ¿No es para pensar, y no bien?


(*) Periodista


Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *


Miércoles, Día de la Constitución, tan dis­cu­tida por unos como in­dis­cu­tible para otros des­pués de 39 años, como para la pre­si­denta ma­dri­leña Cristina Cifuentes en el acto con­me­mo­ra­tivo ade­lan­tado: ‘España no se toca, España no se rom­pe’. 

Día tam­bién es­pe­cial en la cam­paña del 21-D tras que­darse Puigdemont sin coar­tada he­roica al anu­larse la eu­ro­orden contra él y sus acom­pañantes en Bruselas. Y en tercer lu­gar, día en que le crecen los enanos a la pri­mera mi­nistra Theresa May: no sólo ha vuelto a tem­blar por la es­ta­bi­lidad de su Gobierno ante los es­co­llos in­ternos y ex­ternos del Brexit, sino que toda la prensa bri­tá­nica abre con la ope­ra­ción del MI5 que ha des­ba­ra­tado un pre­sunto in­tento de ase­si­nato en un aten­tado sui­cida en el 10 de Downing St. 

Otros ejes de ac­tua­li­dad: la lis­tita de 17 pa­raísos fis­cales de la UE, donde según los ex­pertos ni mucho menos están todos los que son; el nuevo al­da­bo­nazo, uno más y bien fuerte, de la OCDE sobre las pen­siones y su in­sos­te­ni­bi­lidad en España; el ba­ró­metro del CIS sobre preo­cu­pa­ciones de los es­paño­les, en­ca­be­zadas por el paro, la co­rrup­ción y los par­tidos po­lí­ti­cos, mien­tras Cataluña pasa del se­gundo al cuarto lugar tras la apli­ca­ción del 155. 

Algunos ti­tu­lares sobre la Constitución. El Economista: Los ex­pertos re­chazan re­formar la Constitución sólo por Cataluña. La Razón: Encuesta NC Report sobre la re­forma de la Constitución: La ma­yoría re­chaza dar un status di­fe­rente a Cataluña. El Mundo: Trece CCAA re­claman a Hacienda que ter­mine con el ‘privilegio vas­co’. Ignacio Escolar, di­rector de Eldiario, en­tre­vista a Ximo Puig, quien hace un ra­zo­na­miento bas­tante pe­re­grino, como si fuera cosa de re­no­va­ciones pe­rió­di­cas: 'El PP debe en­tender que es ne­ce­sario que las ge­ne­ra­ciones que no pu­dieron votar la Constitución lo hagan aho­ra'. 

Algunos ti­tu­lares sobre Cataluña. El Periódico: El Supremo deja en el limbo a Puigdemont. La Vanguardia: Puigdemont sólo podrá ser de­te­nido si re­gresa. El Mundo: El Supremo atrapa a Puigdemont y lo hace rehén de su propio juego. El País: El se­pa­ra­tismo man­tiene el ‘procés’ sin un plan ex­plí­cito. ABC: El PDeCat da por amor­ti­zado al huido Puigdemont. El Español: Los abo­gados de Puigdemont creen que han ga­nado la ba­talla ju­rí­dica a España. 

Cinco Días: Los pro­gramas del 21-D: los par­tidos pro­meten menos IRPF a las rentas bajas en Cataluña. Economía Digital: Foment: Cataluña re­duce su cre­ci­miento hasta la media es­pañola. Barómetro de La Sexta: ERC ga­naría las elec­ciones del 21-D, pero el bloque in­de­pen­den­tista per­dería la ma­yoría ab­so­luta. 

Otros ti­tu­lares des­ta­ca­dos. Expansión: CaixaBank lanza DayOne, el banco del em­pren­de­dor. Otro ti­tu­lar: Eléctricas y bancos pujan por más de 5.000 mi­llones en ener­gías re­no­va­bles. Cinco Días: Cellnex, dis­puesta a ad­quirir las nuevas to­rres de móvil a la venta en Europa. El Confidencial: Gas Natural se pro­tege de los 'buitres' que ace­chan tras la orden de Nadal. El Español: Las eléc­tricas contra Nadal: no quieren par­ti­cipar en su mer­cado pla­ni­fi­cado de gas. Otro ti­tu­lar: El fondo no­ruego Axactor amasa 11.000 mi­llones en prés­tamos fa­llidos que la banca desecha. El Economista abre con la in­ter­ven­ción de Cospedal en una jor­nada sobre el sec­tor: Defensa ul­tima un plan quin­quenal de in­ver­sión para reac­tivar la in­dus­tria mi­li­tar. 

Opiniones. Editorial en El País: ‘Día de la Constitución: otro pro­yecto; es la de­sidia de los po­lí­ticos de hoy la que des­pres­tigia la Constitución’. Francesc de Carreras en el mismo dia­rio: 'En tiempo de re­for­mas: la Constitución ne­ce­sita cam­bios, que deben apli­carse de forma pau­la­ti­na'. Antonio Elorza en el mismo dia­rio: ‘Adonde vas, Pablo Iglesias?'. Javier Martí del Barrio en el mismo dia­rio: ‘Portugal como mo­delo de buena di­plo­ma­cia: frente a los fra­casos de España, el país ve­cino en­ca­dena éxitos in­ter­na­cio­na­les’. 

Marcelo Rebelo de Sousa, pre­si­dente del Portugal, en el mismo dia­rio: ‘Somos los nór­dicos del siglo XXI’. Editorial en Libertad Digital: 'Constitución: im­porta más cum­plirla que ce­le­brar­la'. José García Domínguez en el mismo me­dio: ‘Espanya ens roba, Iceta? Miquel, es una pena que de­jaras la ca­rrera sin haber pa­sado de pri­mero de Económicas'. 

Editorial en El Periódico: ‘Puigdemont, en tierra de na­die’. José Antonio Zarzalejos en el mismo dia­rio: 'El Rey y el 155 re­su­citan la Constitución'. Editorial en La Vanguardia: ‘A favor de una re­forma cons­ti­tu­cio­nal‘. Otro edi­to­rial: ‘La OCDE alerta sobre las pen­sio­nes’. Editorial en ABC: ‘Puigdemont, o fuga o jui­cio‘. Otro edi­to­rial: ‘El tiempo se agota para las pen­sio­nes’. Jesús Cacho en Vozpopuli: '¿Estamos dis­puestos a pagar las pen­siones acu­mu­lando deu­da?'. 

Joan Tapia en El Confidencial: ‘Cataluña, ¿empate eter­no?’. Íñigo Errejón en el mismo me­dio: 'Un nuevo acuerdo para la España que ya so­mos'. A.R. Mendizabal en Capital Madrid: ‘Arrimadas, Rivera y Cs en la cresta de la ola para ‘poner fin a esta lo­cura’ en Cataluña’. Editorial en Cinco Días: ‘Cataluña ne­ce­sita he­chos para re­com­poner la con­fianza en la eco­no­mía‘. Editorial en El Español: ‘Puigdemont se sale con la su­ya'. 


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2507

martes, 5 de diciembre de 2017

Los beneficiarios de las pólizas de vida para empleados de Caja Murcia nunca recibieron información de 'Caser S.A.'


MADRID.- Tanto la Caja de Ahorros de Murcia, como Caser, S.A., no han facilitado información de ningún tipo a la gran mayoría de empleados beneficiados por sus pólizas colectivas de seguro de vida, unos 1.100, no existiendo ninguna otra explicación que la de una colaboración presuntamente cómplice entre ambas. 

Esta observación, llegado el momento oportuno, puede ser ratificada documentalmente, ante quien corresponda, según fuentes de los ex empleados movilizados en busca de sus derechos adquiridos antes del año 1987 y una vez externalizado por ley su fondo de pensiones.

Más información en este enlace: http://www.murciaconfidencial.com/2017/12/los-beneficiarios-de-la-polizas-de-vida.html

Urralburu: "El PP nos condena a seguir siendo una comunidad autónoma de tercera"


CARTAGENA.- El portavoz parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha señalado que la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la CARM para 2018 presentada por Podemos, propone un modelo de Región "creíble y que dota a la Región del dinero necesario para garantizar unos servicios públicos de calidad. 

Apostamos por un proyecto que genere empleo digno en torno a un nuevo modelo productivo e industrial a través de la inversión en renovables e I+D+I. Sin olvidar, nuestra propuesta de Impuesto de Sucesiones, donde dejamos libre de tributación los primeros 200.000 euros que se hereden y a partir de ahí, se tributa progresivamente. El objetivo es exonerar de impuestos a los pequeños patrimonios, no a los grandes e incluir a los colaterales, que son los hermanos, tíos y sobrinos".
Óscar Urralburu ha afirmado que el gobierno del PP "carece" de apuestas inversoras en nuevos sectores más productivos. Por tanto, ha dicho "la economía murciana no tiene una mayor fortaleza productiva ahora que antes de la crisis. Al contrario, la especialización sectorial apunta a un tejido industrial más débil y orientado al turismo que precariza las condiciones de sus trabajadores".
Asimismo, según el portavoz de Podemos, hoy el salario de un trabajador en la Región "vale menos que hace un año. Los beneficios empresariales han subido pero no lo han hecho los de la mayoría de la población. Encima, el drama de fondo que se esconde tras la aprobación de estos presupuestos es el empeño en seguir bajando impuestos a quienes más tienen mientras congelan o reducen su compromiso social".
Óscar Urralburu ha subrayado que el PP tampoco "pone freno al fraude y la elusión fiscal. Ni la adopción de medidas tributarias, ni la creación de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, ni los planes de la Consejería de Hacienda han contribuido a elevar la recaudación".
Para Podemos una de las principales medidas, que lleva en su Enmienda a la Totalidad es que la acción prioritaria que debe acometerse consistiría en la realización de una auditoría de gestión de recursos públicos en toda la Administración pública regional "dirigida a eliminar el gasto ineficiente y suprimir las partidas que se mantienen exclusivamente para sostener una red clientelar de entidades, asociaciones y empresas afines al Gobierno y al partido que lo sustenta. 
Persisten entre otras múltiples figuras de personal eventual de gabinete, más conocido como 'asesor nombrado a dedo' y 'gratificaciones' no justificadas. Entre ambos conceptos se puede obtener un notable ahorro".

Podemos considera fundamental que la subvención a La Bastida se otorgue de modo directo a la UAB


CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha afirmado que los presupuestos ambientales actuales "no son ni la sombra de lo que fueron, mientras que los retos y necesidades, como la Red Natura, la contaminación o el Mar Menor, han aumentado exponencialmente. Vemos como el gobierno del Partido Popular arrincona y margina el medio ambiente. La ceguera de este gobierno respecto al Mar Menor, del que ha llegado a decir que no está contaminado, no tiene límites".

Giménez ha detallado que todo el presupuesto de la Dirección General del Mar Menor asciende a poco más de 10 millones de euro "una cifra indigna comparada con la de cualquier otra dirección general, especialmente considerando la magnitud de los problemas a resolver y el impacto socioambiental de los retos a asumir y solucionar".
De forma más concreta, la diputada de Podemos ha contado que las Actuaciones Prioritarias, que son el grueso de la inversión, cuentan con una partida "ridícula de 4,2 millones de euros. 
Además, esas Actuaciones Prioritarias no hacen mención alguna a intervenciones para resolver el origen de los problemas, es decir, para reducir la contaminación en origen en el regadío del Campo de Cartagena. En lugar de eso, en las Actuaciones Prioritarias se mencionan actividades de educación ambiental, señalética y cuestiones de este tipo, en las que, siendo positivos, no gozan de prioridad para resolver el problema del Mar Menor".
María Giménez ha señalado que la nueva Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), solo puede calificarse de "despropósito" ya que sólo se encargará "de encubrir la función de agilizar expedientes administrativos. Está al servicio de las empresa y no sabemos nada acerca de su gestión o de quién la va a dirigir".
Por último, la parlamentaria regional de Podemos ha destacado que para afrontar la contaminación de la actividad minera e industrial de zonas como El Hondón, la zona industrial de Cartagena y la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, además de la de Mazarrón, el gobierno del PP destina "algo más de 400.000 euros, todo ellos fondos FEDER para varias actuaciones en este sentido será sin duda absolutamente insuficiente".
Respecto a Cultura, el diputado Miguel García Quesada ha lamentado el "abandono y desprotección" del patrimonio regional y la renuncia a "cualquier tipo de política de promoción y desarrollo de las industrias culturales, despreciando la enorme potencialidad de la Región en esta materia".
Ejemplo, ha dicho, son las partidas para intervenciones arqueológicas como La Bastida de Totana, la Cueva Victoria o el cubrimiento del yacimiento arqueológico de Cabezo de la Cobertera, entre Abarán y Blanca. 
En relación a La Bastida, "desde Podemos Región de Murcia consideramos fundamental que esta subvención se otorgue de modo directo, a través de un convenio entre administraciones públicas, a la Universidad Autónoma de Barcelona que es la que desde hace 9 años trabaja en el yacimiento".
Por último, García Quesada ha subrayado que el PP no dota de contenido a la red de teatros y auditorios que ayude a las compañías teatrales a tener actuaciones continuas con las que aspirar a sufragar de forma estables sus salarios y seguridad social. Nada aparece de la dotación de recursos para MurciaEscena. Los museos, ven recortado sus presupuesto en un 43,32%".

La escarcha puede volver a aparecer en los próximos días en el campo murciano


MURCIA.- La previsión que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace para los próximos días no permitirá, por el momento, respirar tranquilos a los agricultores. Mañana miércoles las heladas, aunque débiles, podrían volver a repetirse en las sierras del Noroeste y Yecla. Las temperaturas mínimas, sin embargo, registrarán un pequeño aumento. 

Este jueves de acuerdo con las previsiones de la Aemet, también podrían volver a presentarse heladas en las zonas de interior. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo las máximas que irán en ascenso en el Noroeste.
El viernes podría amanecer con heladas débiles en las sierras del Noroeste, al igual que el sábado, cuando la escarcha podría aparecer , sobre todo, en las zonas más altas de Yecla. 
El puente de la Constitución-Inmaculada se verá condicionado por el frío que mantiene en la incertidumbre a todo el campo murciano.

El abogado Diego de Ramón acusará a la Justicia murciana por la «vergonzosa» instrucción del caso de contaminación del río Segura

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, que ejercitaba la acusación popular en el proceso por la contaminación del río Segura, no se conforma ante la decisión de la Audiencia Provincial de Murcia de dar carpetazo a las diligencias debido, entre otras razones, a unas dilaciones indebidas tan graves que han llegado a superar los cinco años de absoluta parálisis.

El letrado anunció la adopción de una batería de medidas para exigir responsabilidades por lo que considera un motivo «de vergüenza ajena». Entre las iniciativas que piensa adoptar figuran la presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Justicia, por el anormal funcionamiento de los juzgados en este asunto, «que ha tardado 19 años en su tramitación».
Igualmente anunció que va a comunicar la resolución judicial a la comisaria de Justicia de la Unión Europea, «para que en ningún Estado miembro vuelva a suceder esto» y para que abra una investigación al respecto. 
La misma medida adoptará respecto de la comisaria de Medio Ambiente, a la que alertará de que ha quedado impune un caso con graves repercusiones ambientales «e incluso para la salud humana».
 Y acabará denunciando los hechos ante el Tribunal de Cuentas «para que investigue el destino que ha dado la CHS a los fondos para paliar la contaminación en el Segura.

El líder del PSRM, Diego Conesa, traslada a Pedro Sánchez en Ferraz los «problemas hídricos» de la Región


MADRID.- El secretario general del PSRM, Diego Conesa, se reunió hoy en la sede socialista de Ferraz con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y le trasladó las cuestiones básicas de interés general para la Región de Murcia, principalmente sobre financiación, educación, y sobre todo, de agua.

"Le he trasladado a Sánchez la importancia de buscar soluciones a corto y largo plazo a los problemas hídricos de la Región", señaló el secretario general, que asistió a la reunión acompañado de la secretaria de Agua del PSRM, Natividad Muñoz, y el diputado regional Jesús Navarro.
Según Conesa, las soluciones a corto plazo se deben exigir al Gobierno de España a través de las Cortes Generales, tal y como están haciendo los socialistas, y a medio y largo plazo, hay que buscar fórmulas de consenso a nivel nacional.
"Le he comunicado claramente cuáles son las necesidades de la Región y la disposición que tenemos a buscar puntos de entendimiento para alcanzar acuerdos con el resto de regiones", dijo.
"Estoy contento porque es una misma línea la que llevamos a nivel federal y regional: la de buscar para 2018 grandes pactos en materia de agua a nivel nacional, si el PP está realmente con voluntad de acuerdo", remarcó.

Un estudio analizará la situación de la perdiz roja silvestre en la Península Ibérica, Región de Murcia incluida


MADRID.- La Fundación Artemisán destinará 250.000 euros a realizar un estudio durante los próximos cuatro años para analizar la situación de la perdiz roja silvestre y tratar de favorecer su recuperación. 

El Proyecto Rufa se realizará en 30 fincas colaboradoras, que tienen una extensión total de más de 50.000 hectáreas y están distribuidas en cotos de las comunidades autónomas de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid y País Vasco. 
La entidad ha observado que en algunos cotos la especie ha sufrido una «extinción local» y, con carácter general, la población ha disminuido más de un 33% en los últimos 15 años y más de un 70% si se tienen en cuenta las cuatro últimas décadas.
La iniciativa busca también mejorar la situación de la población de las amenazadas aves esteparias en España, entre ellas el sisón común, la ganga ibérica y ortega, la avutarda y los alcaravanes.
Durante la presentación del proyecto, algunos gestores de fincas, tanto privadas como de sociedades de cazadores, han destacado que es «posible» recuperar la perdiz roja «siempre y cuando se mime» a la especie mediante el manejo del hábitat y el control de predadores, aspectos cruciales para frenar la regresión de esta especie.
Para la fundación, los factores que están detrás de la regresión de estas especies son, entre otros, el abandono del mundo rural, la transformación del hábitat, ciertas prácticas agrícolas (incluyendo el uso de pesticidas y herbicidas), la excesiva predación y algunas acciones humanas, que se han convertido en factores clave para este declive.
Por ello, considera necesario seguir investigando y poner en práctica los hallazgos de las investigaciones para poder comenzar cuanto antes a revertir el declive poblacional.
La iniciativa, encabezada por la Fundación Artemisán, pretende crear una red de cotos y fincas de demostración en las que iniciar la implantación de medidas de gestión agraria y cinegética para demostrar que es posible atajar pronto la regresión de la especie.
El proyecto ha sido presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como a las Consejerías competentes de cada comunidad autónoma en las que inicialmente se desarrollará el plan de acción, con el objetivo de ampliar la financiación privada que aportará Fundación Artemisán.

Exigen a Santamaría poner fecha exacta a la Generalitat para entregar los carnés de la CNT de La Unión y Totana


SALAMANCA/MURCIA.- El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, para pedir una «fecha exacta» para la devolución, en aras de la aplicación del artículo 155 y sus competencias en la Generalitat, de los documentos que «indebidamente» están en Cataluña y que han de regresar a Salamanca para «hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional». 

Entre los mismos destacan los dos carnés sindicales de la CNT de mineros de La Unión y Totana, así como algunos documentos referidos al Teatro Romea de Murcia.
Así lo señala en la carta y lo remarcó en el encuentro que mantuvo ayer con los medios de comunicación en Salamanca, donde Policarpo Sánchez cuantificó en «unos 400.000» los 'papeles' que están en Cataluña a pesar de ser procedentes de 23 provincias ajenas a la Generalitat -entre ellas la Región de Murcia- o aquellos que el Ejecutivo autonómico catalán «no ha podido devolver a sus legítimos propietarios».
«Nadie podría comprender que mientras se mantenga en vigor el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, el Gobierno de España no cumpla lo que exigió cumplir a la Generalitat», dijo el historiador salmantino y presidente de la asociación, en referencia a las cartas remitidas por el Ejecutivo estatal a los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont para pedir la devolución en los últimos años, junto a las mociones aprobadas con este mismo fin en el Senado.
«Si quieren, se puede», insistió sobre un asunto que comparó con el de la devolución de bienes artísticos de Sijena por parte del Museo de Lérida. En este caso de patrimonio de Huesca. Policarpo Sánchez puso de relieve que el retorno será posible porque «desde el minuto uno del artículo 155, los políticos aragoneses han puesto toda la carne en el asador».
En cuanto a Salamanca, indicó que él ha tenido que dar el paso 'in extremis', a pesar de que los responsables del Gobierno «tienen la sentencia del Constitucional» para ordenar que también regresen los 'papeles del Archivo'.
Respecto a si esta petición de la asociación se interpreta como «un tema de la campaña electoral», Policarpo Sánchez hizo hincapié en que, de ser así, sería «un tremendo error», pues no se trata de ello sino de «cumplir las leyes».
Finalmente, además de recordar las 80.000 firmas que tiene la asociación recogidas y las mociones aprobadas en distintas entidades locales y regionales , el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca insistió en que «es el momento» y que, de no llevarlo a efecto, «algunos pasarán a ser cadáveres políticos».
Ayer lunes, un grupo de murcianos residentes en Salamanca se concentró en la misma puerta del Archivo, así como miembros de la asociación, para reclamar la devolución de los documentos murcianos «robados» por la Generalitat de Cataluña.
Los asistentes a la protesta portaban cajas donde se reflejaba el número de murcianos que han firmado para exigir la entrega de los carnés sindicales de La Unión y Totana, así como los documentos del Teatro Romea. 
En concreto, 5.270 firmas de ciudadanos de la Región que reclaman la devolución de los misma. Igualmente, en otras cajas se indicaban las razones para que se haga efectiva esa entrega, con escritos como «Murcia da a Puigdemont 311 razones para que devuelvan los documentos murcianos robados», así como otros que advierten de que Murcia no pertenece a Cataluña. La Ley es igual para todos, que no falseen la Historia de España, que se cumplan la sentencias judiciales, y que el Teatro Romea no es catalán».

El lorquino Juan Marín, elegido nuevo presidente de la Asociación del Comercio de Frutas y Hortalizas de la UE


MURCIA.- El actual presidente de Proexport, Juan Marín Bravo, fue elegido este martes en Bruselas nuevo presidente de Eucofel, la Asociación Europea del Comercio de Frutas y Hortalizas de la UE, durante la celebración de la Asamblea General de la organización europea. 

“Es un honor representar a los productores hortofrutícolas europeos”, declaró Juan Marín tras la elección, añadiendo que “a partir de ahora trabajaremos juntos en la defensa y mejora de la competitividad de la producción y exportación hortofrutícola comunitaria, la defensa de la libre competencia en el mercado interior comunitario y la apertura de mercados en terceros países”.
Marín fue elegido como candidato por parte de Fepex en la última Comisión de Gobierno de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas.
Releva al frente de Eucofel al anterior presidente y también socio de Proexport, Jorge Brotons Campillo, que ocupó el cargo desde 2013.
Su opción ya se gestó muy discretamente en los tiempos de la también lorquina, Adela Martínez-Cachá, como consejera de Agricultura de la Región de Murcia siendo presidente su amigo Pedro Antonio Sánchez, anteriormente ex alcalde de Puerto Lumbreras, localidad segregada de Lorca a mitad del siglo XX.
La candidatura de Juan Marín ha sido avalada por unanimidad en la Asamblea General de esta mañana, con el apoyo del resto de socios de Eucofel, procedentes principalmente de Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Polonia y Portugal.
Junto a Marín se ha elegido como vicepresidentes al polaco Witold Boguta (Presidente del Federación Nacional de productores-exportadores de Polonia), el griego George Frangistas (Presidente del Federación Nacional de productores-exportadores de Grecia), el francés Laurent Bergé (Presidente del Asociación Nacional de Organizaciones de Productores de Tomate y Pepino de Francia) y el español Antonio Muñoz (CGC).
Marín Bravo ha desarrollado su carrera en el ámbito productivo y exportador al frente de Campo de Lorca, empresa líder en la producción y comercialización de brócoli, coliflor y alcachofa, principalmente. 
Marín es también presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), miembro de la Comisión de Gobierno de Fepex, vicepresidente de Croem y presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca.
La agenda del nuevo presidente de Eucofel incluía, hoy mismo, dos reuniones, con representantes del Parlamento Europeo: el también murciano Ramón Luis Valcárcel, y con la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, la socialista Clara Eugenia Aguilera. Asimismo, mantuvo un encuentro con el Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Jerzy Bogda Plewa. 
En los encuentros, en los que también intervinieron distintos responsables de Eucofel, se trataron dos de los temas que más preocupan al sector, como son el régimen específico del sector de frutas y hortalizas dentro de la futura PAC y la política comercial.