Cinco apuntes de urgencia después de que se haya conocido que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya retirado la euroorden de detención que pesaba sobre el president Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
Primero.- El juez Llarena ha actuado inteligentemente ante lo que era
evidente desde el lunes: la Corte belga iba a tumbar, en su totalidad o
en parte, la demanda presentada en su día por la juez de la Audiencia
Nacional Carmen Lamela, quien había emitido órdenes de detención
nacional, internacional y europea para la extradición a España del
president Carles Puigdemont y de los cuatro consellers exiliados en
Bruselas.
Llarena recula, es obvio, y evita un batacazo judicial a España, ya
que pondría de relieve la politización de la justicia española. En el
caso más favorable para los intereses españoles solo se habría aprobado
la extradición para que fuera juzgado por el delito de malversación, una
pena muy pequeña para los que están encima de la mesa de rebelión y
sedición. Una retirada a tiempo es una victoria, decía Napoleón.
Segundo.- La estrategia del president Puigdemont de situar un foco de
atención mediática en Bruselas tras la suspensión de la autonomía
ordenada por Mariano Rajoy y las órdenes de encarcelamiento del Govern
se ha revelado acertada política y judicialmente hablando. El caso
catalán ha adquirido una propulsión internacional y está en la agenda mundial
como nunca antes lo había estado. En el terreno judicial, la elección
de Bélgica ha sido la acertada y la independencia de sus magistrados
es la que se espera de un país con mayor garantía para las personas y
extraordinariamente respetuoso con cualquier tema relacionado con los
derechos humanos.
Tercero.- El movimiento de Llarena, desconcertante en un primer
momento, tiene más calado político del que parece. Si Carles Puigdemont
mantiene su condición actual de president en el exilio, la retirada de
las órdenes internacionales de detención no le impide la libertad de
movimientos. Si regresa a España será detenido y juzgado por todos los delitos
que comportan penas de hasta 30 años de prisión. Llarena, hoy por hoy,
parece invitarle a elegir entre el exilio permanente y
abandonar toda actividad política en el interior o la entrada en prisión
si regresa a España.
De hecho, la víspera, el juez en el auto en el que
confirmaba la prisión del vicepresident Oriol Junqueras daba a entender
que sería revisable si el vicepresident tuviera intención de abandonar la política.
Cobra fuerza así aquella frase de la Moncloa del pasado mes de
septiembre en la que se aseguraba que descartaban a Puigdemont y
Junqueras como interlocutores para el futuro y que hace unas semanas
verbalizó Mariano Rajoy en la Cadena Cope hablando de un hipotético
nuevo Govern independentista.
Cuarto.- La justicia introduce nuevamente un factor en la campaña
electoral más trascendental de las últimas décadas y que ha tenido un
arranque muy alejado de los cánones habituales. Puigdemont puede
quedarse en Bruselas o acercar su cuartel general lo más cerca posible
de Catalunya ya que no pesan restricciones de movimiento sobre su
persona. Así, podría situar, por ejemplo, en Perpinyà su nuevo centro
operativo. Perdería la visibilidad internacional que le da Bruselas pero
estaría a tiro de piedra de Catalunya. En cualquier caso, su movilidad
teóricamente se multiplica así como la de los otros cuatro consellers.
Estaríamos hablando de algo provisional y muy vinculado a la campaña de
Junts per Catalunya y también de los consellers de Esquerra.
Quinto.- Si la permanencia en prisión del vicepresident Junqueras, el
conseller Joaquim Forn y los Jordis, Sànchez y Cuixart, ya era del todo
incomprensible e injusta, esta situación se amplifica aún más. La
prisión provisional de candidatos en un proceso electoral al final no es
otra cosa que una manera de secuestrar la campaña. De
alterarla. Sobre todo porque la prisión provisional es un mecanismo
excepcional muy discutible en una situación como la actual y sobre la
que muchos juristas de prestigio ya han mostrado su abierta
discrepancia. El caso es que la mezcla de justicia y política siempre
acaba beneficiando y perjudicando a los mismos.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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