MURCIA.- De momento es un acto de fe creer que
han pagado ese viaje sin que aporten facturas, porque los papeles que
tiene el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano afirman lo contrario,
lo que le ha llevado a interponer una denuncia en el juzgado de
Instrucción nº 8 de Murcia. Este tribunal lleva el caso Umbra,
presunta trama de corrupción urbanística en torno a los convenios de la
zona norte que el Ayuntamiento firmó con promotores privados, según publica el diario 'La Opinión'.
El
Ministerio Público quiere que se investigue el viaje realizado por uno
de esos empresarios, conocido como ´el rey del ladrillo de Elche´, Ramón
Salvador Águeda, con unos acompañantes muy especiales. El
desplazamiento se hizo en avión privado y en ese vuelo, que partió desde
Alicante, iban el que fuera alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y
su mujer; el exconcejal Antonio Sánchez Carrillo y su mujer; el abogado
Daniel Valenzuela –hijo del que fuera secretario del Ayuntamiento, José
Luis Valenzuela– y su esposa, así como el exgerente de Urbamusa y actual
concejal de Fomento, Roque Ortiz, y su mujer.
Todos ellos, que
llegaron en una limusina confort, pasaron juntos del 8 al 11 de julio de
2008. El abono de ese desplazamiento en jet privado se facturó a la
empresa Mira Llevat, una de las que entró en el convenio urbanístico que
el Ayuntamiento firmó en la zona norte y que permitió la remodelación
del Teatro Circo, y que ha sido investigada en el caso Umbra.
Precisamente, ese viaje se realizó dos
meses antes de que se aprobara definitivamente el plan parcial de Cabezo
de Torres, del convenio del Teatro Circo. Estos datos los pone de
relieve el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano, en el escrito
enviado al juzgado para que se investigue, entre otras cosas, el viaje
en avión y quién pagó el resto de gastos en Estambul, como hoteles,
restaurantes, taxis, etc.
Según los datos aportados por Lozano en
su denuncia, la compañía aérea contratada durante todo el mes de julio
de 2008 por el grupo RS de Ramón Salvador Águeda para sus
desplazamientos nacionales e internacionales, entre ellos el viaje a
Estambul, facturó a Mira Llevant 186.000 euros, de los que unos 75.000
euros –a razón de 7.500 euros por pasajero– pudieran corresponder a los
gastos del avión fletado para la ciudad turca.
Esta factura a
nombre de una de las empresas del promotor ilicitano choca frontalmente
con las declaciones efectuadas tanto por el que fuera alcalde durante
los 20 últimos años de la ciudad como por el actual concejal de Fomento,
que han afirmado que pagaron de su bolsillo este viaje, aunque no han
aportado documentación alguna, lo que convierte sus declaraciones en un
acto de fe frente a los papeles que tiene el fiscal.
Lozano
entiende que se podría haber cometido cohecho si los matrimonios no
desembolsaron el dinero de su bolsillo, y entiende que si esto fue así
deben declarar en el juzgado como imputados. «La principal circunstancia
para establecer que existe un posible cohecho es cuando quien realiza
el regalo –cuyo valor debe rebasar con claridad el llamado uso social
aunque no alcalce a mejorar objetivamente la situación económica del
funcionario– tenga intereses que dependan de las competencias de la
autoridad o funcionario público», indica el fiscal Anticorrupción, quien
se remite también a la ley de Transparencia de la Región publicada en
el BORM en abril de 2016. En esta norma, se establece que los políticos
«rechazarán cualquier regalo u obsequio cuyo valor supere los 60 euros y
no podrán acumular regalos procedentes de la misma persona, organismo o
empresa cuya suma de sus valores sea superior a los 100 euros durante
el periodo de un año».
Ahonda aún más en su argumentación y dice
que «observando en conjunto la actividad desplegada por el señor Ramón
Salvador Águeda, y ante su millonaria inversión en Murcia, se comprueba
la «contratación, negociación y supuestos agasajos a buena parte del
entorno municipal relevante que debe tomar decisiones sobre sus
proyectos, puede entenderse, al menos indiciariamente, que existe una
clara intención que presenta un marcado carácter delictivo de ánimo
dadivoso constitutivo de delito de cohecho, pues no resulta fácilmente
creíble que un empresario ilicitano venga a Murcia y se relacione
casualmente».
El fiscal en su escrito remitido al juzgado recuerda que Águeda regaló relojes al exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, imputado en el caso Umbra, y viajes en yate, acompañado de otros imputados en el caso Umbra.
También quiere Lozano que se
investigue la relación entre otra empresa del promotor ilicitano y una
firma de la que forman parte Sánchez Carrillo y Carlos Valcárcel,
hermano del expresidente Valcárcel. Además, el fiscal en su escrito
llama la atención sobre las cacerías por África en las que participaron
el que fuera gerente de Urbanismo Alberto Guerra, uno de los principales
encausados en el caso Umbra, Valenzuela y el exconcejal Carrillo, revela 'La Opinión'.
El cuñado de Cámara, también en la denuncia
El promotor
ilicitano que alquiló un avión privado para un viaje a Estambul contrató
además al cuñado del que fuera alcalde en los últimos 20 años, Miguel
Ángel Cámara, a través de su empresa Mira Llevant. Así lo especifica el
fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano en la denuncia que interpuso el
pasado lunes ante el juzgado de Instrucción nº 8 para que se abra
una pieza separada de investigación. Lozano indica en su escrito que
Gerardo Meroño Balsalobre, arquitecto técnico, recibió retribuciones de
esa empresa como persona física un año después de realizarse el
desplazamiento a Turquía. En concreto, cobró 25.179 euros en 2009 y
41.965 en 2010, circunstancia que el Ministerio Fiscal, socarronamente,
atribuye a un cúmulo de casualidades. La empresa del ´rey del ladrillo
de Elche´ también contrató los servicios de Daniel Valenzuela y su
mujer, también abogada. La pareja, al parecer, recibió de esta firma
cerca de 200.000 euros, según indica el fiscal en los papeles remitidos
al juzgado.
Intentó desgravarse el yate como oficina
- El ´rey del ladrillo de Elche´ intentó desgravarse en la Renta un yate de casi 15 millones, una de sus propiedades más preciadas, como si fuera su oficina de trabajo; detalle que no ha pasado desapercibido para el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano. El Ministerio Público conoce bien este barco, el ´Samurai One´. Tiene más de 40 metros de eslora, llegó a ser uno de los más grandes y lujosos de España en su categoría y en él se celebró la fiesta a la que asistieron, entre otros, el que fuera concejal de Urbanismo Fernando Berberena, su número tres en la Gerencia, Joaquín Peñalver, y el ingeniero Renato de Noce, los tres imputados en el caso Umbra. Lozano en la nueva denuncia interpuesta por el viaje a Estambul indica que ese afán de desgravarse el yate como oficina «redunda en el hecho de pensar que la asistencia al yate no era una mera cuestión lúdica, sino también para realizar negociaciones sobre sus proyectos en marcha».
Un presunto cohecho, ¿prescrito?
El fiscal Anticorrupción Lozano tuvo conocimiento del viaje a Estambul por las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el promotor de Elche Ramón Salvador Águeda por la denuncia que puso el FROB por el Banco de Valencia y Bancaja.Para el fiscal, si los invitados que acompañaron al empresario en su viaje a Estambul no pagaron de su bolsillo los gastos, y se acredita que fue un regalo o una invitación de Águeda, «podría entenderse que se trata de un delito de cohecho».
En este tipo de delito hay que tener en cuenta si se califica como propio o como impropio, ya que cada uno cuenta con unas penas distintas y, lo que es más importante en este caso, la prescripción del posible delito. El delito impropio se establece, según las leyes, cuando se recibe un regalo o dádiva por el cargo que se ocupa. Uno de los casos más polémicos de los últimos años de cohecho impropio ha sido el de los trajes de Camps.
Por contra, el cohecho propio se determina cuando se han recibido regalos relevantes y de valor económico elevado a cambio de tomar decisiones que beneficien a la persona que los ha realizado. Fuentes consultadas por esta Redacción explicaron que depende del delito del que se esté tratando la prescripción es variable y añadieron que en este asunto habría que aplicar el Código Penal vigente de 2008. Esa ley establece una prescripción de tres a quince años, recuerda 'La Opinión'.
El 'rey del ladrillo' que empezó por los pies
Nadie conoce como él lo que es el lujo. Este empresario de Elche, que se ha revelado como una pieza clave en distintas investigaciones judiciales en Murcia –en uno de los casos, el Barraca, ya está imputado–, llegó a tener el mundo a sus pies con un yate, en su momento el más imponente del país, y con una cartera de la que sacaba, de una tacada, miles de euros para fletar aviones que llevaran a ´sus conquistas´ políticas a destinos de ensueño.
Espabilado para los negocios y amante de las obras de arte y de los relojes caros, no siempre se dedicó al sector de la construcción. Este hombre, que llegó a ser uno de los más importantes en los ambientes del ladrillo del Arco Mediterráneo, empezó en calzados Paredes, una firma importante en su momento en la que prosperó dentro del organigrama, ascendiendo a puestos más o menos de relevancia.
Sin embargo, decidió dar un cambio a su vida laboral y se metió de lleno en el ladrillo. Se hizo rico en su ciudad natal –allí se le conoce como ´el rey del ladrillo´ ilicitano– y comenzó a ampliar sus tentáculos. Puso su vista en Alicante, una ciudad importante que también se ha visto perjudicada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Con olfato avispado se dio cuenta de que ahí pinchaba en hueso, ya que tendría que batirse con otro promotor inmobiliario: Enrique Ortiz, también conocido en Murcia porque una de sus empresas trabajó en la puesta en marcha del tramo cero del tranvía. No obstante, tuvo algún coqueteo con Ortiz, que le llevó a estar imputado en el caso ´Brugal´.
Así, Águeda viró su periscopio hasta la capital del Segura. Encontró el calor de políticos y funcionarios, a los que invitó en su carísimo yate cuando estaba tramitando en Murcia un importante proyecto urbanístico. También subió en 2008 a un avión privado, nada más y nada menos, al mismísimo alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, que siempre había tenido una imagen de austeridad, discreción y poco dado a la fiesta. Ahora, se ha conocido ese viaje demoliendo esa fama ganada casi en 20 años de mandato, siempre según relata 'La Opinión'.