MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de cuatro y dos años
y medio de prisión para los exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM)
Roberto López Abad y el murciano Juan Ramón Avilés por la
"sinvergonzonería" que cometieron al adjudicar dietas a los miembros de
una participada de la caja "por no hacer nada".
Así lo ha
expuesto el fiscal Luis Rodríguez Sol durante la quinta sesión del
juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra ambos
exdirectivos, a los que reclama además que se les condene a indemnizar
bien al Banco Sabadell, -entidad a la que fue adjudicada CAM por un euro
tras su intervención-, o bien a su participada Tenedora de Inversiones
(TI) en la cantidad de 1.494.029,99 euros.
El fiscal acusa a
López Abad y al fallecido presidente Vicente Sala de haber incurrido en
un fraude de ley al haber creado una comisión de control en esta última
sociedad, participada al 100 % por CAM, para adjudicar a sus miembros
-que eran los mismos de la comisión de control de la caja, incluido el
propio Avilés, que la presidía- unas dietas que no les correspondían.
"No se trabajaba nada entre reunión y reunión, tenían un enorme grado
de desconocimiento de sus funciones", ha subrayado el representante de
Anticorrupción, que ha añadido: "era como asistir a una conferencia, uno
va, se sienta y escucha lo que se le dice y como mucho hace preguntas
al final".
Puesto que "no tenían ninguna responsabilidad ni
derecho a cobrar absolutamente nada, pedimos algo tan razonable como que
devuelvan lo que recibieron y que no tenían ningún derecho a cobrar",
ha dicho sobre los 18 miembros de esa Comisión de Control de TI, a los
que considera partícipes a título lucrativo y por ello cree que deben
afrontar la cantidad de forma solidaria con los acusados.
El
organismo en TI se creó en 2005 y estuvo activo hasta 2011, periodo en
el que se cobraron dietas, incrementadas de manera sucesiva hasta
multiplicarse por 150, de entre 9.000 euros y los 308.000 que se
desembolsó el propio Avilés, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de
Murcia.
Además, el fiscal se ha referido a los préstamos que
recibió de manera presuntamente irregular a una sociedad vinculada a
Avilés, La Vereda de Sucina, que controlaba mediante sociedades
interpuestas y varios familiares por valor de casi 17 millones.
Para eludir el control del Instituto Valenciano de Finanzas y renovar
sus préstamos, simuló un traspaso de acciones a su hermana, que ingresó
90.000 euros en una cuenta que le había dado la esposa del acusado, el
cual evitaba así un impago que le hubiera obligado a abandonar su puesto
en la Caja.
"El préstamo tenía muerte cerebral, no se podía
reanimar y mantenerlo era perjudicial para la Caja; era como una bola de
nieve, la deuda va creciendo", ha relatado.
Mientras, el letrado
Carlos Gómez-Jara, que ejerce la acusación particular en nombre del
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la Fundación CAM, ha mantenido
también su petición de cárcel de seis años para López Abad y de diez
para Avilés.
Asimismo, ha reclamado una indemnización de 4,9
millones por el "quebranto" derivado de los préstamos para el Fondo de
Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones
antes de la venta de CAM al Sabadell.
"El FGD hace la labor de
bombero del sistema financiero, y si tiene que soportar lesiones por su
intervención, hay que indemnizarle, y cada culpable deberá hacerlo en su
proporción", ha concluido