MADRID.- La organización de consumidores FACUA ha detectado diferencias de hasta
el 339 por ciento en las tarifas del agua de un total de 28 ciudades a
lo largo de 2014, que revelan distancias de precio de hasta casi 440
euros al año.
La citada organización de consumidores exige medidas que eviten la privación de este recurso
a las familias que no puedan hacer frente al pago e insta a que se
apliquen tarifas progresivas que facturen en función del número de
habitantes de cada vivienda y penalicen los consumos excesivos.
En
concreto, las tablas de precios de estas ciudades reflejan variaciones
de hasta 439,80 euros al año en una vivienda con un consumo de 10 metros
cúbicos mensuales teniendo en cuenta las cánones y recargos que se
aplican en muchas ciudades.
Teniendo en cuenta los contadores de
13 milímetros y un consumo de 10 metros cúbicos de agua mensuales, los
murcianos son los que pagan el agua más cara de España, a 29,35 euros;
seguidos por Barcelona, 23 euros, y Cádiz 22,82 euros. En el lado
opuesto, disfrutan del agua más barata los vallisoletanos, con un precio
de 10,82 euros, independientemente del calibre del contador (13 o 15
milímetros); zaragozanos, a 11,31 euros, y salmantinos, a 12,49 euros.
Por
su parte, con un consumo de 10 metros cúbicos y con un contador de 15
milímetros, los precios mensuales más caros son los que se abonan en
Alicante (47,57 euros, donde menos del 1% tienen instalados contadores
de 15mm), Murcia (29,35 euros) y Huelva (24,08 euros).
En cuanto a
los incrementos de tarifa, según FACUA, las mayores subidas se han
producido en Ciudad Real, con un incremento del 11,6 por ciento para un
consumo mensual de 10 metros cúbicos independientemente de que el
contador sea de 13 o de 15 milímetros; Barcelona, con una subida del 8,4
por ciento, y Bilbao, con el 7,5 por ciento.
A este respecto, la
organización estima que estas subidas de tarifas además de obedecer a
los incrementos aprobado por las empresas suministradoras de agua,
también responden a los aumentos de los cánones o a la aparición de
otros nuevos por parte de municipios, provincias o comunidades
autónomas.
A su juicio "el concepto de ahorro o despilfarro no
puede desvincularse del número de residentes de la vivienda", por lo que
cree que se debe avanzar en la facturación por habitante y en la
aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos
excesivos. En la actualidad, sólo Málaga y Sevilla cuentan con tarifas
vinculadas al número de personas que residen en la vivienda.
Sin
embargo, hay algunas ciudades que a partir de cuatro miembros o más en
el núcleo familiar aplica tarifas distintas, como La Coruña y Barcelona,
que en 2014 ha comenzado a considerar familia numerosa a partir de
cuatro miembros.
En otros diecisiete municipios se tiene en cuenta
si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de
tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de
aplicarles tarifas más reducidas.
La asociación señala que, en
algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias
numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a
situaciones como aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en
paro o pensionistas con bajos ingresos.
Ante
esta situación, la organización reclama que se incluyan tarifas sociales
que tengan en consideración a los colectivos desfavorecidos y que se
articulen medidas para evitar la privación de un suministro "esencial y
básico" a aquellas familias que les resulte imposible hacer frente a su
pago. Así, recuerda que el agua ha sido declarado derecho humano por la
ONU.
Por otro lado, cree que es "necesario" que los ayuntamientos y
entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores
a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. En España, el suministro
domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo
gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través
del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas,
privadas o mixtas, señala FACUA.
De este modo, insiste en su
demanda de una norma marco que regule aspectos básicos de servicio,
estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del
servicio, reclamaciones, contratación y participación.
Igualmente,
estima que la normativa debería también abarcar las indemnizaciones a
percibir en caso de cortes de suministros por motivos que no sean de
fuera mayor o acciones de terceros así como la periodicidad de lectura
de los contadores y facturación.
FACUA considera que también deben
quedar recogidos en un marco legal las condiciones de presión y caudal
mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la
suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución
de las reclamaciones.
A ello se le añade la necesidad de
establecer una norma que clarificase el precio del agua y los conceptos
repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de
fomentar un modelo lo más claro posible, reclama FACUA.
Finalmente,
la asociación reivindica la obligación de que las empresas prestadoras
del servicio dispongan de teléfonos gratuitos y oficinas de atención a
los usuarios adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de
conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.