domingo, 29 de noviembre de 2009

Cerdá reclama mayor organización de cooperativas agrarias para poder controlar el mayor volumen posible de producción

CARTAGENA.- El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, advirtió hoy que la globalización de los mercados y el incremento de la competencia "está obligando al cooperativismo a afrontar nuevos desafíos". En este sentido, afirmó que ante un mercado "cada vez más abierto y concentrado es necesaria una mayor organización de las cooperativas agrarias para poder controlar el mayor volumen posible de producción".

Cerdá, quien hizo estas declaraciones durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Cooperativa Agrícola del Sureste, Suresco, ubicada en la diputación cartagenera de Pozo Estrecho, destacó la "motivación y tenacidad" de los socios de la cooperativa por transformar su actividad hacia la producción hortofrutícola ante la desaparición del cultivo del algodón.

Suresco, fundada en el año 1962 en Santomera, comenzó con el desmotado del cultivo algodonero, pero la entrada en vigor de la reforma del algodón con el régimen del pago único derivó su actividad hacia la manipulación de cítricos, principalmente, según fuentes del Gobierno regional.

Esta cooperativa genera 60 puestos de trabajo y tiene una producción de 20 millones de kilos anuales de limón, naranja, mandarina, pomelo, coliflor, calabacín, melón y sandía, entre otros productos.

En la actualidad, Suresco cuenta con una superficie de más de 165.600 metros cuadrados repartidos entre las localidades de Santomera, Pozo Estrecho, Lobosillo, y Las Palas-Fuente Álamo.

Por último, el responsable de Agricultura del Gobierno regional resaltó que las cooperativas agrarias de la Región de Murcia "facturan cerca de 900 millones de euros al año, lo que representa el 47 por ciento de la Producción de la Rama Agraria".

Ataques de cordura / Josep Torrent

Los ataques de cordura son tan raros en la Comunidad Valenciana que, cuando se producen, deberían celebrarse como lo que son: Auténticos milagros que habría que proclamar con disparos de masclets, calles engalanadas, bandas de música y vítores a sus protagonistas.

Esta semana hemos presenciado hasta tres ataques de cordura -ninguno de ellos protagonizado por nuestros dirigentes políticos, faltaría más- y, como es habitual, casi nadie se ha enterado.

Si hubiera sido a sensu contrario a buen seguro que una lluvia de confeti habría descendido sobre els folls (y nada ignoscents) que no en balde están bajo el manto protector de la Virgen de los Desamparados y del últimamente tan vindicado Padre Jofré.

Los héroes de la semana, por citarlos por orden cronológico, son Vicente Lafuente, presidente de la Federación Valenciana del Metal; José Vicente González, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, y Francisco Tomás, rector de la Universitat de València.

El primero -aleluya- denunció el despilfarro generalizado de las administraciones públicas. El segundo -hosanna-, hablando de la crisis, dijo: "Algo habremos hecho mal para estar como estamos". Y el tercero -loado sea Dios-, tras la pérdida del campus de excelencia, admitió: "Tenemos que aprender la lección".

Por extraño, sorprendente e inaudito que parezca, no le echaron la culpa al empedrado, ni a Zapatero (piove, porco Governo) ni a los seculares males que persiguen al bendito pueblo valenciano, objeto de todas las envidias.

Pero como todo haz tiene su envés, no faltaron los jeremías que creen que todas sus virtudes les son propias y sus desgracias, culpa de otros.

Al primero, le miró mal el Consell, que se consoló rápidamente pensando que más capones le habían caído al Gobierno socialista ("mal de muchos...") Al segundo, le torcieron el gesto sus colegas de algunas patronales que, de tanto practicar las reverencias, andan con problemas en las lumbares. Y al tercero no le enmendó la plana nadie, pero nadie aprendió la lección. Su compañero de la Universidad Politécnica de Valencia se apuntó al victimismo facilón y apeló a los sentimientos. Que un rector que debería ser el paradigma de la racionalidad apueste por las vísceras es, cuanto menos, preocupante. Y los políticos -¡ah!, los políticos- corrieron todos a señalar al culpable: Zapatero. Hasta Jorge Alarte.

Por suerte, al menos tres personas sufrieron ataques de cordura. No es poca cosa.

El PP corrige al conseller Gerardo Camps: 'Las cajas deben decidir libremente'

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha insistido en que deben ser las cajas valencianas -en referencia a Bancaja y CAM- las que decidan "libremente" sobre una posible fusión, y la ubicación de una futura sede central en el caso de realizarse.

Clemente realizó estas declaraciones en rueda de prensa para analizar la actualidad política de la Comunitat -junto con el alcalde de Castellón y coordinador general del PPCV, Alberto Fabra; y el vicesecretario general del PPCV, José Císcar-, tras ser preguntado por las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda, y vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, en las que indicó que "si hay fusión Bancaja-CAM, su sede operativa y fiscal debe estar en Alicante".

En este sentido, Antonio Clemente señaló que "el PP quiere, y la Generalitat también, que sean los órganos de las cajas los que decidan, de forma absolutamente libre, todo lo que a las cajas les puede afectar".

"Tendrán que hablar de fusiones y tendrán que decidir las sedes", declaró el dirigente 'popular', quien aseveró que "no nos corresponde a nosotros el hacer ningún tipo de valoración de unas personas que tienen esa responsabilidad y sabemos perfectamente que van a tomar la decisión más adecuada para las personas, los inversores, y también trabajadores", subrayó.

Por su parte, el alcalde de Castellón y coordinador general del PPCV, Alberto Fabra, tras ser preguntado que si el poder político de las cajas queda en Valencia y el económico en Alicante, cuál sería el papel de Castellón, señaló que en la Comunidad "somos muchos los municipios y tres provincias", así que "para vertebrarla todos tenemos que contar, independientemente de donde se encuentren las sedes o los centros de decisión".

Alberto Fabra coincidió con Clemente y aseguró que "tienen que ser las propias cajas las que deben decidir" donde ubicar la sede central, en caso de que esa fusión se produzca.

No obstante, agregó que "lo importante, en este caso, es que queremos tener un Comunidad fuerte en todas las provincias" y apostó porque "haya una representación en todos los órganos de decisión de las tres provincias, independientemente de donde se encuentren las sedes".

Jorge Alarte defiende la independencia de la CAM

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha afirmado en Novelda que "lo mejor para Caja Mediterráneo (CAM) será lo que la sociedad alicantina quiera y no lo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decida por capricho".

Alarte realizó estas declaraciones minutos antes de asistir a la clausura del primer congreso de alcaldes y portavoces socialistas de la provincia de Alicante.

A su juicio, "da igual con quien se fusione -en alusión a CAM-, lo importante es escoger la mejor opción para la economía alicantina".

Asimismo, ha lamentado que el vicepresidente de la Generalitat, Gerardo Camps, "pusiera en duda el futuro de una entidad en la que miles y miles de personas tienen puesta su confianza y su futuro".

"Pedimos hace tiempo que Camps -el presidente- se fuera y ahora pedimos, además, que se vaya el otro Camps -en referencia al conseller-", ha señalado.

Según el máximo dirigente de los socialistas valencianos, el PSPV-PSOE defiende la integridad de CAM, Bancaja y Caixa Ontinyent, "y no aceptará una fusión que no suponga un consenso social, en el que participen los empleados a través de los sindicatos".

Un consenso, ha agregado, que también debe ser político y territorial, "pues sin Alicante no hay nada que hacer".

Además, ha apostado por "hablar desde la lealtad y el respeto para que la Comunidad Valenciana tenga su peso en el sistema financiero".

Respecto a la designación de los candidatos socialistas a las Alcaldías de cara a las futuras elecciones municipales, Alarte ha asegurado que todavía "no es momento para pensar en esto".

"El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nos ha pedido a los secretarios generales y al comité federal que ese debate se produzca después de la presidencia europea", ha afirmado.

"Ese será el momento", según ha aseverado Alarte, "para presentar en los 541 municipios de la Comunidad Valenciana a los mejores candidatos al servicio de la gente y del proyecto de los socialistas valencianos, capacitados para liderar el cambio en la Comunidad Valenciana".

Murcia, cuarta región en defraudar a la Hacienda Pública

MADRID.- Los murcianos son, tras los andaluces, extremeños y canarios, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública, donde el 64,11 por ciento del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente, según un estudio del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Gestha también estima que más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco.

Los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 74 por ciento del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen las comunidades de Extremadura (69,80 por ciento), Canarias (64,51 por ciento) y Murcia (64,11 por ciento).

Gestha denuncia que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su "medida estrella", que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente una alquiler sumergido.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria algo está funcionando "muy mal".

"Debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos", indicó.

Ante esta situación, Gestha considera "imprescindible" que se cumpla la disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar medidas para que los técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones.

Los Técnicos de Hacienda confían en las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado lunes, sea un "primer paso" para una reforma que logre una delimitación mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario.

También sostienen que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.

Según el PSRM "derogan una disposición adicional de la Ley de Medio Ambiente sin que entre en vigor"

CARTAGENA.- El diputado regional del PSOE, Jesús López, denunció este domingo públicamente que el Proyecto de Ley de Tributos cedidos, Tributos propios y Medidas administrativas para el año 2010 --Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales-- "deroga una disposición adicional de la nueva ley de Medio Ambiente antes de su nacimiento".

Para López, este hecho "respalda las críticas que en su momento hizo el Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que se trataba de una ley, que elaborada por el Gobierno murciano, fue enviada a la Asamblea Regional para que el Grupo Parlamentario Popular la presentara y así evitar los diferentes informes".

Otra prueba de la "precariedad" con que se tramitó dicha ley fue "el elevado número de enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presentó a su propia Proposición de ley, unos días después de llevarla a la Cámara".

Tras lo que recordó que el PP "se auto enmendó en 88 artículos, el preámbulo, las disposiciones adicionales, las transitorias y los anexos".

Pero además, para el parlamentario socialista, "llama poderosamente la atención que la disposición adicional derogada por la Ley de Acompañamiento no formase parte inicialmente del texto, sino que se incorporó en el trámite de enmiendas".

"Una enmienda que presentamos los tres grupos políticos, cada uno por su parte, incluido el Grupo Parlamentario Popular y que pretendía regular el canon de vertidos al mar, aplicando los mismos criterios y fórmulas vigentes en la actualidad, algo que el borrador de la ley no incorporaba", precisó en un comunicado.

Por último, subrayó que el Gobierno regional "no ha dado ninguna explicación de todo esto. Ni siquiera en el debate que tuvo lugar en la Asamblea Regional, a pesar de que la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, lo puso de manifiesto".

Las JSE reivindican el cambio de modelo productivo

MURCIA.- El cambio en el modelo productivo que propone la Ley de Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros, centró los debates del VI Foro Institucional Joven, en el que también se reivindicó la apuesta por la innovación y sostenibilidad para salir de la crisis.

El foro, que reunió en Murcia a más de 150 cargos jóvenes socialistas de toda España, se inició con las intervenciones de Chus Greciet, secretario de Política Institucional de JSE; Joaquín López, secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM; y Rafael González Tovar, delegado del Gobierno en la Región de Murcia, informó JSE en un comunicado.

En este sentido, González Tovar explicó la "grave" situación que está viviendo la Región como consecuencia de la crisis y que en el caso de Murcia, "se está sufriendo con más virulencia que en otras comunidades como consecuencia de la mala gestión del PP, que en su momento convirtió la cultura del pelotazo urbanístico y del ladrillo en el único medio de crecimiento económico de la Región".

"Un Gobierno regional corto de miras, que en lugar de preocuparse por los problemas de los ciudadanos y buscar soluciones a los mismos, se empeña en centrarse en hacer oposición al Ejecutivo de España poniendo trabas a medidas y políticas capaces de crear empleo para los murcianos, como ocurre con la Ley de Dependencia", reprobó el delegado del Gobierno en Murcia.

Pese a todo, dijo estar esperanzado "ante la gran cantidad de posibilidades que presenta la nueva Ley de Economía Sostenible presentada por el Gobierno", tras lo que dejó claro que los socialistas murcianos "van a trabajar duro para conseguir revertir la situación y que Murcia se sitúe a la cabeza en la apuesta por las nuevas tecnologías, la innovación y el desarrollo de una economía sostenible capaz de lograr un crecimiento sostenido que garantice el presente y el futuro de los ciudadanos".

La nueva Ley de Economía Sostenible también centró el debate en la charla 'El papel de las Administraciones en el cambio de modelo económico', en la que participaron Manuel González, alcalde de Ceutí; Pedro Sánchez, diputado en el Congreso; y Pablo Uruburu, coordinador de la Secretaría de Educación y Cultura de la CEF del PSOE.

En su intervención, el alcalde de Ceutí destacó "las dificultades a las que se enfrentan los ayuntamientos como consecuencia de la crisis, ya que han disminuido los ingresos, pero siguen teniendo que prestar los mismos servicios a los ciudadanos"; razón por la que reclamó "más y mejor financiación para las administraciones locales".

Además, desgranó algunas de las medidas que pueden llevarse desde el ámbito local para contribuir a una economía sostenible, entre las que resaltó la necesidad de "propiciar un urbanismo basado en la sostenibilidad y la eficiencia energética; adaptar las ciudades a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la movilidad; o apostar por generar plataformas, nuevos polígonos industriales, en las que se instalen empresas diversificadas que se basen en la innovación y las nuevas tecnologías".

Según González, "el problema fundamental de la Región de Murcia es que no ha sido capaz de diversificar su economía, y ha basado su crecimiento económico en un solo sector, el del ladrillo, que al entrar en crisis ha provocado el derrumbe del entramado económico de la Región".

Por su parte, Sánchez puso de manifiesto que "del millón y medio de empleos que se han perdido en España como consecuencia de la crisis, más de 900.000 estaban directa o indirectamente relacionados con la construcción, lo que demuestra el error cometido por el PP, que en sus años de Gobierno propició ese modelo de crecimiento económico basado fundamentalmente en la construcción, a través de cambios legislativos como el de la Ley de Suelo, que facilitó especulación urbanística".

Sánchez, quien afirmó que la Región de Murcia y Madrid son dos de los principales exponentes de un modelo económico "basado en la insostenibilidad", defendió las medidas puestas en marcha por el Gobierno para conseguir la recuperación de la crisis.

Por último, Uruburu reclamó que "se incremente, todavía más, la inversión pública, para fomentar la calidad de las escuelas y universidades, conseguir que nadie se quede fuera del sistema, y capacitar a los ciudadanos a adaptarse a los enormes cambios que sufre la sociedad".

La Asamblea de los socialistas lorquinos ratifica a Soler Miras para que opte a la Alcaldía en las elecciones de 2011

LORCA.- La Asamblea de la Agrupación Socialista Lorquina ratificó anoche, con un 90%, la propuesta de la dirección local del partido para que Manuel Soler Miras opte a la Alcaldía de Lorca en las elecciones autonómicas y municipales de 2011.

Soler, que ya contaba con el apoyo unánime de la Comisión Ejecutiva Local y también con el aval del PSRM-PSOE, da así un paso más para encabezar la candidatura de los socialistas lorquinos en las próximas elecciones municipales.

El referéndum, de carácter consultivo, se realizó mediante votación secreta y arrojó el resultado de 171 votos a favor, 16 en contra y 3 en blanco, lo que se traduce en un apoyo del 90 por ciento a Soler, por parte del máximo órgano de la agrupación socialista.

El proceso entrará en su fase final cuando los órganos federales competentes, aprueben de forma oficial, las candidaturas, algo que está previsto que suceda el verano próximo cuando España abandone la presidencia de turno de la Unión Europea.

Biografía

Experto en economía social, Soler Miras fue fundador, en 1976, de la organización agraria Unión de Agricultores y Ganaderos (UAG) de Lorca --COAG--, de la que ha sido secretario del sector de ganadería porcina a nivel nacional y miembro de la Comisión de Porcino del COPA-Cogeca en el ámbito de la Unión Europea.

Como cooperativista, ha sido directivo de Agrosol, UAG, Agromur y Suagrilorca, en la mayoría de las cuales ha ejercido como presidente. Desde hace varios años preside Alimer, una de las cooperativas más importantes de la Región de Murcia.

Asimismo, fue presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) desde 1993 hasta octubre de 2002, y es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, según informó el partido en un comunicado.

Finalmente, en 2006 recibió el Diploma de Servicios Distinguidos a la ciudad que le concedió el Ayuntamiento de Lorca.

Para el PSRM, la nueva Ley de Economía Sostenible "ayudará a cambiar el modelo productivo de la Región de Murcia"

CARTAGENA.- La diputada socialista al Congreso por Murcia, Sara García Ruiz, destacó hoy que la nueva Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto de Ley fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, "permitirá cambiar el actual modelo económico y productivo de la Región de Murcia, que tantos problemas está ocasionando en esta situación de crisis".

A juicio de García, la Región "no puede quedar atrás", tras lo que advirtió que "corre grave peligro, porque su posición de partida es peor que la media de España por las políticas desfasadas del PP, y porque a pesar del fracaso del modelo económico e ideológico basado en las burbujas de cualquier tipo y en la especulación, insisten en ello, mientras que las derechas de otros países lo han desechado".

Para este cambio, argumentó, "se necesita que todos arrimemos el hombro, y aunque el PP ha estado en otras cosas desde que comenzó la crisis, Zapatero quiere conceder una nueva oportunidad, para lo que ha convocado la Conferencia de Presidentes con el fin de buscar el apoyo de las Comunidades"; un encuentro al que también serán invitados los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE.

En esta línea, la diputada socialista consideró que el presidente Ramón Luis Valcárcel y el PP "tendrían que cambiar su planteamiento ideológico si quieren ayudar a la Región y remar en la dirección correcta".

Así, García subrayó que "el primer objetivo es salir de la crisis, pero no de cualquier manera", por lo que las medidas tomadas para abordar la crisis, al igual que esta ley, tienen un objetivo común, que es "transformar el modelo productivo".

Criticó, de este modo, que el PP "aboga por un crecimiento a base de burbuja, ya sea inmobiliaria o de cualquier tipo"; algo que, advirtió, "desde el PSOE no estamos dispuestos a volver a poner a España en esa situación delicada".

Y es que, argumentó en un comunicado, "nuestro crecimiento ha de ser sustentado sobre pilares fuertes que no nos hagan tambalear en circunstancias adversas", tras lo que añadió que la Ley de Economía Sostenible "va a ser el marco para articular todas las políticas encaminadas a lograrlo".

"Estará ligada a la sostenibilidad medioambiental, con medidas de ahorro energético y de uso de energías renovables, pero aun mucho más que eso, porque la sostenibilidad ha de ser también económica y social", indicó.

Es decir, manifestó, "la España que debemos construir con esta ley como herramienta ha de ser sostenible económicamente, lo que significa una economía de mayor productividad, para lo cual es básico la innovación y la educación de calidad, y sostenible socialmente, con medidas eficaces de conciliación de la vida laboral y profesional".

Es para ello que esta nueva ley "incluirá reformas en el sistema financiero y organismos reguladores, medidas y reformas para lograr una Administración más ágil, eficiente y sostenible presupuestariamente, educación de primer nivel, y protección del medio ambiente", concluyó.

sábado, 28 de noviembre de 2009

Carta desde Murcia a propósito de la necesidad de conservación del yacimiento medieval de San Esteban

Estimados Señores Al Hassan y Bandarin

Mi nombre es... y les escribo en nombre de...

El motivo de esta carta es hacerles saber el atentado contra la cultura y la historia que se está cometiendo en Murcia, una ciudad del sureste de España.

Recientemente, en pleno centro de la ciudad de Murcia se ha encontrado, cuando se realizaban obras para la construcción de un aparcamiento subterráneo y a unos tres metros de profundidad, (en palabras del director del centro de estudios árabes), "el mayor yacimiento árabe de entre los siglos XI y XIII de España, comparable a los Reales Alcázares de Sevilla o un a barrio de Marrakech".

Sin embargo el ayuntamiento de Murcia, con la oposición de buena parte de la población, sigue empeñado en construir dicho aparcamiento y, según ellos, elevar parte de las ruinas (solo el 40%). Su intención es desmontar la totalidad del yacimiento pieza por pieza, guardar las ruinas y tras la finalización del aparcamiento volverlas a recolocar tal como estaban.

La opinión de los expertos, incluidos arqueólogos, catedráticos de Universidad e incluso el Colegio Oficial de Arquitectos, afirman que dicha elevación y el desmonte de 10.000 metros cuadrados de ruinas árabes es inviable, que los restos se destrozarían al subirlos al nivel del suelo de la ciudad actual, además que lo interesante y realmente asombroso es encontrarlo como está, con todas las casa encontradas (mas de 40, con sus patios árabes), con los palacios encontrados (8), con su mezquita también encontrada e incluso con un cementerio, con su trazado urbano (calles, avenidas, alcantarillado).

Los responsables del ayuntamiento de la ciudad en cuestión dejarían a la vista tan sólo 5 palacios totalmente descontextualizados, siempre y cuando "soportaran su elevación" (que no está claro), para satisfacer los intereses comerciales de cierto centro comercial que está en frente.

Desde aquí hacemos un llamamiento a la UNESCO para con su ayuda evitar esta barbaridad.

Muchas gracias por su tiempo.

Atentamente

El PSRM dice que la enmienda del PP a los Presupuestos podría modificar cláusulas del contrato con la concesionaria de Corvera

CARTAGENA.- El PSRM-PSOE advirtió hoy que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos de la Comunidad para 2010, con el fin de avalar con 200 millones de euros la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, "podría suponer una modificación de las cláusulas del contrato firmado entre el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel y dicha concesionaria".

Así lo expresó la diputada regional, Teresa Rosique, quien puntualizó que en este contrato "se recoge la renuncia que la concesionaria hizo cuando se presentó al concurso, en cuya oferta se comprometía a no recibir ningún tipo de ayuda económica de la Administración regional".

De este modo, denunció públicamente que con la presentación de dicha enmienda "los murcianos estarán obligados a pagar un proyecto que, en teoría, iba a salir gratis", y se mostró sorprendida por la petición del presidente Ramón Luis Valcárcel de que sea la empresa pública AENA "la que gestione esta infraestructura aeroportuaria".

"Si el Gobierno regional asume un compromiso de aval, con dinero de los murcianos, esto va a suponer una hipoteca de recursos públicos para avalar la financiación de algo que era responsabilidad exclusiva de la empresa concesionaria", advirtió Rosique, quien dejó claro, además, que "si Valcárcel libera a la empresa del compromiso de no obtener ninguna ayuda económica de la Comunidad, por una parte, y de la gestión, por otra, lo único que le deja a la empresa es el negocio".

Esto es, con la enmienda y las declaraciones del presidente, a la empresa concesionaria "se le exime de obligaciones y responsabilidades contraídas en el contrato, pero se le deja de manera intocable el negocio de la construcción del aeropuerto", reprobó.

Asimismo, la parlamentaria socialista recordó que el Gobierno regional adjudicó a una UTE, con la compañía Sacyr al frente, la concesión administrativa del Aeropuerto "para que se comprometiera a financiar, construir y gestionar el aeropuerto".

En cuanto al aval de 200 millones de euros, dijo no poder entender "cuáles han sido las razones del Gobierno regional para no incluir esta cuestión en la Ley de Presupuestos, y menos tratándose de la infraestructura regional más importante comprometida por el Gobierno autónomo".

"No quisiéramos pensar que esta actuación haya pretendido eludir los informes jurídicos que obligatoriamente deben acompañar a la Ley de Presupuestos", indicó.

Por todo ello, consideró que el Gobierno regional "debería explicar formalmente las razones que justifican que la Comunidad avale, ahora y con tan elevada cantidad, a la empresa encargada de financiar, construir y gestionar el aeropuerto internacional de la Región de Murcia".

En este sentido, fuentes del partido anunciaron que el PSOE va a exigir "las máximas garantías para la construcción y gestión de esta infraestructura, declarada de interés general".

'Huermur' presenta solicitud de BIC para el yacimiento medieval de San Esteban

MURCIA.- 'Huermur', como coordinadora de las asociaciones Pro-Patrimonio, ha presentado hoy en el Registro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la solicitud de incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del yacimiento arqueológico de San Esteban con categoría de Zona Arqueológica.

Tras el estudio del informe presentado por el técnico de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, las Asociaciones han decidido solicitar además, que no se tenga en cuenta la propuesta del traslado de los restos, basándose en las leyes de patrimonio histórico artístico nacional y estatal, la normativa contenida en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia y en las recomendaciones de la UNESCO sobre los yacimientos arqueológicos.

Una vez estudiadas estas normas 'Huermur' basa la solicitud presentada en los siguientes aspectos fundamentales:

"El jardín de San Esteban es un espacio público que forma parte del casco histórico de la ciudad de Murcia, en Zona con Protección Arqueológica con grado 2 y está incluida dentro del entorno de la iglesia y el Palacio de San Esteban, declarados ambos bienes de interés cultural

Según el propio informe del Servicio de Patrimonio, en el subsuelo del Palacio de San Esteban se han encontrado importantes restos, y tanto estos, como los posibles que pueda haber bajo la iglesia, pertenecen al arrabal de la Arrixaca Nueva (siglos XI-XII y XIII), en el que, según textos medievales, se describe como un espacio en origen ocupado por grandes residencias, jardines y huertas.

Si bien es verdad que este jardín a cota 0 carecía de interés desde el punto de vista del patrimonio cultural, a la luz de las excavaciones se demuestra la vinculación con el palacio de San Esteban y los restos encontrados bajo él, ya que en su conjunto forman un importante entramado urbano que se ha ido desarrollando durante los siglos XI-XII y XIII. Con esto HUERMUR quiere decir que a cota 0 el jardín forma parte del entorno de los BIC del palacio y la iglesia de San Esteban, pero a nivel del subsuelo hay un conjunto totalmente homogéneo y vinculado que según el art. 17 de la Ley de Patrimonio adquiere la misma protección que tiene el Palacio de San Esteban.

Por lo tanto HUERMUR considera que el resultado de las intervenciones arqueológicas tanto en el subsuelo del palacio de San Esteban como en el jardín, han puesto de manifiesto una secuencia ocupacional del palacio y su entorno. Con ello queda patente que el Palacio de San Esteban no puede ser considerado como una construcción aislada. Su significado y su identidad se han ido construyendo a lo largo de la historia, determinados por su ubicación y por los acontecimientos políticos y sociales que se han ido sucediendo. El resultado final es la configuración de un gran espacio en el que todos y cada uno de sus elementos forman parte indisoluble de un conjunto, formado por el Palacio de San Esteban, la iglesia y el yacimiento del barrio de la Arrixaca hallado en el jardín.

HUERMUR añade que es el mismo informe del Servicio de Patrimonio el que, en reiteradas ocasiones, reconoce el gran significado y la importancia de este yacimiento conteniendo, entre otras, la siguiente afirmación textual: “tras varios meses de excavaciones arqueológicas en el jardín y aledaños de San Esteban, han aparecido y se han exhumado los restos conservados de una importante e interesante zona arqueológica, un tramo de barrio islámico datado en los siglos XII y XIII, cuyo valor no es tanto su monumentalidad como la singularidad, única en la España con pasado musulmán, Al-Andalus, de poder preservar un sitio arqueológico donde las viviendas, las calles y su primitivo aparato urbano se conserven de un modo legible y comprensible, siendo una auténtica aportación al urbanismo islámico medieval de Murcia, pero también de toda España”.

Una vez estudiadas las opciones posibles de conservación a tener en cuenta propuestas por el informe de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, desde HUERMUR se alerta sobre el posible peligro de destrucción del yacimiento, destacando que la solución propuesta es la peor desde el punto de vista de la conservación, ya que provocará daños irreparables en el yacimiento y obstaculizará el uso del espacio público del Jardín de San Esteban.

En esta solución propuesta desde la administración Regional y secundada por el Ayuntamiento de “reimplantar” el yacimiento a una cota del terreno más elevada hay un error en la definición, ya que se habla de conservación “in situ” cuando realmente se está procediendo a un traslado de los restos a un espacio diferente del que ocupan en la actualidad, siendo indiferente que se trate de reubicarlos en una cota más alta o que la decisión hubiera sido trasladarlos a otro lugar. El daño irreversible a las estructuras por la técnica muy agresiva de desmontaje y posterior manipulación y almacenamiento se produce de igual forma.

A esto añade la Asociación la imposibilidad de trasladar ciertos materiales y pérdida de la técnica constructiva original, un mayor coste que otras alternativas y que con esta elección no se soluciona el problema de la erosión atmosférica (que no ha sido analizado en el informe de Cultura).

Además, con el traslado de los restos, se va a seguir necesitando de una importante gestión y mantenimiento, agravándose los problemas de vandalismo por encontrarse muy accesibles (tampoco ha sido analizado), y supondrá la pérdida del espacio público del Jardín de San Esteban ya que su superficie quedará obstaculizada por muros hechos en el siglo XXI con ladrillos del siglo XII. Unido a un agravamiento del problema de la contaminación al estar colocados los restos sobre un enorme aparcamiento que provocará una mayor circulación de vehículos en el entorno y salidas de gases procedentes del interior a la superficie.

A todas luces esta serie de problemas hacen que la solución propuesta sea para HUERMUR inviable desde el punto de vista de la gestión y conservación.

Junto a estos inconvenientes, las entidades PRO-PATRIMONIO indican que no se ha tenido en cuenta la propia Ley de Patrimonio de la Región de Murcia que en su artículo 34, sobre el traslado de bienes inmuebles de interés cultural, dice textualmente “Los bienes inmuebles de interés cultural, en cuanto inseparables de su entorno, no podrán ser objeto de traslado o desplazamiento, salvo que el mismo se considere imprescindible por causa de fuerza mayor o interés social”. En ningún momento se ha declarado la construcción del aparcamiento de San Esteban como una obra de interés social o general para la sociedad murciana.

Estos argumentos contrarios a la decisión del desmontaje del yacimiento se ven reforzados por el posible incumplimiento de las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, puesto que en ninguna de las tres formas de conservación contempladas en la normativa podría incluirse la propuesta de extracción y recreación con parte de los materiales extraídos, ya que esa acción haría imposible la declaración de los restos como monumento, siendo cuestionado a la vez que el espacio abierto resultante cumpla los requisitos de calidad y funcionalidad que establece dicho artículo.

También destacan las asociaciones que la solución de traslado a cota de superficie no sigue las recomendaciones de instituciones como la UNESCO – ICOMOS, incluida La Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-Artísticos, la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico ni los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico

Ante la posibilidad, como se cita en el informe, de que los restos conservados in situ pueden sufrir problemas derivados por la humedad, es necesario recordar, según HUERMUR, que hoy en día existen técnicas para controlarla en este tipo de recintos, sorprendiéndose de que los restos arqueológicos que hay en Murcia están todos a una cota parecida y nunca se ha propuesto elevar a cota 0 la muralla de Verónicas, la de Santa Eulalia o la maqbara detrás de San Juan.

Desde HUERMUR apuntan que tanto el yacimiento de la Barcelona romana en la Plaza de Rey de esa ciudad, como el foro romano situado bajo la Plaza del Pilar de Zaragoza son ejemplos de un gran patrimonio que se conserva in situ en su cota original y cubierto, constituyendo un reclamo de turismo cultural que enriquece y crea puestos de trabajo en ambas ciudades. En ninguno de esos yacimientos se tuvieron en cuenta argumentos tan peregrinos como los expuestos en este informe técnico a pesar de ser Barcelona, situada junto al mar y Zaragoza junto al río Ebro ciudades con un gran nivel de humedad.

Por otro lado señala HUERMUR que, esa amenaza descrita en el informe sobre los hipotéticos daños que ocasionaría la humedad por el hecho de encontrarse a cuatro metros de profundidad, debería ser también válida para impedir cualquier actuación en el subsuelo de la ciudad de Murcia, incluida la construcción de sótanos y de aparcamientos subterráneos.

Respecto a la búsqueda de restos del siglo XII, para lo que es necesario desmontar los restos superiores del siglo XIII, advierten las asociaciones sobre el artículo 39.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, donde se expresa que las restauraciones de bienes inmuebles deben respetar las aportaciones de todas las épocas y la eliminación de alguna de ellas sólo se deberá autorizar con carácter excepcional y sólo cuando supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuera necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Y en este sentido, la eliminación de los descubrimientos ya realizados pueden suponer la pérdida irreparable de información valiosa.

Con la dinámica de eliminar épocas más recientes para buscar las más antiguas, podría darse la absurda situación de destruir todo el yacimiento argumentando la finalidad de encontrar restos paleolíticos en los terrenos del jardín de San Esteban.

Por último, advierten las asociaciones PRO-PATRIMONIO que aceptar la propuesta reflejada en el informe con el desmontaje de los restos, podría suponer un grave incumplimiento de la Ley de Patrimonio estatal y regional al destruir la zona con protección arqueológica del Jardín de San Esteban y dañar el bien de interés cultural del Palacio de San Esteban a nivel del subsuelo, limitando las investigaciones posteriores y su valor científico a una mera recreación de los restos que una vez formaron parte del barrio árabe de la Arrixaca en Murcia.

Terminan señalando las entidades que un edificio construido hoy con ladrillos del siglo XII jamás podrá ser un edificio del siglo XII, ni por lo tanto gozar de la catalogación de patrimonio cultural. Si las autoridades murcianas deciden el desmontaje con la extracción de los restos tienen que ser conocedoras de que esa reimplantación posterior no será más que una recreación propia del escenario de un montaje teatral. Desde HUERMUR y el resto de asociaciones se piensa que la ciudad de Murcia, después de haber ido perdiendo durante años su patrimonio cultural testigo de su historia como pueblo, no puede ahora repetir los mismos errores".

La CAM tantea a Sa Nostra para dar los primeros pasos de una fusión

PALMA.- La CAM ha cortejado a Sa Nostra, pero ésta, en principio, le ha dado calabazas. La alicantina CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) baraja "todas las posibilidades" a la hora de buscar una fusión con otra entidad y en su abanico de opciones se encuentra Sa Nostra, que en cualquier caso afirma que «en este momento, tiene como objetivo principal la independencia».

La CAM ha propuesto a Sa Nostra realizar una "fusión virtual", según han confirmado a 'El Día de Baleares' fuentes cercanas a la caja alicantina. Dicha modalidad de fusión, conocida como SIP –Sistema Institucional de Protección– consiste en crear un ente común que protege a ambas pero permite mantener ambas marcas. Es decir, una especie de banco superior, paraguas de ambas cajas, que supondría "el paso inicial para una fusión a la larga", según fuentes del sector.

Pero la caja balear no quiere ni oír hablar de una fusión. "No estamos ajenos a los vaivenes del sector, pero ahora mismo la línea de fusiones no es una línea que se plantee en Sa Nostra", señalan desde la caja balear al tiempo que aseguran que "no se ha formalizado ningún acuerdo ni se está en vías de ello".

De este modo, los contactos de la CAM con Sa Nostra se habrían quedado en un simple tanteo. Y a esto es a lo que invitó el vicepresidente valenciano, Gerardo Camps hace unas semanas a las entidades valencianas Bancaja y CAM, "a tantear a Sa Nostra".

Mientras el PP valenciano propone abiertamente una fusión entre sus dos grandes entes, Bancaja, tercera caja de España, y CAM, cuarta, los directivos de ambas entidades no quieren verse sometidos a presiones políticas. La CAM ha flirteado, además de con Sa Nostra, con Caja Murcia y con Caja Madrid.

Si de algo puede haber servido la insistencia de la Generalitat en urgir a una fusión de CAM y Bancaja no es tanto para se avance con claridad en esa dirección sino más bien para que la caja alicantina explique que hay que caminar en alguna dirección, según 'El País'.

Traducción: la CAM apuesta por la fusión aunque aún no aclara con quién. Las opciones son tres: (cuatro reproduciendo la muletilla de que la caja puede continuar por su cuenta): la fusión con Bancaja, el SIP (Sistema Institucional de Protección, también conocida como fusión virtual) con Caja Madrid y el SIP con Bancaja y alguna otra entidad más pequeña de una zona próxima (Sa Nostra). Y CAM cree que hay que definir muy pronto.

La caja emitió ayer una nota tras el consejo y la asamblea inusualmente descriptiva y amplia aunque confusa en algunos aspectos.

La CAM explicó que el fondo de ayudas del Gobierno "únicamente se distribuye a aquellas entidades que estén en proceso de integración". Igualmente, se explicó a los consejeros que hay dos tipos de integración: el SIP ("un acuerdo de prestación de aval solidario entre socios") y la fusión mercantil.

La CAM no descarta seguir en solitario, pero advierte de que el sector se está remodelando y que los que no se integren pueden verse "descolgados y en desventaja".

La CAM apuesta porque si hay un proceso de integración con otra caja de ahorros la entidad resultante sea viable, solvente y aspire y tenga capacidad de ser uno de los líderes en su sector. También reclama que sea líder en aspectos sociales y considera fundamental que garantice la vinculación con la Comunidad Valenciana y Murcia.

La trinidad del crimen urbanístico acaba en Villena

ALICANTE.- Polop, Marbella y Pego. Tres lugares que poco tienen que ver entre sí pero que desde esta semana guardan un denominador común. Tres responsables políticos municipales de estas ciudades comparten barrotes en el centro penitenciario de Villena, según revela hoy 'El Mundo'.

Juan Cano, primer edil del PP en Polop imputado por el asesinato del ex alcalde Alejandro Ponsoda. Juan Antonio Roca, asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella en la era de Jesús Gil y Julián Muñoz e imputado por un sinfín de delitos contra la ordenación del territorio y blanqueo de capital.

Carlos Pascual, ex alcalde de Pego y acusado de agredir a varios funcionarios –entre los que se encontraba el jefe de la Policía local– y de crímenes ecológicos. De hecho, a Pascual (esposo de la actual líder local del PP) se le impuso la pena más elevada jamás impuesta a un responsable política por esta causa, con seis años de privación de libertad.

La corrupción urbanística y política en los ayuntamientos españoles ha traspasado esta semana la barrera de las líneas que marcan el juego democrático. La costa española se ha convertido en un polvorín del que se vale la camorra siciliana para imponer su ley.

Sexo, asesinato, amenazas y dinero es lo que ha marcado a Cano, Roca y Pascual durante su actividad pública. Ahora, la codicia ha unido a estos tres hombres que se encuentran recluidos en la cárcel de esta ciudad de la provincia de Alicante.

Por el momento, Juan Cano permanecerá en su celda hasta que se esclarezca el móvil del asesinato a tiros del que fuera el máximo responsable política desde 1995 hasta su muerte en 2007 de Polop.

Las hijas de Alejandro Ponsoda han desvelado en estos días el miedo y las amenazas que había sufrido su padre durante sus últimas semanas de vida. Y es que Ponsoda algo intuía pues la noche electoral del 27 de mayo de 2007 –fecha en la que revalidó su mayoría absoluta– aseguró a una emisora local de radio que «tengo la misma sensación que si hubiera perdido las elecciones–.

Ponsoda se vio obligado a readmitir en esos comicios a Juan Cano y el hombre de confianza de éste, Ximo Montiel. Durante una legislatura el PP de Alicante los apartó de la formación popular después de una supuesta extorsión a un empresario alicantino de al construcción por la concesión de una vado para los garajes de una promoción de viviendas.

Al parecer, Cano y Montiel le habrían pedido 25.000 euros a cambio de darle el ok. El empresario pagó, pero también grabó la conversación y el PP lo solucionó sin la necesidad de llegar a los tribunales, según confirmaron fuentes cercanas al ayuntamiento polopino.

Entre 2003 y 2007, Cano no estuvo como regidor pero intentó que Ponsoda retirará las competencias al entonces edil de Urbanismo, Juan Andrés Llorens (PP), para asumirlas él como asesor urbanístico municipal. Un cargo que ocupó durante más de una década Juan Antonio Roca en Marbella y del que ahora Cano tendrá mucho que aprender en la cárcel de Villena hasta que se diluciden los hechos.

Por cierto que Roca se encuentra en esta penitenciaría a la espera de ser juzgado en San Javier, Murcia, por supuesta implicación en la operación Ninette -blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho en Los Alcázares-.

Paradójicamente, el máximo implicado en la Operación Malaya en Marbella se encuentra relativamente cerca de el famoso tigre que tenía en su residencia, quien fue acogido en el centro de acogida de animales El Arca de Noé en Benimantell, hace ya tres años.

En esta población del interior de la provincia alicantina este felino compartió espacio con varios tigres del ex domador Ángel Cristo o con los osos que Rodríguez Menéndez también tenía en su casa. Ahora es Juan Antonio Roca quien comparte hábitat especializado para criminales con Juan Cano y Carlos Pascual.

El escándalo sigue rodeando el incierto proyecto del aeródromo de Corvera

MURCIA.- La Asociación de Afectados por la Expropiación de terrenos para el oficialmente denominado 'Aeropuerto Internacional de Murcia' reclamó hoy que el aval de la Comunidad Autónoma para la finalización de las obras de dicha infraestructura "incluya el pago de las indemnizaciones".

Tras tener conocimiento de que dicho aval con el que el Gobierno regional quiere "respaldar" a la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Corvera, liderada por la constructora Sacyr Vallehermoso, asciende a un préstamo de 200 millones de euros, los afectados consideraron "lógico y justo", que en ese crédito avalado con fondos públicos "se incluya también el dinero para hacer frente a las indemnizaciones que se adeudan desde hace ya varios años".

Por este motivo, la Asociación se ha dirigido a los tres grupos de la Asamblea Regional con el fin de que en el debate de la disposición adicional a la ley de Presupuestos de la Comunidad que permita dicho aval "pueda ser incluido este aspecto tan importante para los propietarios afectados por este proyecto de interés regional", informó COAG en un comunicado.

El pasado 13 de marzo, más de medio centenar de afectados se concentraron a las puertas de San Esteban --sede del Ejecutivo murciano y donde los viernes se celebra habitualmente el Consejo de Gobierno-- por considerarse "atracados" por la oferta que ha realizado la concesionaria de esta infraestructura en el precio de las expropiaciones.

Incluso, mostraron diversas pancartas en las que se pedía que 'Valcárcel dé la cara', 'Ballesta dimisión', 'Si eres el avión, ves volar la tierra, has de pagar', y 'La Administración regala las tierras a la empresa privada y los propietarios nos quedamos sin casa, sin tierra y sin dinero'.

viernes, 27 de noviembre de 2009

La Región de Murcia aboga por una reforma de la PAC en beneficio de la agricultura mediterránea

MURCIA.- El director general para la Política Agraria Común (PAC), Joaquín Maestre, defendió esta semana en Bilbao la necesidad de una reforma de la PAC en beneficio de los estados miembros de la Unión Europea y, en concreto, de la agricultura mediterránea, en el marco del encuentro internacional 'La PAC más allá de 2013. Un debate necesario', organizado por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Maestre, que intervino en la mesa redonda 'El posicionamiento de las comunidades autónomas españolas ante el futuro de la PAC', explicó que la reforma debería cumplir los requisitos de "las cuatro eses: segura, sencilla, sostenible y social".

Así, defendió la conveniencia de una seguridad económica "que vendría dada por la preferencia de los productos comunitarios, la regulación de las relaciones producción-distribución, el control de fraudes en el comercio interestatal y la existencia de una red de seguridad frente a la crisis y la volatilidad de precios".

Durante su intervención, remarcó la importancia de la seguridad alimentaria de los productos importados por Europa "que se destinan a 500 millones de europeos".

Es por ello por lo que consideró que "se debe exigir una garantía de calidad e igualar los requisitos y controles para todos los productos importados", además de proteger las figuras de calidad en los productos.

En cuanto a la seguridad jurídica, el director general defendió una "estabilidad jurídica exenta de continuos cambios", y también el establecimiento de los convenios que permitan la apertura y la estabilidad de mercados en países terceros.

En esta línea, fuentes del Ejecutivo murciano informaron que Maestre abordó la complejidad de la política comunitaria, de la que dijo, "debería existir una legislación clara y coherente, con una disminución de cargas burocráticas tanto para el agricultor como en la gestión administrativa".

Tras lo que resaltó que la PAC debería "reforzar el carácter sostenible del medio ambiente" y, en este sentido, destacó "el papel del agricultor como conservador de zonas rurales, recordando la faceta de la agricultura como sumidero de CO2". Por otra parte, defendió una mayor claridad de las normas de la condicionalidad y unas sanciones proporcionadas.

La importancia social del sector agrario también debería ser un condicionante para la reforma de la PAC, según el representante del Gobierno regional, "ya que es una actividad que crea en Europa 40 millones de empleos y se convierte en un sector estratégico de cara a la necesidad de alimentos".

Dicha reforma podría asegurar, además, "un mejor relevo generacional, al incluir una mayor protección social y laboral, y un apoyo a las zonas con dificultades naturales", afirmó.

En opinión de Maestre, "el principal objetivo de la PAC debe ser conseguir precios justos para la producción agraria que permitan la autonomía de los productores, y evite así la necesidad de una política basada en las subvenciones".

El Gobierno aprueba la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.

La nueva regulación, que incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea de prevención de estos delitos y los criterio para su aplicación, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como las entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y anticuarios, entre otros.

El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos, los sociales, que favorecen indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente "legitimar" el producto del delito, y los económicos, que introducen distorsiones en los movimientos financieros, e indirectamente en los reales, ya que los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.

Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre los sectores de especial riesgo, la nueva Ley regulará por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés), con lo que se reforzará el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.

En el terreno de la prevención, la normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporará nuevos sujetos obligados como por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros. Todas estas medidas se harán extensibles a la financiación del terrorismo.

Asimismo, la nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será el órgano responsable de la coordinación de la política de prevención entre los 27. Asimismo, se reforzará la función contra el blanqueo del Banco de España (BE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS).

La Asamblea de la CAM vuelve a las andadas con las cuotas participativas

ALICANTE.- La Asamblea General de la CAM aprobó hoy la propuesta del consejo de administración de autorización de emisión de cuotas participativas por un plazo de tres años, con amplia delegación en dicho consejo, incluyendo la posibilidad de emitir valores de renta fija, convertibles en cuotas, según indicó hoy en un comunicado la entidad financiera.

Los detalles de la aprobación contemplan volver a disponer de un plazo máximo de tres años para una posibles emisión, por un importe no superior al 17,5% del excedente de libre disposición atribuible a los cuotapartícipes.

La asamblea ya aprobó en noviembre del pasado año la petición del consejo de una autorización para una nueva emisión de cuotas participativas por un plazo de tres años.

En su momento, la caja ya indicó que esta petición se hacía "no con un objetivo" inmediato, sino para que cuando "llegue el momento --adecuado para emitir-- sólo necesite la aprobación del consejo", ya que la autorización de la asamblea tiene un periodo de vigencia de tres años.

Así, con esta nueva aprobación, la caja dispone de nuevo de tres años, a contar a partir de ahora.

El Gobierno Zapatero dió hoy luz verde a la variante ferroviaria de Camarillas

MADRID.- El Consejo de Ministros dio hoy luz verde a las obras de la variante de Camarillas, en el tramo Minateda-Cieza de la línea Chinchilla-Cartagena, de la red ferroviaria convencional por un importe de 26,25 millones.

La construcción de esta variante permitirá acortar la longitud del citado tramo ferroviario a casi la mitad (hasta 27,48 kilómetros desde los 44,25 kilómetros actuales), lo que redundará en una reducción del tiempo de viaje de quince minutos.

Esta actuación se enmarca en los trabajos que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento para mejorar el equipamiento y las prestaciones en la línea Chinchilla-Cartagena. El eje del que forma parte el proyecto se incluye dentro de la planificación para el desarrollo de la red de Altas Prestaciones para tráfico mixto definida en el Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte (PEIT) 2005-2020.

Una vez ejecutadas las obras de plataforma, esta actuación tiene por objeto la definición exacta del montaje de vía, renovación y elementos auxiliares de superestructura entre las estaciones de Agramón y Cieza (ambas incluidas), considerando la nueva variante de Camarillas.

El proyecto incluye la supresión del paso a nivel 366/051, ubicado en las inmediaciones de la estación de Agramón, mediante un camino que enlaza con el paso superior existente ubicado en el punto kilométrico 366/667.

La longitud total de la actuación es de 27 kilómetros de vía única general sin electrificar (9,7 de renovación y 18,3 de vía nueva). Debido a que la nueva variante da lugar a un tramo de 27 kilómetros sin paradas intermedias, se proyecta un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes que divide el tramo en dos cantones de 10 y 16 kilómetros respectivamente.

La solución adoptada supone el montaje y renovación de la vía general de ancho ibérico con carril UIC-60, traviesa polivalente PR-01 y balasto silíceo tipo 1. El tramo del túnel se monta con vía en placa tipo RHEDA 2000 polivalente.

Para la renovación de las estaciones, la vía general se montará con carril UIC-60, mientras que las vías de apartado se montarán con carril UIC-54. El resto de materiales en estaciones serán traviesas polivalentes PR-01 y balasto silíceo tipo 1.

Se sustituyen los aparatos de desvío existentes en las estaciones y el trazado en las mismas se optimiza para poder instalar estos aparatos de vía y conseguir mayores longitudes de apartado.

La CAM se siente "totalmente independiente" para decidir sobre posibles fusiones e incluso de continuar "sola"

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, afirmó hoy que la entidad se siente "totalmente independiente" a la hora de decidir sobre posibles fusiones e incluso de "valorar como una posibilidad importante el continuar solos en este proceso", aunque, según dijo, "al final" se valorará "entre todos" y se optará "por la mejor decisión para CAM".

Crespo y el director general de la caja, Roberto López Abad, atendieron a los medios tras la reunión del consejo de administración y de la asamblea general, acto en el que el presidente, preguntado por si la entidad se siente libre a la hora de tomar decisiones sobre posibles fusiones, aseveró que "por supuesto" que CAM se siente "totalmente independiente" sobre su futuro.

Además, indicó que, en caso de fusionarse, "trasladaría su cultura e ideal de caja también en ese futuro proceso que tengamos, sea con quien sea".

Respecto a una posible fusión con Bancaja, reiteró que es "una posibilidad más de las muchas que existen", ya que el "mercado está abierto a muchísimas posibilidades" y comentó que está "hablando con unos, con otros, porque hasta la propia cortesía obliga".

"La opción de Valencia sería una opción más a valorar y a estudiar, de las muchas que hay", y "tiene sus ventajas y sus grandes inconvenientes".

López Abad apuntó, en este sentido, que las "preguntas de los consejeros, todos representantes del personal, han ido dirigidas a expresar su preocupación ante un proceso de integración sobre si tendría costes de empleo".

Subrayó que "no hay planteado ningún proceso de integración hoy", aunque "sí es posible que se dé en un futuro", puesto que, según dijo, "todo el sector se está reestructurando" y la caja, "como una parte importante, líderes del sector, está estudiando alternativas y ya veremos si cuajan o no", dijo.

En relación con los costes laborales, consideró que "no hay costes significativos de empleo en los operaciones que ha hecho el sistema financiero español hasta hoy y no es previsible que los haya en el futuro en este contexto".

Preguntado por si esa afirmación descartaría la fusión con Bancaja por su coincidencia geográfica, indicó que "depende del tipo de operaciones que se busquen".

"A lo mejor optas por operaciones que tengan un coste menor en integración, porque las cosas en esta vida no son neutras, todas tienen algunas ventajas e inconvenientes", comentó.

No obstante, apuntó que "las integraciones suelen hacerse por la vía de prejubilación", de modo que "hay que valorar y arbitrar" porque esto "tiene un coste y hay que ver si eres capaz de asumirlo o no".

Por otro lado, respecto a si se produjo en la sesión de hoy alguna pregunta por las supuestas declaraciones del conseller Gerardo Camps sobre los resultados de la CAM de 2010, Crespo reconoció que "ha podido haber alguna valoración", pero opinó que la "valoración más positiva es el presupuesto que se ha aprobado para el año que viene, con unos beneficios estimados del orden de 200 millones de euros".

López Abad precisó que están presupuestando "un cierre en el entorno de los 200 millones que repetiríamos al año que viene".

Según resaltó, "2009 va a ser un año para CAM absolutamente excepcional" porque "el margen operativo de la cuenta de resultados más que se duplica en relación con el año anterior y, no obstante, lo que hemos hecho es dotar provisiones para un año que nos parece complicado para la economía española, que es 2010".

Durante la asamblea y el consejo, la dirección expuso que "las integraciones tienen sentido, en el contexto de crisis actual, para conseguir las ayudas que se precisan a nivel del conjunto del sistema financiero español, con el objetivo de afrontar con garantías los retos inmediatos a los que se debe hacer frente".

Además, agregó que "también se tendrá que hacer frente a la remodelación del sector porque muchas entidades se están planteando operaciones de integración para conseguir ayudas, y aquel que no lo haga se puede ver descolgado y en desventaja competitiva".

En esta situación, la CAM considera que "puede hacer frente sola a este contexto sin tener que recurrir imperiosamente a un proceso de integración" y, de hecho, "en esta línea se encuadran los presupuestos elaborados para 2010".

En cuanto a los criterios que la caja consideraría necesarios para seleccionar alternativas ante un "hipotético proceso de integración", citó que la resultante "sea viable en términos económicos, suficientemente solvente, capaz de generar recursos recurrentes en el medio plazo, estar mejor diversificada en los riesgos, con incremento de tamaño, y en resumen, con aspiración y capacidad para ser uno de los líderes del sector".

Asimismo, también apunta a que esa entidad "mantenga el liderazgo que se caracteriza en aspectos sociales", sea "capaz de generar un nivel elevado de confianza y responder a las expectativas que la sociedad --gobiernos regionales, representantes laborales, asociaciones empresariales y colectivos sociales--, tiene depositadas", además de "tener garantizada vinculación con los territorios de origen", Comunitat y Murcia, para "mantener un nivel importante de empleo cualificado, relación con sus clientes y proveedores y desarrollo de actuaciones en materia de Obra Social".

Por otro lado, el consejo decidió elevar a la Asamblea General los presupuestos de la Obra Social para 2010, que están "en consonancia con la evolución experimentada por los beneficios de la entidad a lo largo de 2009, por lo que la propuesta de presupuestos para 2010 se ve marcada por una fuerte contención del gasto, al objeto de poder desarrollar actividades con criterios de máxima calidad".

El consejo aprobó también la designación de Román Bono y Vicente Sala como presidentes honorarios de la caja y, a propuesta del presidente, acordó por unanimidad solicitar a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que proponga la entrega de la Medalla al Mérito en el Ahorro a Vicente Sala Belló, presidente de CAM desde febrero de 1998 hasta junio de 2009, por "su papel destacado en defensa de los intereses de Caja Mediterráneo".

La patronal valenciana afirma que la caja resultante de la fusión Bancaja-CAM sería "más eficiente" y "con mucha más capacidad"

VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), José Vicente González, manifestó hoy que la entidad resultante de una hipotética fusión entre Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM) sería "mucho más eficiente" y "con mucha más capacidad" que cualquiera de ellas, tras "haber reestructurado y haber racionalizado" sus plantillas por la "duplicidad tremenda de oficinas" que presentan.

González se pronunció así al ser preguntado por la posibilidad que Bancaja y CAM participen en procesos de fusión, acto en el que recalcó que "en circunstancias normales, ninguna de las dos cajas necesita fusionarse con nadie" y apuntó que, si esas circunstancias cambiaran, deberían estudiar fusiones con cajas de menor peso que aporten un importante volumen de negocio.

"Y si todas esas cosas no se dan, hay que empezar a pensar en la fusión regional, que tiene ventajas e inconvenientes".

Así, precisó que "la gran ventaja" de la fusión entre Bancaja y CAM sería "tener una caja muy potente" en la Comunitat Valenciana, "con centro de decisión aquí".

En cuanto a los efectos negativos que conllevaría la operación, apuntó que "el inconveniente seguramente mayor es que hay una parte que tiene serias reticencias", al que se une la "duplicidad tremenda de oficinas" existente, que obligaría a "racionalizar, y eso conlleva necesariamente una reducción del empleo".

Al respecto, puntualizó que "ese inconveniente tiene también una ventaja", ya que "en estos momentos hay ayudas en el FROB para hacer esas reestructuraciones y si eso se hace, y se hace bien, después de haber reestructurado y haber racionalizado, la caja que quedará como conjunto" de la fusión, será "mucho más eficiente y con mucha más capacidad, porque ambas se habrían quitado la grasa de encima".

Preguntado por si esa operación implicaría acumular demasiados productos inmobiliarios, indicó que "en la Comunitat Valenciana, ese inmobiliario ya está acumulado, lo único que haría sería ponerlo con un nombre solo, pero eso ya está", sentenció.

González reiteró que "en circunstancias normales, ninguna de las dos cajas necesita fusionarse con nadie" porque "superan ampliamente" la recomendación del Banco de España de poseer "como mínimo 50.000 millones de euros como activos", aunque matizó que "esas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, con alguna directiva del Banco de España, por ejemplo, en cuyo caso a lo mejor una fusión se hace inevitable", agregó.

Así, remarcó que, en caso de estudiar fusiones, no se debería mirar "hacia las cajas que están por encima de las cajas valencianas en el ranking de cajas", en el que Bancaja figura en el tercer puesto y CAM en el cuarto, sino "de ahí hacia abajo", dado que "hacia arriba no seria una fusión, seria una absorción, y nosotros queremos que los centros de decisión se queden en la Comunitat Valenciana", subrayó.

El presidente de la CEV alertó, no obstante, de que las "fusiones interregionales con cajas muy pequeñitas realmente no iban a resolver ningún problema", dado que únicamente permitirían "añadir un 5 o un 10 por ciento al negocio", mientras que en las fusiones con cajas que "podrían añadir mucho más, también hay que pensar si se dejan, porque una cosa es lo deseable y otra cosa es que quieran".

Llamazares cree contradictorio que el PP quiera luchar contra la corrupción y "pida la impunidad de corruptos"

VALENCIA.- El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, afirmó hoy que sería "contradictorio" que el PP "dijese que lucha contra la corrupción y propusiese medidas para ello y, al mismo tiempo, pidiese la impunidad de los corruptos", como ocurre, dijo, al "cuestionar" el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel), que calificó como un "instrumento esencial de lucha contra las redes ilegales" que "debe fortalecerse y consolidarse".

Por ello, consideró que el PP "no está luchando contra la corrupción, sino buscando la impunidad de los corruptos".

Llamazares se pronunció así hoy, en una rueda de prensa en Valencia, en la que explicó las 30 medidas que plantea su grupo en el Congreso de los Diputados para luchar contra la corrupción, que, según dijo, procede de un "modelo económico especulativo y de dinero negro, que afecta a una parte de la política y contamina al resto" y que "debe pasar a un modelo económico sostenible y social".

Para ello, propuso medidas contra la economía sumergida, que en España "supone el 20 por ciento"; de regeneración fiscal y de lucha contra la corrupción política. En este último aspecto, concretó que se debe modificar la Ley de contratos de la Administración Pública para evitar el fraccionamiento de los contratos; modificar la Ley electoral, puesto que "las enormes campañas que endeudan a los partidos son parte de la economía corrupta" y modificar el Código Penal, con el fin de endurecer las penas relativas a la corrupción política y económica, como el cohecho.

A su juicio, la "regeneración política en España tiene que pasar por medidas de transparencia y control de la financiación de partidos y la Ley de contratos públicos", entre otras cuestiones. Asimismo, instó a "dejar de utilizar la corrupción como instrumento de confrontación política y a adoptar medidas para luchar contra el origen de la misma" que es, dijo, la "economía especulativa".

Preguntado sobre la Ley de Economía Sostenible que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, manifestó que el Gobierno la ha "guardado como oro en paño" y los grupos parlamentarios "no saben nada", por lo que comentó que la espera con "expectación" porque cree que será "el inicio de un cambio del modelo de desarrollo", pero, al mismo tiempo, con "escepticismo y preocupación".

En esta línea, señaló que la crisis "está sobrepasando al Gobierno", que "da palos de ciego" y las medidas adoptadas hasta ahora en materia medioambiental no están dirigidas a un modelo de economía sostenible y resaltó que, además, el Ejecutivo "ha profundizado en una política fiscal regresiva".

Igualmente, se mostró "preocupado" por que en el caso de que dicha ley implique una reforma laboral, suponga un "recorte" en los derechos de los trabajadores. Por ello, pidió al Gobierno que "plantee un esfuerzo compartido" en el que "los que más tienen den más y los trabajadores no se vean perjudicados".

Por su parte, EUPV ha presentado en las Corts una Proposición No de Ley con 13 medidas contra la corrupción que Marga Sanz espera que se pueda debatir en un pleno del próximo periodo de sesiones, puesto que el modelo de crecimiento económico de la Comunitat Valenciana "ha sido --dijo-- paradigma del modelo corrupto, que compra volutandes".

Así, la iniciativa se estructura en cuatro bloques, el primero de los cuales se dirige a medidas para aplicar en la Administración autonómica y contempla la dotación de medios a la Fiscalía; la ampliación a 30 años de la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público a los condenados; limitación de regalos e invitaciones o exclusión de la contratación pública de empresas colaboradoras con operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes, entre otras.

En segundo lugar, se establecen medidas para el control de las contrataciones públicas, como el establecimiento de comisiones de control en las administraciones públicas y la creación de una Comisión parlamentaria especial en las Corts para el seguimiento de estas actuaciones.

Además, recoge una serie de reformas legislativas como la incorporación en "todo el ordenamiento legal" de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la modificación "urgente" de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en especial la supresión del agente urbanizados, porque, para Sanz, ha sido el "elemento clave para introducir la corrupción" en la autonomía.

El último bloque se dirige a aumentar la transparencia de la gestión pública y solicita una regulación de salarios de los cargos públicos para que no sean "escandalosos", la creación de un registro en el que consten las fuentes de ingresos profesionales y patrimoniales de los cargos de la Generalitat y otro sobre las recalificaciones de suelo y aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas, con el fin de que los beneficios obtenidos de las mismas "reviertan en la sociedad".

También incluye la redacción de un 'Código ético del cargo público' que respalde la "obligación de denunciar ante la Fiscalía cualquier actuación que pueda considerarse ilícita", fomentar la participación ciudadana en la vida pública y trabajar para hacer "real y vigente el pacto antitransfuguismo en todas sus facetas".

Preguntada sobre si respaldarán la proposición del PP de modificar el Reglamento de las Corts para incluir la obligación de que los diputados hagan pública su declaración de bienes, indicó que lo "estudiarán" porque, según lamentó, pese a las medidas anunciadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, los dirigentes del PP en la Comunitat "no son capaces de cumplirlas, por ejemplo en materia de contratos, porque los fraccionan todos los días".

Saura pide a Valcárcel “que no sea cómplice del expolio que se puede producir en San Esteban”

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, anunció hoy que va a pedir la comparecencia de Valcárcel en la Asamblea Regional “para que dé explicaciones sobre lo que está pasando con los restos arqueológicos hallados en el Jardín de San Esteban”, y además para pedirle directamente “que proteja nuestro patrimonio histórico, porque es una gran palanca para nuestra cultura y también para nuestra economía y nuestro futuro”.

“De lo contrario, va a ser cómplice del expolio que se puede producir con los restos de San Esteban”, añadió.

Saura declaró que “como murciano, no quiero que eso termine como muchos otros hallazgos arqueológicos de la Región de Murcia”.

“Le voy a pedir a Valcárcel en esa comparecencia que lidere la declaración de esos restos como bien de interés cultural (BIC). La Comunidad Autónoma tiene responsabilidad. No es algo de algo que pertenece sólo a los ciudadanos de Murcia, sino que compete y es de interés de toda la Región”, afirmó Saura.

Para Saura es importante la protección de los hallazgos arqueológicos de San Esteban porque “hablamos de restos que nos permiten reconocer perfectamente las características de nuestro pasado medieval. Lo que hay ahí es un rastro de vida urbana medieval muy notable, una parte importante de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y cultural”.

En ese sentido, Saura valoró los distintos movimientos ciudadanos que se están produciendo para defender la conservación de los citados hallazgos.

Cultura desmiente que se estén desmontando los restos arqueológicos del yacimiento de San Esteban

MURCIA.- La Consejería de Cultura desmintió hoy que los restos arqueológicos del yacimiento de San Esteban hayan comenzado a desmontarse ya que "el proceso de desmontaje para poder continuar la excavación y para poder, además, proteger el edificio de San Esteban -protegido en tanto que Bien de Interés Cultural- sólo se hará cuando se presente el proyecto pertinente y nuestros técnicos puedan evaluar que ese proyecto de adecua a todos los requerimientos técnicos necesarios para asegurar la perfecta conservación de los restos arqueológicos hallados", explicó el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Enrique Ujaldón.

Los directores de la excavación han enviado un informe a la Dirección General en el que indican que "no ha dado comienzo el desmontaje y traslado de los elementos o estructuras arqueológicas que conforman el yacimiento de San Esteban", así como que "los elementos o materiales que hasta la fecha se han guardado corresponden exclusivamente a ladrillos, fragmentos de ladrillo y mampuestos extraídos con metodología arqueológico durante el proceso normal de excavación".

Estos restos, continúa el informe, "no forman parte de las estructuras arquitectónicas documentadas que, hasta la fecha, se conservan in situ", señalaron fuentes del gobierno regional en una nota de prensa.

Además, los responsables de la excavación explicaron que, aunque cabría dentro de los procedimientos habituales de los trabajos, ningún material del yacimiento ha salido del mismo a día de hoy.

El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales aclaró al respecto que "se ha ordenado conservar estos elementos porque podían ser útiles para el proceso de restauración posterior". Por ello, estos materiales "fueron recopilados en su momento y están siendo almacenados para que sean conservados convenientemente", explicó.

Así, el objeto de guardar estos materiales es su posible uso posterior en el proceso de restauración de las estructuras de época islámica. Se trata en todos los casos de material constructivo -ladrillos, piedra, losas- amortizado en los niveles de relleno arqueológico y que no han llegado a nosotros en su posición arquitectónica.

Además, con anterioridad se extrajeron y almacenaron elementos estructurales correspondientes a las fases del siglo XVI en adelante para poder proseguir la excavación y llegar al nivel del XIII.

El yacimiento cuenta con las medidas de seguridad que, tanto de día como de noche, garantizan la protección de los restos en todo momento. En todos los casos, los trabajos en el yacimiento de San Esteban se están llevando a cabo de acuerdo a los procedimientos habituales de cualquier excavación arqueológica.

Sobre este asunto, la portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, pidió hoy que "dejen de hacer demagogia" con este tema e insistió en que se están "siguiendo los informes técnicos".

"No se está desmantelando nada en absoluto. Se está haciendo todo lo que sugieren los técnicos", y ha pedido que se deje de hacer "demagogia" con este asunto porque el Gobierno regional ya ha afirmado que las ruinas se mantendrán, pero ahora son los profesionales los que tienen que decidir de qué modo.

Sospechas de la plataforma

Miembros de la plataforma contra el aparcamiento de San Esteban presentaron anoche una denuncia ante la Guardia Civil porque, según afirmaban, podrían estar desmontándose los restos arqueológicos encontrados en las obras de ese recinto.

Por su parte, el coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, pedirá la dimisión del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, "si se desmontan, como parece que se empezó a hacer ayer con nocturnidad y alevosía", los restos arqueológicos hallados en las obras del aparcamiento de San Esteban.

En rueda de prensa, ha calificado de "barbaridad" lo que se pretende hacer con esos restos, pues "quienes avalan técnicamente este disparate son los mismos que hicieron la monstruosidad del parador de Lorca con informes contrarios del ministerio de Cultura".

También el secretario general del PSRM, Pedro Saura, ha pedido al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que promueva la declaración como bien de interés cultural de esos restos para que no sea "cómplice del expolio que se puede producir" con ellos.

Española de Zinc regresa a la Bolsa con una subida del 4,9%

MADRID.- Española del Zinc regresó este viernes parqué con una fuerte subida del 4,9%, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantase la suspensión dictada sobre la compañía al concurrir circunstacias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre dicho valor.

La compañía regresó al parqué a las 10.10 horas, tras un periodo de ajuste de diez y minutos, con un precio por acción de 1,39 euros, frente a los 1,32 euros a los que cerró el jueves, lo que supone una subida de casi el 5%.

La suspensión afectó a los títulos y otros valores de la compañía que pueden dar derecho a su suscripción o adquisición en las bolsas de valores y en el sistema de Interconexión Bursátil. La sociedad envió un hecho relevante a la CNMV sobre el acuerdo para recuperar unos terrenos que vendió a la inmobiliaria Quorum Capital.