La Audiencia Nacional sustancia la cuestión del 'Yak-42" obviando las responsabilidades de políticos

MADRID.- La Audiencia Nacional condenó al general Vicente Navarro a tres años de cárcel y a un año y medio a los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez por los errores en las identificaciones de las víctimas del accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, informaron hoy fuentes jurídicas.

La sentencia, notificada hoy por la Sección Primera de la Sala de lo Penal sin lectura pública, impone también seis meses de multa para Navarro. Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.

El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.

Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente.

Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.

El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas.

Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.

Trillo dice que respeta la sentencia del Yak pero no la comparte

El ex ministro de Defensa Federico Trillo rompió hoy martes su silencio sobre el accidente del Yak-42 tras conocerse la sentencia por la incorrecta identificación de 30 de los 62 militares fallecidos, y dijo que la respeta pero no la comparte.

"Tengo que respetar la sentencia, pero no compartirla, máxime cuando aún no es firme. Sigo pensando que los médicos militares actuaron al máximo de sus posibilidades y en circunstancias tan dramáticas como extraordinariamente difíciles y espero que pueda demostrarse en sucesivas instancias procesales", declaró Trillo en una comparecencia en la sede del Partido Popular en Génova.

El hoy coordinador de Justicia del PP indicó que no se pronunció durante el proceso por respeto a la Justicia y sobre todo "cuando el Tribunal no consideró necesario ni mi testimonio ni el de mis colaboradores civiles".

"Me impuse ese silencio frente a quienes por el contrario se han esforzado con contumacia en encontrarme responsabilidades en un juicio paralelo en el que previamente ya me habían condenado".

Trillo recordó que no se conoció la incorrecta identificación de los militares inmediatamente y cuando se tuvo noticia sostuvo "que la actuación de quienes habían intervenido en la repatriación de los cuerpos había sido de buena fe en todo momento"

"Pusimos todo nuestro empeño en organizar el retorno y los funerales con la máxima dignidad, sin que en ningún momento, como se ha afirmado falsamente, tuviéramos ninguna noticia sobre los errores en las identificaciones, que sólo empezaron a cuestionarse muchos meses después", manifestó.

Los familiares de los fallecidos en el accidente ya han anunciado que probablemente continuarán buscando responsabilidades políticas.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiso pronunciarse sobre la sentencia, indicando que acababa de conocerse y no había tenido tiempo para estudiarla. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, tampoco hizo declaraciones.

Posteriormente, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, aseguró ante los periodistas que el Gobierno "respeta y acata la sentencia, con conciencia de que los verdaderos responsables están ahí sentados" en referencia a la bancada del PP en el Congreso de los Diputados.

Alstom Ecotècnia instalará un parque eólico de 38MW en Yecla por 40 millones

BARCELONA.- Alstom Ecotècnia ha firmado un contrato con el grupo de energías renovables Elecdey para la instalación de un parque eólico de 38 megavatios (MW) en Yecla, por valor de 40 millones de euros, informó la filial de energía eólica de Alstom.

Según el acuerdo alcanzado, Alstom Ecotècnia se encargará del suministro, transporte e instalación de los aerogeneradores, así como de su mantenimiento durante los primeros años de funcionamiento. Eyra, contratista de Elecdey, construirá toda la infraestructura del parque.

El proyecto ha sido financiado por Caixa Catalunya y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de un crédito sindicado.

El parque eólico de Sierra Lácera dispondrá de 23 aerogeneradores. Los trabajos para la construcción del nuevo parque empezarán este mes y se prevé su finalización para diciembre.

Con la instalación de este parque, Alstom Ecotècnia amplía su presencia en el mercado eólico español, que se sitúa tercero después de Estados Unidos y Alemania en cuanto a base instalada en el mundo.

La compañía cuenta con cinco fábricas en España y más de 1.400 aerogeneradores instalados en 57 parques eólicos que suman un total de 1.500 MW de potencia.

Las ventas de camiones caen un 75,7% en abril y un 72,7% en el cuatrimestre

MADRID.- Las ventas de vehículos industriales en España se situaron en 897 unidades durante el pasado mes de abril, lo que se traduce en una reducción del 75,7% en comparación con el mismo mes de 2008, mientras que en el cuatrimestre las entregas de camiones cayeron un 72,5%, hasta 3.921 unidades, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam).

En conjunto, las ventas de camiones y autobuses durante el pasado mes de abril se situaron en 1.186 unidades, lo que representa una reducción del 70,9% en comparación con las cifras del mismo mes de 2008, mientras que entre enero y abril se vendieron 5.025 vehículos industriales y autobuses, un 68% menos.

Anfac y Ganvam señalaron que esta fuerte caída de las matriculaciones de vehículos industriales y autobuses tanto en abril como en los cuatro primeros meses del año ponen de manifiesto la importancia de poner en marcha medidas que ayuden a paliar estas reducciones.

"Es imprescindible que se tomen medidas para incentivar la demanda de este tipo de vehículos, ya que los pedidos están en mínimos históricos", señalaron.

Por segmentos, las matriculaciones de vehículos industriales ligeros (de entre 3,5 y 6 toneladas) alcanzaron 65 unidades en abril, un 57,2% menos, mientras que las de camiones medios (de entre 6 y 16 toneladas) cayeron un 64,9%, con 246 unidades. Además, las ventas de camiones pesados (de más de 16 toneladas) disminuyeron un 79,3%, hasta 586 unidades.

En el primer cuatrimestre, las entregas de camiones ligeros se situaron en 271 unidades, un 45,7% menos, mientras que las ventas de camiones medios bajaron un 60%, hasta 993 unidades, y las vehículos industriales pesados cayeron un 76,5%, hasta 2.657 unidades.

Por su parte, las ventas de autobuses, autocares y microbuses se redujeron un 26,8% durante el pasado mes de abril, hasta alcanzar 289 unidades. En los cuatro primeros meses del año descendieron un 23,4%, hasta 1.104 unidades.

Así, durante el mes pasado se vendieron en España 238 autocares y autobuses, un 22% menos, mientras que las entregas de microbuses (más de 9 plazas) bajaron un 43,3%, con 51 unidades. En el cuatrimestre, las matriculaciones de autocares y autobuses bajaron un 24%, hasta 878 unidades, y las de microbuses se redujeron un 20,7, hasta 226 unidades.

El TUE dictamina que es legal que la explotación de una farmacia se reserve exclusivamente a farmacéuticos

BRUSELAS.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó hoy que es legal que un Estado miembro reserve la tenencia y explotación de una farmacia exclusivamente a los farmacéuticos. Esta restricción a la libertad de establecimiento está justificada, según el TUE, por el objetivo de garantizar un abastecimiento de medicamentos a la población seguro y de calidad.

La sentencia rechaza así los argumentos de la Comisión Europea a favor de la liberalización de las farmacias y respalda expresamente las legislaciones italiana y alemana, que habían sido cuestionadas ante el Tribunal. El Ejecutivo comunitario también ha expedientado a España por las restricciones a la apertura de farmacias, aunque este caso todavía no ha llegado al TUE.

El Tribunal de Justicia señala en primer lugar que la exclusión de quienes no sean farmacéuticos de la posibilidad de explotar una farmacia o adquirir participaciones en sociedades de explotación de farmacias constituye una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales.

Sin embargo, deja también claro que dicha restricción puede justificarse por el objetivo de garantizar un abastecimiento de medicamentos a la población seguro y de calidad.

Cuando subsisten dudas sobre la existencia o el alcance de riesgos para la salud de las personas, explica la sentencia, el Estado miembro puede adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad de tales riesgos.

Asimismo, el Estado miembro puede adoptar medidas que reduzcan, en la medida de lo posible, un riesgo para la salud pública, incluidos, en concreto, los riesgos para el abastecimiento de medicamentos a la población seguro y de calidad.

En este contexto, el Tribunal de Justicia destaca el peculiar carácter de los medicamentos, cuyos efectos terapéuticos los distinguen sustancialmente de otras mercancías. Como consecuencia de dichos efectos terapéuticos, si los medicamentos se consumen innecesaria o incorrectamente pueden perjudicar gravemente la salud, sin que el paciente pueda advertirlo durante su administración, recuerda la sentencia.

Por otro lado, un consumo excesivo o una utilización incorrecta del medicamento supone un derroche de recursos financieros, que resulta tanto más perjudicial cuanto que el sector farmacéutico genera costes considerables y debe responder a necesidades crecientes, mientras que los recursos financieros que pueden destinarse a la asistencia sanitaria no son ilimitados, cualquiera que sea el modo de financiación.

Habida cuenta de la facultad reconocida a los Estados miembros para decidir el nivel de protección de la salud pública, éstos pueden exigir que los medicamentos sean distribuidos por farmacéuticos que tengan una independencia profesional real, resalta el Tribunal.

En este sentido, la sentencia afirma que, aunque es innegable que el objetivo de los farmacéuticos, al igual que el de otras personas, es la obtención de beneficios, en el caso de los farmacéuticos de profesión se supone que no explotan la farmacia con un mero ánimo de lucro, sino que también atienden a un criterio profesional.

Por lo tanto, prosigue el TUE, su interés privado en la obtención de beneficios está mitigado por su formación, su experiencia profesional y la responsabilidad que les corresponde, ya que una eventual infracción de las normas legales o deontológicas no sólo pondría en peligro el valor de su inversión, sino también su propia existencia profesional.

A diferencia de los farmacéuticos, las personas que no tienen dicha condición carecen, por definición, de una formación, experiencia y responsabilidad equivalentes a las de los farmacéuticos. Dadas las circunstancias, el TUE subraya que no ofrecen las mismas garantías que los farmacéuticos.

Por consiguiente, la sentencia deja claro que un Estado miembro puede considerar, en el marco de su margen de apreciación, que la explotación de una farmacia por una persona que no sea farmacéutico puede suponer un riesgo para la salud pública, concretamente para la seguridad y la calidad de la distribución de medicamentos al por menor.

El TUE afirma que no ha quedado acreditado que una medida menos restrictiva distinta del principio de exclusión de los no farmacéuticos permita asegurar, con la misma eficacia, el nivel de seguridad y calidad en el abastecimiento de medicamentos a la población que resulta de la aplicación de dicha exclusión.

A la vista de su margen de apreciación, un Estado miembro puede considerar que existe el riesgo de que se infrinjan en la práctica normas menos estrictas, tales como un sistema de controles y sanciones, dirigidas a garantizar la independencia profesional de los farmacéuticos puesto que el ánimo de lucro de una persona que no sea farmacéutico no está mitigado de un modo equivalente al de los farmacéuticos autónomos y la subordinación del farmacéutico, como trabajador por cuenta ajena, al titular de la farmacia podría dificultar que aquél se oponga a las instrucciones de dicho titular.

El Tribunal de Justicia concluye que la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales no se oponen a una normativa nacional que impide a quienes no tengan la condición de farmacéutico ser titulares de farmacias y explotarlas.

La sentencia dice también que no sólo es justificable la exclusión de quienes no sean farmacéuticos de la explotación de una farmacia privada, sino también la prohibición de que las empresas de distribución de productos farmacéuticos adquieran participaciones en las farmacias municipales.

España buscará incluir el Corredor Mediterráneo ferroviario en ejes europeos durante su presidencia de la UE

MADRID.- El Gobierno trabajará para incluir el Corredor Mediterráneo ferroviario dentro de los ejes de transporte prioritarios de la UE durante la Presidencia española de la UE en 2010.

Así lo aseguró hoy el ministro de Fomento, José Blanco, para quien el hecho de que esta infraestructura no se incluyera en 2003 por parte del anterior Gobierno constituyó un "claro déficit".

"Vamos a tratar de que en la Presidencia española de la UE se pueda incluir este eje de transporte", aseguró el ministro en declaraciones a Antena 3.

Blanco garantizó además que el Corredor Mediterráneo constituye "una prioridad" para el Gobierno, que pretende darle "un impulso".

Además, según avanzó, en las resoluciones que hoy se aprobarán en el Congreso también se conformará una mayoría de grupos parlamentarios "que comparten la prioridad del Gobierno de impulsar el corredor del Mediterráneo".

El ministro reiteró su intención impulsar otros "ejes vertebradores", entre los que destacó el Ave navarro, para cuya financiación acaba de alcanzar un acuerdo con la Comunidad Autónoma.

En este punto, Blanco reiteró su intención de "buscar en la concertación con las comunidades autónomas el mejor instrumento para planificar las inversiones y contribuir a la vertebración territorial de España, complemento de cohesión social, que genera igualdad de oportunidades y progreso viva uno donde viva".

Guardacostas argelinos detienen en el mar a 59 ilegales que se dirigían hacia Murcia o Almería

ORÁN.- Los guardacostas argelinos detuvieron ayer, en dos operaciones casi simultáneas frente a la costa oeste del país, a 59 emigrantes ilegales que intentaban cruzar el Mediterráneo para alcanzar el litoral español, a la altura del litoral de Murcia o Almería, según anunció ese cuerpo de seguridad.

Se trata del mayor número de emigrantes clandestinos detenidos en una sola jornada desde comienzos de este año.

Los arrestos se produjeron en dos operaciones diferentes, una frente a las costas de Orán, capital del oeste argelino, y otra frente a las de Ghazaouet, en la provincia de Tlemcen y cerca de la frontera con Marruecos.

Frente a Orán los guardacostas interceptaron alrededor de las cinco de la madrugada a un grupo compuesto de 45 personas, de entre 25 y 27 años, que se habían embarcado a bordo de dos lanchas neumáticas en la playa de Cabo Falcón.

Tres de los jóvenes detenidos en esta operación se encontraban en mal estado de salud, según la misma fuente.

Prácticamente a la misma hora frente a las costas de Ghazaouet, fueron capturadas otras 14 personas que viajaban a bordo de una vieja embarcación de pesca.

Ambas operaciones elevan a 116 el número de emigrantes ilegales detenidos en los últimos diez días en el este y el oeste del país, período que coincide con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas al país magrebí.

El Gobierno argelino endureció la legislación en materia de emigración ilegal con penas que pueden alcanzar hasta los seis meses de prisión para los implicados y hasta diez años para los miembros de las redes que organizan la travesía.

Pese a ello, centenares de jóvenes argelinos han seguido desde entonces intentando cruzar ilegalmente el Mediterráneo para dirigirse a España o Italia.

No obstante lo anterior, la Guardia Civil interceptó en Almería en las últimas horas un total de cuatro pateras con 65 inmigrantes a bordo en las aguas del del Cabo de Gata y en la playa de Loma Pelada en Níjar. Los ocupantes de todas las embarcaciones son varones y mayores de edad.

La primera de las embarcaciones fue avistada sobre las 16.45 horas de ayer lunes e interceptada una dos horas después a unas dos millas al este de la playa de Loma Pelada en el término municipal de Níjar. En ella viajaban 17 personas.

Miembros del Servicio Marítimo avistaron durante la tarde a otra segunda patera a dos millas de Cabo de Gata y rescataron a los 18 varones que había en su interior, todos ellos en buen estado de salud.

A las 18.20 horas, otra embarcación con 21 varones en buen estado de salud fue localizada a 11 millas al sur de la costa almeriense. Alrededor de dos horas más tarde, un patrullero de la Guardia Civil interceptó otra patera con nueve ocupantes.

También agentes de la Guardia Civil de Cartagena han detenido esta madrugada a 18 inmigrantes, todos varones y uno menor de edad, después de ser avistados cuando llegaban a las costas murcianas. La detención de 12 de los 18 inmigrantes se produjo a las seis de la mañana y los otros fueron detenidos cuando habían desembarcado en tierra, una hora después.

Puente Ojea: "Los partidos nos condenaron a tener una olla de corrupción"

MADRID.- El diplomático Gonzalo Puente Ojea, de 84 años, fue embajador de España en el Vaticano durante el Gobierno de Felipe González. Ha dicho al diario 'Público' cosas como las que siguen.

"Los llamados partidos democráticos entraron en el juego y nos condenaron a tener una olla de corrupción con una tapadera que se llama monarquía parlamentaria. Vivimos en plena inconstitucionalidad y, en los últimos tramos del Gobierno de Zapatero, en una disolución por la vía autonómica. Es una dictadura de partidos organizada para que los dos grandes tengan la mayoría".

"El virus republicano ha quedado totalmente extirpado. El PSOE hizo una ruptura histórica total, porque la Transición fue la gran estafa política de este país. Alegando que volverían los militares, intervinieron e impidieron que se volviera a instaurar una República, y además eliminaron el poder constituyente, porque la Constitución está elaborada por los procuradores en Cortes de la época de Franco. No se cuestionó la jefatura del Estado y eso sí se hizo en la República de 1931, que eliminó la Corona y promovió el laicismo".

"La República fue una página nueva en nuestra historia. Su núcleo y la causa de su destrucción fue el laicismo, porque la Iglesia se dio cuenta de que se jugaba el tipo y puso toda la carne en el asador. Esto no lo entienden los jóvenes porque no lo han vivido y porque en las escuelas el PSOE, que había hecho pactos, eliminó esa circunstancia de los planes de estudio."

"Están desquiciados (los jerarcas de la Iglesia) porque se acostumbraron a un régimen de monopolio de las conciencias, que es lo que fue España hasta la República. Y a eso hemos de volver, la Monarquía caerá en unos 20 años y se regresará a esa fórmula".

Murcia ´emplea´ a casi cien mil trabajadores de otras provincias

MURCIA.- Cerca de cien mil personas residentes en otras comunidades autónomas encontraron trabajo en la Región durante el año pasado, lo que supondría que en Murcia, a pesar de la crisis económica, se ha contratado cada día a unos 260 trabajadores foráneos, segun 'La Opinión'.

Así consta en el informe 'Datos básicos de movilidad de los trabajadores', publicado recientemente por el Observatorio Ocupacional del Inem, que destaca que fueron más las personas de otras comunidades que llegaron a la Región con un contrato laboral bajo el brazo que los murcianos que abandonaron su lugar de residencia para trabajar en otras autonomías españolas.

Los datos que aporta el informe son que en 2008 se realizaron en la Región un total de 675.136 contratos, de los cuales 580.390 fueron a trabajadores con residencia en Murcia y 94.746 a personas de otras provincias. Asimismo, indican que un total de 77.935 murcianos emigraron al encontrar trabajo en otros puntos de la geografía española, lo que supondría un éxodo diario de 213 trabajadores que salen de la Región frente a los 260 que llegan de fuera.

Este intercambio geográfico de mano de obra durante el año pasado terminó en Murcia con un saldo positivo de 16.811 empleados. De hecho, y según destaca el Observatorio Ocupacional, se trata de la tercera provincia que 'ganó' más trabajadores -sólo detrás de Madrid y Barcelona-. Los principales saldos negativos corresponden, por el contrario, a Badajoz, Asturias, Pontevedra, Granada, Cáceres y Alicante.

A pesar de todo, se especifica que todas las comunidades receptoras, como es el caso de Murcia, han reducido sus saldos positivos respecto a otros años, ya que debido a la crisis económica se ha detectado "una cierta ralentización en el crecimiento de la movilidad geográfica". Así, en el caso de la Región, el número de trabajadores foráneos contratados descendió en 2008 un 13%, mientras que el de los murcianos que emigraron por razones laborales bajó un 8,7%.

Alicante, principal emisor

El flujo de trabajadores más intenso se registra entre la Región y Alicante, según ha constatado el Observatorio Ocupacional del Inem en este informe, ya que en 2008 más de 17.188 residentes en Murcia fueron contratados en la provincia vecina, mientras que 33.553 trabajadores alicantinos encontraron trabajo en la comunidad murciana.

Le siguen en este intercambio de trabajadores Almería (a donde emigraron el año pasado 9.796 trabajadores de Murcia), Albacete (9.796), Valencia (7.362), Madrid (7.340), Barcelona (3.609) y Jaén (3.507); y en menor medida Granada (1.644), Ciudad Real (1.475), Castellón (1.310) y Baleares (1.028).

La Región que más extranjeros contrata

El Observatorio Ocupacional del Inem dedica un capítulo a los trabajadores extranjeros en su informe sobre movilidad laboral en España, destacando que "la mayor concentración de contratos a inmigrantes se registra en Murcia y Lérida, y en general en las provincias de la vertiente mediterránea".

Por el contrario, donde hay una menor presencia de extranjeros contratados es en Sevilla, Badajoz y Cádiz. Asimismo, el estudio refleja que "los flujos más importantes se registran en las provincias del Mediterráneo, en especial Murcia con Albacete, Alicante y Almería, y en sentido contrario.

Así, el informe refleja que en Murcia se realizaron en 2008 un total de 311.177 contratos a extranjeros, de los cuales 252.393 fueron a extranjeros que ya estaban en la Región y 59.932 a otros que llegaron para trabajar en ella. Asimismo, constata que 49.521 inmigrantes dejaron la comunidad porque fueron contratados en otras autonomías.

Las nacionalidades más empleadas a nivel nacional son, según el informe, la marroquí y la ecuatoriana, aunque han experimentado un descenso, al contrario que ocurre con la rumana y la china. Se destaca, asimismo, que las nacionalidades que presentan una mayor tasa de movilidad son la de Malí, China y Pakistán.

Cabe señalar, por otro lado, que entre las actividades que más contratos generaron durante el año pasado, la única que creció fue la Agricultura, mientras que la Construcción fue la que registró un mayor descenso. Las ocupaciones que registraron mayor número de contratos son: peones agrícolas, personal de limpieza , camareros, albañiles, peones de la construcción y de industrias manufactureras.

Hombre de 32 años con formación secundaria

El informe 'Datos básicos de movilidad de trabajadores' informa de que dos de cada tres contratos que implicaron un desplazamiento entre provincias se les realizaron a un hombre, con una edad media de 32 años, la mitad de ellos con formación secundaria y para puestos de poca cualificación en uno de cada tres casos.

Asimismo, se señala que encontraron trabajo principalmente en actividades de servicios a las empresas (incluye las ETT), en la construcción, agricultura y hostelería. Los destinos preferentes fueron Madrid, Toledo, Barcelona y la costa mediterránea.

Se destaca, asimismo, que los varones se mueven más por Andalucía y Sur de Castilla-La Mancha, mientras que las mujeres lo hacen sobre todo por las Islas Baleares, Vizcaya o A Coruña. Los niveles formativos se encuentran entre los dos extremos, universitarios o inferiores a Secundaria.

UPA critica la "indiferencia" de Bruselas ante el "incumplimiento" por Marruecos del acuerdo de asociación

MADRID.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) criticó hoy la "absoluta indiferencia" de las autoridades comunitarias ante los problemas que, según afirmó, está generando a los productores de frutas y hortalizas el "reiterado incumplimiento" por parte de Marruecos del actual Acuerdo de Asociación con la UE.

"Ni siquiera la presentación por parte de las delegaciones españolas y francesas de un documento elaborado por la Olaf (oficina anti-fraude de la UE) denunciando estas prácticas ha servido para obtener una mínima respuesta de intervención para acabar con esta situación, que amenaza con comprometer seriamente la viabilidad del sector hortofrutícola en nuestro país", advirtió la organización agraria en un comunicado.

UPA señaló que el nuevo proceso de negociación del Acuerdo de Asociación lleva "implícita" una mayor liberalización de las condiciones de intercambio con Marruecos, que afectarán "no sólo al tomate, sino al conjunto de productos hortofrutícolas, sensibles y no sensibles". Según afirmó, el objetivo es llegar hasta un 65% de liberalización del comercio.

"Bruselas no puede permitir que una vez más el sector hortofrutícola se utilice como moneda de cambio para obtener beneficios en otros sectores, como por ejemplo el de productos transformados", señaló la organización que dirige Lorenzo Ramos.

En este sentido, UPA exigió que no se realice ninguna concesión más mientras no se pongan en marcha medidas "eficaces" para el control de los contingentes y precios de entrada que garanticen el cumplimiento del acuerdo actualmente en vigor y se desarrollen mecanismos para poder sancionar de forma eficaz en caso de incumplimiento.

"Estamos convencidos de que es la única vía para garantizar el futuro de nuestras explotaciones hortofrutícolas, que han visto cómo desde la firma del actual acuerdo sus cuotas de exportación a la UE han ido descendiendo a medida que se incrementaban las de los productos de origen marroquí", concluyó la organización.

Impiden a Diego de Ramón proporcionar 'in situ' asistencia técnica letrada a dos opositores

MURCIA.- Funcionarios de seguridad de la Comunidad Autónoma de Murcia han impedido esta mañana por orden superior el acceso del letrado murciano Diego de Ramón al edificio de la Escuela Regional de Administración Pública donde se iba a celebrar la repetición, por sentencia judicial, de la prueba parcial de una oposición a redactor de 'Onda Regional de Murcia', que originalmente tuvo lugar en 1994 con absoluta falta de garantías.

Ante la obstrucción al libre ejercicio de su profesión, tras acreditarse como abogado en ejercicio, cuando iba a asistir técnicamente a dos de los opositores perjudicados por una prueba obligada a repetir ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, De Ramón optó por llamar a la Policía Nacional al objeto de que identificase a los guardias de seguridad que, al impedir su acceso a un edificio de carácter público, favorecían así el estado de indefensión de ambos opositores, quienes previamente habían recusado por conducto fehaciente a gran parte de los miembros del tribunal ante su manifiesta incapacidad técnica y legal para evaluarlos en base al artículo 103.3 de la vigente Constitución española

Posteriormente a la diligencia policial, Diego de Ramón presentó la correspondiente denuncia en el Juzgado nº 2, en funciones de guardia, con el objeto de que se llame a declarar a ambos funcionarios y a su inmediato superior para poder depurar así la responsabilidad penal de este incidente y su trascendencia jurídica última, ya que ambos opositores, desprovistos de asistencia técnico-jurídica 'in situ', optaron por no realizar la prueba, haciéndole constar al secretario del tribunal la recusación previa de la mayoría de sus miembros - designados tan solo por ser militantes de partidos políticos pese a su falta de titulación universitaria- ante la total ausencia por su parte de méritos y capacidad profesional para evaluarlos.

Las importaciones y los invernaderos del norte de la Unión Europea amenazan al sector

MADRID.- Sobre el papel, frutas y hortalizas constituyen uno de los pilares del sector agrario español. Con una facturación de unos 16.000 millones de euros, suponen aproximadamente el 37% de la producción final agraria, un porcentaje similar en materia del empleo total agrario y unas exportaciones de casi 10 millones de toneladas por valor superior en 2008 a los 8.000 millones de euros, dice 'El País'.

Esta aparente fortaleza del sector hortofrutícola español, con ventas en muchos casos fuera de temporada y con un superávit de la balanza comercial de unos 6.500 millones de euros, no coincide exactamente con la realidad, tanto en lo que afecta a los invernaderos como a las producciones o los cultivos que se obtienen al aire libre. En medios del propio sector se considera que se trata de un gigante con pies de barro debido tanto a problemas internos como a la competencia de las importaciones.

Responsables del propio sector reconocen que en épocas doradas no se hicieron bien las tareas para mejorar y reconvertir las instalaciones, actuaciones que hoy no se llevan a cabo por las caídas de precios y recorte de la rentabilidad. Pero, junto a esta dificultad, el sector se enfrenta sobre todo a un problema de costes y de competitividad.

En unos casos, se trata de las importaciones desde terceros países, especialmente el norte de África, con menos costes de producción. En otros, son las modernas instalaciones ubicadas en el norte de la Unión Europea, auténticas "fábricas", con unos mayores rendimientos por metro cuadrado, justamente al lado de los mercados de consumo donde comercializa una parte importante de sus producciones el sector español.

En lo que afecta a los cultivos bajo plástico, España dispone de una superficie de invernaderos de unas 50.000 hectáreas donde destacan provincias como Almería, con 26.000 hectáreas; Huelva, con 6.500 hectáreas; Murcia, con 6.000 hectáreas; Granada, con 5.262 hectáreas; Comunidad Valenciana, con 3.000 hectáreas; Canarias, con 2.000 hectáreas, y Málaga, con 1.500 hectáreas. Las producciones de los invernaderos suponen aproximadamente unas ventas superiores a los 5.000 millones de euros, significan el ciento por ciento de las producciones en Almería y un porcentaje mayoritario en las de Huelva, especialmente para las producciones de tomate, pepino, pimiento o fresa.

Los invernaderos almerienses fueron considerados en su día como las grandes "fábricas", sin competencia, para invadir de hortalizas los mercados comunitarios fuera de temporada.

Hoy, esa situación se ha terminado. Una gran parte de esos invernaderos, con una duración media de entre 10 y 15 años de vida, se han quedado viejos. Frente a unas producciones, por ejemplo en el caso del tomate, de unos 12 kilos por metro cuadrado, en las instalaciones modernas del norte de la UE, además construidas con subvenciones por su contribución en la lucha contra el efecto invernadero por el aprovechamiento del CO2, las producciones por metro cuadrado superan los 50 kilos, y los 100 kilos en países como Holanda.

Para asegurar la viabilidad del sector a corto plazo, desde la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) se reclama un plan para la reconversión de los invernaderos. El objetivo es lograr unas instalaciones similares a las que se han construido en el norte de Europa. Ello supone la necesidad de invertir una media de 1,3 millones de euros por hectárea.

Tanto en las instalaciones bajo plástico como en los cultivos al aire libre, el sector se enfrenta igualmente al problema de los costes laborales. Frente a un salario medio en Marruecos de 0,50 euros por hora, para unas instalaciones bajo plástico similares a las de Almería, en España se abona una media de siete euros por hora.

En las producciones al aire libre, unos de los principales problemas a los que se enfrenta el sector son la falta de investigación y la necesidad de proceder a una reconversión varietal como están haciendo los países de la competencia. La falta de esta reconversión se está traduciendo en superficies con menos rendimientos, en menos productividad y, en otros casos, en una oferta no adecuada a los nuevos gustos de la demanda, lo que se traduce en producción de excedentes y caídas de precios.

En conjunto, el sector de las producciones de frutas y hortalizas se enfrenta en primer lugar a una estabilización de las ventas en el exterior. No se puede olvidar que el 94% de las exportaciones corresponde a los países comunitarios. No se han abierto nuevos mercados con capacidad adquisitiva fuera de la Unión Europea, mientras las importaciones mantienen un fuerte incremento en porcentajes superiores anualmente al 10%.

Este aumento de las compras baratas procedentes de terceros países no es solamente grave por su participación en el mercado nacional, sino por su presencia, en muchos casos sin control, en los mismos mercados comunitarios, como sucede con el tomate marroquí o el ajo chino.

Un segundo problema del sector en su conjunto se halla en la política de investigación e innovación donde el panorama no es para el optimismo.

Estatalmente el viejo organismo INIA ha ido dando tumbos en la última década de ministerio en ministerio, perdiendo su capacidad para responder a las necesidades del sector agrario sobre el terreno. En la parte positiva se hallan los trabajos de algunas comunidades autónomas como el IRTA en Cataluña o el IVIA en Valencia.

No se ha avanzado lo que sería necesario en materia de reconversión varietal desde la perspectiva de mejoras en la productividad, rendimientos o búsqueda de las producciones más adecuadas a los gustos cambiantes de los mercados.

Además, la mayor parte de las nuevas variedades de semillas o plantones tienen vocablos extranjeros y las patentes proceden del exterior, lo que supone una fuerte dependencia de la investigación ajena en un sector básico para el conjunto de la actividad económica. Eso sucede con las variedades de cultivos en los invernaderos de Almería. Un dato significativo en este escenario es la situación de la fresa. España es el primer comunitario en la producción de fresas y, sin embargo, la investigación utilizada por el sector pertenece a una Universidad de California.

La UE aprieta

A los problemas propios del sector se han sumado en los últimos meses algunas disposiciones comunitarias que pueden suponer otro golpe para el sector.

Por un lado, se halla la normativa por la que se va a restringir desde 2010 el uso de productos fitosanitarios. Según los productores, esta norma supondrá un grave riesgo para mantener los actuales niveles de producción, si para esa fecha no hay productos alternativos para proteger los cultivos con las mismas garantías para las plantas y para la seguridad alimentaria.

Por otra parte, se teme un impacto negativo sobre los mercados de las nuevas normas comunitarias por las que se permitirá la comercialización de frutas y hortalizas frescas defectuosas o de segundas categorías que hasta la fecha se destinaban para la transformación industrial. Bruselas justificó la medida para bajar los precios a los consumidores al aumentar la oferta. El sector cree que la misma será un coladero a las importaciones.

El deterioro de los activos inmobiliarios de las cajas forzará la desaparición de entidades

MADRID.- Para algunas cajas de ahorros españolas el futuro es sombrío, según la revista The Economist. Estas entidades se han convertido, junto a los bancos regionales estadounidenses, en la parte del sector financiero más perjudicada: se trata de operadores que o no cuentan “con el abrazo reconfortante del Estado o tienen una cartera de activos poco diversificada”.

Para la revista, las cajas están sometidas a una presión mayor a medida que se deteriora la calidad de sus activos inmobiliarios por la crisis, lo que podría derivar en un descenso del número de estas entidades a través de integraciones o adquisiciones.

El artículo, titulado Reconstruyendo los bancos, no da una estimación cuantitativa de lo que podría suponer esta reducción, aunque sí lo hace en el caso de la banca norteamericana. Según un experto de la consultora Oliver Wyman, el número de bancos en EEUU podría reducirse por efecto de la crisis desde los 8.000 existentes en la actualidad hasta unas 2.000 entidades.

El futuro es menos inquietante para los grandes bancos, los que representan el corazón del sistema financiero global. “El futuro es para ellos lo suficientemente seguro, por lo que serán capaces de tener un plan más allá de la mera supervivencia”, subraya The Economist.

No obstante, vaticina que tendrán que cambiar todo lo que hacen: “desde la forma de gestionar sus balances, hasta las remuneraciones a sus gestores”.

En España, el principal problema para el sector financiero es su excesiva exposición al sector de la promoción inmobiliaria. La banca española acumula créditos concedidos a las inmobiliarias por valor de 318.000 millones de euros, de los cuales un 54% corresponden a las cajas.

Este segmento de mercado acumula también la mayor tasa de mora (6,1%), por encima de la media (4,14%).

El Gobierno estudia 'abrir la veda' para que los bancos puedan comprar cajas con problemas

MADRID.- El Gobierno está estudiando 'abrir la veda' para que los bancos puedan comprar cajas de ahorros con problemas en el marco de la reestructuración del sistema financiero, según informaron fuentes conocedoras de los planes del Ejecutivo.

Esta iniciativa se inscribe en el plan de rescate para entidades en dificultades que el Gobierno ultima con el Banco de España y consulta con el PP de cara a ampliar el eventual consenso entre los dos principales partidos al resto de grupos parlamentarios para afrontar la consolidación del sistema financiero con una sola voz.

La absorción de una caja por parte de un banco requeriría cambios normativos que han encontrado la oposición frontal tanto de agentes del sector financiero como del mundo político implicado en la gestión de las cajas, por lo que el Gobierno prevé sortear este obstáculo a través de una vía indirecta.

Tras desechar un cambio en la Ley de Cajas de Ahorros para aminorar el componente político en este tipo de entidades, el Gobierno y el Banco de España contemplan que los bancos puedan comprar activos y sucursales de las cajas de ahorros sin necesidad de que se produzca una integración jurídica de entidades.

"Si los bancos pueden comprar activos y oficinas de cajas, a efectos prácticos se está produciendo una integración, sin que a efectos jurídicos cambie nada, ya que no se producen movimientos de consolidación directa, sino indirectamente", explicaron a Europa Press las fuentes consultadas.

El objetivo del plan de rescate es facilitar la reordenación de un sistema financiero en el que algunas entidades presentan problemas de solvencia, principalmente por su exposición al ladrillo, y que cuenta con una red de oficinas sobredimensionada a raíz de la expansión llevada a cabo durante la última época de bonanza.

La absorción de cajas de ahorros, tanto enteras como troceadas, por parte de otras cajas en mejor situación o por parte de bancos con más capacidad de optimizar su negocio supondría uno de los primeros recursos que contempla el plan de rescate para evitar la quiebra o liquidación de entidades antes de inyectar dinero.

No obstante, un alto directivo de un banco español que prefiere mantenerse en el anonimato subrayó a este respecto el desinterés de muchos bancos, sobre todo de gran tamaño, por asumir cajas de ahorros. "Hemos dicho al Gobierno que los niños con los niños y las niñas con las niñas", ilustró de forma gráfica.

El Banco de España, que mantiene un seguimiento al día sobre la situación interna de bancos y cajas y, por tanto, tiene identificadas claramente las entidades más frágiles en términos de solvencia, sugiere en la actualidad diversas integraciones basándose en criterios puramente financieros.

No obstante, si los esquemas de reordenación que plantea el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordoñez no fructifican por el desinterés de los actores implicados o por obstáculos políticos, se pasaría a la segunda fase, que implica la inyección de capital a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este colchón con que cuentan bancos y cajas por separado, está dotado con menos de 4.500 millones de euros en conjunto, recursos que se engordarán significativamente a través del remanente de la liquidez del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) que no ha salido a subasta, unos 80.000 millones de euros.

Las pujas de liquidez realizadas hasta este momento por el Tesoro a cambio de activos financieros de máxima calidad se han saldado con la adjudicación de casi 20.000 millones de euros, pero desde el pasado mes de enero no se ha vuelto a organizar ninguna subasta, ya que se han suavizado los problemas de acceso a la liquidez en los mercados mayoristas y las entidades han logrado colocar deuda tanto con aval del Estado como si él.

De esta forma, quedan algo más de 80.000 millones de euros del total de 100.000 millones contemplados inicialmente dentro del FAAF que el Ministerio de Economía y Hacienda podría destinar a engrosar los recursos del FGD sin que fuera necesario realizar ninguna dotación adicional.

El Grupo Parlamentario Socialista acusa al PP de imponer en la Asamblea la "Ley del silencio"

CARTAGENA.- La diputada regional socialista Begoña García Retegui afirmó que "el Partido Popular hace de la Asamblea Regional una prolongación de San Esteban y trata de imponer una "ley del silencio" sobre lo relacionado con el ex consejero Francisco Marqués, La Zerrichera y, en general, sobre los asuntos que tienen que ver con la corrupción en la Región de Murcia.

"Resulta paradójico, cuando no una muestra de la hipocresía con la que nos tiene acostumbrados, que Valcárcel se alegre de que su compañero Francisco Camps vaya a declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, cuando éste ha intentado por todos los medios no tener que acudir al Juzgado para dar cuenta de sus famosos trajes y los contratos con empresas de la trama Gürtel", remarcó en comunicado de prensa.

Retegui denunció que en el caso de la Asamblea Regional "es una irresponsabilidad que el presidente Valcárcel pretenda tapar la boca a la oposición". Y recordó que Ramón Luis Valcárcel dijo en su última comparecencia en el hemiciclo que de La Zerrichera no se iba a hablar más "y punto y final", y para ello, según la diputada, "no ha dudado en volver a utilizar a la institución parlamentaria a su antojo".

Begoña García Retegui explicó que la mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea votó en contra de la admisión a trámite de una iniciativa socialista para que compareciera el presidente para dar cuentas de los nombramientos de altos cargos, como Francisco Marqués, consejero hasta en tres ocasiones en gobiernos populares, con el "disparatado argumento" de que no es responsabilidad exclusiva del presidente.

García Retegui criticó, asimismo, la "actitud obstruccionista y cicatera del PP" que viene negando reiteradamente en la Junta de Portavoces la posibilidad de debatir en el Pleno de la Cámara la moción socialista que solicita la apertura de una Comisión de Investigación sobre La Zerrichera y Novo Carthago.

La diputada socialista cree que "Valcárcel parece haber olvidado que la Asamblea es una institución democrática; pero tarde o temprano tendrá que comparecer y dar explicaciones sobre todos los asuntos de corrupción que han salpicado a los gobiernos que preside".

A este respecto recordó los datos que conocimos el viernes, en el sentido de que el Ejecutivo regional se verá obligado a anular La Zerrichera, tal y como el PSOE le exigió desde el principio.

Así, las actuaciones judiciales, como consecuencia de las denuncias realizadas por la actuación del Gobierno regional al aprobar la reclasificación urbanística en este paraje protegido, "obligarán a Valcárcel y a su Gobierno a revocar la orden del consejero Joaquín Bascuñana que permitían construir 4.000 viviendas y un hotel en la Sierra de la Almenara, en el término municipal de Águilas", explicó.

Precisamente, a respuesta de una solicitud de información presentada en la Asamblea Regional por la diputada socialista Teresa Rosique, el jefe del Servicio Jurídico-Administrativo de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, ha comunicado por escrito que la entrada en vigor del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión y Conservación de la ZEPA de la Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope, determinará la derogación, en su totalidad, de la orden de Bascuñana que permitía el uso residencial y terciario en el paraje de La Zerrichera.

Retegui insistió en que el presidente Valcárcel debería explicar por qué mantiene todavía sentado en el Consejo de Gobierno al consejero Joaquín Bascuñana, que aprobó la reclasificación de La Zerrichera, junto al también consejero José Ballesta, que ahora va a tener que firmar su anulación.

"En un Estado de Derecho, cómo se puede explicar esto", y el Partido Socialista "no va a parar hasta que no se sepa toda la verdad sobre La Zerrichera" y con independencia de las actuaciones judiciales, va a seguir reclamando en la Asamblea Regional la creación de una Comisión de Investigación, "pese a que Valcárcel se empeñe en lo contrario", concluyó.

Teresa Rosique acusa al Gobierno regional de jugar con la estadística para ocultar la realidad de sus medidas frente a la crisis

CARTAGENA.- La diputada regional del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, acusó al Gobierno regional de jugar con la estadística para ocultar la realidad, "y la realidad es que licita poca obra pública para hacer frente a la crisis económica".

Rosique se refirió así a las manifestaciones de la Consejería de Obras Públicas, que anunció que se había duplicado la licitación del primer trimestre de 2009 en relación con el de 2008.

"Jugar con la estadística es muy sencillo, porque el año pasado en Murcia la licitación de la Comunidad cayó un 30 por ciento, y eso que en 2007 ya teníamos el dudoso honor de ser la comunidad autónoma con menor licitación en inversión pública por habitante", indicó la parlamentaria, "por lo que crecer en 2009, por tanto, debería ser sencillo".

La realidad es que "en primer trimestre de 2008 la licitación de la Comunidad de Murcia sólo representó el 1,08 por ciento del total de las comunidades, cuando nuestro peso en población es de más del 3 por ciento", señaló.

En los tres primeros meses de este año se han licitado 43 millones de euros, lo que nos sitúa en la cuarta comunidad autónoma por la cola. "Y eso no lo dice el Gobierno regional cuando presenta sus cifras", precisó Teresa Rosique.

Y es que aún aumentando en un 100 por ciento, nuestro peso en el conjunto nacional en este primer trimestre de 2009 es tan solo un 1,28 por ciento. Para estar en la media Murcia debería haber licitado por encima de 100 millones de euros.

El conjunto de las comunidades autónomas han licitado 3.372 millones de euros en los tres primeros meses del año, y autonomías como Aragón, Asturias, Navarra, Extremadura o La Rioja, todas con menos habitantes que Murcia, han licitado muy por encima.

"Somos la cuarta por la cola, detrás de Baleares, Canarias y Cantabria".

Por ello, se cumplen las peores previsiones del presidente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región, Luis Fernández, quien vaticinó hace apenas un mes que "el futuro de la obra pública en la Región es bastante oscuro y negro", concluyó en comunicado de prensa.

Anguita señala como corresponsables a los ciudadanos que votan y apoyan a políticos corruptos

MURCIA.- El ex dirigente de Izquierda Unida Julio Anguita, que ayer visitó la Región de Murcia, afirmó que la corrupción política es una «segunda naturaleza» en España y el resultado «de una época del enriquecimiento fácil en la que se veía como algo normal». Anguita dijo al respecto que «en cierta medida los ciudadanos son corresponsables de esta situación», porque, en muchos casos, «han apoyado y votado a políticos corruptos», según recoge 'La Verdad'.

En relación con la imputación de Francisco Camps por un presunto delito de cohecho, dijo que el PP «debe dar ya una muestra de que reprueba determinadas conductas» porque «lo que se traslada a la calle es algo que menoscaba el valor que debe tener la ética política». Asimismo, hizo referencia a una cita de Calderón de la Barca y aseguró que «si se encuentra harto el paño, pues que vaya a la cárcel».

Pero no fue el único tema del que habló ayer Anguita en su visita a Murcia. El ariete de la izquierda más comunista durante los gobiernos de Felipe González y Aznar se refirió a la crisis para decir que «las medidas del presidente Zapatero en el Debate sobre el estado de la Nación son un «picoteo». A su juicio, la política socialista «no sirve», mientras que la del PP es «impresentable».

Por último, Anguita destacó, a raíz de los incidentes ocurridos en la final de la Copa del Rey, que la monarquía «va siendo socavada lentamente por actividades propias y porque están surgiendo nuevas visiones».

Hay un hecho, añadió, y es que «allí aparecieron unos independistas abucheando al jefe del Estado», por lo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero «debería tomar nota».

Puerto, COEC, vecinos y UPCT unen sus fuerzas para demandar el AVE a Cartagena

CARTAGENA.- La Mesa del Transporte y las Infraestructuras de Cartagena y comarca se constituyó con la participación de empresarios, vecinos y universitarios y se ha marcado como objetivo prioritario reclamar la llegada a la ciudad del tren AVE tanto para pasajeros como para mercancías.

Organismos como la Autoridad Portuaria y la Universidad Politécnica de Cartagena y asociaciones empresariales como la Confederación de Empresarios (COEC) y vecinales como la Federación de Vecinos forman parte de esta plataforma que se creó a iniciativa del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio y cuya sede acogió el acto de constitución de la misma.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Angel Viudes, dijo al término de la reunión que el método de trabajo en temas prioritarios como el AVE será invitar a los responsables del ministerio de Fomento y a los de la Comunidad Autónoma a que expliquen cómo está ese proyecto para después emitir un pronunciamiento "en el que actuaremos como grupo de presión para instar a quien corresponda".

Viudes indicó que además de la llegada del AVE la Mesa del Transporte hizo ayer una relación de infraestructuras que considera importantes como la futura dársena de El Gorguel, la ciudad del transporte, el nuevo aeropuerto, los polígonos industriales o los puertos deportivos.

Cofrusa espera entrar a trabajar en Halcon Foods

MURCIA.- La conservera de Mula Cofrusa consiguió el respaldo definitivo de las entidades bancarias para comprar las factorías de Halcon Foods en Campos del Río, Calasparra y Perú, lo que le permitirá reanudar la actividad la próxima semana, según 'La Opinión'.

Tras la reunión de cuatro horas celebrada en el Instituto de Fomento, con la mediación del consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, Cofrusa anunció oficialmente que da por cerrada la operación, que ronda los 40 millones de euros, a falta de ultimar algunos flecos.

La compra de Halcon convertirá a Cofrusa en la primera conservera de España, con tres factorías en la Región y otra participada al 50% en Perú, que podrá ser utiliza como trampolín para exportar al mercado estadounidense.

El acuerdo anunciado pone fin a casi seis meses de negociaciones entre los propietarios de Halcon, Cofrusa y las entidades acreedoras, que financian la operación con el aval del Gobierno regional. Tras cuatro horas de reunión, los bancos y cajas que intervienen dieron su aprobación definitiva, mientras los trabajadores de Halcon permanecían concentrados en la puerta.

Al acabar el encuentro, el presidente de Cofrusa, Joaquín Navarro, se dirigió a los concentrados para anunciarles que espera firmar las escrituras a principios de la próxima semana con el fin de que el jueves o viernes sea posible tomar posesión de las nuevas factorías y reanudar el trabajo.

Antes de comprometerse a comprar, Cofrusa planteó una serie de recortes económicos y laborales a las plantillas de Halcon, que fueron admitidos en Campos, pero no en Calasparra.

En la primera de ambas factorías seguirán trabajando 400 personas, mientras que 118 han entrado en un expediente de regulación de empleo apoyado por UGT. En Conservas Fernández, los propios trabajadores han presentado una demanda de despido para poder cobrar las indemnizaciones.

El 42,3% de los hogares murcianos está conectado a Internet

MURCIA.-El 42,3 por ciento de los hogares murcianos están conectados a Internet, frente al 51 por ciento de la media de casas conectadas en el conjunto de España.

Así lo refleja la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares del INE y correspondiente a 2008 recogida por Europa Press.

En este sentido, entre las comunidades que registran un mayor número de viviendas con acceso a Internet está Madrid, con el 62,3 por ciento; seguida de Cataluña, con el 60,1 por ciento; y País Vasco, donde el 57 por ciento dos hogares tienen acceso a la Red.

Por el final de la lista y por encima de Galicia (39,7) se sitúan Castilla la Mancha, con un 40,5 por ciento; Castilla y León, con un 41,7 por ciento; y Murcia, con un 42,3 por ciento de hogares con acceso a la red.

En Galicia, el tipo de conexión más utilizado en los hogares que cuentan con acceso a Internet es la banda ancha, en un 80 por ciento de los casos, mientras que la línea telefónica tradicional a través de modem o RDSI representa el 18,4 por ciento de las conexiones.

Dentro de la banda ancha, la más empleada es la ADSL, en un 48,8 por ciento de los casos, seguido de la red de cable, en un 29,2 por ciento y otros modos, como la red de telefonía móvil 3G en un 5,7 por ciento de los casos.

Asimismo, el 93,5 por ciento de los hogares se conecta a Internet a través de ordenador personal --73,1 por ciento a través de ordenador de sobremesa--, el 7,7 por ciento con un teléfono móvil, el 2,2 por ciento a través de videoconsola, el 1,9 por ciento con PDA o agenda electrónica y el 0,5 por ciento de los gallegos se conectan a la red a través de una televisión con dispositivo específico de acceso a Internet.

Según los datos del INE, el 47,6 por ciento de la población gallega --2.087.556-- ha utilizado Internet en un periodo de tres meses, mientras que el 37,9 por ciento afirma utilizarlo al menos una vez por semana.

Estos indicadores sitúan a Galicia en el penúltimo lugar en uso de Internet, en lo que solo supera a Extremadura, en la que el 43,6 por ciento de la población dice haber empleado la red en un periodo de tres meses.

En cuanto a las compras a través de la red, solo el 11,6 por ciento de los gallegos reconoce haber comprado algo en Internet en un periodo de tres meses, frente al 13,3 por ciento de la media nacional.

Así, Galicia está en décimo lugar en frecuencia de compras por Internet, por debajo de Islas Baleares, donde compran en la red un 20 por ciento; Madrid, con un 18,8; Cataluña, con un 16,2; Aragón, con un 15,7 por ciento; Navarra, con un 15,6 por ciento; Cantabria, 15,4 por ciento; País Vasco, con un 15,4 por ciento; La Rioja, con un 13,9 por ciento; y Castilla y León, con un 12,2 por ciento.

Felipe González cree que hacen falta "dos o tres" refinerías en España por la dependencia del petroléo

MÉRIDA.- El presidente del Comité de Expertos para la Reforma de la Unión Europea, Felipe González Márquez, consideró hoy que "problamente" en España haga falta "no una" sino "dos o tres" refinerías, aunque mostró sus dudas sobre la construcción de estas industrias en el país.

Felipe González justificó la necesidad de este tipo de industrias porque el país necesita "más capacidad de refino" dado el horizonte previsible de que en los "próximos 50 años" se va a depender de las energías fósiles "al menos en un 70 por ciento", explicó.

Así lo apuntó González en el marco de las 'Jornadas sobre Bosques, Energía y Cambio Climático en un Contexto de Crisis' celebradas en Mérida, tras ofrecer la conferencia 'Energía y Crisis' y al ser preguntado por uno de los asistentes sobre si considera necesaria la implantación de una refinería en Extremadura.

Tras afirmar que "sí" hace falta una refinería en España, el también ex presidente del Gobierno dijo que "no una, probablemente haga falta capacidad de refino para dos o tres". Sin embargo, añadió: ¿se van a instalar refinerías en España para no depender no sólo de la materia prima petróleo sino del refino?, pues lo dudo".

Felipe González indicó además que "uno de los cuellos de botella" que están poniendo "muy difícil el problema de la oferta y la demanda energética es el refino". Por ello, señaló que hay una "necesidad" de refino de petróleo tanto en España como en Europa de cara a los "próximos 40 ó 50 años".

Partiendo de este punto, agregó, cada región y cada zona puede evaluar el "impacto" que tiene contar con una refinería de petróleo en un territorio concreto "desde el punto de vista de la necesidad, de la economía, del desarrollo".

Apuntó además que en España se puede argumentar que unos territorios han contribuido menos que otros a la acumulación de CO2 a la atmósfera pero "como el problema es global" se debe ver "globalmente". Por ello, indicó que si se le pregunta sobre "sobre si es o no necesario, oportuno, agradable o conveniente para Extremadura que halla unas instalaciones de refino", considera que se tiene que hacer una "evaluación".

Asimismo, dijo que "en términos de necesidad para la economía del país y para la energía" que se necesita en los próximos 50 años, "sí, es necesario" porque en España "hace falta refino", aseveró.

Felipe González indicó que hay algunas cosas en las que hay que "recuperar la coherencia" y se refirió así a la energía nuclear. En este sentido, abogó por abrir un debate para "analizar los pros y los contras" de este tipo de energía porque lo que "más nervioso" le pone, dijo, es que los dirigentes políticos que se muestran "totalmente en contra" de ella "al mismo tiempo compren energía nuclear excedentaria en las fronteras".

"Si usted no quiere energía nuclear, no la compra pero si dice que la consume de la instalación que ponen en el sur de Francia, entonces tendrá usted que garantizar que la frontera no es sensible a la contaminación nuclear", añadió al respecto.

González volvió a hablar de la refinería para apuntar que si una industria de este tipo no se construyera en España si no en un país del norte de África, por ejemplo, y el 80 por ciento del refino se llevara a España, "no habría grandes rechazos".

Asimismo, el presidente del Comité de Expertos para la Reforma de la UE, reconoció que las refinerías "contribuyen al calentamiento global" pero insistió en que "durante los próximos años" se va a necesitar el "70 por ciento de energía fósil". "Y si no, tenemos que renunciar al desarrollo", agregó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señaló que la cuestión de la refinería "no es un problema de un sí o un no" porque es un asunto que está "lleno de matices". Según Vara, "no se trata de quién está a favor o quién está en contra de una industria de refino, se trata simplemente de si es necesaria no" y, en caso de que sea necesario, "dónde".

Además, apuntó el presidente extremeño que prefiere que este tipo de industrias estén ubicadas "allí donde van a contaminar menos" y "evidentemente van a contaminar menos cuanto mayores sean las leyes garantistas y proteccionistas". "Y aquí las hay y en Europa también", precisó.

Fenández Vara indicó que "todo en la vida es cuestión de matices" y estos matices son los que "visten la realidad" para poderla entender a través de un prisma que permita al que la analiza ser objetivo.

Así, aludió a la energía nuclear para decir que tampoco se trata de estar "en contra o a favor" de ella porque ese es un "debate falso", el cual hay que "vestir" para que sea verdadero. Como ejemplo, señaló formular primero a un trabajador la pregunta de si está "a favor en contra" de que la industria en la que trabaja sea competitiva y siga existiendo, para después hablar de la energía nuclear.

En su intervención en la clausura de las Jornadas sobre Bosques, Energía y Cambio Climático en un contexto de Crisis" que se celebraron durante los últimos tres días en Mérida, Fernández Vara hizo alusión al momento actual en el que se habla de la "incertidumbre del futuro" e indicó que si hubiera "acuerdo" sobre lo que ocurrió en el pasado, "seguramente habría menos incertidumbre" en el futuro.

Vara explicó que la crisis financiera, el cambio climático, las políticas energéticas y de seguridad en el mundo son "capítulos del mismo libro" al que dijo que añadiría una más, los "valores éticos" por la responsabilidad "con los que vienen detrás".

El presidente extremeño recordó una reflexión que le hizo uno de los asistentes a la reciente reunión que mantuvo con presidentes de parques naturales sobre que cada vez que se arranca un árbol "sube el PIB". Vara dijo que esto ocurre porque "lo que se quita no se resta de ningún sitio" sino que se "suma a lo que viene, a unas variables macroeconómicas que tienen que ver con la riqueza inmediata".

Al respecto, el jefe del Ejecutivo autonómico se refirió a las "balanzas medioambientales y derivadas de la emisión de gases de efecto invernadero" que ponen de manifiesto lo que "ya" se sabía, que "ha habido una serie de territorios que se han desarrollado sobre la base de contaminar más" y otros de "contaminar menos", explicó.

Vara agregó que cuando el Gobierno extremeño quiso poner esto encima de la mesa era para que "aquellos que defienden sus balanzas fiscales en base al nivel de tributación producido por el nivel de desarrollo en determinados ámbitos aunque sea a costa de la contaminación" tengan en cuenta que "a lo largo de todo este tiempo" otros han tenido un desarrollo que "ha permitido ir absorbiendo parte de las emisiones de más o del déficit de calidad ambiental" de los primeros.

"Al final de lo que se trata es de ver el mundo sobre una realidad que tiene que ser conjunta", apostilló el presidente extremeño, quien abogó también por que los ciudadanos tengan "todos los argumentos" en relación a una decisión importante y así "actuar sin apriorismos".

Finalmente, Fernández Vara dijo que la solución al cambio climático y los problemas que planteen los recursos energéticos "no la puede dar sólo un territorio". Además, subrayó que del "problema del mundo" hay que salir "entre todos" pero "fundamentalmente" ello depende del papel que desempeñan los líderes mundiales, de los que dijo que "no hay demasiados".

Por ello, mostró su interés en que la opinión de Felipe González pueda ser puesta "siempre" encima de la mesa.

Una jurista de la UE dice que la legislación europea no "obliga" a expulsar a irregulares

BRUSELAS.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Juliane Kokott considera que la legislación comunitaria "no obliga" a expulsar a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en territorio europeo, ni se opone a que su expulsión pueda ser sustituida por una multa.

El Tribunal publicó las conclusiones de Kokott, que examinó dos preguntas prejudiciales remitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde están pendientes sendos recursos de apelación de dos ciudadanos bolivianos.

Como consecuencia de unos controles se comprobó que permanecían en España a pesar de no cumplir o haber dejado de cumplir los requisitos de estancia, por lo que el Tribunal resolvió su expulsión y la prohibición de entrar al espacio de Schengen (espacio único europeo) durante cinco años.

En primer lugar, la abogada general determinó que existe un error de traducción en la versión española del artículo del "Código de fronteras Schengen" referido a la expulsión de nacionales de terceros países cuando se encuentran en situación irregular en territorio europeo.

El texto en español señala que esa persona "será expulsada", mientras que la versión original redactada por el legislador indica que "podrá ser expulsada", por lo que Kokott considera que no se trata de una obligación, sino de una mera posibilidad.

Así, considera que el Código de fronteras no obliga a expulsar a los extranjeros de terceros países sobre la base de la presunción de incumplimiento de los requisitos de estancia.

Por otra parte, la jurista estima que del artículo 23 del Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen no puede deducirse que los estados miembros estén obligados a la expulsión conforme al Derecho comunitario.

Kokott cree que la expulsión no es la regla general sino una excepción y, además, que dicho artículo no contiene ninguna base jurídica para una expulsión, sino que se remite al Derecho nacional.

Asimismo, indica que el artículo 23 faculta expresamente a los países para que permitan la estancia de extranjeros de terceros países cuando la ley nacional no prevea una expulsión, por lo que deduce que no puede haber ninguna obligación de expulsión.

Por último, Kokott precisa que dicho artículo no se opone a una normativa nacional como la española, según la cual la expulsión de un nacional de un tercer país en situación irregular en Europa puede ser sustituida por la imposición de una multa.

Recuerda también que el Gobierno español estima que la imposición de una multa no conlleva la tolerancia de esa estancia irregular, y que los extranjeros de terceros países están legalmente obligados a abandonar el territorio nacional en 15 días.

Si esto no sucede, se inicia un nuevo proceso sancionador y, dado que ya se ha impuesto una multa, da lugar al inicio de un procedimiento de expulsión.

La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia, pero esta corte suele dictar sentencia acorde con las conclusiones en la mayoría de los casos.

Saura (PSRM) afirma que "ya habrá una razón que justifique que Valcárcel se vuelva a presentar" a las elecciones

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, afirmó hoy que "ya habrá una razón que justifique que el presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se vuelva a presentar" a las próximas elecciones autonómicas y municipales en 2011.

Saura, quien hizo estas declaraciones al ser preguntado sobre por el hecho de que Valcárcel volviera hoy a insistir en que ésta será su última legislatura como presidente de la Región, recordó que "ha dicho en muchas ocasiones que se iba y luego ha encontrado no sé qué razón que justifica que se vuelva a presentar; y si no, tiempo al tiempo".

El jefe del Ejecutivo murciano volvió a insistir este viernes en que ésta será su última legislatura como presidente de la Región. Sobre su posible sucesor, dejó claro que el PP "afortunadamente tiene banquillo y gente estupenda".

Luego afirmó, "fue una decisión tomada en su momento y que voy a cumplir sin duda alguna". En este sentido, reconoció que sea una pregunta "obligada, porque soy hijo de periodista y esto tiene su interés, cuanto menos su morbo".

La corrupción socialista no cede en Ceutí

MURCIA.- El Juzgado de Instrucción Número Dos de Molina de Segura ha citado a declarar el próximo 18 de mayo en calidad de imputado a Pedro Guillén Guillén, concejal del PSOE en el ayuntamiento de Ceutí, a quien el PP local acusa de llevar a un almacén municipal, con la colaboración de un funcionario, dos cuadros y una escultura de chapa propiedad del Consistorio que estaban desaparecidas y que presuntamente se encontraban en casa del ex alcalde socialista Manuel Hurtado, según informa hoy 'La Opinión'.

El caso nace tras una denuncia presentada en diciembre de 2008 por el actual alcalde de Ceutí, Pascual Lorente García, quien aseguró en el juzgado que una galería de arte se presentó en el Ayuntamiento reclamando las citadas obras, que no aparecían en el inventario municipal. Lorente relató que los dos cuadros y la escultura aparecieron de la noche a la mañana en un almacén del Consistorio.

Un funcionario declaró luego que el edil Pedro Guillén le había llamado instándole a que le ayudara a dejar una mercancía en el almacén, en concreto dos cuadros que según relató el concejal le habían regalado al anterior alcalde, Manuel Hurtado, y que "era mejor que aparecieran en el almacén y no en la casa del anterior primer edil porque el artista estaba teniendo problemas matrimoniales y su esposa los podía reclamar".

Así, el empleado municipal y Pedro Guillén llevaron los dos cuadros y la escultura a las dependencias del Ayuntamiento.

El juzgado de Molina de Segura ha considerado que estos hechos pueden ser constitutivos de delito y ha citado a declarar al concejal Pedro Guillén -quien ocupó la cartera de Obras en el último mandato de Hurtado, entre 2003 y 2007- en calidad de imputado para que ofrezca sus explicaciones ante estos hechos que se le imputan. El mismo día están citados, en calidad de testigos, la secretaria y el interventor del Consistorio ceutiense.

En la misma denuncia que presentó el alcalde de Ceutí, Pascual Lorente García, el pasado diciembre de 2008 también se informaba de la desaparición de quince expedientes de obras de arte adquiridas en el periodo de Hurtado, que meses después fueron encontrados en el despacho de una empleada municipal.

También asegura el alcalde de Ceutí que han hallado facturas de obras de arte supuestamente adquiridas durante el mandato del ex primer edil y actual senador del PSOE Manuel Hurtado, y que éstas no se encuentran en el Ayuntamiento. Según Pascual Lorente, las facturas se elevan a más de 200.000 euros.

Anguita dice que si se encuentra materia suficiente, Camps debe ir a la cárcel

MURCIA.- El ex dirigente de IU, Julio Anguita, afirmó hoy que si se encuentra materia suficiente contra el presidente valenciano, Francisco Camps, imputado por el caso Gürtel, éste debería ir a la cárcel.

Anguita se pronunció así tras ser preguntado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de citar a Camps para investigar un supuesto delito de cohecho, para lo que hizo alusión a una frase popular que aparece en una de las obras de Calderón de la Barca: "si se encuentra harto el paño, pues que vaya a la cárcel".

"Se debe perseguir la corrupción allí donde exista", añadió en rueda de prensa, pero "desde luego el funcionamiento de la justicia deja mucho que desear". "La justicia está politizada, es un dominguillo que obedece al bipartidismo", lo cual no obvia que "si hay indicios de delito contra este señor se le procese y se le juzgue", insistió.

Aquí "no se debe de perdonar absolutamente a nadie", apostilló. Y es que "la corrupción está siendo ya una segunda naturaleza en España", afirmó Anguita, al tiempo que manifestó que el pueblo tiene cierta parte de corresponsabilidad, porque "los corruptos son nuevamente votados por ellos".

Tras lo que recordó que la política del ladrillo se introdujo con el 'calzador' de creación de riqueza y puestos de trabajo, "el famoso cuento de la lechera".

"Se ha vivido en el Dorado, en la época del enriquecimiento fácil, basado en la corrupción como una cosa habitual", por lo que "no nos engañemos esto es nuestra obra y del nuestro que se salgan los que puedan".

"No nos extrañemos de lo que tenemos, esto se ha ido creando en todos estos dorados años en los que el dinero fluía, fluía y fluía", señaló, tras lo que manifestó que la presunción de inocencia "vale para todo el mundo", lo que pasa es que los partidos "defienden sólo la presunción de inocencia cuando son los suyos".

En este sentido, aseguró, "no todos los inculpados son lo mismo dentro del partido, hay quienes gozan de derecho de hacer y deshacer como el caso de Castellón mientras a otros los suspenden de militancia". Esto depende, añadió, "de la fuerza interna que tienen los grupos de presión por lo que puedan aportar al mantenimiento del partido".

Tras lo que señaló, "la ética es fundamental en la actividad política". De hecho, continuó, "la ciudadanía también vive de esa acusación de los políticos para justificar su propia falta de ética".

"Todos los políticos no son iguales", apuntó, "pero me encuentro con gente que lo necesita para ellos poder ser corruptos, es la justificación, la excusa".

Por su parte, el candidato al Parlamento Europeo, Pedro Marset, indicó que "hace falta más ética porque el informe Auken ha demostrado que la corrupción urbanística en la costa española (Andalucía, Murcia, Valencia) es la base de lo que estamos sufriendo en este momento de forma exagerada en España", por ello "pensamos que hace falta más democracia en el Parlamento Europeo".

Economía multa a Cajasur por infringir la ley contra el blanqueo

MADRID.- El Ministerio de Economía y Hacienda ha impuesto a Cajasur una multa por importe de 300.000 euros por cometer una infracción "muy grave" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno ve responsable a la caja de infringir dicha ley sobre medidas de precaución en relación con el supuesto de que un empleado o directivo de la entidad hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales.

El Consejo de Ministros sancionó por este motivo a la caja andaluza el 1 de agosto de 2008, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo denegó el pasado 13 de marzo del 2009 la suspensión de la ejecución de la multa, por lo que procede publicar la sanción.

Según figura en la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que dirige Soledad Núñez, el Consejo de Ministros impuso a Cajasur esta sanción por "incumplimiento injustificado" de la obligación de comunicación contenida en el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre prevención de blanqueo de capitales.

El PSOE celebra que el Gobierno regional se vea obligado a anular La Zerrichera

CARTAGENA.- La diputada regional, Teresa Rosique, celebró hoy que "el Gobierno de Valcárcel se ve obligado a anular La Zerrichera, tal y como el PSOE le exigió desde el principio". Rosique explicó que las actuaciones judiciales, como consecuencia de las denuncias realizadas por la actuación del Gobierno regional, aprobando la reclasificación urbanística en este paraje protegido, "son la auténtica razón por la que Valcárcel y su Gobierno se sienten obligados a revocar la orden de Bascuñana que permite construir 4.000 viviendas y un hotel en la sierra de la Almenara".

Y es que el Gobierno regional ha comunicado a la diputada socialista que va a derogar en su totalidad la orden de Bascuñana. A respuesta de una solicitud de información, presentada en la Asamblea Regional por la diputada socialista, el jefe del servicio jurídico administrativo de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, le ha comunicado por escrito, que "la entrada en vigor del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión y Conservación de la ZEPA de la Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope, determinará la derogación, en su totalidad, de la orden de Bascuñana que permitía el uso residencial y terciario en el paraje de La Zerrichera".

En este escrito, la misma Consejería desde la que se aprobó la reclasificación urbanística de La Zerrichera, dice hoy que en ese paraje no se podrá edificar porque el proyecto del Plan de Gestión recoge que "el ámbito territorial de la ZEPA tendrá la consideración de suelo no urbanizable de protección específica y que "en el ámbito de la ZEPA se consideran incompatibles y, por tanto, prohibidas las nuevas edificaciones".

Rosique indicó que el Gobierno regional quiere utilizar el Plan de Gestión como excusa para dar marcha atrás, porque "estas consideraciones ya eran conocidas por el Gobierno regional ya que estaban recogidas en el borrador del Plan de Gestión, elaborado por la Consejería dirigida por Francisco Marqués, meses antes de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable a la reclasificación urbanística de La Zerrichera; y un año antes, de la aprobación definitiva de dicha reclasificación, por parte de Joaquín Bascuñana.

Asimismo, argumentó que "ni Marqués ni Bascuñana" hicieron caso de los informes que ya existían sobre el borrador del Plan de Gestión y que proponían "la necesaria clasificación del ámbito territorial de la ZEPA como suelo no urbanizable de protección específica; todo lo contrario, agilizaron la aprobación de la DIA y de la aprobación definitiva de la reclasificación urbanística en vez de esperar a que estuviese aprobado el Plan de Gestión.

La diputada socialista se preguntó si ahora el Gobierno regional dice que hay que anular la orden de Bascuñana porque hay que cumplir las determinaciones del Plan de Gestión, "por qué aprobaron dicha reclasificación urbanística cuando antes del Plan de Gestión y a pesar de que los informes emitidos sobre el borrador del mismo ya establecían que La Zerrichera no era urbanizable".

Teresa Rosique considera que la comunicación que la Consejería le ha trasladado, es el reconocimiento de que lo hecho por Marqués y Bascuñana, con el apoyo del presidente Valcárcel, "jamás se debió hacer".

A lo que añadió que "La Zerrichera es el mayor escándalo urbanístico de la historia de la democracia de la Región de Murcia, que arroja un balance de siete altos cargos del PP imputados por la Justicia y cuyo sumario, a medida que se va conociendo, produce a los ciudadanos de esta Región un mayor estupor".

Rosique apostilló que el presidente Valcárcel debería explicar por qué mantiene todavía sentado en el Consejo de Gobierno al consejero Bascuñana, que aprobó la reclasificación de La Zerrichera, junto a Ballesta, que ahora va a tener que firmar su anulación. "Cómo se puede explicar esto en un estado de derecho", espetó.

El Partido Socialista "no va a parar hasta que no se sepa toda la verdad sobre La Zerrichera". Por eso, con independencia de las actuaciones judiciales, "seguimos pidiendo en la Asamblea Regional la creación de una Comisión de Investigación", concluyó el comunicado de prensa.

Impugnan la composición de un tribunal de oposición a 'Onda Regional de Murcia" por falta de titulación superior de sus miembros

MURCIA.- Dos de los periodistas titulados convocados mañana a un concurso-oposición de 'Onda Regional de Murcia' por una sentencia judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que obliga a repetir parcialmente las pruebas efectuadas en 1994 con falta de garantías, han impugnado a gran parte de los miembros del Tribunal por su falta de titulación universitaria para poder evaluarlos, según fuentes del despacho del letrado Diego de Ramón, representante legal de los afectados.

La citada prueba debería efectuarse mañana sábado pero los dos periodistas, titulados universitarios por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid desde 1976 y 1977 respectivamente, han pedido su suspensión en tanto no se pronuncie sobre la idoneidad y legalidad del citado tribunal -compuesto por representantes de partidos políticos sin titulación ni en Periodismo ni en otra licenciatura- el Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia ya que así consideran vulnerados parte de sus derechos fundamentales por el proceder sin dictámen previo del director general de Radiotelevisión Murciana, Juan Máiquez Esteve, igualmente sin titulación universitaria aunque se presenta públicamente como 'periodista'.

El letrado de ambos periodistas profesionales se ha personado esta misma mañana en la sede de la Radiotelevisión Murciana con una copia del escrito de petición para Ana Martí, responsable de los servicios jurídicos del ente, para que advierta con tiempo a los miembros del citado tribunal de los riesgos personales (penales y civiles) y patrimoniales que asumen de efectuarse la prueba lesionando derechos fundamentales, susceptibles además de un procedimiento urgente de protección en la instancia jurisdiccional competente.

En el preámbulo de la citada impugnación expresa por la falta de los necesarios requisitos de capacidad, categoría y evaluación para poder examinar a los convocados, ambos periodistas dicen que la actual situación les produce "una total indefensión y vulneración del principio de igualdad" además de observar "arbitrariedad o desviación de poder".

En el primero de los tres puntos del escrito se recuerda al director general que la composición del tribunal impide garantizar en este caso los principos constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad por parte de unos miembros sin conocimientos ó capacidad, igual ó superior, a la de los aspirantes, apoyándose y citando numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya ha sentado doctrina.

En el segundo punto, se hace referencia a varios principios constitucionales y especialmente al de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos "que exigen la publicidad de los criterios de evaluación empleados por el Tribunal para que el procedimiento de selección sea conforme y respete estos principios, determinando su ausencia un supuesto de nulidad de pleno derecho" previsto en la legislación vigente.

En el tercero y último dirigido al director general de Radiotelevisión Murciana, los periodistas solicitantes, apoyándose en el fallo de la Sala de lo Contencioso del TSJ, dicen literalmente: "Al ser los mismos miembros que integraron el tribunal en 1994 es posible cuestionar su imparcialidad, ya que su actuación anterior fue antijurídica y arbitraria, y no ofrecer por tanto 'garantías jurídicas' suficientes de 'imparcialidad' y objetividad', tal como se fundamenta en la citada sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de TSJ de Murcia, ya que de ésta se desprende que dicho tribunal actuó 'irregularmente', no cumpliendo con los principios consagrados en el artículo 103 de la Constitución Española y en las normas legales de acceso al empleo público".

Los miembros impugnados del Tribunal son: Valentín Contreras Martínez (presidente), Francisco Javier Andujar Meroño, Francisco García Ortuño y Pedro Antonio Rios Martínez. Y los periodistas impugnantes son Francisco Poveda Navarro y Francisco Martínez Martínez, recurrente en su día y ganador del contencioso iniciado en 1994.

Convocatoria en el BORM del pasado 4 de mayo

De conformidad con lo dispuesto en la sentencia 938/07 dictada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, por la que se estima parcialmente el recurso presentado por D. Francisco Martínez Martínez contra la Resolución del Director General de Radiotelevisión Murciana de fecha 6 de julio de 1994, por la que se aprobaba la lista de aspirante que habían superado la totalidad de las pruebas que se convocaron para cubrir, mediante concurso-oposición, plazas de la categoría de Redactor en Onda Regional de Murcia, S.A. y en ejecución de la misma, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas realiza mediante el presente anuncio Convocatoria Pública a los opositores que se relacionan a continuación, para la repetición de la siguiente prueba (Base 4ª.2.2.ª fase c) de la convocatoria):

“Redacción de un informativo a base de despachos de agencia, gestionados por ordenador, que se proporcionarán por el Tribunal”. El tratamiento de textos a utilizar será Microsoft Word 2003.

Los opositores convocados son:

- Don Joaquín Azparren Irigoyen.
- Don Antonio José Mínguez Pons.
- Don José Antonio Martínez Muñoz.
- Don Francisco Javier Martínez Gómez.
- Doña Ana M.ª Reviejo Gómez.
- Don Juan Tomás Frutos.
- Don Francisco José Fernández Rubio.
- Don José Baldomero Cortón Cabo.
- Don Juan González Fernández.
- Don Francisco Martínez Martínez.
- Don Héctor Menéndez Fernández.
- Don Feliciano Ortiz García-Vaso.
- Don Francisco Poveda Navarro.
- Don Juan José Villanueva Andrés.

Fecha y hora: 16 de mayo de 2009, a las 11,00 H. Lugar: Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia (Planta 1.ª, Aula 8).- Avda. Infante Juan Manuel, 14 (Edificio Hefame).- 30011 Murcia.

Murcia, 23 de abril de 2009.

El Presidente del Tribunal, Valentín Contreras Martínez