MURCIA.- La Región de Murcia fue la segunda Comunidad Autónoma, tras Baleares, con mayor tasa de denuncia por habitante en 2008 por violencia contra la mujer, con 88 denuncias por cada 10.000 mujeres.
En total, se registraron en el Región 6.189 denuncias, de las que 1.157 se presentaron en el Juzgado exclusivo de Cartagena, lo que supone un incremento regional de un 27 por ciento con respecto al año anterior, en el que se presentaron 4.872 denuncias.
Así lo anunció hoy en Murcia la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, quien precisó que en la Región, aunque la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres fue de 88, en el caso concreto de Cartagena ascendió a 111.
Del total de las denuncias (6.189), 324 fueron presentadas por las víctimas directamente en el juzgado (5 por ciento); seis por familiares y 5.047 (81,5 por ciento) por atestados policiales. En estos dos últimos casos, se incluye los iniciados a partir de la denuncia de las víctimas (3.703), por denuncia de familiares (117), y por intervención directa policial (1.227). Igualmente, 780 (12,5 por ciento) fue por parte de lesiones y 32 (1 por ciento) por servicio de asistencia-terceros.
Montalbán achacó este incremento a que "las campañas de información y sensibilización están produciendo sus efectos, y a que la existencia de órganos judiciales especializados animan a las mujeres a acudir a la Administración de la Justicia y a solicitar las órdenes de protección".
A su juicio, "este elevado índice de denuncias revela que el sistema está produciendo su efecto". De hecho, matizó, "las denuncias por coacciones, amenazas o lesiones están produciendo efectos preventivos y evitando agresiones más graves".
Al hilo, puso de manifiesto que "la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja tradicionalmente ha pertenecido al ámbito de lo privado". "Ha estado oculto entre las paredes del hogar y está diagnosticado que hay una cifra oculta de violencia que no se atreve a salir al exterior y hacer pública esa situación", argumentó la vocal del CGPJ, quien explicó que por ello, "el hecho de este incremento de las denuncias supone que se está descorriendo el velo de esa cifra oculta".
Otro de los datos que se desprenden del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es que en 2008 se registraron en la Región 786 renuncias a la continuación del proceso, lo que supone el 12,7 por ciento de las denuncias presentadas, más de un punto y medio por encima de la media nacional (11 por ciento), situándose Murcia en séptimo lugar en este aspecto. En comparación con 2007, se registró un aumento del 1,7 por ciento.
En cuanto a la nacionalidad, Montalbán destacó que "el 47 por ciento de las solicitantes de órdenes de protección fueron mujeres extranjeras, lo que pone de manifiesto que hay que incidir en el colectivo inmigrante, ya que están en especial situación de vulnerabilidad".
De estos datos se extrae, además, que en 2008 "los jueces dictaron 1.507 sentencias condenatorias, que suponen un 71 por ciento del total de sentencias dictadas", lo que significa, subrayó, que "los jueces disponen de más pruebas de cargo a la hora de resolver los asuntos y dictar la sentencia".
En total, los juzgados de violencia sobre la mujer de la Región "recibieron 2.098 peticiones de orden de protección y concedieron 1.888, lo que supone aproximadamente el 90 por ciento"; un porcentaje que, según Montalbán, indica que la violencia sobre la mujer "es un asunto prioritario para los jueces de la Comunidad".
A la vista de estos datos, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alertó que "no podemos bajar la guardia" y abogó por "seguir trabajando para reducir las cifras de violencia sobre la mujer".
Así, propuso la idea de "avanzar hacia los juzgados exclusivos que agrupen a más de un partido judicial". En el caso de la Región, consideró "idóneo" el hecho de que "se avanzara hacia los juzgados exclusivos".
En este sentido, hizo referencia a un "anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia" en donde se contempla la "previsión de crear un juzgado exclusivo más en Murcia --actualmente cuenta con dos-- que extendería su jurisdicción a Cieza y Molina; el juzgado exclusivo que hoy existe en Cartagena extendería su jurisdicción hacia San Javier; y en Lorca, se crearía un nuevo juzgado exclusivo que abarcaría Totana".
"Se propone esta creación de agrupación de partidos porque los recursos especializados, unidades de forense de valoración integral y magistrados y fiscales especializados no pueden estar en todos y cada uno de los partidos judiciales", indicó Montalbán, tras lo que afirmó que "si se agrupan los partidos, se avanzará hacia la especialización y se dispondrá de magistrados, fiscales y unidades forenses especializadas en un partido judicial que atienda a otros partidos de alrededor, siempre y cuando se garantice que haya una fácil comunicación y una distancia accesible de las víctimas al órgano judicial".
Otro de los objetivos a los que aludió y sobre los que se está trabajando de manera "inmediata" es aquel que se enmarca dentro del proyecto de modernización que tiene el CGPJ en relación con la redes informáticas. Así, opinó que "hay que modernizar y hacer compatibles con los sistemas informáticos de todas las comunidades y facilitar la interconexión entre los juzgados".
En definitiva, declaró, "son dos medidas que pueden mejorar la respuesta en materia de violencia sobre la mujer en todas las comunidades y permitirían reducir el número de fenómeno criminal que hoy día se aborda".
Montalbán, quien hizo estas declaraciones en Murcia momentos antes de participar en las Jornadas sobre la discriminación por razón de sexo que organiza la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y la Universidad de Murcia (UMU), con la ponencia 'Violencia de Género y Constitución Española', concluyó afirmando que estos datos "confirman que la respuesta de los juzgados especializados es más rápida, efectiva y adecuada al fenómeno criminal de la violencia sobre la mujer".
ALICANTE.- Una red organizada de blanqueo y evasión de capitales alicantinos hacia América Latina está siendo investigada desde hace meses por brigadas especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, según se ha confirmado en medios próximos a la Policía Judicial, que señalan la presencia de antiguos empleados de banca como testaferros.
