El Gobierno espera que el plan entre en vigor con el arranque del próximo año, para que no haya desfase con la conclusión del actualmente vigente, indicó la ministra de vivienda, Beatriz Corredor, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
No obstante, el texto incluye un conjunto de medidas transitorias, que estarán en vigor durante 2009, con el fin de hacer frente a la crisis que atraviesa el sector residencial. Fundamentalmente pasan por aprovechar el actual 'stock' de viviendas nuevas libres actualmente sin vender (unas 600.000 unidades, según los promotores) para aumentar el parque de viviendas protegidas.
En concreto, el nuevo plan prevé ejecutar en sus cuatro años un total de 996.000 actuaciones, un 38% más en relación al plan actual. Para ello, por un lado, aumentan el número de colectivos que pueden beneficiarse de sus ayudas.
Así, teniendo en cuenta las circunstancias personales, las personas dependientes, los divorciados o separados al corriente del pago de la pensión, las víctimas del terrorismo o las personas afectadas por situaciones catastróficas, acceden a la categoría de potenciales beneficiarios que ya tenían las familias con menor renta, mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados, familias monoparentales con hijos o las numerosas.
Por lo que a las condiciones económicas respecta, podrán beneficiarse del plan familias con ingresos anuales de hasta 45.500 euros (6,5 veces el IPREM) para viviendas protegidas de tipo concertado. En el régimen de VPO especial el máximo de ingresos será 17.472 euros anuales, y de 31.449 euros al año para el régimen general, que incluye ayuda a la entrada y subsidiación del préstamo.
Con la ampliación de los límites de ingresos se persigue garantizar el acceso a la vivienda a rentas medias que hasta ahora no podían beneficiarse del plan, pero tampoco acudir al mercado libre.
Otra de las novedades del nuevo plan es su apuesta por la vivienda protegida en alquiler, de forma que aspira a que el 40% de las nuevas VPO que se construyan se destinen al arrendamiento. El Ministerio confía en contar con unas 100.000 viviendas de nueva construcción y otras 70.000 procedentes de la rehabilitación.
Para impulsar este tipo de viviendas, el departamento que dirige Corredor subvencionará su construcción con 410 euros por metro cuadrado últil. La ayuda también se recibirá cuando se trata de viviendas del 'stock' de pisos libres sin vender que se califiquen como VPO para alquiler.
Además creará nuevos tipos de viviendas protegidas en alquiler, para rentas más bajas, y alojamientos temporales para colectivos como científicos, investigadores y universitarios, entre otros.
En cuanto a las referidas medidas transitorias que el plan contempla para 2009 con el fin de ayudar a dar salida a los pisos de promoción privada que no se venden, destaca la posibilidad de que una familia con renta de 48.900 euros anuales pueda comprar una vivienda concertada.
Asimismo, durante el próximo año las viviendas libres terminadas podrán considerarse como usadas y ser compradas como protegidas sin esperar el preceptivo plazo de un año. La fórmula será el alquiler con opción a compra después de cinco años.
Además, durante 2009 Vivienda permitirá que se califiquen como VPO para compra o alquiler las viviendas libres con licencia de construcción anterior a septiembre de 2008, siempre que se ciña los precios fijados en el plan.
El nuevo plan persigue también fomentar la rehabilitación de pisos, para contribuir a impulsar la actividad de la construcción, segmento. En este área se fija alcanzar las 470.000 actuaciones, más del triple que en el plan anterior.
Para ello, contempla subvenciones de hasta 3.400 euros, que podrán ascender a 6.500 euros cuando la vivienda se destine al alquiler durante cinco años.
Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó hoy modificar tres leyes con el fin de contribuir al impulso del mercado del alquiler y mejorar su seguridad y fomentar la eficiencia energética de los edificios.
En concreto, se modificarán parte de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Enjuiciamiento Civil con, entre otros fines, dar más agilidad a los procesos judiciales por desahucio e impagos de renta, y resolver el contrato de alquiler si el propietario necesita la vivienda y así lo consignó previamente en el contrato
