La Audiencia Provincial juzga a Trinitario Casanova, ex dueño de Hispania, por fraude a Hacienda

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia juzgará la semana que viene al empresario de la construcción Trinitario Casanova, para quien el fiscal pide una pena de seis años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública, según dice hoy "La Opinión".

El ministerio público considera que el empresario -hasta hace unos meses propietario del Grupo Inversor Hispania y todavía promotor de la urbanización de la Zerrichera- defraudó 1,2 millones de euros en concepto de IVA y del Impuesto de Sociedades correspondientes al ejercicio económico 2003.

Además de la pena de prisión -tres años por cada uno de los dos delitos-, el fiscal solicita una multa de 7,2 millones de euros y una indemnización de 1,2 millones de euros para la Hacienda Pública.

Las conclusiones provisionales del ministerio público señalan que este promotor inmobiliario, para evitar el pago de sus impuestos, "trató de crear la apariencia de que, durante el año 2003, su empresa había soportado importantes gastos".

Estos desembolsos, añade el fiscal, se habrían producido, según el acusado, por las obras de movimiento de tierras y desmonte de terrenos en una urbanización conocida como Sierra de Altea II, situada en el término municipal de Altea.

"Estas obras, afirma la acusación pública, no se habían realizado, ni, por tanto, habían supuesto para el acusado gasto alguno, por lo que, con el fin de aparentar esos gastos inexistente frente a la Agencia Tributaria, se puso en contacto con otras personas para que emitieran las correspondientes facturas".

El empresario consiguió así hacerse con un total de 91 facturas que le permitieron eludir el pago de 596.372 euros en concepto de IVA y casi 606.00 euros por el Impuesto de Sociedades, siempre según el fiscal.

Trinitario Casanova es el promotor de un proyecto de urbanización que pretendía construir cuatro mil viviendas en la finca La Zerrichera, ubicada en Águilas, y que está enclavada en una zona de especial protección ambiental (ZEPA).

El proyecto se encuentra paralizado por una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Igualmente, Casanova está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta difusión de noticias falsas para intentar alterar el precio de las acciones del Banco Popular.