Para atraer a grandes depositantes, los paraísos fiscales ofrecen a sus clientes total libertad para el movimiento de capitales, ausencia de cualquier tipo de regulaciones o encajes, y estricto secreto bancario. El anonimato de los titulares de las cuentas garantizó no sólo depósitos de aquellos que buscaban evadir impuestos, sino que paulatinamente los paraísos fiscales también comenzaron a custodiar fondos de actividades delictivas como el narcotráfico y los provenientes de la corrupción política.
El negocio de la banca "off shore" y el lavado de dinero como principal actividad económica llevó a varios países a conseguir extraños records. Un ejemplo son las Islas Cayman, que tienen un promedio de tres bancos por metro cuadrado. Pero ser paraíso fiscal no es una actividad exclusiva del Tercer Mundo tropical. El aristocrático principado de Liechtenstein, en el corazón de Europa, tiene 35.000 habitantes y unas 70.000 compañías radicadas en su registro de sociedades, un promedio de 2 por habitante, según el abogado Fabián Rodríguez Simón en su libro "La crisis bancaria y la operatoria off shore".
Además de las ventajas jurídicas, para resultar atractivos a sus clientes los paraísos fiscales también deben presentar una serie de ventajas extrajudiciales. Rodríguez Simón destaca la cercanía de los grandes centros financieros, un alto grado de tecnología en comunicaciones, capacidad y calidad hotelera y un buen nivel cultural de la población. En algunos casos también se encuentran filiales de los principales estudios jurídicos y contables del mundo: Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, KPMG, etc.
En la actualidad los paraísos fiscales representan el 1,2 por ciento de la población y cerca del 26 por ciento de los activos mundiales. Según un informe del ex funcionario del FMI ,Vito Tanzi, los centros financieros extraterritoriales retienen más de 5 billones de dólares, un tercio del PIB mundial. La organización internacional humanitaria Oxfam estimó que los paraísos fiscales han contribuido a pérdidas en la renta (ingresos tributarios) de los países en desarrollo por unos 50.000 millones de dólares.
Después de las crisis financieras de la década pasada, varios países desarrollados comenzaron a mirar con preocupación a los paraísos fiscales. Aunque no encontraron relación directa con las convulsiones de los mercados, les asignaron el eufemismo de “no favorecer a la estabilidad global”. De ese modo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elaboró en el 2000 una lista de 35 países con “prácticas fiscales nocivas”, y los encuadró bajo el rótulo de “Estados no colaboradores” y “Estados observados”.
En su informe 2005 el GAFI menciona sólo a tres países observados: Myanmar, Nauru y Nigeria. Una parte sustantiva de los estados que el GAFI removió de sus listas fue bajo promesa de corregir sus prácticas fiscales al 31 de diciembre de 2005.
Muchos de esos territorios tienen una relación directa de dependencia con los principales centros financieros: por caso, países integrantes del Commonwealth británico o la influencia que ejercen los Estados Unidos sobre las Bahamas o la isla de Guam.