UCE denuncia que la mayoría de anticipos de vivienda no están garantizados por seguro o aval

MADRID.- La Unión de Consumidores de España (UCE) denunció que la mayoría de promotoras y constructoras incumplen la obligación de suscribir avales o seguros de caución por los anticipos en la compra de vivienda, lo que sitúa "en evidente riesgo a los compradores".

Estos avales, que garantizan la recuperación de los importes entregados en caso de incumplimiento del contrato por parte de las compañías, llegan a alcanzar el 20% del total de la vivienda, superando los 24.000 euros por cada inmueble, según explicó la asociación en una nota.

UCE hizo hincapié en la preocupación que le produce esta situación y destacó la importancia de estos avales y seguros "ante la crisis del sector inmobiliario, y la aparición de casos como el de Urbancasa y Llanera".

"Los casos de quiebras o cierres en el sector inmobiliario son especialmente preocupantes por que los compradores afectados podrían ser incapaces de recuperar las cantidades entregadas si no se hubieran constituido los avales o seguros correspondientes", explicó la organización.

La legislación actual obliga a los promotores y constructores a garantizar las cantidades anticipadas mediante contrato de seguro o aval bancario, que deberá entregar a todos y cada uno de los compradores de forma individualizada a la firma del contrato de compraventa.

UCE realizó un llamamiento a los compradores y les recordó que en el actual contexto de "incertidumbre" inmobiliaria es "muy importante que el comprador solicite la documentación relativa al aval o seguro de caución en la que debe aparecer como beneficiario".

La asociación, además, instó a las distintas administraciones a que incrementen su control sobre el sector mediante inspecciones periódicas que garanticen el cumplimiento de la ley por los constructores y promotores.

En este sentido, UCE aseguró que en los últimos años el sector de la vivienda se ha convertido, "con diferencia", en el sector con mayor número de reclamaciones por parte de los consumidores, tan sólo superado por la telefonía.- (Agencias)

El Gobierno vasco advierte de que los ciudadanos acabarán pagando la sanción a sus cajas

VITORIA.- La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, consideró ayer que, si se mantiene la "desproporcionada" sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a las Cajas de Ahorros vascas y navarra, "serán los ciudadanos los que la acaben pagando", ya que se trata de unas entidades que "no son estrictamente privadas".

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Azkarate se refirió así a la decisión de la Comisión que ha multado con 24 millones de euros a las tres cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa y Vital) y la CAN de Navarra por mantener durante 15 años un supuesto pacto de no competencia.

En opinión de Azkarate, "no está nada claro que los acuerdos de colaboración que han podido mantener las cajas hayan tenido o tengan una influencia perniciosa sobre el mercado en general" y "hayan perjudicado a los consumidores o, más concretamente, a los clientes".

En este sentido, dijo que "hay expertos que niegan este extremo" y que "no comparten la conclusión a la que ha llegado la Comisión Nacional de la Competencia". "El mercado financiero en Euskadi es de los más competitivos del Estado, los márgenes de intermediación son realmente competitivos, y los ratios de competitividad en las cajas son también de los más competitivos del Estado", explicó.

Además, consideró que "la cuantía de la sanción impuesta es desproporcionada" porque "no estamos hablando de unas entidades que sean estrictamente privadas". Por este motivo, "si se mantiene la cuantía serían los ciudadanos los que terminarían pagando la sanción", advirtió.

Por último, denunció "que no se haya respetado la adecuada participación que solicitó el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia", y concluyó considerando que "la Comisión Nacional de la Competencia podía haber dado otro tipo de cabida al Tribunal vasco en la tramitación del expediente".- (Agencias)

UGT no firmará el convenio de las cajas, que suscribirán hoy patronal y dos sindicatos

MADRID.- La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) no firmará hoy el convenio colectivo que la patronal de las cajas de ahorro y otros dos sindicatos (CC.OO. y CSICA) suscribirán tras varios meses de negociación, y que tendrá vigencia hasta 2010.

UGT señaló que, en coherencia con la "tradicional oposición a la ampliación de horarios en el sector y en defensa de la jornada continuada", no suscribirá el convenio porque las partes han alcanzado un compromiso de ampliar los horarios singulares a oficinas de empresa y a las que se sitúen frente a grandes almacenes o en grandes polígonos comerciales.

En su opinión, "es preocupante" que se remita la negociación del número de aperturas y sus horarios al acuerdo empresa por empresa, con lo que se debilita el poder normativo, regulador y unificador del 'Convenio Colectivo Sectorial' y abre la puerta a una guerra de horarios entre entidades.

Asimismo, destaca que el pacto de facilitar estas aperturas y la consiguiente modificación de horarios para un número indeterminado de trabajadores "no está compensado" por los escasos contenidos del convenio a la vista de los grandes beneficios y el incremento de la productividad de las cajas en estos últimos años.

Los representantes de las cajas de ahorro españolas y los representantes de los dos principales sindicatos del sector firmarán hoy el nuevo convenio colectivo del sector, que comenzó a negociarse el pasado mes de abril, tras quedar constituida la mesa de negociación el día 8 de marzo.

Tras varios meses de negociación, ACARL, la Asociación patronal que agrupa a las Cajas de Ahorros españolas y a la propia Confederación (CECA), CSICA, la Confederación de Sindicatos Independientes de cajas de ahorro, así como la Agrupación de cajas de ahorro de Comfia-CC.OO. alcanzaron el pasado 10 de octubre un principio de acuerdo que se materializará esta mañana con la firma del texto.

Las partes limaron sus principales escollos en la negociación del convenio colectivo y el acuerdo final contempla los cuatro ejes sobre los sindicatos consideraban que debía sustentarse el texto final, el incremento salarial, la mejora de las condiciones del préstamo vivienda empleado, la jornada laboral y la conciliación del vida laboral y familiar.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, recoge un incremento salarial real del 1,4% sobre el IPC, con un 'plus de convenio', que oscila entre los 255 euros de este año y los 300 euros en 2010, y un cuantía de un cuarto de paga del salario base, según el nivel de cada empleado. Además, aumentarán de manera progresiva durante los años de vigencia de convenio los conceptos no salariales por kilometraje, dietas y quebranto.

Una portavoz de CSICA señaló que el texto que se ratificará hoy es un "buen convenio", aunque "todo es mejorable". A su juicio, además del incremento salarial, es importante destacar el incremento de la cuantía mínima del préstamo vivienda, que se eleva hasta los 186.000 euros, un 60% más que el actual, y el plazo de amortización a 35 años.

Asimismo, valoró de manera muy positiva el incremento de las ayudas para los empleados con hijos, ya que la cuantía para las guarderías pasa a 850 euros desde los 556 euros actuales.

En cuanto, a la jornada laboral, el acuerdo contempla la libranza de tres tardes de jueves en Navidad (los dos últimos de diciembre y el primero de enero). En 2007 los empleados librarán las dos últimas tardes de jueves de diciembre, salvo que se establezcan otras fechas en acuerdo colectivo de empresa y contarán con 26 días laborables de vacaciones.

Por último, el nuevo texto incluye medidas para conciliar la vida laboral y familiar. En este apartado, los empleados podrán disfrutar todos los años de un día de libre disposición y se amplía a tres los días hábiles por nacimiento de hijos y fallecimiento, accidente o enfermedad grave o por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de los parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.

Asimismo, se reducirá la jornada para aquellos empleados que tengan que cuidar de familiares en los términos que contempla el Estatuto de los Trabajadores.- (Agencias)

(Moderna sede de UGT en la ciudad de Murcia)

El Senado acepta una enmienda transaccional que elimina la pesca de atún rojo en el Mediterráneo

MADRID.- El Senado dio luz verde a una enmienda transaccional, rechazada por el PSOE, que elimina la pesca de atún rojo en el Mediterráneo. Esta enmienda, originada tras la moción presentada por Eusko Alkartasuna sobre la prohibición de pesca en el Océano Atlántico (EA), afectará finalmente sólo a la pesca en el Mediterráneo, tras ser votada por 130 votos a favor y 111 en contra.

La senadora por Tenerife y portavoz del PSOE en este asunto, Patricia Hernández, mostró su rechazo por la medida aprobada y subrayó que se pretende eliminar la pesca de atún rojo en el Mar Mediterráneo, limitándola al Cantábrico, añadiendo que "se produce una enorme discriminación en el sector que afectará a todas las comunidades del litoral mediterráneo".

El Partido Popular, que apoyó inicialmente al Grupo Mixto, CC y PNV en esta transaccional, recibió también críticas por parte del PSOE ya que, en su opinión, el texto va en contra de la interpelación inicial del Grupo Mixto, la cual pedía compensaciones económicas por estos cierres.

"Está claro que para el Partido Popular hay comunidades de primera y de segunda categoría y parece que los pescadores mediterráneos pertenecen a segunda", sentenció Patricia Hernández.- (Agencias)

La Eurocámara respalda endurecer los controles sobre el uso y la comercialización de los pesticidas

ESTRASBURGO.-El pleno de la Eurocámara aprobó anoche en primera lectura un paquete legislativo que refuerza los controles sobre el uso y la comercialización de los pesticidas. El objetivo de las nuevas normas consiste en reducir el uso de pesticidas con efectos nocivos para la salud y por ello se prohíbe la pulverización aérea y se endurecen los criterios de aprobación de nuevos productos.

No obstante, los parlamentarios rechazaron imponer objetivos comunitarios de reducción en el uso de pesticidas.

El Parlamento respaldó en líneas generales la propuesta de la Comisión de prohibir (con algunas excepciones) la pulverización aérea con pesticidas debido a los riesgos que conlleva en las zonas pobladas. Sin embargo, no dio el visto bueno a una enmienda que pedía que, antes de que un agricultor vaya a usar un aerosol, informe de ello por medio de un sistema centralizado de aviso a los vecinos que estén expuestos a los efectos perjudiciales del producto.

Para proteger los humedales y cursos de agua, los eurodiputados apoyaron que se establezcan "zonas barrera" en las que no se podrá utilizar ni almacenar plaguicidas. El pleno rechazó no obstante una enmienda que exigía que estas áreas fueran de al menos 10 metros de ancho.

El Ejecutivo comunitario también había propuesto prohibir el uso de productos fitosanitarios en las áreas frecuentadas por el público en general o por grupos sensibles de población, como parques, jardines públicos, zonas escolares y de juego. La Eurocámara añade a esta lista las zonas residenciales, los terrenos deportivo-recreativos y las inmediaciones de los centros públicos de asistencia sanitaria.

Las nuevas normas obligarán a los Estados miembros a elaborar planes de acción que identifiquen los ámbitos, las actividades o las zonas más expuestas a los riesgos relacionados con estos productos. La comisión de Medio Ambiente del Parlamento había propuesto imponer en estos planes una reducción en el uso de plaguicidas del 25% en cinco años y del 50% en 10 años, pero esta enmienda fue rechazada por el pleno, que tampoco aceptó aumentar los impuestos sobre los plaguicidas para financiar los planes nacionales.

La Comisión propuso que la mayoría de los nuevos productos fitosanitarios se aprueben inicialmente para un periodo de 10 años. Sin embargo, los ingredientes que comportan un riesgo bajo para la salud se mantendrán durante 15 años, mientras que aquéllos que pueden ser sustituidos por sustancias menos tóxicas se aprobarán por siete años.

En este último caso, la Eurocámara pide un recorte de dos años hasta los cinco para favorecer el uso de las sustancias no químicas. Bruselas propone que las sucesivas renovaciones se realicen por un periodo ilimitado, pero el Parlamento aboga por que la aprobación se renueve "una o repetidas veces durante un período no superior a 10 años".

Los diputados respaldaron la propuesta de Bruselas de prohibir las sustancias carcinógenas, genotóxicas, reprotóxicas o de alteración endocrina, pero exigieron más restricciones, incluso en las excepciones que la Comisión está dispuesta a permitir.

Finalmente, la Eurocámara rechazó la propuesta del Ejecutivo comunitario de dividir la UE en tres zonas geográficas -norte, centro y sur- a la hora de aprobar los nuevos pesticidas y abogó por un sistema único de mutuo reconocimiento en toda la Unión, en el que un Estado tendría cierta flexibilidad para confirmar, rechazar o restringir la aprobación dependiendo de las circunstancias nacionales.- (Agencias)

El funcionario que destapó el caso 'Malaya' declara que las licencias se daban de forma "arbitraria"

MÁLAGA.- El jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Jorge González, cuya declaración en otro procedimiento dio origen al caso 'Malaya', aseguró hoy que todas las licencias de obra desde la etapa de gobierno del GIL hasta la comisión gestora se daban de forma "arbitraria" y reiteró, como ya ha hecho en otras comparecencias, que el ex asesor Juan Antonio Roca era "el responsable de hecho" del urbanismo marbellí y las propuestas de licencias seguían sus "designios".

González declaró hoy como testigo en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 8 por la licencia dada en dos comisiones de Gobierno a Artola Inversiones para una vivienda unifamiliar en suelo rústico, según el PGOU de 1968. En este caso, la Fiscalía acusa a Julián Muñoz y cinco ediles de dos delitos urbanísticos en régimen de continuidad, pidiendo 20 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación; mientras que para otros dos, entre ellos Pedro Román, pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación, por un solo delito.

El funcionario municipal explicó que los listados de licencias que llegaban a la comisión eran producto de "los designios de Roca" y no descartó que alguno de los trabajadores de su departamento pudiera haber enviado esos cuadernillos de propuestas a la comisión "por orden de Roca", que, según confirmó hoy el abogado del fallecido Jesús Gil, José Luis Sierra, era "como un gerente de Urbanismo".

González consideró que el PGOU de 1986 era "perfecto y eficaz" y que "no tenía validez" un plan que no había visto la luz, en referencia a la revisión del 98. Así, dijo que los técnicos tuvieron la orden de informar sólo según esta revisión, momento en el que él ordenó a su equipo a que no informaran según ese plan. La consecuencia fue, según indicó, que se desmanteló su servicio jurídico.

Como hipótesis, y respecto a la licencia que se enjuicia, González dijo que a la vista del informe técnico emitido en este caso, que era a favor del otorgamiento pero sin hacer referencia a ningún plan, su dictamen también podría haber sido favorable, pero luego matizó que habría pedido ampliación porque no constan determinados elementos.

Asimismo, aseguró que los informes jurídicos se hacían en virtud de los técnicos y precisó que "no era una excepción" que los expedientes llegaran a la comisión de gobierno sin los dictámenes jurídicos. En este mismo sentido se manifestó el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, quien apuntó que se podría considerar que por este motivo los expedientes nunca estaban conclusos.

Barrantes reiteró que en 1998 Marbella "carecía de PGOU" y negó tajantemente que se hubieran manipulado las actas de las comisiones de gobierno, como dijeron ayer algunos ex ediles. "Imposible, sería el delito más grave que puede cometer un secretario", aseveró. Además, aseguró que existe la delegación de funciones del alcalde a dichas comisiones.

El aparejador que firmó el primer informe técnico, que también compareció como testigo, reconoció haber cometido un error en dicho escrito y afirmó que informó "según el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos", que incluía un plano en el que aparecía la parcela como unifamiliar exenta, por lo que se podía construir.

Aseguró que el Colegio de Arquitectos daba por buena la obra y apuntó que, posteriormente, hizo un informe subsanando el error que "no he encontrado", al tiempo que declaró que también informó a sus superiores, en concreto al jefe del Servicio de Obras, Francisco Merino, que también compareció como testigo.

Éste aseguró que al ser requerido por el juzgado sobre la licencia y ver el informe "lo entendí como un error", al no estar correcto "conforme al plan vigente", aunque negó que los concejales supieran que se hubiera producido. Consideró que en el nuevo plan general, aprobado inicialmente, la obra sería legal, cuando esté en vigor y una vez cumplidas las cargas del terreno.

Merino manifestó que si en el informe no se especifica el plan sobre el que se pronuncia, como ocurre en este caso, "entendemos que es el del 86", aunque aseguró que recibieron la orden de que se informara según la revisión. Explicó que durante los años 80 se emitían informes para el plan del 68 y el del 86 y en los 90 sobre éste último y la revisión del 98.

También declaró el administrador de la empresa, quien dijo que en una primera reunión con el arquitecto anterior éste le dijo que no había problemas para construir en dicho suelo y manifestó que conoció a Julián Muñoz el día en que firmaron el convenio para la permuta de la parcela, que se le dio porque "el Ayuntamiento me debía dinero".

Por su parte, la ex directora general de Planeamiento de la Junta, Josefina Cruz, indicó que las impugnaciones de licencias "se contaban por centenares" de 1995 a 2004, periodo en el que ella estuvo en ese cargo e insistió en que en Marbella, en ese momento, "el único plan vigente era el del 86".- (Agencias)

Sirmu: "el Salón de la Destrucción"

MURCIA.- Diferentes grupos de resistencia de la sociedad civil murciana han suscrito un manifiesto de protesta contra la segunda edición del "Sirmu" a celebrar este fin de semana en los salones de IFEPA, en Torre Pacheco.

En dicho documento, hecho público esta noche, se califica al evento como "Salón de la Destrucción", en clara referencia al carácter depredador del medio ambiente y el medio físico regional por parte de algunas de las empresas participantes, por su carácter más especulador que promotor. El contenido literal es el siguiente:

"Este año, del 25 al 28 de octubre, se celebra la 2ª edición del Salón Inmobiliario de la Región de Murcia en el recinto ferial de Torre Pacheco, lo que junto a otros eventos similares, SILE de Lorca, VERACTIVA en Vera, otros en Aguadulce, Madrid, etc., van haciendo todo lo posible por mantener una dinámica mercantilista del suelo y la vivienda, bien alejada de la función social que corresponde a estos bienes y más cercana con el modelo especulativo y depredador de recursos naturales escasos.

La falta de justificación del interés general, en los trámites para expropiar terrenos, constituyen una práctica injusta. Los escándalos más sonados han llegado al Parlamento Europeo, por dejar desprotegidas a las personas más indefensas frente a la figura del “agente urbanizador”.

Como no puede ser de otra manera, la sociedad civil más concienciada y responsable de esta región, tiene que seguir denunciando el empecinamiento del gobierno regional y de sus colaboradores necesarios en crear todo tipo de infraestructuras favorecedoras y al servicio de la especulación.

El caso más emblemático lo tenemos con la autopista de peaje Cartagena-Vera, cuya apertura al tráfico el 29-03-07, ha demostrado el rotundo fracaso en su utilización, pues no cubre ni la mitad del tráfico previsto. Así podíamos seguir con autovías hechas a la carta de promotores inmobiliarios y el proyecto de Aeropuerto de Corvera, paradigma del modo de transporte más insostenible, junto con las líneas AVE.

Lo más grave de todo esto es que la mayor parte de estas infraestructuras se hacen fuera del marco de la planificación y de la evaluación ambiental estratégica que obligan directivas de la C.E. y Leyes de ámbito estatal y regional.

El urbanismo, vía convenios, ha suplantado a los planes generales de ordenación, facilitando un modelo de tipo discrecional, que solo hace visible lo que interesa, ocultando aspectos y detalles que únicamente la investigación judicial y de los tribunales de justicia llegan a desentrañar en determinados casos.

Este modelo nos aleja de la necesaria y saludable participación ciudadana. Desgraciadamente la nueva Ley del Suelo perpetúa, aunque con algunas limitaciones, los convenios urbanísticos, permitiendo prácticas corruptas entre las distintas administraciones públicas, que difícilmente la sociedad civil organizada, y la administración de justicia, pueden dar abasto a combatir ante tan caótica situación.

Es paradójico que en una de las CC.AA. con mayor índice de corrupción y de delincuencia urbanística, acabe siendo condenado un ecologista que ha tenido la valentía de denunciar públicamente esas prácticas, mientras políticos, empresarios y otros “pringados” siguen esperando tranquilamente que la justicia llame a su puerta.

Por si alguien todavía no lo sabe, nos referimos a nuestro compañero Pedro Costa, Premio Nacional de Medio Ambiente".

(Imagen de la primera edición del "Sirmu" en IFEPA)

Los barones del PP se mueven, según "La Opinión"

MURCIA.- Los cuatro alcaldes de las ciudades más grandes de la Región, Miguel Ángel Cámara (Murcia), Pilar Barreiro (Cartagena), Francisco Jódar (Lorca) y Eduardo Contreras (Molina de Segura) están tomando posiciones en su formación, el Partido Popular, para cuando abandone la presidencia de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel, según revela "La Opinión".

Los barones del PP mantuvieron ayer un nuevo encuentro, no el primero según ha podido saber esta redacción, desde que este periódico avanzara en julio que Valcárcel no tenía intención de agotar la actual legislatura.

Si el presidente presentara su dimisión tras las elecciones generales de marzo, la persona que lo sustituirá debe salir de los bancos del Grupo Parlamentario Popular, y todo apunta a que Valcárcel desearía que fuera el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

No se discute al jefe

Sin embargo, los barones del Partido Popular están tomando posiciones para intervenir en el debate sobre el futuro de su formación. "Ahora no se discute al jefe, porque los cuatro alcaldes han demostrado sobradamente su lealtad a Valcárcel. Sin embargo, si se marcha el jefe, sí que quieren debatir qué va a pasar", afirman las fuentes consultadas por este periódico.

Los cuatro mandatarios de los principales ayuntamientos de la Región, en consecuencia los que más poder tienen dentro del Partido Popular, se han reunido ya varias veces para hablar de los cambios que pueden producirse en los próximos meses en su formación política.

De esta manera, trabajan sobre varias hipótesis, aunque todas ellas centradas en el hecho de que tienen que ser ellos parte importante de las negociaciones que se abran cuando se plantee la sucesión de Ramón Luis Valcárcel.

Esta es la segunda vez que los regidores aparecen fotografiados juntos; la primera vez fue durante la Feria de Septiembre de Murcia, antes de una corrida de toros, cuando también hablaron de política durante una comida que tuvo lugar en Murcia.

www.laopiniondemurcia.es

Murcia contamina cuatro veces más por encima de su capacidad biológica

MADRID.- Los murcianos contaminan y consumen 3,9 veces por encima de su capacidad biológica (datos de 2005), según los resultados del primer informe ‘La huella ecológica en España’, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente.

En el conjunto del país, se contamina y consume casi tres veces por encima de su capacidad biológica, mientras que cada habitante usa y contaminan los recursos de 6,4 hectáreas, y la biocapacidad del territorio es de 2,43 hectáreas.

Además, estos niveles insostenibles han aumentado un 34% en los últimos 10 años, ya que en 1995 la huella ecológica de España era de 5,37 y su biocapacidad de 2,73, con lo que los habitantes consumían y contaminaban dos veces más de lo medioambientalmente sostenible. Madrid, por su parte, consume y contamina casi una veintena de veces más de lo que debería.- (Agencias)

Leen poco, escriben menos / Fermín Bocos

La política lo es todo para muchos políticos: viven de y para la política.

El resto de los ciudadanos, trabajamos. Ellos, los políticos, dedican todas las horas del día a encomiar lo que hacen y a denostar lo del contrario.

Los de ésta promoción, los Zapatero, Rajoy, Blanco, Zaplana, Ibarretxe, Llamazares, Carod o Montilla, vuelan bajo. Ni uno sólo de ellos ha publicado un solo libro; no tienen obra escrita. No disponen de tiempo para reflexionar o los dioses no les han llamado por el camino del pensamiento.

Y, sin embargo, la política es o debería ser eso: primero pensar, después, hacer. En ese terreno, lo que hizo gigantes a los Churchill, Mitterand o Wily Brandt, Soares o Havel, aquí, en esta generación, ha dado pigmeos.

En España habría que evocar a Carrillo, a Pujol o a Fraga, o remontarse a Azaña, a Cánovas Del Castillo o a Cautelar, para encontrar precedentes de políticos en primera línea que estén familiarizados con los libros, bien por frecuentarlos, bien por escribirlos.

En este registro, ya digo que el panorama actual es yermo. Esa orfandad de libros delata lo que tenemos: políticos en agraz lectores de textos ajenos y rutinarios de la palabra extraída de los periódicos.

El político con ideas propias tiende a fijarlas por escrito; el recolector de ideas de otros tiende a improvisar. Y en eso estamos: con la clase política más endogámica, tribal y ágrafa de toda la Historia de España. Una pena.

Los socialistas murcianos buscan un “buen paracaidista” / Juan Redondo

Con el teórico empate técnico de las encuestas a falta de poco más de cuatro meses, las próximas elecciones generales se juegan en el centro político y en provincias como circunscripciones electorales. Ahí dicen los analistas que es donde se pude romper el teórico empate y hasta marcar importantes diferencias. En un caso porque pueden moverse millones de votos y en el otro porque “el último de la fila” saldrá con un margen tan apretado como en unas municipales.

La clase media, el teórico centro político, económico y social, como lugar de encuentro, parece que no interesa en esta ocasión a los dos grandes. Los populares en la línea Zaplana, Acebes y Esperanza Aguirre apuestan más por sus clientes de la derecha más conservadora y por sumar votos aunque sean de dudosa reputación democrática. Los socialistas de Zapatero, según estos analistas, que han realizado una gran política social, se mueven entre la periferia, los nacionalismos y el intento de restar votos a IU por la izquierda, “con contradicciones entre ministros y ministras y Pedro Solbes haciendo malabarismo económicos”.

Me comenta un amigo que los socialiberales colocan cada mañana flores a Rodrigo Rato y Pedro Solbes, a uno pidiendo que vuelva y al otro rogando para que no se vaya. “Pero los consejos de uno y otro parece que no cuentan en sus respectivos partidos”. Tampoco parece que estas tesis tengan excesivo predicamento de momento entre los populares murcianos y en los socialistas, Saura es “zapaterista” por encima de todo. Así que en teoría en la Región de Murcia no habrá batalla por el centro político. La “batalla contra el centro geográfico dependerá siempre del color del inquilino de La Moncloa”, apunta el amigo.

Otro tema son las circunscripciones electorales, en este caso provincias. Ahí los estudiosos de ambos partidos cuentan "a priori" los posibles votos como “el ávaro sus riquezas”. Por un puñado de votos se pueden perder una docena de diputados si los vientos soplan a favor de la misma corriente. Y en los estudios de los laboratorios de Génova y Ferraz, la Región de Murcia está incluida en un trato especial. Por población se incrementa un diputado y serán diez puestos a repartir. El último, que sería el cuarto para el PSOE o el séptimo para el PP, según las previsiones estadísticas, estaría en juego. Las dos formaciones descartan el cinco a cinco y también consideran inviable que IU pueda meter baza.

Para arañar esos votos en disputa los populares cuentan con el apoyo de las principales instituciones de la Comunidad: Gobierno Regional y los principales Ayuntamientos. Los resultados de los comicios autonómicos y municipales del pasado mes de mayo lo dejaron bien claro. Los socialistas con la gestión del gobierno Zapatero. Pero a falta de unos meses estos últimos se encuentran con un grave problema doméstico, ¿quién poner al frente de la candidatura?. “Aquí hay lo que hay”, comenta con cierta resignación un histórico militante del PSRM. “Esta vez necesitamos un buen paracaidista de prestigio”.

El buen hombre desgrana nombres y no encuentra alternativa. Considera a muchos compañeros y compañeras muy adecuadas para ir en las listas para hacer un buen trabajo parlamentario en Madrid. Pero no ve un cabeza de cartel. Quizás eso le pasa también a Saura. En la Comunidad Valenciana donde los socialistas se juegan más votos van cerrando los carteles provinciales. De momento aquí sólo ha llegado la alicantina Leire Pajín a presentar la precampaña. Y dicen que podría ser un señuelo.

www.elfarodemurcia.info

Reprimenda al Gobierno regional en un dictamen del CES sobre La Zerrichera, según RNE

MURCIA.- El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) estudia un dictamen en el que reprocha al Gobierno regional sus políticas de protección ambiental, las cuales "se quedan sin credibilidad".

Así lo recogía ayer en sus informativos Radio Nacional de España (RNE) de Murcia, emisora que ha tenido acceso al borrador de dicho dictamen, que será sometido a estudio en una comisión que está prevista que se celebre hoy.

Este informe, que consta de 55 folios, es el resultado del estudio del Plan de Gestión de la Sierra de Almenara, trámite necesario para saber si se podrá construir o no en La Zerrichera, y expresamente dice, según informó ayer la cadena radiofónica, que "la situación creada por el incumplimiento de los compromisos fijados por el propio Gobierno regional y por las dudas sobre el alcance jurídico de algunos de los instrumentos de planificación elegidos, supone un importante daño para la credibilidad de las políticas proteccionistas".

Asimismo, el dictamen destaca que con los instrumentos de gestión elegidos por la consejería de Desarrollo Sostenible no se alcanzan "los niveles exigibles de seguridad jurídica". Por otro lado, el documento establece que aunque exista un adecuado análisis de la ordenación territorial en algunos casos, la urbanización de La Zerrichera es "la única e importante excepción".

También se hace mención a las consecuencias que pueda tener la puesta en marcha de este proyecto, destacando que no se ha hecho una identificación técnico ambiental del impacto que puede tener la urbanización de La Zerrichera.

En este borrador se hace referencia también a que las directrices del litoral consideran la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Almenara como "suelos incompatibles con su transformación urbanística".

En relación a este tema, RNE también apunta a que el documento del CES apoya de forma expresa la respuesta a todas las alegaciones realizadas y elogia su rigor técnico, y destaca que el documento "rechaza de forma expresa las que presentó la empresa promotora de la urbanización de la Zerrichera".

Por último, el dictamen también propone al Gobierno regional que se dé prisa en la tramitación del Plan de Gestión de la Sierra de Almenara, ya que "no es aceptable que se tarde tres años", y le advierte de que no es el instrumento adecuado, indicándole que debería haber optado por un Plan de Ordenación de Recursos.

El ex presidente argentino, De la Rúa, procesado

BUENOS AIRES.- Un juez argentino ha procesado a Fernando de la Rúa por el "homicidio culposo" de cinco personas y las heridas sufridas por un centenar de manifestantes en el estallido social que a finales de 2001 derivó en su renuncia a la presidencia del país, según han informado fuentes judiciales.

La medida fue adoptada el lunes por el magistrado Claudio Bonadío, quien además ha decidido el embargo de bienes del ex gobernante (1999-2001) por un importe de 20 millones de pesos (4,4 millones de euros). Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 los disturbios y saqueos a comercios registrados en Buenos Aires, sus alrededores y otros puntos de Argentina causaron una treintena de muertos.

Al declarar hace un año ante el juez, el ex presidente alegó que hubo un "complot" contra él que forzó su salida anticipada del gobierno en medio de una grave crisis económica. El juez trata de aclarar quiénes fueron los responsables de la represión lanzada contra manifestantes en inmediaciones de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

Las consecuencias del "corralito"

De la Rúa también declaró que fue la jueza María Servini de Cubría quien el 20 de diciembre de 2001, sin contactar con el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, "dispuso desalojar la Plaza de Mayo", frente a la Casa de Gobierno.

A finales de 2001, el gobierno de De la Rúa , debilitado por disputas internas, adoptó el impopular "corralito" financiero para frenar una fuga masiva de capitales de los bancos, lo que generó una oleada de protestas populares. El 19 de diciembre renunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, mientras que al día siguiente De la Rúa presentó su dimisión en medio de violentos enfrentamientos en las calles entre policías y manifestantes.

En marzo pasado, un tribunal condenó a 15 y 6 años de prisión a un comerciante y a un guardia, respectivamente, por dos homicidios cometidos durante el estallido social, en el primer juicio celebrado en Argentina por los hechos de violencia de 2001.- (EFE)

Seis detenidos en Canarias, entre ellos dos ex alcaldes, por corrupción

LAS PALMAS.- Dos ex alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida y otras cuatro personas han sido detenidas hoy por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción en el municipio, han informado fuentes de la investigación.

Los arrestados están imputados por delitos de prevaricación, malversación, falsificación y fraude cometidos durante su mandato al frente del Ayuntamiento, situado en el interior de Gran Canaria y que tiene una población de casi 20.000 personas.

Los ediles detenidos por la Guardia Civil, que gobernaron el ayuntamiento cuando militaban en el PP, son Carmelo Vega y Antonio Díaz, además de Luis Troya, que ejerció de primer teniente de alcalde del municipio.

También han sido arrestados un capataz del Ayuntamiento y dos auxiliares administrativos -Santiago Hernández Suárez y Jacinto Hernández Suárez- que en su día ejercieron accidentalmente funciones de interventores.

Algunos de los detenidos ya han sido condenados en otras causas, como Carmelo Vega y Luis Troya, quienes en marzo de 2006 fueron sentenciados a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como responsable de un delito de prevaricación administrativa.

Estos arrestos se producen después de que varios concejales de la corporación denunciaran hace meses a la Justicia diversas irregularidades cometidas en el municipio por varios alcaldes.

Además, la Guardia Civil ha procedido al registro del Ayuntamiento de Santa Brígida (en la imagen) y de varias viviendas del municipio. Precisamente el consistorio ya fue registrado el 20 de junio por orden del juez que investiga el caso ante la negativa del Ayuntamiento de remitir unos documentos reclamados por el magistrado.- (Agencias)

Corrupción bancaria y especulación financiera, o democracia / Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

Las entidades financieras y bancarias son cada día más protagonistas de la vida social. Pero no principalmente por su contribución a la financiación de las actividades económicas que crean riqueza y bienestar social.

En las últimas semanas algunos de los grandes bancos españoles han hecho ostentación de su inmenso poder patrocinando y poniendo nombre a algunas de las competiciones deportivas más importantes.

Un lavado de cara que no es casual que se produzca cuando aumentan las críticas, denuncias y pruebas de su actividad corrupta e incluso directamente delictiva.

La compra de voluntades políticas, el blanqueo de dinero, las cuentas secretas o el financiamiento de empresas contaminantes y de armamento son sólo algunas de las acusaciones que recaen continuamente sobre las entidades bancarias y financieras más conocidas.

Quieren aparentar que son generosas y ejemplos de mecenazgo desinteresado pero, en realidad, lo que buscan es solamente ganar más y más y más dinero a cuenta de lo que sea. Por eso están implicadas también en una soterrada lucha (no siempre leal) para lograr quedarse con fondos sociales ahora bajo control público como los de las pensiones, o para introducirse torticeramente en la vida académica para quedarse con la rentabilísima gestión de los ingresos de las universidades, de los de sus estudiantes y profesores.

En las últimas semanas hemos podido comprobar una vez más cómo las entidades financieras han estado en el origen de la última crisis hipotecaria, provocando una situación de debilidad e inestabilidad que con toda seguridad no ha acabado y que terminará afectando al conjunto de las economías y de la actividad económica.

Todo ello es la consecuencia directa de dos factores. Por un lado, del carácter parasitario y pernicioso que han adquirido las instituciones financieras cuando no quedan sometidas a otra lógica o estrategia distinta al afán de lucro. Y por otro, a la cada vez más evidente y peligrosa falta de controles institucionales que pudieran impedir las actividades inmorales, despilfarradoras o simplemente ilegales que vienen realizando continuamente en la casi total impunidad.

La burbuja bursátil de los 90 transformó las costumbres empresariales y consolidó a la especulación y a la corrupción como un alimento preferente de las grandes empresas, como demostró el paradigmático caso de la multinacional eléctrica Enron. Ahora, la reciente crisis financiera ha puesto de relieve que, lejos de disminuir, esta deriva de las corporaciones hacia lo ilícito no ha hecho sino profundizarse a lo largo del tiempo.

Ante este grave proceso los bancos centrales se han limitado a mirar hacia otro lado, en un vergonzoso y cómplice ejercicio de irresponsabilidad. Apenas si se han dado modestísimos pasos aparentemente dirigidos al fomento de la transparencia y de la llamada "responsabilidad social de las empresas", que la realidad ha demostrado insuficientes, cuando no totalmente inútiles.

En lugar de apagar fuegos y evitar que se produzcan, las autoridades monetarias y financieras los avivan por su complicidad e inoperancia. En lugar de advertir, denunciar y controlar, mantienen un silencio doloso orientado a salvaguardar los intereses de los grandes poseedores de recursos financieros.

De hecho, es ya verdaderamente vergonzosa la forma en que ocultan a los ciudadanos lo que está pasando, el peligro financiero que suponen los balances artificialmente hinchados de los bancos, su solvencia amenazada, sus cuentas que no cuadran sino por medio de artificios contables... Y, sobre todo, la inutilidad social de sus operaciones financieras, cada vez más lejos de la economía real y de las necesidades efectivas de las empresas y los consumidores.

La actividad financiera y bancaria es cada vez más inmoral, más inapropiada para crear riqueza, más especulativa y peligrosa para la economía en su conjunto, menos beneficiosa para el conjunto de la sociedad y sólo más rentable para las grandes fortunas.

Hoy día es ya una urgencia impostergable proponer y adoptar medidas contra el desorden financiero y contra la conversión de las finanzas en un gran y corrupto casino global.

Hay que redefinir la fiscalidad actual, estableciendo tasas a las transacciones financieras, e implantar controles mucho más estrictos a los movimientos de capital. Es urgente que los gobiernos recuperen el terreno perdido en cuestión de poder y capacidad de decisión económicas. Es imprescindible democratizar las decisiones económicas.

La vergonzosa y criminal existencia de paraísos fiscales, donde los controles de los capitales son exiguos o nulos, resulta imprescindible para que las entidades puedan legalizar dinero procedente de actividades ilegales e incluso criminales. Por eso, su supresión debería ser un objetivo prioritario para los gobiernos y las organizaciones internacionales que de verdad defiendan un mínimo de legalidad y moralidad en la economía mundial.

La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica ha venido acompañada de un consecuente deterioro de la democracia, puesto que equivale de hecho a una transmisión de poder desde los órganos representativos hacia entidades donde los mecanismos democráticos simplemente no operan. Y paralelamente, los dueños de estas entidades se han convertido en las personas más influyentes de nuestras sociedades, adquiriendo unos roles de extraordinaria importancia en la toma de decisiones en la vida social y económica.

Si realmente creemos en la democracia es hora de reconocer que el único camino posible para implantarla pasa necesariamente por una reestructuración del sistema financiero internacional. Se trata de impedir que las grandes entidades procedan de forma mafiosa y se hagan con un poder que nadie les ha otorgado. Los bancos y las grandes corporaciones financieras son hoy día los mayores enemigos de la libertad real, de la democracia y del bienestar social.

Florida y otros estados pujan por control del agua

WASHINGTON.- Las legislaturas de Alabama, la Florida y Georgia están restringiendo las condiciones en una pelea por derechos acuíferos, algo suscitado por el explosivo crecimiento de Atlanta y los temores de que a las regiones del sur afectadas por la sequía les faltan unos pocos meses para quedarse enteramente sin agua.

Cada uno de esos estados está presionando al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por planes de control de agua que datan de hace décadas y dan pautas sobre el mejor modo de liberar millones de galones de agua de cuencas ribereñas que esos estados comparten. Esos planes son particularmente importantes cuando los estados enfrentan inundaciones o sequías.

Los tres estados acusan al Cuerpo de Ingenieros de favoritismo en lo referente a escoger cuándo liberar esos millones de galones de agua para beber, para energía hidroeléctrica, fines recreativos y usos agrícolas.

La batalla de los tres estados pone en confrontación las preocupaciones de la Florida y los efectos del auge de población en Atlanta con los temores de Georgia de que el agua necesaria saca agua de fuentes ya escasas tales como el Lago Lanier en las afueras de Atlanta.

Mientras tanto, Alabama mantiene que Georgia tiene que liberar el uso de agua del Lago Allatoona (imagen) en el área metropolitana, para que ese estado pueda sustituir suministros acuíferos muy necesarios y pueda seguir operando una planta nuclear en el sur del estado.

El Departamento de Protección Ambiental de la Florida recientemente envió una concisa carta al Cuerpo, diciendo que no liberar el agua resultaría en ``una profunda interrupción de la base socioeconómica en la región norte del estado de la Florida''.

Los tres estados tienen demandas ribereñas pendientes en cortes federales, según han dicho los oficiales del Cuerpo.

Y aunque todos estos estados han promulgado una serie de restricciones acuíferas de diversa severidad, se están acusando unos a otros de no estar haciendo lo suficiente por conservar agua.

''Aunque todos estamos sufriendo con esta sequía, no puede haber alivio para el sector metropolitano de Atlanta a expensas del pueblo de Alabama'', dijo el representante republicano de ese estado, Mike Rogers. ``El Cuerpo debe fijarse si les está permitiendo a los municipios de Atlanta recibir mucha más agua de lo que sería justo del Lago Allatoona''.

Los expertos en clima dicen que es la primera vez en un siglo que el Sureste ha pasado por una sequía tan intensa. Otras partes de la nación, como California e Idaho, han luchado con sequías y tienen planes para confrontar los incendios forestales y las mermadas cosechas que resultan de las mismas.

''La sequía del Sureste está mucho más extendida'', dijo Mike Hayes, el director del Centro Nacional de Mitigación de Sequía en la Universidad de Nebraska en Lincoln. 'La gente se pregunta, `¿Le puedo pedir agua a mi vecino si estamos en la misma situación?' Otros desastres naturales unen a la gente. La sequía, si la gente no tiene cuidado, puede poner a un sector contra otro y crear una tensión crónica''.

Para el Sur, históricamente rico en agua, la batalla por los mermados recursos acuíferos ya se ha puesto complicada.

La legislación congresual de Georgia está impulsando una legislación que les daría a todos los estados el poder de suspender la Ley de Especies en Peligro durante sequías graves, una medida que liquidaría las reclamaciones de agua extra de la Florida.

''Mientras ellos están preocupados por los mejillones en peligro en Apalachicola, nosotros estamos preocupados por las personas en peligro aquí'', dijo el jueves el representante Jack Kingston, republicano por Georgia.

Los grupos ambientalistas manifiestan que la culpa de los problemas acuíferos de la región es de Atlanta, no del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ''El Cuerpo ha sido un conveniente punching bag en todo esto'', expresó Gil Rogers, un abogado del Centro Meridional de Ley Ambiental, un grupo regional no lucrativo que se concentra en temas de protección ambiental en el Sureste.

``El Cuerpo ha cometido algunos errores en el pasado pero no creo que sea justo decir que el problema es culpa de los ingenieros... Hemos permitido crecimiento sin preguntar si pueden sostener ese crecimiento''.
www.elnuevoherald.com

Un estudio revela que el brócoli ayuda a combatir los efectos de los rayos ultravioleta

WASHINGTON.- El consumo de brócoli no solo es bueno para la salud en general, sino que también combate los efectos de la radiación ultravioleta del sol, reveló un estudio divulgado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Científicos de la Universidad Johns Hopkins señalaron que el extracto de las semillas de esa verdura, llamado sulforafane, reduce el enrojecimiento de la piel y las lesiones dérmicas al aumentar la producción de enzimas que protegen a las células de la radiación.

Hasta ahora se sabía que el brócoli tiene un alto contenido de carbohidratos, vitamina C, vitamina A, potasio, ácido fólico, calcio y hierro, todos los cuales ayudan a combatir una larga lista de enfermedades.

También contiene antioxidantes y fibras para impedir el aumento del colesterol y ayudan a regular el azúcar y la insulina en la sangre.

El grupo de científicos administró el extracto a seis personas para probar diferentes dosis en varios sectores de la piel expuestos a radiación ultravioleta y compararon el estado de piel con zonas no tratadas.

Según indicaron, en sus dosis más altas, el extracto redujo el enrojecimiento y la inflamación en una media de 37 por ciento, la cual varió de ocho por ciento a 78 por ciento, según el origen étnico de los participantes.

"Esto es importante, porque demuestra que (el extracto de semilla de brócoli) tiene buenos resultados en los seres humanos", dijo el doctor Paul Talalay, jefe del grupo, quien recordó que esos efectos ya habían sido confirmados en animales.

Talalay agregó que el extracto puede proteger de la radiación ultravioleta especialmente a personas con problemas en su sistema inmunológico y que corren más peligro de sufrir cáncer de piel.

No obstante, el científico aclaró que no se le debe sustituir por los bloqueadores solares que son los que impiden que la radiación penetre en las células de la piel.-(EFE)

Competencia multa con 24 millones a BBK, Kutxa, Caja Vital y CAN por actuar como un cártel

MADRID.- El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto sanciones por un valor total de 24 millones de euros a las tres cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa, Caja Vital) y a Caja de Ahorros de Navarra (CAN) por mantener durante quince años un pacto de no competencia y de coordinación de sus comportamientos competitivos frente a terceros, prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia, según informó el propio organismo.

El expediente se inició el 24 de octubre de 2005, cuando el Servicio de Defensa de la Competencia (actual Dirección de Investigación de la CNC) abrió un expediente sancionador contra las tres cajas de ahorros vascas por presuntas prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. En diciembre de 2005, el expediente se amplió a la Caja de Ahorros de Navarra.

En concreto, el organismo multa a BBK y Kutxa con siete millones de euros, a Caja Vital con cuatro millones de euros, y a la CAN con seis millones de euros.

Ante esta decisión de la CNC, las entidades podrán presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.

En su resolución, la CNC considera acreditada "la existencia de un acuerdo global de colaboración entre las cuatro cajas de ahorro imputadas que incluía un pacto de no competencia y de coordinación de comportamientos competitivos frente a terceros".

Según el organismo, este acuerdo está prohibido por Ley de Defensa de la Competencia por "pretender coordinar las actividades comerciales de las cuatro cajas imputadas con el objeto de eliminar la competencia entre ellas y, al mismo tiempo, limitar las posibilidades de actuación de los competidores ajenos al pacto, eliminando la competencia en perjuicio de los consumidores".

Así, el organismo afirma que el acuerdo entre competidores sancionado constituye un cártel, "la infracción más grave prevista en las normas de defensa de la competencia".

Además, Competencia considera que el conjunto de hechos acreditados en el expediente demuestra "fehacientemente la existencia del cártel", al recoger las actas de la Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras los términos del acuerdo colusorio.

En las actas se recoge el compromiso entre las cuatro cajas imputadas de respetar el denominado 'statu quo territorial', que ha consistido en que durante quince años, desde 1990 a 2005, ninguna de las cajas sancionada ha abierto sucursales en los territorios de sus rivales.

La materialización de este acuerdo está acreditada además por los datos aportados al expediente de la CNC, que demuestran que entre 1990 y 2005 ninguna de las cuatro cajas procedió a abrir sucursal alguna en aquellas provincias afectadas por el pacto en las que no había operado tradicionalmente, mientras que desarrollaban una notable expansión territorial en otras provincias, principalmente limítrofes, como Cantabria, la Rioja, Burgos, o Zaragoza.

Competencia indica que esta conducta constituye "una limitación de la distribución de productos y servicios, en este caso de los servicios financieros ofrecidos por las entidades de crédito, que se encuentra tipificada como infracción en la Ley de Defensa de la Competencia".

Además, según el expediente, el acuerdo entre las cajas incluyó también la fijación de precios y otras condiciones comerciales (por ejemplo respecto a tipos de interés a promotores inmobiliarios u otro tipo de remuneraciones), el intercambio de información sobre costes operativos, y la coordinación de comportamientos con el objetivo de mantener estables las respectivas cuotas de mercado y de crear barreras de entrada a terceros competidores.

Según Competencia, "todos estos comportamientos ponen de manifiesto que las cuatro cajas de ahorros integradas en la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras acordaron una coordinación ilícita de sus estrategias competitivas y la formación de un frente común frente a terceros". - (Agencias)

(Oficina en Madrid de la Caja de Ahorros de Navarra)

La Cámara de Comercio de Bilbao defiende la fusión de las cajas vascas

BILBAO.- El presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, Ignacio María Echeberria, aseguró que la fusión de las cajas vascas sería una "buena noticia" y advirtió de que las desventajas de que no se lleve a cabo esta operación son "muy claras". Por otra parte, afirmó que, si fuera necesario, llegará al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo para defender el Concierto económico.

Echeberria realizó estas declaraciones en el discurso que ofreció en el Museo Guggenheim con motivo del V Encuentro anual de la Cámara de Comercio de Bilbao, en el transcurso del cual se entregaron las distinciones de la Cámara 2007, que recayeron precisamente en la pinacoteca vasca.

En su intervención, repasó diversos temas de actualidad económica y empresarial, entre ellos, el de la posible fusión de las cajas, señalando que para la Cámara de Comercio de Bilbao sería "una buena noticia".

"Más allá de los aspectos políticos de la misma, desde nuestro punto de vista las ventajas económicas son muy claras. Y, sobre todo, lo son las desventajas de la no-fusión", agregó.

Por otra parte, manifestó la importancia del ahorro porque "es bueno gastar menos de lo que se ingresa y no es bueno endeudarse si no es necesario".

"La economía va a atravesar una etapa de fuerte incertidumbre. Y todos los recursos disponibles pueden ser necesarios para dotar a nuestra nave de motores potentes. Por eso, la buena administración y el ahorro han de seguir impregnando todas nuestras actuaciones", agregó.- (Agencias)

(Sede de la Cámara de Comercio de Bilbao)

Aguirre buscaba el apoyo del Rey para 'rehabilitar' a Losantos

MADRID.- El palacio de la Zarzuela no respiró ayer, al menos públicamente. Una noticia ofrecida en exclusiva por este periódico, en todas sus ediciones, revelaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió al rey Juan Carlos un "trato humano" para el periodista radiofónico Federico Jiménez Losantos (que desde hace dos años solicita públicamente la abdicación del Rey en el príncipe Felipe). La noticia tuvo eco tanto en la Zarzuela como en el palacio de La Moncloa, según sigue contando "El País".

Un portavoz de la Casa del Rey citado por Efe expresó "su sorpresa y asombro" porque se transcriba "una conversación privada" de don Juan Carlos.

Pero otras fuentes conocedoras de lo que ocurrió informan otra cosa. "El Monarca no creía que fuese una conversación privada. Estaban la reina Sofía y ocho personalidades en la mesa. El intercambio fue en voz alta, hasta tal punto que algunos de los comensales llegaron a intervenir". Y añadió: "No había conciliación posible".

Otra fuente presente en la recepción del día siguiente señala: "El hecho de que el día 12, en la recepción posterior al desfile se volviera a hablar sobre el almuerzo en círculos políticos de iniciados muestra la importancia del asunto".

El Rey y la Reina estuvieron acompañados por el presidente del Gobierno, la directora del Instituto Cervantes, el ministro de Asuntos Exteriores, el director de la Real Academia Española (RAE), el embajador de Argentina en Madrid, el escritor Francisco Ayala y su esposa, Caroline, y Esperanza Aguirre.

En conversación con "El País", el sábado 20, Aguirre dijo que no podía comentar la información. Fuentes consultadas dijeron que la presidenta de la Comunidad de Madrid, empero, tras hablar con "El País", explicó a diversas personas, esa misma noche del sábado 20, que en la comida del día 11 ella defendió ante el Rey el derecho a la libertad de expresión de Jiménez Losantos y lo equiparó al periodista Iñaki Gabilondo. "Eso lo tendría Esperanza en su cabeza, pero no fue lo que dijo en la comida. El nombre de Gabilondo simplemente no salió, según yo recuerdo. Lo aseguro", dijo ayer uno de los comensales. El dato fue corroborado por otro de los comensales.

Esperanza Aguirre, según las fuentes consultadas, tenía el objetivo de "apaciguar" o más precisamente propiciar un "pacto" de no agresión entre el periodista radiofónico y la Casa del Rey. ¿Por qué? Porque las algaradas minoritarias de independistas catalanes contra el Rey y la Monarquía habían contado en el otro extremo político, el de la derecha, con la gasolina que ha venido echando Jiménez Losantos desde las ondas de la cadena Cope.

Cuando este periódico le comentó el pasado sábado que quizá ella quería arreglar las cosas, Aguirre no lo negó.

La dirigente del PP tenía un especial interés en hacer una operación que algunos han bautizado de "institucionalización" de Jiménez Losantos. Si el Rey se avenía, eso permitiría a Aguirre separar al periodista de la campaña contra la Monarquía (y con él a la derecha), y además contar con Losantos para la nueva etapa de Telemadrid, que precisamente en esos días tenía entre manos.

Y el Rey no pasó por el aro.

Huellas en las ondas

El PP acusa el desgaste que provoca el hecho de que el mayor embate contra la Monarquía proceda de sus filas, de uno de sus grandes agitadores en las ondas, Federico Jiménez Losantos. La secuencia de los hechos que lleva a Aguirre a intentar la operación de rehabilitación del locutor están registradas en el programa La Mañana, en la Cope.El 2 de octubre, Losantos reiteró que el Rey debía abdicar. "Lo que he dicho sobre el Rey ya lo dije en El Mundo hace dos años. Tengo la mala costumbre de acertar un poco antes de que pasen las cosas".

Pedro J. Ramírez, director del citado periódico, del cual Jiménez Losantos es columnista, consideró que la postura del locutor era un error. El Mundo llevaba semanas denunciando la ausencia de banderas españolas en los ayuntamientos y había dado amplia cobertura a la quema de fotos del Rey. Con su petición de abdicación, Losantos permitió al Gobierno decir que la derecha hacía pinza con los radicales.

La editorial del periódico El Mundo, La Esfera de los Libros, publicó un texto de Jiménez Losantos y otro del eurodiputado del PP Luis Herrero, ex locutor de la Cope, en el que el Monarca no sale bien parado.El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, transmitió, tras ver a don Juan Carlos, que el Rey culpaba más a la derecha que a los independentistas.

Esa mañana, Ramírez le dijo a Losantos: "Olvídate de escenarios inconvenientes, de quimeras absurdas. Retira la abdicación". Losantos aceptó: "Retiro lo de la abdicación". Ramírez añadió: "Como digas varias veces que retiras la abdicación, ¿qué van a hacer los de la pinza?".

El acto siguiente debía ser la complicidad del Rey. Aguirre lo intentó sin éxito.- (PRISA)

El precio del metro cuadrado de suelo en la Región sufre la mayor subida, 41,7%, a nivel nacional

MADRID.- El precio medio del suelo urbano se encareció un 41,7 por ciento en el segundo trimestre en la Región de Murcia, lo que supuso el mayor incremento de España, muy superior al 8,6 por ciento de media nacional, donde se cifró el precio medio del suelo en 280,6 euros por metro cuadrado, según datos del Ministerio de la Vivienda.

De esta forma, la Región se situó por delante de Cantabria, donde el preció creció un 27,2 por ciento, la Comunidad de Madrid (25,6 por ciento), Navarra (23,4 por ciento), Extremadura (20,8 por ciento), Castilla-La Mancha (20 por ciento) y Andalucía, (19,7 por ciento).

En relación con el primer trimestre del año 2007, a tenor del incremento registrado, Murcia fue una de las diez comunidades autónomas donde se incrementó el precio del suelo, junto a Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco. En el resto de zonas el precio medio descendió con respecto al primer trimestre del año.- (Agencias)

(Calabardina, en el término de Águilas)

Interior enviará tres radares y cuatro cámaras optrónicas para detectar la llegada de pateras

CARTAGENA.- La costa murciana quedará blindada con tres radares y cuatro cámaras optrónicas que el Ministerio de Interior enviará en un año aproximadamente con el objetivo de interceptar y captar la llegada de los inmigrantes ilegales que se acercan al litoral. Este tipo de cámaras se caracterizan por ser aéreas y estar presentes en todos los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Están dotadas de la última tecnología en la formación de imágenes térmicas y con poca iluminación. Suelen proporcionar extraordinarios resultados en lugares lejanos, según revela "El Faro".

La finalidad del Ministerio es conocer la actuación de los inmigrantes ilegales para evitar que se acerquen a la costa. Tal es el caso que, en su labor diaria, la Guardia Civil descubrió que han cambiado el horario de salida y ahora embarcan a mediodía de Argelia para llegar al litoral por la noche tratando de evitar las medidas convencionales de vigilancia.

Los nuevos radares SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) se instalarán en Marina de Cope, en San Pedro del Pinatar, en Cartagena y en Mazarrón y la disposición de éstos se lleva a cabo tras la llegada de oleadas de inmigrantes irregulares a las costas de Murcia, lo que ha evidenciado este verano un desplazamiento hasta ahora desconocido de la presión migratoria que se ha llevado en la Región.

Las cámaras optrónicas y los radares (similares a la imagen) se sumarán a las dos plataformas estación móviles que actualmente operan en la costa murciana, una de ellas localizada en el Monte de las Cenizas (Cartagena) y la otra en un lugar no identificado que nunca se ha querido desvelar para que no se produzca una pérdida de eficacia del servicio que presta.

El SIVE trabajará en el litoral con el objetivo de detectar a larga distancia las embarcaciones que se aproximen. Asimismo, coordinarán el seguimiento, en este caso, de la embarcación, utilizando para ello los medios marítimos, aéreos y terrestres con los que cuenta la Guardia Civil, por lo que interceptarán a los presuntos delincuentes y auxiliarán a los inmigrantes irregulares.

Para desempeñar las misiones, el SIVE cuenta con diversos subsistemas. Dicha terminal consta de un sensor radar que detecta los cayucos a diez kilómetros de distancia y transmite la señal a varios monitores de televisión; además, contiene una cámara de vídeo, y otra de infrarrojos que permite la visión nocturna y diurna.

El subsistema de comunicaciones permite la comunicación en tiempo real mediante la transmisión de imágenes, voz y datos. Finalmente, el SIVE cuenta con un Centro de Mando y Control ubicado en la Comandancia de la Guardia Civil, donde se centran las señales recogidas por los sensores, así como el control de las estaciones sensoras por telemando (modos de operación, posicionamiento, enfoque, detección de fallos, etc). Recoge además la emisión de órdenes de las unidades de interceptación, y controla las actividades operativas de la Comandancia.

Un tándem de futuro en el PP murciano / Juan Redondo

En todos los foros, e incluso sin que le pregunten, Ramón Luis Valcárcel insiste en que está será su última legislatura. No precisa ni cuándo, ni cómo, ni dónde se irá, pero deja bien claro que no se vuelve a presentar a la presidencia de la Comunidad. La posición entre hermética y enigmática está originando importantes movimientos internos dentro de las filas populares por la llamada ‘batalla de la sucesión’. El personal empieza a intentar ubicarse de cara al futuro para no encontrase descolocado cuando se produzca el evento.

Si hablamos de fechas, dicen que el primer eslabón están en las próximas generales de marzo y que los resultados pueden influir en la salida. Estas fuentes insisten que el próximo año hay congreso regional de los populares murcianos y en la reunión pueden aclararse algunos enigmas. Otros apuntan a las europeas e incluso cada vez menos insisten que agotará la legislatura.

Pongamos que no agota su mandato. En esta hipótesis el sucesor tiene que salir obligatoriamente de los bancos de la Asamblea Regional. Y allí están los que están, entre los que no se encuentra el número dos del PP murciano, Miguel Ángel Cámara, ni otros destacados históricos populares a los que no les disgustaría tomar el camino que emprendió Valcárcel hace una docena de años, cambiando el chips de municipalista a regionalista.

En la Cámara Regional abundan y controlan más los jóvenes delfines currándose el día a día. En esta hipótesis se podría producir una sustitución temporal hasta los próximos comicios autonómicos y municipales. Es decir el sucesor no tendría que ser obligatoriamente el heredero popular. Y ahí es donde apuntan que pueden empezara confluir muchos intereses en el interno del PP y los movimientos han empezado a producirse.

Comentan estas fuentes que el acercamiento entre Miguel Ángel Cámara y Antonio Gómez-Fayrén es cada día más fuerte. El primero va para dieciséis años en La Glorieta y no le disgustaría ser presidente de la Comunidad. El segundo ha señalado en varias ocasiones que ser alcalde de Murcia sería para el un gran honor personal. Un tándem de futuro bien visto por históricos y municipalistas del PP y por algunos sectores económicos y sociales de la Región.

Si Valcárcel no agotará la legislatura, Antonio Gómez-Fayrén se quedaría como presidente autonómico en la recta final. Luego en los comicios del 2011 se cambiarían las tornas y Cámara saltaría a San Esteban y Gómez-Fayrén a la Glorieta. La posible maniobra no chocaría frontalmente con los delfines, ya que respetan a ambos y no buscarían enfrentamientos. El tema, según estas fuentes, estaría en el actual presidente, al que al parecer la solución no le hace precisamente mucha gracia.

De viajes y visitas presidenciales

Cuando aún no se habían apagado los ecos de la ausencia del presidente de la Comunidad en la Fiesta Nacional, Ramón Luis Valcárcel zanjó el tema con su presencia en primera fila con motivo de la visita de la Infanta Elena a Jumilla. Dudar de la españolidad de Valcárcel y su aprecio y respeto a la Monarquía está fuera de lugar y de tiempo. Su viaje a Londrés, previsto con antelación y por motivos estrictamente personales, demuestra que los políticos también tienen sentimientos y son humanos.

Al fin y al cabo en la Fiesta Nacional los presidentes autonómicos van por compromiso y un poco para hacer de comparsa a otros protagonistas más importantes, como los Reyes, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Lo de Valcárcel no es comparable con lo de Ibarretxe, cuya ausencia es por otros motivos muy distintos y opuestos.

Que no mandó una representación del Gobierno en su ausencia, serían problemas de protocolo. “De todas formas este tipo de viajes le van en el sueldo y en su papel institucional de la representación de todos los murcianos”, me comenta una veterana sindicalista. Tampoco se trataría ahora de cuestionar sí el presidente u otros políticos se ganan o no el jornal. www.elfarodemurcia.info

Diputados del PSOE denuncian amenazas presuntamente de un concejal del PP en Alcantarilla

MURCIA.- "En vez de al Rey habría que quemarte a ti y a la gentuza criminal como tú que tapáis a estos ladrones y criminales. El 27 de mayo os comisteis una mierda bien grande en mi pueblo. A mis 500 amigos les dije que sois corruptos y criminales. No os votaron. Saludos al criminal Pepiño Blanco. Criminales de Estado".

Este es el contenido de la última carta que presuntamente ha enviado el concejal del PP de Alumbrado Público, Jardines y Cementerios del ayuntamiento de Alcantarilla, José Martínez Gómez, al diputado del PSOE por Extremadura, Francisco Fernández Marugán, según revela hoy "La Opinión".

Según el relato de los socialistas de Alcantarilla, es el edil del PP quien escribe estas misivas sobre fotocopias del diario El Mundo del año 1988, que incluyen fotografías de los socialistas José Barrionuevo y y Rafael Vera, pues las cartas las escribe con remite.

Según ha podido confirmar la redacción de "La Opinión", la ex presidenta regional, María Antonia Martínez (en la imagen), también habría recibido misivas amenazantes de este edil, "aunque hace mucho tiempo, cuando era presidenta de la Comunidad. Me acusaba de connivencia con los terroristas de Estado y con ETA. Pero bueno, yo nunca le llamé ni le hice caso, pues no he querido darle la mayor importancia", dijo la ex senadora.

Otros cargos del PSOE de la Región de Murcia, así como de Albacete y Zaragoza, también habrían podido ser amenazados, según se puede ver en las cartas enviadas a Fernández Marugán y a la sede del PSOE en Badajoz.

El parlamentario y ex dirigente nacional del PSOE aseguró a esta redacción "que al principio pensábamos que era un anónimo, pero al final pudimos comprobar que era nada menos que un concejal del PP de Alcantarilla, un municipio con cierta entidad en la Región de Murcia. Los socialistas de esta ciudad se pusieron en contacto con el alcalde y le pidieron que hiciera algo para acabar con estas cartas amenazantes. Pero hace unos días, tras unos meses de parón, hemos vuelto a recibir una carta intimidatoria", explica este parlamentario.

"Pero lo peor de todo, no es que un concejal de una ciudad importante se comporte de esta forma, sino que el problema es que encima le promocionen, ya que ha vuelto a salir elegido como edil al entrar en las listas del PP de Alcantarilla", se lamenta este diputado del PSOE, quien es uno de los responsables del PSOE de la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
www.laopiniondemurcia.es

El Gobierno pretende el acceso directo a la judicatura de los mejores expedientes

BARCELONA.- El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado que si el PSOE gana las próximas elecciones impulsará una reforma del sistema de acceso a la judicatura que permitirá a los licenciados con mejores expedientes académicos acceder a la carrera judicial sin necesidad de opositar.

El objetivo de esta reforma es paliar el "alarmante" descenso del número de personas que opositan para ser jueces o fiscales, ya que si en el año 2000 se presentaron más de 6.000 candidatos, en las últimas pruebas se han examinado menos de 4.000 licenciados, según ha explicado el Fernández Bermejo en un congreso sobre capacitación judicial en Barcelona.

Con esta reforma el Gobierno quiere atraer a la carrera judicial a los estudiantes con mejores expedientes de las universidades públicas, que son "gente que ha acreditado conocimientos jurídicos por encima de lo normal". "La clave es pescar allí donde están pescando los grandes despachos de abogados. No veo por qué nos tenemos que dejar pisar. Hay que hacer una buena oferta y luego tiene que haber tiempos de formación muy buenos", ha subrayado Bermejo.

Al igual que los opositores, los licenciados que, por elección del Ministerio, se preparen para ser jueces o fiscales, ingresarán en la Escuela Judicial de Barcelona para formarse, durante un largo período de tiempo aún por determinar, "en valores, en práctica y, sobre todo, en vida". Y es que Bermejo quiere que los nuevos jueces, además de "buenos operadores en Derecho" y expertos conocedores de la ciencia jurídica, sean personas "impregnadas de vida", que estén "en contacto con la sociedad" y que tengan experiencia vital".

"Me gustaría que los jueces pasaran por un tiempo por los servicios de urgencias de los hospitales y que conocieran lo que es la tensión en el trabajo. Pero que lo vivieran, no de paso", ha señalado el ministro, que apuesta por que los futuros profesionales acrediten también el conocimiento de las instituciones europeas y de alguna lengua extranjera.

En opinión del ministro, este nuevo sistema de acceso a la carrera judicial debe "complementar" el actual modelo de oposición, basado en la memorización de un extenso temario que exige años de preparación y en un posterior período de prácticas y formación en la Escuela Judicial.

Actualmente el tiempo medio de preparación de los nuevos jueces es de cinco años y medio, en los que la mayoría de los opositores están "aislados" y "alejados de la realidad", manteniendo únicamente el contacto con sus preparadores, lo que "no es bueno", según Bermejo.

A su entender, el sistema tradicional de acceso a la carrera judicial no sólo no responde a las necesidades reales de una sociedad del siglo XXI, sino que lleva a muchos licenciados a buscar otras salidas profesionales de más fácil acceso.

"Hay que hacer atractiva la función jurisdiccional y del ministerio público y proporcionar una formación adecuada. Hay que conseguir que la justicia se nutra de lo mejor de la sociedad porque si tenemos buenos jueces tendremos mayor justicia", ha remarcado Bermejo.- (EFE)

El objetivo tácito del viaje de Correa / Apunte de Argárico

Valcárcel sigue abdicando de sus obligaciones protocolarias. Visita la Región de Murcia un jefe de Estado extranjero y lo trata como si fuese el alcalde de Quito, que dicho sea de paso, también es más importante que nuestro presidente al gobernar sobre algunos miles más de habitantes. Es comprensible que no se encuentre de humor ante los abandonos y traiciones que ya percibe, más la creciente retirada de apoyos que va notando, incluidos los de quienes han hecho grandes negocios a su sombra y ahora no piensan repartir. Eso no es nada para lo que le queda vivir de aquí a marzo, cuando se sepa oficialmente que no sigue ahí porque Génova decida pasarlo a la reserva ante lo irreversible de un esperpento político muy sospechoso y en vías de terminar en histrión.

En cualquier caso, no se justifica que ni media hora un sábado en San Esteban para hacerse una foto de apretón de manos, por el propio Valcárcel, más que nada, porque este Correa no viene a Europa a verlo a él sino a almorzar con Benedicto XVI, alguien ligeramente más importante que el presidente de una región periférica, perdida, pobre y repleta de explotadores de seres humanos, que lo apoyan incondicionales en las urnas. El objetivo tácito de Correa es precisamente liberar, cuanto antes, a sus conciudadanos aquí de las garras de esos tipos sin escrúpulos, facilitando su rápido retorno a Ecuador.

Se entiende, además, que con el currículo académico y político de Rafael Correa (Chicago, Lovaina) más su fuerte proyección internacional y de futuro, nuestro pobre mindundi se vea acomplejado y prefiera un saludo en la distancia antes que medirse en directo con un dirigente del tercer mundo y evidenciar que él todavía está muy por debajo en todos los parámetros. Por lo menos, le honra ser consciente de sus propias limitaciones que, andando el tiempo, se comprueba van en aumento por el célebre principio de Peter. Ya veremos en qué se las gana cuando vuelva a su triste realidad.

Menos mal que un catedrático de universidad, culto donde los haya y de saber estar por muy viajado por Europa desde hace un cuarto de siglo, Ángel González, el delegado del Gobierno, hizo de perfecto anfitrión durante toda la visita no oficial de Correa y el Estado, una vez más, suplió las carencias de quien, está más que visto y comprobado, no sabe estar a la altura de las circunstancias por un berrinche con sus mentores, que le urgen a ir haciendo las maletas para volver a la Enseñanza y dejar paso a Gómez Fayrén, todo un señor por cierto, para que sea este inspector de Hacienda quien protagonice la legislatura. O, en su caso, el ex rector Ballesta, un tipo de otra pasta.

Ángel González sabe aprovechar las oportunidades que le deparan los errores tácticos de Valcárcel y, además, en una especie de auto de fe ha sacado a relucir, muy bien por cierto, la realidad jurídica de las posibilidades urbanísticas de la Marina de Cope. Con ese palmarés en pocas horas parece que se ha ganado seguir en el cargo hasta las elecciones generales a pesar de que no resulta ya la persona idónea ni para Princesa ni para Ferraz por sus veleidades, más que nada, con los Egea, a los que dicen, rinde balance. Hasta el escándalo socialista de Ceutí le ha favorecido por aquello de “en tiempos de tribulación, no hacer mudanza”. ¿Por qué Saura ha sacado a Jara de la comisión de reforma del Estatuto de Autonomía? ¿A qué ha venido Leire Pajín a Murcia, con esas prisas, en vez de acompañar a la vicepresidenta De la Vega en Valencia tras la “operación Pla”? Zapatero tampoco está dispuesto, por más tiempo, a seguir perdiendo las elecciones generales en la Región de Murcia, engañado aquí por su propia gente.

Uno de los Egea, el menos brillante y nada que ver con Juan Manuel, nuestro cónsul general en Nueva York y, tal vez, el mejor diplomático español actual, en un prodigio de prestidigitación contable (el papel continuo es mucho más sufrido que el viejo folio) ha presentado unas cuentas del tercer trimestre en “Cajamurcia” que ya las quisiera para sí el asustado “Citicorp” norteamericano o el vapuleado “Northern Bank” británico. Nada de reflejar los fuertes provisionamientos pendientes a que le ha obligado el Banco de España ni la asunción contable de titularizaciones no natas de deuda hipotecaria de “grandes promotores”. Ya veremos cómo son las del cuarto trimestre de este Gran Capitán de la sonrisa, el maquillaje y la palmadita en la espalda al fatuo provinciano de turno, pero hoy demasiado dependiente de un imprevisible y más que desconfiado interbancario. ¿Se ha escenificado la presentación pública de estas cuentas, de cara a los prestamistas más que nada? Nuestro actor lo tiene difícil.

Y fuerte, muy fuerte lo de Águilas. Los asesores del rústico alcalde Juan Ramírez, creo que el letrado externo, López Navares, y el funcionario José Cañas, lo están llevando al cadalso. Arremeter contra un testigo de cargo de la Fiscalía, como es el señor Pascual, secretario general del Ayuntamiento y funcionario orgánicamente dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, es de una torpeza que sólo se puede entender por el nerviosismo de un político en apuros y más que amortizado en su partido y ante la opinión pública. El “pecado” de Pascual parece ser haber organizado un cualificado “coro” de funcionarios para ir a “cantar” ante López Bernal y dejar listo de papeles a Ramírez. No queda exento de protagonismo el citado letrado por su relación con cierto patrimonio municipal adquirido desde una mercantil, cuya enajenación no era bien vista por Pascual y que, al parecer, ha sido denunciada.

Gentes como este acreditado funcionario resultan molestas para empresarios ¿o especuladores? que, como algunos desde Lorca, pretenden alicatar toda la franja litoral del término municipal a costa de zonas de especial protección medioambiental. Nadie se cree que aspiren a un turismo no residencial en Marina de Cope y Calnegre, tal como proclaman para oídos ingenuos la Cámara de Comercio y la patronal Ceclor, ejemplo de núcleos cerriles, de indocumentados e ignorantes, muy alimentados por la extrema derecha local. Es decir, por el pasado más negro y explotador. Por eso vino Correa en plan redentor para sus compatriotas. Quiere sacarlos del infierno en el que se han metido por la maldita globalización. ¿Por qué aplaudió tanto el alcalde los vivas de Correa al Ché Guevara? Este Jódar me asombra más, cada día, como alcalde de su pueblo.