El funcionario que destapó el caso 'Malaya' declara que las licencias se daban de forma "arbitraria"

MÁLAGA.- El jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Jorge González, cuya declaración en otro procedimiento dio origen al caso 'Malaya', aseguró hoy que todas las licencias de obra desde la etapa de gobierno del GIL hasta la comisión gestora se daban de forma "arbitraria" y reiteró, como ya ha hecho en otras comparecencias, que el ex asesor Juan Antonio Roca era "el responsable de hecho" del urbanismo marbellí y las propuestas de licencias seguían sus "designios".

González declaró hoy como testigo en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 8 por la licencia dada en dos comisiones de Gobierno a Artola Inversiones para una vivienda unifamiliar en suelo rústico, según el PGOU de 1968. En este caso, la Fiscalía acusa a Julián Muñoz y cinco ediles de dos delitos urbanísticos en régimen de continuidad, pidiendo 20 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación; mientras que para otros dos, entre ellos Pedro Román, pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación, por un solo delito.

El funcionario municipal explicó que los listados de licencias que llegaban a la comisión eran producto de "los designios de Roca" y no descartó que alguno de los trabajadores de su departamento pudiera haber enviado esos cuadernillos de propuestas a la comisión "por orden de Roca", que, según confirmó hoy el abogado del fallecido Jesús Gil, José Luis Sierra, era "como un gerente de Urbanismo".

González consideró que el PGOU de 1986 era "perfecto y eficaz" y que "no tenía validez" un plan que no había visto la luz, en referencia a la revisión del 98. Así, dijo que los técnicos tuvieron la orden de informar sólo según esta revisión, momento en el que él ordenó a su equipo a que no informaran según ese plan. La consecuencia fue, según indicó, que se desmanteló su servicio jurídico.

Como hipótesis, y respecto a la licencia que se enjuicia, González dijo que a la vista del informe técnico emitido en este caso, que era a favor del otorgamiento pero sin hacer referencia a ningún plan, su dictamen también podría haber sido favorable, pero luego matizó que habría pedido ampliación porque no constan determinados elementos.

Asimismo, aseguró que los informes jurídicos se hacían en virtud de los técnicos y precisó que "no era una excepción" que los expedientes llegaran a la comisión de gobierno sin los dictámenes jurídicos. En este mismo sentido se manifestó el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, quien apuntó que se podría considerar que por este motivo los expedientes nunca estaban conclusos.

Barrantes reiteró que en 1998 Marbella "carecía de PGOU" y negó tajantemente que se hubieran manipulado las actas de las comisiones de gobierno, como dijeron ayer algunos ex ediles. "Imposible, sería el delito más grave que puede cometer un secretario", aseveró. Además, aseguró que existe la delegación de funciones del alcalde a dichas comisiones.

El aparejador que firmó el primer informe técnico, que también compareció como testigo, reconoció haber cometido un error en dicho escrito y afirmó que informó "según el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos", que incluía un plano en el que aparecía la parcela como unifamiliar exenta, por lo que se podía construir.

Aseguró que el Colegio de Arquitectos daba por buena la obra y apuntó que, posteriormente, hizo un informe subsanando el error que "no he encontrado", al tiempo que declaró que también informó a sus superiores, en concreto al jefe del Servicio de Obras, Francisco Merino, que también compareció como testigo.

Éste aseguró que al ser requerido por el juzgado sobre la licencia y ver el informe "lo entendí como un error", al no estar correcto "conforme al plan vigente", aunque negó que los concejales supieran que se hubiera producido. Consideró que en el nuevo plan general, aprobado inicialmente, la obra sería legal, cuando esté en vigor y una vez cumplidas las cargas del terreno.

Merino manifestó que si en el informe no se especifica el plan sobre el que se pronuncia, como ocurre en este caso, "entendemos que es el del 86", aunque aseguró que recibieron la orden de que se informara según la revisión. Explicó que durante los años 80 se emitían informes para el plan del 68 y el del 86 y en los 90 sobre éste último y la revisión del 98.

También declaró el administrador de la empresa, quien dijo que en una primera reunión con el arquitecto anterior éste le dijo que no había problemas para construir en dicho suelo y manifestó que conoció a Julián Muñoz el día en que firmaron el convenio para la permuta de la parcela, que se le dio porque "el Ayuntamiento me debía dinero".

Por su parte, la ex directora general de Planeamiento de la Junta, Josefina Cruz, indicó que las impugnaciones de licencias "se contaban por centenares" de 1995 a 2004, periodo en el que ella estuvo en ese cargo e insistió en que en Marbella, en ese momento, "el único plan vigente era el del 86".- (Agencias)