MADRID.- La Unión de Consumidores de España (UCE) denunció que la mayoría de promotoras y constructoras incumplen la obligación de suscribir avales o seguros de caución por los anticipos en la compra de vivienda, lo que sitúa "en evidente riesgo a los compradores".
Estos avales, que garantizan la recuperación de los importes entregados en caso de incumplimiento del contrato por parte de las compañías, llegan a alcanzar el 20% del total de la vivienda, superando los 24.000 euros por cada inmueble, según explicó la asociación en una nota.
UCE hizo hincapié en la preocupación que le produce esta situación y destacó la importancia de estos avales y seguros "ante la crisis del sector inmobiliario, y la aparición de casos como el de Urbancasa y Llanera".
"Los casos de quiebras o cierres en el sector inmobiliario son especialmente preocupantes por que los compradores afectados podrían ser incapaces de recuperar las cantidades entregadas si no se hubieran constituido los avales o seguros correspondientes", explicó la organización.
La legislación actual obliga a los promotores y constructores a garantizar las cantidades anticipadas mediante contrato de seguro o aval bancario, que deberá entregar a todos y cada uno de los compradores de forma individualizada a la firma del contrato de compraventa.
UCE realizó un llamamiento a los compradores y les recordó que en el actual contexto de "incertidumbre" inmobiliaria es "muy importante que el comprador solicite la documentación relativa al aval o seguro de caución en la que debe aparecer como beneficiario".
La asociación, además, instó a las distintas administraciones a que incrementen su control sobre el sector mediante inspecciones periódicas que garanticen el cumplimiento de la ley por los constructores y promotores.
En este sentido, UCE aseguró que en los últimos años el sector de la vivienda se ha convertido, "con diferencia", en el sector con mayor número de reclamaciones por parte de los consumidores, tan sólo superado por la telefonía.- (Agencias)
Estos avales, que garantizan la recuperación de los importes entregados en caso de incumplimiento del contrato por parte de las compañías, llegan a alcanzar el 20% del total de la vivienda, superando los 24.000 euros por cada inmueble, según explicó la asociación en una nota.
UCE hizo hincapié en la preocupación que le produce esta situación y destacó la importancia de estos avales y seguros "ante la crisis del sector inmobiliario, y la aparición de casos como el de Urbancasa y Llanera".
"Los casos de quiebras o cierres en el sector inmobiliario son especialmente preocupantes por que los compradores afectados podrían ser incapaces de recuperar las cantidades entregadas si no se hubieran constituido los avales o seguros correspondientes", explicó la organización.
La legislación actual obliga a los promotores y constructores a garantizar las cantidades anticipadas mediante contrato de seguro o aval bancario, que deberá entregar a todos y cada uno de los compradores de forma individualizada a la firma del contrato de compraventa.
UCE realizó un llamamiento a los compradores y les recordó que en el actual contexto de "incertidumbre" inmobiliaria es "muy importante que el comprador solicite la documentación relativa al aval o seguro de caución en la que debe aparecer como beneficiario".
La asociación, además, instó a las distintas administraciones a que incrementen su control sobre el sector mediante inspecciones periódicas que garanticen el cumplimiento de la ley por los constructores y promotores.
En este sentido, UCE aseguró que en los últimos años el sector de la vivienda se ha convertido, "con diferencia", en el sector con mayor número de reclamaciones por parte de los consumidores, tan sólo superado por la telefonía.- (Agencias)
3 comentarios:
Los promotores inmobiliarios volvieron a dar ayer un toque de atención a la administración pública, al advertir que «hemos desarrollado una burocracia excesiva» que puede terminar por asfixiar el sector. La ocasión para la denuncia fue la presentación del Salón Inmobiliario de Murcia (Sirmu), que entre hoy y el domingo se celebra en Torre Pacheco, y su portavoz, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, José López Rejas.
El presidente de los promotores declaró en rueda de prensa que «tenemos muchos proyectos algo paralizados», y mencionó el caso de las 1.300 viviendas para jóvenes previstas en Sangonera (Murcia), cuyos terrenos se compraron en el año 2004 y de las que aún no se han comenzado las obras.
Por ello reclamó un mayor apoyo para el sector inmobiliario «si queremos que la Región de Murcia sigua evolucionando», porque «ningún otro sector está capacitado para tomar el relevo del empleo y crecimiento económico», indicó en alusión a los empresarios del metal, que en su última revista se mostraban «dispuestos a tomar el relevo de la construcción como motor de la economía regional».
López Rejas aprovechó la presentación del Simur para reivindicar el valor del sector inmobiliario, zarandeado en las últimas semanas por las informaciones sobre la desaceleración de la actividad y las ventas. El empresario resaltó que la actividad constructora da empleo al 30% de la población ocupada de la Región, y genera el 27% de los impuestos que ingresa la Comunidad Autónoma.
Inversión extranjera
Restó gravedad a la desaceleración inmobiliaria, de la que culpó al sistema financiero por recortar el crédito, porque «no hay crisis de demanda, ya que la gente sigue entrando a preguntar en nuestras oficinas y siguen haciendo fata viviendas».
López Rejas subrayó que la Región cuenta con un total de 30.000 clientes anuales para la compra de vivienda, de los que 15.000 son de segunda residencia, 10.000 de primera residencia y 5.000 más de viviendas de protección oficial.
«No es, por tanto, un sector en decadencia, sino todo lo contrario», recalcó, aseveración que respaldó con los datos del Banco de España de que entre los meses de enero y junio de este año la inversión extranjera en inmuebles en el país ha crecido un 30,6% respecto al mismo periodo del pasado año, y de un estudio de la Universidad de Alicante, que cifra en más de 200.000 habitantes del Reino Unido los que deciden cada año adquirir una segunda residencia en el extranjero.
El presidente de los promotores fue rotundo al descartar una bajada del precio de la vivienda: «No ha bajado nunca ni lo hará, porque a nosotros cada año nos suben un 5% el precio de los materiales y de la mano de obra», afirmó.
Con respecto al escaso número de viviendas de protección oficial que se construyen en la Región, López Rejas explicó que con el actual precio del módulo que fija los precios de la VPO «no cubrimos gastos», aunque expresó su confianza en que el nuevo tipo de vivienda protegida de precio limitado que desarrollará el Gobierno regional «pueda ser una ayuda para hacer más promociones».
De "La Verdad"
«Depredador» o «especulativo» son los calificativos que desde Murcia no se vende se lanzaron ayer al «modelo urbanístico que desde el Gobierno regional y la patronal» se ofrecen en la Región, un modelo que tiene su exponente según la plataforma en el Sirmu, al que calificó de «intento de relanzar un sector a la baja» que sólo piensa «en el beneficio a corto plazo y no en el medio ambiente».
«Especuladores y sinvergüenzas nos echan a la calle», «sin dinero no hay justicia» o «los planes parciales son mafias para blanquear dinero». Estas atrevidas sentencias son sólo algunas de las muchas pintadas que adornan la fachada de dos viviendas de El Esparragal y que denuncian la «injusticia» ante el inminente desahucio de un par de casas.
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